TSJ Regiones - Jurisprudencia

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARIA RUGGERI COVA
EXP N° 02-27587

En fecha 28 de mayo de 2002, se dio por recibido en esta Corte el oficio N° 143, de fecha 26 de abril de 2002, emanado del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, anexo al cual se remitieron copias certificadas de la pretensión de amparo cautelar interpuesta conjuntamente con recurso de nulidad por el ciudadano ATILIO JOSE ACEVEDO GARCIA cédula de identidad N° 13.256.579, asistido por el abogado Guillermo Alexis Rafael Moreno López, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 15.984, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE VIALIDAD, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO APURE (INVIALPA).

Tal remisión se efectuó a los fines de la consulta de ley de la sentencia dictada por dicho tribunal, en fecha 8 de abril de 2002, que declaró improcedente la pretensión de amparo cautelar, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En fecha 28 de mayo de 2002, se dio cuenta a la Corte y, por auto de esa misma fecha, se designó como ponente a la Magistrada Ana María Ruggeri Cova, a los fines de que la Corte decidiera sobre la consulta planteada.

En fecha 30 de mayo de 2002, se pasó el presente expediente a la Magistrada ponente.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO DE NULIDAD Y DE LA PRETENSION DE AMPARO CAUTELAR

En el escrito libelar, la parte accionante fundamentó su pretensión con base en los siguientes argumentos:

Que ingresó mediante contrato a la Administración Pública en fecha 3 de febrero de 1999, ejerciendo el cargo de Operador de Micro, en el Instituto Autónomo de Vialidad, Puertos y Aeropuertos del Estado Apure, en adelante (INVIALPA).

Que el 5 de enero de 2000, mediante oficio s/n, fue designado por el Presidente de INVIALPA, ingeniero Vincenzo Piersanti, como Operador de Micro.

Que el 3 de julio de 2001, mediante Resolución N° III-2001, notificada mediante oficio N° 381 del 3 de julio de 2001, la Presidencia de INVIALPA, acordó colocarlo en situación de disponibilidad por término de un (1) mes, contado a partir de su notificación.

Que el 6 de agosto de 2001, por medio de la Resolución Administrativa N° IV-2001, contenida en el oficio N° 588 del 6 de agosto de 2001, emanada de la Presidenta de INVIALPA, fue notificado su retiro de la Administración Pública como Operador de Micro, por reducción de personal, debido a limitaciones financieras durante el ejercicio fiscal 2001.

Que el 14 de agosto de 2001, agotó la vía administrativa, ejerciendo recurso de reconsideración, en el cual solicitó la nulidad absoluta del acto administrativo que lo retiró de su cargo, el cual fue declarado improcedente por la administración el día 21 de septiembre de 2001.

Que el Inspector del Trabajo del Estado Apure, notificó a las autoridades que los empleados públicos gozaban de inamovilidad laboral a partir del 27 de junio del 2001, conforme el artículo 452 de la Ley Orgánica del Trabajo; participación hecha el 6 de julio al Dr. Luis Lippa, Gobernador del Estado Apure y a la Procuradora del mismo Estado.

Adujo, que consignó copia del presupuesto del año 2001, en donde aparecen las partidas y subpartidas de todo el gasto de funcionamiento, incluyendo todos los sueldos de los empleados públicos durante el año 2001, incluyendo aguinaldos, utilidades y bonificación legal a empleados, hasta por un monto de treinta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos veintisiete bolívares (Bs. 32.668.827,oo) por lo que todos los gastos de INVIALPA durante el año 2001 estaban totalmente presupuestados y financiados.

De igual manera, señala que después de su retiro se incorporaron al Instituto como funcionarios activos: Damaris Padrino, Mayla Rodríguez y Marvin Delgado.

Que INVIALPA solicitó la reubicación de su persona a los Órganos de la Administración Pública del Estado Apure, pero que como consecuencia de la reducción de personal llevada a cabo por el Ejecutivo Regional se hacía imposible su reubicación.

