MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTIZ
En fecha 11 de julio de 2002, se recibió en esta Corte el Oficio N° 937-02-6842 de fecha 25 de junio del mismo año, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el abogado CARLOS M. VILLADIEGO, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 21.739, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ELSY LEÓN ROLDÁN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.244.058, respectivamente, contra la sentencia definitiva dictada por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
La remisión se efectuó por haber sido oída en un sólo efecto la apelación interpuesta por el abogado CARLOS M. VILLADIEGO, antes identificado, contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado en fecha 12 de junio de 2002, mediante la cual declaró “sin lugar” la pretensión de amparo constitucional interpuesta.
El 16 de julio de 2002 se dio cuenta a la Corte y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz, a fin de que la Corte se pronuncie acerca de la apelación ejercida.
Realizado el estudio del expediente la Corte pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada alegó, en su escrito libelar, que su representada mantenía una relación arrendaticia con la ciudadana ALIS YOLEXY PEREIRA HERNÁNDEZ, quien la demandó por resolución de contrato de arrendamiento ante el Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 13 de julio de 2001, demanda que fue admitida por dicho Tribunal el 8 de diciembre de 2000.
Aduce, que el 20 de noviembre de 2001 se dio por citado en nombre de su representada, y en fecha 22 del mismo mes y año procedió a solicitar la perención breve, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto “la demanda fue admitida el 13-07-01 y es el 08-10-01 cuando el demandante consigna las copias simples del Libelo de la Demanda, es decir, transcurrieron ochenta y cinco (5) (sic) días desde la admisión de la demanda hasta la consignación de las copias simples del libelo de la demanda para la compulsa citación”.
Manifiesta, que el mencionado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil sanciona con la perención de la instancia “el Incumplimiento (sic) de las partes en su (sic) obligaciones y que siendo obligación de la parte actora proveer al Tribunal los recaudos necesarios para la citación de la parte demandada, forzoso es concluir, que en el caso de autos operó la Perención de la Instancia y en consecuencia la Extinción del Proceso”.
Expone, que propuso como punto previo la cuestión previa contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referente a la existencia de una cuestión prejudicial que debía resolverse en un procedimiento distinto, por cursar ante la Fiscalía Novena del Ministerio Público del Estado Lara una denuncia referida a un cheque emitido como pago de los cánones de arrendamiento del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, “siendo determinante dicho procedimiento a la presente causa”.
Expresa, que el Tribunal Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dictó sentencia definitiva sobre la causa el 8 de de enero de 2002, declarando parcialmente con lugar la demanda de resolución de contrato intentada por su mandante, desechando los alegatos referentes a la perención de la instancia y a la cuestión previa de prejudicialidad presentada por ellos, decisión ésta que fue apelada, correspondiéndole conocer de la causa al Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Señala, que el mencionado Tribunal Tercero de Primera Instancia dictó sentencia en fecha 5 de marzo de 2002, declarando sin lugar la apelación presentada por ellos, y confirmando la decisión dictada por el Tribunal Primero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Aduce, que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró que no tenía materia sobre la cual decidir al entrar a conocer sobre la cuestión previa de prejudicialidad, cuestión que considera írrita y violatoria de los artículos 288, 289 y 290 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, denuncia, que los argumentos presentados por el Tribunal Tercero de Primera Instancia respecto a los alegatos sobre la perención breve y la cuestión prejudicial son antagónicas entre sí, pues declaró que no tenía materia sobre la cual decidir respecto al alegato respecto a la cuestión previa, tal como se ha dicho, y respecto a la perención breve “consideró que sí tenía materia sobre la cual decidir de conformidad con el artículo 884 del Código de Procedimiento Civil. En principio esta situación hace que dicha sentencia sea contradictoria, ya que ‘ (sic) si se aplica el mencionado artículo 884, todas las incidencias opuestas en el Acto de la Contestación de la Demanda deben resolverse allí y su decisión no tendrá apelación, y al no tener apelación el Superior jerárquico no tendría materia sobre la cual decidir en caso de llegarle el conocimiento de las mismas, pero si una tiene apelación, lógica y legalmente, la otra también debe tener apelación”.
Expone, que mediante la actuación del Tribunal Tercero de Primara Instancia se le conculcaron los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como se infringió el principio de igualdad de las partes y el principio “de hacer uso de los medios que concede la Ley a cada parte en el juicio”.
