MAGISTRADA PONENTE: ANA MARÍA RUGGERI COVA
Exp. N° 03-2359


En fecha 17 de junio de 2003, las abogadas YUDMILA FLORES BASTARDO y ANA GABRIELA MARÍN HERRERA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 43.820 y 65.758, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, presentaron escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, contra la Providencia Administrativa N° 76-03, de fecha 21 de mayo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana MILVA CAROLINA BELLOSO LÓPEZ.

En fecha 18 de junio de 2003, se dio cuenta a la Corte y se designó ponente a la Magistrada Ana María Ruggeri Cova, a los fines de emitir pronunciamiento acerca de la admisibilidad del presente recurso.

El 19 de junio de 2003, se pasó el expediente a la Magistrada ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir el asunto sometido a su consideración, previa las siguientes consideraciones:


I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO CAUTELAR

En fecha 17 de junio de 2003, las abogadas YUDMILA FLORES BASTARDO y ANA GABRIELA MARÍN HERRERA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 43.820 y 65.758, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, presentaron escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, con fundamento en los siguientes argumentos:

Que en fecha 19 de marzo de 2002, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura decidió remover a la ciudadana Milva Carolina Belloso López, del cargo de Analista Profesional I, adscrita a la Dirección de Información y Relaciones Institucionales del mismo órgano, en reunión extraordinaria del Comité Directivo celebrada en fecha 15 de marzo de 2002, en ejercicio de la atribución que tiene conferida en el literal “h” del artículo 5 de la Normativa Sobre la Dirección de Gobierno y Administración del Poder Judicial, de fecha 2 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.014, de fecha 15 de agosto de 2000, en concordancia en el literal “h” del artículo 3 de la Resolución N° 2001-0004, de fecha 21 de junio de 2001, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.242, de fecha 18 de julio de 2001.

Que en fecha 18 de abril de 2002, la ciudadana Milva Carolina Belloso López, interpuso ante la Inspectoría del Trabajo del Este del Área Metropolitana de Caracas, solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, con fundamento en el artículo 454 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, alegando estar investida de inamovilidad por fuero sindical, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 484 y 420 eiusdem.

Una vez sustanciado el procedimiento, de conformidad con el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, la precitada Inspectoría del Trabajo, en fecha 21 de mayo de 2003, dictó Providencia Administrativa, en la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.

Denunciaron que la Providencia Administrativa cuestionada está viciada de nulidad absoluta, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por haber sido dictada por una autoridad manifiestamente incompetente, -a decir, la referida Inspectoría del Trabajo-, ya que asumió funciones que, de acuerdo con la Constitución y la Ley, están atribuidas a otro órgano administrativo.

Precisaron que el Tribunal Supremo de Justicia, en sesión plenaria de fecha 23 de mayo de 2001, acordó por unanimidad declarar la reorganización del Poder Judicial, siendo que posteriormente, en fecha 27 de junio de 2001, dictó Resolución N° 2001-0004, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.242, de fecha 18 de julio de 2001, declaró dicha reorganización, la cual comprende todos aquellos órganos que integran la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

En tal sentido, afirmaron que el literal “h” del artículo 3 de la aludida Resolución, facultaba al Comité Directivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para remover al personal que fuese necesario para garantizar el fortalecimiento del Poder Judicial, razón por la cual, la remoción de la solicitante obedeció a una reorganización administrativa y mal podía la referida Inspectoría calificar una supuesta falta que diera motivo a la terminación de la relación de empleo público.

Así, adujeron que la solicitante tenía la vía administrativa para impugnar el acto que dio lugar a la remoción del cargo que desempeñaba, a través de los medios que otorga la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, razón por la cual, la Inspectoría del Trabajo, carecía de competencia para controlar los actos de remoción dictados por las autoridades administrativas

Adicionalmente, denunciaron que la Providencia Administrativa cuestionada incurrió en el vicio de falso supuesto, ya que de haber atendido la precitada Inspectoría del Trabajo a las reglas de atribución de competencia declarándose, en consecuencia, incompetente para conocer de la referida solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, en ningún modo hubiese emitido pronunciamiento acerca del fondo de dicho procedimiento, ordenando el reenganche y pago de los salarios caídos a favor de la solicitante.