Como razones de derecho el accionante alegó que se le violaron los artículos 49, 21, 89 numeral 4 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referentes al derecho a la defensa y el debido proceso, a la igualdad sin discriminación ante la ley, a la nulidad de los actos inconstitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral, respectivamente. Así como también el artículo 19, ordinales 1°, 3°, 4°, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el 452 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Finalmente, solicita la nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el oficio N° 588 de fecha 6 de agosto de 2001, por medio del cual fue retirado del cargo Operador de Micro, la reincorporación al cargo original que venía desempeñando como Operador de Micro, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo y de la misma manera que se le paguen los salarios caídos desde el día de su retiro hasta su definitiva reincorporación con indexación y por último solicita que INVIALPA sea condenada en costas, para lo cual estima que la demanda en cuestión se estima en treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,00), conforme al artículo 38 del Código de Procedimiento Civil.

De igual manera, solicita por medio del amparo cautelar, que se le reconozcan los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la igualdad sin discriminación, contemplados en los artículos 49, ordinal 1° y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que restablezca su situación jurídica infringida, incorporándolo al cargo de Operador de Micro con todos sus derechos y obligaciones.

Que ordenen a la Presidenta de INVIALPA y a todas sus personas jurídicas, cumplir con los derechos a la defensa, al debido proceso y a la igualdad sin discriminación, hasta tanto dure el juicio principal de actos administrativos de efectos particulares.

II
DEL FALLO CONSULTADO

Mediante sentencia de fecha 8 de abril de 2002 el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto, con base en las siguientes consideraciones:

“ (...) Es necesario señalar que ha sido criterio reiterado del Supremo Tribunal que el objeto del mandamiento de amparo de naturaleza cautelar como el de autos, consiste en la suspensión de los efectos del acto que se denuncie, por no existir una amenaza de que se pueda materializar una posible violación de los derechos constitucionales invocados por el recurrente.

Además la solicitud de amparo constitucional, fundamentada al ser considerado como una medida cautelar debe de estar en los elementos esenciales de cualquier providencia cautelar, cuales son: el peligro de que la sentencia definitiva quede ilusoria (periculum in mora), la existencia o presunción del buen derecho (fumus boni iuris), y una ponderación entre interés general y particular (...)

(...) Ahora bien, observa este Tribunal, que tanto el periculum in mora, como el fumus boni iuris, son presunciones que se desprenden de inicio aportados por el accionante y contribuyen a crear en el ánimo del juez la convivencia de suspender los efectos del acto, por lo que, no basta con alegar un hecho o circunstancia, sino que corresponde al accionante, aportar los medios que verifiquen tal situación y que serán sustento de presunción.

A tal efecto observa el Tribunal que la presente acción, fue interpuesta contra acto administrativo contenido en el oficio N° 588 de fecha 6 de agosto de 2001, distado por la Ing. Maritza Velásquez de Rodríguez, en su carácter de Presidenta de INVIALPA, por la cual se retiró al agraviado del cargo de Operador de Micro.

Ahora bien, aprecia este Tribunal que el recurrente en su solicitud de amparo constitucional, se limitó a señalar la presunta violación de derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, y a la igualdad sin discriminación, sin indicar en forma concreta, como los mismos pudieron ser transgredidos por el acto impugnado, ello así, considera este Tribunal, que al no existir presunción grave de los perjuicios concretos que le ocasionaría al recurrente el acto en cuestión, mientras se tramite el recurso de nulidad, ni fundamentar las pretendidas violaciones constitucionales, la acción de amparo cautelar debe ser declarada improcedente, por cuanto no se cumple en el caso de autos con los requisitos establecidos en la Ley para la procedencia de la tutela cautelar. Así se decide (...)”

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse sobre la consulta de ley, prevista en el artículo 35 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la que se encuentra sometida la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que declaró improcedente la acción de amparo cautelar interpuesta.
Ahora bien, siendo que, en el caso de autos, el presunto agraviado interpuso recurso contencioso administrativo de anulación conjuntamente con pretensión de amparo cautelar, es preciso destacar que, para que se considere procedente una solicitud de amparo cautelar, el juzgador está obligado a verificar la existencia en autos de un medio de prueba del que se desprenda una presunción grave de violación de los derechos y garantías constitucionales que se reclaman, en virtud de su carácter accesorio al principal, lineamientos estos fijados por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha de marzo de 2001 (caso: Marvin Enrique Sierra Velasco), así en dicho fallo precisó:

En primer lugar hay que analizar el fumus boni iuris, con la finalidad de concretar la presunción grave de violación del derecho constitucional alegado por el quejoso y en segundo lugar el periculum in mora, elemento este determinable por la sola verificación del requisito anterior, debido a que la posibilidad de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.