II
DEL FALLO OBJETO DE APELACIÓN
Mediante sentencia de fecha 12 de junio de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional interpuesta, en los términos siguientes:
“Este Tribunal para decidir observa: Es cierto que el juzgador de la última instancia no debió decir que no tenía materia sobre la cual decidir solamente, por cuanto el (sic) introducir una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, no hace que sea procedente la cuestión prejudicial opuesta como cuestión previa, dado que en nuestro medio no se acepta la tesis de la cuestión prejudicial por intentar, sino que ella solo se admite con la existencia de un juicio previo que pueda incidir en las resultas del juicio posterior y es así como el ordinal 8° está redactado de la siguiente forma: la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto, pero estas defensas aún cuando sean promovidas conjuntamente con las defensas de fondo siguen teniendo la naturaleza de cuestiones previas que actúan a semejanza del despacho saneador del Código Brasilero o el fins de non recevoir del derecho adjetivo francés acogido por la mayoría de los códigos latinoamericanos y fue esta la razón por la cual el juzgador de segunda instancia en aplicación del artículo 357, consideró que las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2° al 8° del artículo 346, no tendrían apelación y por consiguiente ello lo impulsó a decidir como lo hiciera, en el sentido de que no haber (sic) materia sobre la cual decidir.
Sobre el alegato de que debe aplicarse el juicio breve por mandamiento expreso de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, debe dejarse claro que esa remisión al juicio breve, solo (sic) se hará en los supuestos no previstos en la misma, pero en materia de procedimiento el artículo 35 de la Ley que comentamos, pauta que el demandado deberá oponer conjuntamente todas las defensas de fondo, las cuales serán decididas en la sentencia definitiva. Y en efecto, el Juez que actuó como primera instancia decidió de conformidad con dicho artículo y negó la prejudicialidad opuesta, pero al apelarse se está apelando no sólo de la sentencia en cuanto a las defensas perentorias opuestas, sino que además se está apelando de las cuestiones previas promovidas conjuntamente con las defensas de fondo y este hecho llevó al juzgador de la recurrida a decir que no tenía materia sobre la cual decidir, dado que la interposición conjunta de las cuestiones previa (sic) con las defensas perentorias o de fondo no le cambia a las primeras su naturaleza jurídica, de ser saneadoras del proceso y por consiguiente debe seguirse el régimen propio de las mismas, en cuanto a la apelación o no de ellas, ya que admitir lo contrario es generar una división dentro de las normas generales del procedimiento venezolano, el cual no permite que ciertas cuestiones previas tengan apelación, ya que aceptarlo implicaría una violación al principio de igualdad procesal, porque en unos juicios se acepta y en otros no y en esta tesitura esta (sic) Tribunal no consigue que contra la sentencia contra la cual se recurre en amparo sobre el punto en cuestión, haya incurrido en falta alguna o violación de rango constitucional , por cuanto es bueno advertir que si bien las normas procesales son de orden público, no toda violación de norma procesal es generadora de violación al debido proceso, como ocurre en el caso de autos que se trata de una apreciación del juez cuya sentencia se recurre, quien consideró que sobre la base de la normativa del artículo 357, que la cuestión previa de prejudicialidad no era apelable y este juicio del juzgador no es susceptible de ser atacado por amparo y así se decide.
Lo mismo se puede decir de la perención solicitada, dado que el juzgador de la sentencia contra la cual se dicta el presente amparo, apreció que no existía la perención solicitada y es de principio que los errores de juzgamiento de los jueces, si es que alguno hubo, no necesariamente conllevan la violación de un derecho constitucional, dado que el amparo no puede ser concebido como una tercera instancia donde se pretenda volver a debatir lo ya debatido con autoridad de cosa juzgada y así se decide”.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Estando en la oportunidad legal para decidir acerca de la apelación incoada por el abogado CARLOS M. VILLADIEGO, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte accionante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, el 12 de junio de 2002, que declaró “sin lugar” la pretensión de amparo constitucional interpuesta, esta Corte observa, como punto previo lo siguiente:
La representación judicial de la accionante señaló en el escrito contentivo de su pretensión de amparo contra sentencia, que la actuación procesal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, durante un procedimiento de segunda instancia de resolución de contrato de arrendamiento inmobiliario, violentó sus derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
Respecto a la pretensión de amparo presentada, correspondió el conocimiento de la misma al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, como consecuencia del procedimiento de distribución de causas, tal y como puede evidenciarse del folio 36 del expediente, en el cual el Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Menores del Estado Lara, actuando como Distribuidor, le remitió las actuaciones, en fecha 5 de abril de 2002.
Ahora bien, se hace evidente a los ojos de esta Corte, que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental conoció la causa en virtud de sus competencias en materia civil ordinaria, por cuanto la situación fáctica presentada por el accionante está referida a la presunta violación a sus derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, en el marco de un procedimiento de resolución de un contrato de arrendamiento inmobiliario, pretensión de evidente carácter privado contractual.
