MAGISTRADA PONENTE: ANA MARIA RUGGERI COVA
Exp. N° 02-2565
I
En fecha 6 de diciembre de 2002, se recibió en esta Corte Oficio N° 1157 de fecha 29 de noviembre de 2002, anexo al cual el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado ENRIQUE RAFAEL FERMIN MALAVE, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 32.574, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ANGEL ARAQUE, cédula de identidad N° 5.645.259, contra la Providencia Administrativa N° 0113 de fecha 7 de marzo de 2001, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, la cual declaró con lugar la solicitud de calificación de despidos incoada por la empresa INDUSTRIAS DOKER, S.A., en contra del ciudadano Miguel Angel Araque.
Tal remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada por el citado Juzgado en fecha 27 de noviembre de 2002, mediante la cual se declaró incompetente para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, declinando el conocimiento de la presente causa a este Órgano Jurisdiccional.
Por auto de fecha 12 de diciembre de 2002, se dio cuenta a la Corte y se designó ponente al Magistrado César J. Hernández B., a los fines de que se pronuncie acerca de la declinatoria de competencia planteada.
En fecha 13 de diciembre de 2002, se pasó el expediente al Magistrado ponente.
En virtud de la incorporación de la Magistrada ANA MARIA RUGGERI COVA, se reasignó la ponencia a la Magistrada que suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
II
ANTECEDENTES
En fecha 7 de septiembre de 2001, el ciudadano Miguel Angel Araque, asistido por el Procurador del Trabajo Enrique Rafael Fermín Malave, presentó ante el Juzgado Superior Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 0113 de fecha 7 de marzo de 2001, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, la cual declaró con lugar la solicitud de calificación de despidos incoada por la empresa INDUSTRIAS DOKER, S.A., en contra del ciudadano Miguel Angel Araque.
El 26 de septiembre de 2001, el referido Juzgado, admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.
Mediante decisión de fecha 7 de noviembre de 2001, el Juzgado Superior Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, se declaró incompetente en virtud de la sentencia dictada en fecha 2 de agosto de 2001, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Caso Nicolás José Alcalá Ruiz, Exp. N° 01-0213, en la que se declaró la incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer y decidir sobre los recursos interpuestos contra Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo y se le atribuyó tal competencia a la jurisdicción contencioso administrativa.
Posteriormente, en virtud de que la competencia para conocer en el caso de autos se encontraba atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el referido Juzgado remitió los autos al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.
El 22 de mayo de 2002, el Juzgado anteriormente señalado, en orden a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa de los interesados, y dada la falta de notificación de las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, declaró la nulidad de todas las actuaciones cumplidas por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por ende repuso la causa al estado de proveer acerca de su admisión.
Mediante auto de fecha 4 de junio de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y, ordenó notificar a las partes del referido auto.
El 31 de julio de 2002, el recurrente solicitó que la causa se abriera a pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 127 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la cual se hizo efectiva a partir del 9 de agosto del mismo año.
En fecha 17 de septiembre de 2002, el apoderado judicial del recurrente consignó escrito de promoción de pruebas.
Visto el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial del recurrente, fue admitida la prueba promovida en el capítulo segundo del referido escrito, por cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, por no se la misma manifiestamente ilegal ni impertinente.
A los fines de la evacuación de la prueba de testimoniales promovida en el capítulo segundo del referido escrito de pruebas presentado, el Juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del a Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, comisionó al Juzgado de Municipio Urdaneta, al Juzgado de Municipio Cristóbal Rojas y al Juzgado de Municipio Lander, todos del Estado Miranda, para recibir las declaraciones de los ciudadanos señalados en el respectivo escrito de pruebas; siendo notificados dichos Juzgados en fecha 7 de noviembre de 2002.
Mediante decisión de fecha 27 de noviembre de 2002, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró su incompetencia para conocer del presente recurso, en virtud de la decisión dictada en fecha 20 de noviembre de 2002, caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, Exp. N° 02-2241 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
III
DEL RECURSO DE NULIDAD
El recurrente fundamentó el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, en los siguientes términos:
“En fecha 21 de noviembre del 2000, mediante escrito presentado ante la Inspectoría de los Valles del Tuy por los ciudadanos Meudys Marcano de Pérez, Ana Elizabeth y Leonardo Acosta Fernández, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la empresa Industrias Doker, S.A., solicitan de acuerdo a lo establecido al artículo 453 la autorización para despedirme de la ya citada empresa donde me desempeñaba como operario desde el 23 de enero de 1989 con un salario diario de Bs. 7693,78 y gozaba de fuero sindical por ser miembro del Sindicato, porque presuntamente ocasione una trifulca en plena faena el día 23 de octubre del 2000, aproximadamente a las nueve de la mañana junto con otro trabajador de nombre Ramón Castillo, lo cual originó la paralización temporal de las actividades en el Departamento de Silenciadores, porque presuntamente desde hacia días atrás le estaban lanzando tornillos y otros objetos pequeños contundentes durante sus labores y así se lo había comunicado al Supervisor Feliz Chacón, ya que ese día que presuntamente sucedieron los hechos me vio cuando le lanzaba un tornillo causándole un hematoma en un costado, alzándose la camisa para mostrarlo, por lo que se procedió a despedir al ciudadano Ramón Castillo y a incoar el procedimiento en mi contra para mi despido, por haber incurrido presuntamente en las causales de despido: ‘ Vías de hecho’…, ‘Negligencia grave que afecte la seguridad…en el trabajo’, Perjuicio material causado…con negligencia grave en los productos en elaboración en la empresa y ‘Falta grave a las obligaciones que le impone la obligación de trabajo’, según lo establecido en el artículo 102, literales b), d) g) e i) de la Ley Orgánica del Trabajo.”