De igual manera, la decisión del juez debe fundamentarse no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante.

En razón de ello, precisamente lo que el Juez debe analizar, estando en presencia de un amparo cautelar, es una presunción, no obstante, es necesario que la misma esté acreditada, respaldada o apoyada a través de los medios probatorios que la fundamenten, a los fines de que el operador de justicia constate la procedencia de tal medida.

Ahora bien, el accionante denuncia como violados el derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho a la igualdad, el derecho a la protección del trabajo y el derecho a la estabilidad laboral, consagrados en los artículos 49, 21, 89 numeral 4 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, en virtud que fue retirado de su cargo por una medida de reducción de personal por limitaciones financieras.

En este sentido, alega el accionante que la Administración lo retiró de su cargo sin permitirle defenderse de los hechos invocados para retirarlo, no se le permitió presentar pruebas, ni disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su defensa, así como, aduce que la reducción de personal se efectúo de manera discriminatoria, ya que dentro de una aglomeración de 17 personas, escogieron exclusivamente al accionante y a otra persona, sin establecer ningún parámetro ni conducta para ésta selección, además, alega que su retiro fue injustificado ya que su sueldo se encontraba presupuestado para ese año.

Al respecto, observa esta Corte, que él a quo declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional, por considerar que “ (...) el recurrente en su acción de amparo constitucional, se limitó a señalar la presunta violación de derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la igualdad sin discriminación, sin indicar en forma concreta, como los mismos pudieron ser transgredidos por el acto impugnando; ello así considera este Tribunal que al no existir presunción grave de los perjuicios concretos que le ocasionaría al recurrente el acto en cuestión, mientras se tramite el recurso de nulidad, ni fundamentar las pretendidas violaciones constitucionales (...)”

Ahora bien, debe esta Corte destacar que la reducción de personal, como una de las formas de retiro de la Administración Pública, tiene que agotar distintas fases, las cuales se encuentran previstas en la Ley –Ley de Carrera Administrativa, Ley Estadal u Ordenanza Municipal en materia de carrera administrativa-, para que sea válida.

Ello así, este Sentenciador, para otorgar el amparo cautelar en los términos solicitados por el accionante, debe hacer un análisis exhaustivo de la reducción de personal por limitaciones financieras, situación ésta que implica descender a las normas de rango legal y sublegal que le sirven de fundamento.

En tal sentido, este Organo Jurisdiccional concluye que el amparo cautelar por su naturaleza debe salvaguardar los derechos constitucionales que se encuentran presuntamente vulnerados, no pudiendo el juzgador verificar tal presunción, acudir a un análisis íntegro de normas legales y sublegales.

Por último, se observa, que en el caso como el de autos, en lo cuales se interpone recurso de nulidad contra actos que posiblemente puedan vulnerar la esfera jurídica de los funcionarios públicos, la situación jurídica infringida pudiera ser restablecida plenamente en la sentencia que decida el fondo de la controversia, toda vez que en el supuesto caso que en la sentencia definitiva se encontraren vicios que acarreen la nulidad de la Resolución recurrida y, en consecuencia, se declarase con lugar la querella interpuesta, se ordenará la reincorporación del funcionario al cargo que desempeñaba, con los sueldos dejados de percibir.

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el a quo sentenció conforme a derecho, por ello esta Corte Primera de la Contencioso Administrativo confirma el fallo emitido por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure en fecha 8 de abril de 2002, que declaró improcedente la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.

IV
DECISION

Por las razones antes expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se CONFIRMA la sentencia de fecha 8 de abril de 2002, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) en lo Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que declaró IMPROCEDENTE la pretensión de amparo cautelar interpuesta por el ciudadano ATILIO JOSE ACEVEDO GARCIA, asistido por el abogado Guillermo Alexis Rafael Moreno López, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 15.984, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE VIALIDAD, PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL ESTADO APURE (INVIALPA).

Publíquese, regístrese y notificase. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ……………….. días del mes de ……………………. de dos mil dos (2002). Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.

El Presidente,

PERKINS ROCHA CONTRERAS

El Vicepresidente,

JUAN CARLOS APITZ BARBERA

Las Magistradas,

EVELYN MARRERO ORTIZ

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

ANA MARIA RUGGERI COVA
Ponente

La Secretaria Accidental,

NAYIBE ROSALES MARTINEZ

EXP. N° 02-27587.-
AMRC/lefa.

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