Al respecto, prevé el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:
“Mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores que tengan atribuida competencia en lo Civil, conocerán, en primera instancia en sus respectivas Circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, si son impugnados por razones de ilegalidad. (Ommisis)”
De la previsión legal parcialmente transcrita, puede observarse que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia otorgó competencia contencioso-administrativa a Juzgados Superiores que ya detentaban competencia en materia civil ordinaria, creando tribunales híbridos, con competencias mixtas. Posteriormente, el extinto Consejo de la Judicatura, mediante Resolución de fecha 24 de abril de 1995, estableció cuáles tribunales conocerían de la materia contencioso-administrativa, distribuyendo dichas competencias en determinados Tribunales ubicados en ciertas Regiones que estableció a tal efecto, correspondiendo al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental la competencia en materia contencioso administrativa y las competencias para conocer de las materias atribuidas a los Tribunales Superiores en materia civil (bienes), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución del Consejo de la Judicatura del 24 de abril de 1995.
El mencionado artículo 5 de la Resolución del Consejo de la Judicatura del 24 de abril de 1995, textualmente consagra:
“En la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental tendrá competencia exclusiva para conocer los asuntos, acciones y recursos a que se refieren los artículos 181 y 182 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Superior con sede en la Ciudad de Barquisimeto, creado por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 2057 del 8 de Marzo de 1977.
Tendrá competencia además para conocer en el territorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de lo atribuido a los Tribunales Superiores en materia civil (bienes).
Este tribunal tendrá su sede en la ciudad de Barquisimeto y se denominará Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental”.
Por otra parte, observa esta Corte, que la competencia material que le ha sido atribuida por la ley a este Órgano Jurisdiccional está referida primordialmente a “controlar, de acuerdo con la Constitución y las leyes, la constitucionalidad y legalidad de los actos del Poder Público”.
Así, prevé el numeral 4 del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:
“La Corte Primera de lo Contencioso- Administrativo, será competente para conocer:
(…)
4. De las apelaciones que se interpongan contra las decisiones dictadas, en primera instancia, por los tribunales a que se refiere el artículo 181 de esta Ley o que conozcan de recursos especiales contencioso-administrativos;”.
De esta manera, se hace evidente que, si bien a esta Corte le ha sido conferida la competencia para conocer de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, esta potestad no incluye aquellas sentencias dictadas en ejercicio de las competencia en materia civil que éstos detentan, razón por la cual esta Corte considera forzoso declarar su incompetencia por razón de la materia, y entra a dilucidar qué Órgano Jurisdiccional es competente para conocer la apelación incoada.
En conexión con lo anterior, observa esta Corte, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 20 de enero de 2000 caso: Emery Mata Millán, señaló que:
“Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la Constitución, la interpretación de dicha Carta Magna, es claro que la materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales, como lo demuestran las atribuciones que la Constitución en su artículo 336. Esta circunstancia la convierte en la Sala que por la materia tiene la competencia para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por otra parte, debido a su condición de juez natural en la jurisdicción constitucional, la competencia que contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ha desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala (téngase presente que la creación de una Sala con competencia constitucional, origina un criterio orgánico para delimitar la competencia en el cual se encuentran comprendidos, necesariamente, todos los asuntos relacionados con la Constitución).
Por las razones antes expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:
(…)
2.- Asimismo, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia.
En orden a lo anterior, evidencia esta Corte que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la competente para conocer de la apelación incoada contra la sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, y a ese Órgano Jurisdciional debe ser remitida la causa. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1) INCOMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado CARLOS M. VILLADIEGO, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ELSY LEÓN ROLDÁN, antes identificados, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en Lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 12 de junio de 2002, que declaró “sin lugar” la pretensión de amparo constitucional incoada contra la sentencia de segunda instancia emanada del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL ESTADO LARA, en fecha 5 de marzo de 2002, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la accionante y confirmó el fallo del A quo en el procedimiento de resolución de contrato de arrendamiento inmobiliario que contra la accionante se desarrollaba.
2) DECLINA la competencia para conocer la pretensión de amparo constitucional en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente ala Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los ……………………. ( ) días del mes de …………………………… de dos mil dos (2002). Años 192° de la Independencia y 143° de la Federación.
El Presidente,
PERKINS ROCHA CONTRERAS
El Vicepresidente,
JUAN CARLOS APITZ BARBERA
Las Magistradas
EVELYN MARRERO ORTIZ
Ponente
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
ANA MARÍA RUGGERI COVA
La Secretaria,
NAYIBE ROSALES MARTÍNEZ
Exp. 02-26833
EMO/ 16
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