Asimismo, indicó que la aludida Inspectoría del Trabajo parte del supuesto errado de que los funcionarios públicos, en este caso funcionarios del Poder Judicial, les resulta aplicable la protección que supone la inamovilidad por fuero sindical prevista en la Ley Orgánica del Trabajo.

Arguyeron, que no resulta posible someter a negociación colectiva aspectos que son materia de la reserva legal o que en virtud de la expresa autorización legal deben ser desarrollados por instrumento de carácter sublegal, tal es el caso de la Cláusula 48 de la Primera Convención Colectiva de los Empleados del Consejo de la Judicatura y Poder Judicial.

Señalaron que la Cláusula 48 de la Primera Convención Colectiva de los Empleados del Consejo de la Judicatura y Poder Judicial reconoce el beneficio del fuero sindical en el ámbito de los funcionarios de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, incorporándose así, materia de derecho del trabajo a situaciones que se encuentran expresamente reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial.

En tal sentido, expresaron que no obstante el principio de estabilidad absoluta consagrado para los funcionarios del Poder Judicial y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por imperativo de la Constitución y la Ley, según el cual sólo por las causales previstas en él, se puede prescindir de los servicios de un funcionario, se acordó por Convención Colectiva aplicar el fuero sindical, lo que ha traído como consecuencia la colisión de la referida Cláusula con las disposiciones constitucionales, legales y sublegales.

De este modo, afirmaron que dada la naturaleza especialísima del empleo público, no les puede ser atribuido a los funcionarios públicos el fuero sindical, dada la estabilidad que los rige, ya que admitir tal privilegio, sería aceptar que una autoridad distinta a la que consagran la Ley y los Estatutos que la rigen, pueda interferir en la decisión de un funcionario o empleado público al servicio de estos órgano del Estado.

Destacaron que la precitada Inspectoría del Trabajo estimó erróneamente que el ciudadano MILVA CAROLINA BELLOSO LÓPEZ le amparaba la inamovilidad que produce el fuero sindical, ya que realmente, la protección que se genera en razón de la actividad sindical, no resulta aplicable al funcionario público, toda vez que lo ampara una protección mayor y permanente, esto es, la estabilidad absoluta.

No obstante, precisaron que la Asamblea Nacional Constituyente, dictó Decreto de Reorganización del Poder Judicial, publicado en la Gaceta Oficial N° 36.782, de fecha 8 de septiembre de 1999, mediante el cual, suprimió la estabilidad de todos los funcionarios del Poder Judicial y del entonces Consejo de la Judicatura.

Igualmente, invocaron la violación del derecho a ser juzgado por el juez natural, contenido en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que la referida Inspectoría del Trabajo no se encontraba autorizada para pronunciarse acerca de los fundamentos de hecho y de derecho relativos a la remoción de un funcionario administrativo del Poder Judicial, por ser una decisión de carácter administrativo, que sólo puede ser examinada por la propia autoridad que la emitió.

En tal sentido, solicitaron amparo cautelar y a tal efecto, adujeron que existe presunción de buen derecho, dada la violación del derecho a ser juzgado por el juez natural, así como también, por lo vicios de ilegalidad que afectan a la Providencia Administrativa cuestionada.

Afirmaron que existe presunción grave de violación del derecho a ser juzgado por los jueces naturales, ya que resulta evidente la coexistencia de dos actos administrativos contradictorios, emitidos por autoridades distintas y que versan sobre un mismo asunto, cual es, la permanencia o no de un funcionario en el ejercicio de un cargo.

En cuanto al periculum in mora, se fundamentaron en la inminente ejecución de la mencionada Providencia Administrativa, tal como se desprende de su naturaleza ejecutiva y ejecutoria que ostenta como acto administrativo, lo cual implicaría que la ciudadana Milva Carolina Belloso López continuaría ejerciendo un cargo o destino público, pese a existir un acto administrativo mediante el cual fue removida del cargo que ostentaba en ejecución del proceso de reestructuración declarada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, arguyeron que la reincorporación de la solicitante conllevaría el pago de los salarios caídos, lo cual presupone una erogación económica que incidiría en el presupuesto asignado al Poder Judicial y cuyo cumplimiento carece de un sustento jurídico válido.

