MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR J. HERNÁNDEZ B.
En fecha 13 de diciembre de 2001, la abogada CARLA SOFIA ALVARADO GIUGNI, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 69.175, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano EMILIO PORTA LILI, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 3.245.068, interpuso ante esta Corte recurso de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° CU-296 dictado el 17 de mayo de 2001 por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO, mediante la cual “se acuerda la nulidad del acto administrativo que sirvió de base para que se efectuara un pago a favor de su representada por un monto de Bs. 2.020.500,00 por concepto de bonificación como personal Directivo Jubilado y se le ordena reintegrar al Tesoro Universitario la bonificación recibida (...)”.
El 18 de diciembre de 2001 se dio cuenta a la Corte, acordándose solicitar a la Universidad querellada los antecedentes administrativos del caso, de conformidad con el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada EVELYN MARRERO ORTIZ, a los fines de decidir su competencia para decidir la causa y, eventualmente, sobre la medida cautelar solicitada.
Mediante sentencia de fecha 24 de abril de 2002, ésta Corte se declaró competente para conocer el recurso contencioso administrativo de anulación y admitió el referido recurso; en la misma decisión, declaró procedente la suspensión de efectos solicitada hasta tanto se decida el recurso contencioso administrativo de anulación y ordenó al órgano querellado “... abstenerse de exigir el reintegro de la cantidad otorgada por concepto de bonificación como ´Personal Directivo Jubilado´ al recurrente”.
Por auto de fecha 2 de julio de 2002, se ordenó comisionar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte a los fines de la notificación del ciudadano RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO.
El 18 de septiembre de 2002 la apoderada judicial del recurrente presentó escrito solicitando la “acumulación” de los cuatro recursos de nulidad con suspensión de efectos que interpuso ante esta Corte, “cuyas causas son idénticas en contenido y Fundamentación y todas ellas derivan de la actuación del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo”.
Por ausencia temporal de la Magistrada EVELYN MARRERO ORTIZ, se incorporó a la Corte el Magistrado CÉSAR J. HERNÁNDEZ B, en su carácter de quinto suplente, a quien se designó ponente.
Por auto de esa misma fecha, se ordenó abrir cuaderno separado a los fines de tramitar la oposición de la suspensión de efectos acordada en el presente caso, igualmente, se acordó pasar el expediente al Magistrado Ponente a fin de que la Corte dicte la decisión correspondiente a la acumulación solicitada.
Revisadas las actas procesales que conforman el expediente, esta Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
DEL ESCRITO LIBELAR
En el escrito libelar presentado en fecha 13 de diciembre de 2001 por ante esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el recurrente expresó lo siguiente:
Que, “En fecha 10 de diciembre de 1999 el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo dictó el Reglamento sobre la Bonificación del Profesor Jubilado que ejerce Actividades Académicas o Administrativas... El mencionado Reglamento fue incorporado al Estatuto Único del Profesor Universitario de la Universidad de Carabobo, el cual configura el marco normativo que regula las relaciones entre el Personal Docente y de Investigación y la referida Universidad. (...) En fecha 27 de septiembre de 2000, en reunión ordinaria núm. 1.177 el Consejo Universitario acordó autorizar al Rector de la Universidad de Carabobo para que llevara a cabo el pago de la bonificación correspondiente a los profesores jubilados que cumplían actividades administrativas formales en la Dirección Superior, de conformidad con el artículo 13 y parte final del artículo 16 del Reglamento referido en el punto anterior ... la decisión acordada en la referida reunión, fue notificada al Rector de la Universidad, mediante oficio núm. CU-252 de fecha 29 de septiembre de 2000 suscrito por el Secretario de la Universidad (...) En el mes de septiembre su poderdante percibió la cantidad de Bs. 2.020.500,00, por concepto de bonificación antes referida, de la cual era legítimo acreedor... (...) Sorpresivamente su representado recibe un oficio suscrito por la Secretaría de la Universidad ... contentivo del acto que mediante este recurso se impugna en donde se le informaba... la nulidad del acto administrativo que sirvió de base para efectuar el pago indebido por un monto de Bs, 2.020.500,00. En razón de lo anterior... deberá reintegrar al Tesoro Universitario la bonificación recibida, para lo cual el Consejo Universitario autorizó al ciudadano Rector como representante legal de la Institución Universitaria para el descuento correspondiente”.
Afirma, que el acto administrativo objeto del recurso fue dictado incurriendo en una serie de vicios tales como: imposibilidad de revocar de oficio el acto administrativo cuando este haya originado derechos subjetivos; ilegalidad del acto impugnado por contravenir lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; vicio de falso supuesto al haberse dictado –según afirma- apreciando y valorando los hechos y el derecho en forma equivocada; ausencia total y absoluta de procedimiento, pues a su decir, todo acto de naturaleza sancionatoria supone la apertura de un procedimiento; violación de los requisitos de forma del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y vicios en la notificación, porque considera que el acto impugnado no llenó los extremos establecidos en el artículo 73 eiusdem.