El recurrente solicitó la nulidad del acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo de los Valles del Tuy, mediante la Providencia Administrativa N° 0113 de fecha 7 de marzo de 2001, por ir en contra del principio de legalidad contemplado en el artículo 141 de la Constitución, asimismo, por violar el derecho a la defensa y al debido proceso, como también la violación del principio dispositivo y de verdad procesal establecidos en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y, el principio de igualdad procesal del artículo 15 eiusdem, en consecuencia, solicitó su reenganche y pago de salarios caídos junto a todos los beneficios dejados de percibir que le correspondiera al cargo que desempeñaba y que hubiesen obtenido desde que se consumo el ilegal despido hasta la efectiva reincorporación.
III
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
En fecha 27 de noviembre de 2002, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, se declaró incompetente para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con base en las siguientes consideraciones:
“En acatamiento a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de noviembre de 2002, con motivo del recurso de revisión solicitado por el abogado Ricardo Baroni Uzcategui, en la que se estableció que ‘… la jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión distinta de la pretensión de amparo constitucional, que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contenciosa administrativa. De los Tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.’ Dado su carácter vinculante, este Juzgado se declara incompetente y declina el conocimiento de la presente causa en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a cuyos fines se ordena remitirle éstos autos.”
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente causa, esta Corte observa que:
El presente caso se trata de un recurso de nulidad interpuesto por el abogado ENRIQUE RAFAEL FERMIN MALAVE, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ANGEL ARAQUE, contra la Providencia Administrativa N° 0113 de fecha 7 de marzo de 2001, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, la cual declaró con lugar la solicitud de calificación de despidos incoada por la empresa INDUSTRIAS DOKER, S.A., en contra del ciudadano Miguel Angel Araque.
En este sentido, se observa que el presente recurso fue interpuesto ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el cual acertadamente declaró su incompetencia en virtud de la sentencia dictada en fecha 2 de agosto de 2001, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Caso Nicolás José Alcalá Ruiz, Exp. N° 01-0213, en la que se declaró la incompetencia de la jurisdicción laboral para conocer y decidir sobre los recursos interpuestos contra Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo y se le atribuyó tal competencia a la jurisdicción contencioso administrativa.
Posteriormente, en virtud que la competencia para conocer en el caso de autos se encontraba atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el referido Juzgado remitió los autos al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, quien a su vez declaró su incompetencia para conocer del presente recurso, en virtud de la decisión dictada en fecha 20 de noviembre de 2002, caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, Exp. N° 02-2241 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Al respecto, observa esta Corte, que en la referida sentencia se estableció lo siguiente:
“(…) en ejercicio de la facultad de máxima intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
(i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión –distinta de la pretensión de amparo constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso administrativa.
(ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal.
(iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo…”
Así pues, del fallo parcialmente transcrito, vinculante para esta Corte en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se evidencia que corresponde a este Órgano Jurisdiccional conocer en primera instancia de las pretensiones relacionadas con los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, diferentes de la pretensión de amparo constitucional.
Por lo anteriormente expuesto, esta Corte se declara competente para conocer en primera instancia de la presente causa. Así se declara.
Sin embargo, es preciso mencionar que en el caso de autos, la causa se tramitó por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital –competente para ese momento- hasta el lapso probatorio, garantizándose el derecho a la defensa de las partes, por lo cual esta Corte en aras del derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual los órganos judiciales deben evitar dilaciones indebidas, sin formalidades o reposiciones inútiles, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera necesario convalidar las mencionadas actuaciones, ya que las mismas se encuentran ajustadas a derecho y, en consecuencia, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines que se continúe el proceso en el estado que se encuentra, y así se decide.
V
DECISION
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- COMPETENTE para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el abogado ENRIQUE RAFAEL FERMIN MALAVE, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ANGEL ARAQUE, contra la Providencia Administrativa N° 0113 de fecha 7 de marzo de 2001, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, la cual declaró con lugar la solicitud de clasificación de despidos incoada por la empresa INDUSTRIAS DOKER, S.A en contra del ciudadano Miguel Angel Araque.
2.- ORDENA remitir los autos al Juzgado de Sustanciación a los fines de continuar el presente proceso.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, en Caracas, a los __________( ) días del mes de _________________ de dos mil tres (2003). Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.
El Presidente,
PERKINS ROCHA CONTRERAS
El Vicepresidente,
JUAN CARLOS APITZ BARBERA
Las Magistradas,
EVELYN MARRERO ORTIZ
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
ANA MARIA RUGGERI COVA
Ponente
La Secretaria,
NAYIBE ROSALES MARTINEZ
Exp.02-2565.-
AMRC/lbg.-
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