Finalmente, solicita la apoderada actora, que se declare la nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el Oficio CU-296 de fecha 17 de mayo de 2001; que se le ordene a la Universidad de Carabobo pagar las cantidades dejadas de percibir durante los meses de julio, septiembre y octubre del año 2000 y que se le ordene a la recurrida realizar el pago de la cantidad de Bolívares Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Noventa y Seis (Bs.929.596,00) la cual quedó pendiente al momento en que se realizó el pago de la bonificación.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Corte pronunciarse sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y, sobre el particular observa:
La competencia es materia de orden público, revisable en cualquier estado y grado de la causa, por lo que resulta necesario para este Órgano Jurisdiccional realizar las siguientes precisiones:
El caso bajo examen, versa sobre un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por un docente universitario contra el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, resultando pertinente la referencia al cambio de criterio que este Órgano Jurisdiccional estableció con ocasión de la Sentencia dictada en fecha 12 de julio de 2002, caso: Rosa Consuelo Tarazona de Riveros contra la Directora General de Institutos y Colegios Universitarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en la cual declaró su incompetencia para conocer y decidir las pretensiones deducidas por docentes, en atención al carácter que reviste la función pública que éstos desempeñan. En la referida sentencia se estableció lo siguiente:
“(…) cuando la pretensión deducida sea de amparo constitucional, de nulidad de actos administrativos, dictados por las autoridades de la Universidades Nacionales, de las Universidades Experimentales o de los Institutos o Colegios Universitarios, o surja con ocasión de la relación funcionarial que vincula a los docentes con estas instituciones, serán competentes en primera instancia, a partir del presente fallo, los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de cada una de las Regiones, a los fines de garantizar el acceso a la justicia preconizada por la Constitución de la República, estableciéndose así un nuevo criterio en esta materia. Así se decide.” (Subrayado de este fallo).
En este sentido, de la sentencia parcialmente transcrita se desprende claramente, que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer en primera instancia los recursos contenciosos administrativos de nulidad interpuestos contra las Universidades Nacionales son, en primera instancia, los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo y no este Órgano Jurisdiccional.
Ahora bien, en la causa de autos se observa, que el recurrente es un Profesor Universitario y que el objeto de la controversia contenida en este expediente surge dentro de una relación funcionarial, pues versa sobre el pago de la bonificación correspondiente a los profesores jubilados que cumplen actividades administrativas formales en la Dirección Superior de la Universidad de Carabobo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento sobre Bonificación del Profesor Jubilado que ejerce actividades docentes o administrativas, en concordancia con lo previsto en la parte final del artículo 16 eiusdem
Siendo ello así, resulta forzoso para esta Corte declararse incompetente para conocer del recurso interpuesto y declinar la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. Así se decide.
Determinado lo anterior, advierte este Juzgador que consta al folio 88 del expediente sentencia emitida por esta Corte la cual declara: punto 1.- Competente para conocer el recurso contencioso administrativo de anulación; punto 2.- Admite el referido recurso contencioso administrativo de anulación en consecuencia ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que continúe su curso de Ley; y punto 3.- Procedente la suspensión de efectos solicitada hasta tanto se decida el recurso contencioso administrativo de anulación, ordenándose en consecuencia al órgano querellado, abstenerse de exigir el reintegro de la cantidad otorgada por concepto de bonificación como “Personal Directivo Jubilado” al recurrente.
Igualmente admite, que la causa fue sustanciada, ejerciendo las partes cabalmente su derecho a la defensa y siguiendo el mismo procedimiento que sería aplicado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo correspondiente, razón por la cual en aras de la celeridad procesal que debe regir el proceso, y para evitar el perjuicio que se ocasionaría a las partes si se anulara todo lo actuado en el expediente, se otorga plena validez a los actos procesales realizados, incluyendo ésta última decisión; en consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte a los fines de la continuación de la causa en el estado en que se encuentra. Así se decide.
III
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
1.- Su INCOMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por la abogada CARLA SOFIA ALVARADO GIUGNI actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano EMILIO PORTA LILI antes identificado, contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° CU-296 dictado el 17 de mayo de 2001 por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO.
2.- DECLINA la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ………………………..( ) días del mes de ………………………….. de dos mil dos (2002). Años 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente,
PERKINS ROCHA CONTRERAS
El Vicepresidente,
JUAN CARLOS APITZ BARBERA
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
ANA MARÍA RUGGERI COVA
CÉSAR J. HERNÁNDEZ B.
Ponente
La Secretaria
NAYIBE ROSALES MARTÍNEZ
CJHB/14
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