Ello así, solicitaron que fuese declarada con lugar la pretensión de amparo cautelar interpuesta y, en consecuencia, se suspendiesen los efectos de la Providencia Administrativa, de fecha 21 de mayo de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas.

Adicionalmente, solicitaron, en el supuesto negado de que sea desestimada la pretensión cautelar y con fundamento en los amplios poderes cautelares que ostenta todo Órgano Jurisdiccional, que esta Corte acuerde cualquier otra medida, mediante la cual se suspendan los efectos de la Providencia Administrativa recurrida, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso.

Finalmente, solicitaron la nulidad de la referida Providencia Administrativa, conforme a la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos interpuesta por la ciudadana Milva Carolina Belloso López, con ocasión del acto de remoción dictado en su contra, en fecha 19 de marzo de 2002, mediante el cual el Comité Directivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura la removió del cargo de Analista Profesional I.


II
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Corte pronunciarse en primer término, acerca de su competencia para conocer y decidir del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensión de amparo cautelar, de acuerdo a los siguientes criterios:

Ahora bien, a los fines de establecer cuál el es órgano jurisdiccional competente para conocer de la presente controversia, resulta necesario atender al criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 20 de noviembre 2002, caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, Exp. N° 02-2241, la cual es de carácter vinculante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el precitado fallo estableció:

“(…) en ejercicio de la facultad de máxima intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:
(i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión –distinta de la pretensión de amparo constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso administrativa.
(ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal.
(iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo…”

Así pues, del fallo parcialmente transcrito, de carácter vinculante para esta Corte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución vigente, se evidencia que corresponde a este Órgano Jurisdiccional conocer, en primera instancia, de aquellas pretensiones relacionadas con la nulidad de los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, diferentes de la pretensión de amparo constitucional autónoma, razón por la cual, esta Corte se declara competente para conocer en primera instancia de la presente controversia. Así se declara.
III
DE LA ADMISIBILIDAD

Determinada como ha sido la competencia de esta Corte para conocer del recurso de nulidad interpuesto y del amparo cautelar solicitado, pasa la misma a decidir acerca de la admisibilidad de las acciones propuestas, y a tal efecto observa:

Revisado como ha sido el expediente, esta Corte observa que en el caso de autos no se encuentran presentes ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual se admite el recurso de nulidad interpuesto, salvo el análisis de los supuestos de inadmisibilidad relativos a la caducidad y al agotamiento de la vía administrativa, los cuales en principio no son susceptibles de revisión, en virtud de que dicho recurso fue interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, en observancia con el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

En cuanto a la pretensión de amparo cautelar interpuesta, esta Corte observa que la misma cumple con los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En virtud de ello, la pretensión de amparo cautelar debe ser admitida cuanto ha lugar a derecho, y así se decide.

Una vez analizado lo anterior, y visto que el recurso interpuesto es admisible, pasa de seguidas esta Corte a pronunciarse acerca de la procedencia de la solicitud de amparo cautelar.

En este sentido, es necesario para esta Corte destacar que tomando en consideración la naturaleza instrumental de la pretensión de amparo constitucional acompañada al recurso contencioso administrativo de nulidad, resulta indispensable para quien decide analizar si de las actas procesales que conforman el expediente, se desprende alguna ‘presunción’ de infracción de algún derecho o garantía tutelada constitucionalmente, sin que el Juzgador pueda entrar a analizar si efectivamente se materializaron tales infracciones constitucionales, puesto que en el supuesto de incumplir tal elemento, el juez de mérito se estaría pronunciado anticipadamente sobre el fondo del asunto, lo cual le está vedado en esta etapa del proceso, lineamientos que fueron fijados en sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 20 de marzo de 2001, caso: Marvin Enrique Sierra Velasco, que al respecto señaló:

“(...) Debe analizarse en primer término, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de este derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.
Asimismo, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante”.

Así, en atención al carácter subsidiario de este medio de protección constitucional, el mismo constituye una medida provisional, cuyos efectos permanecen en el tiempo mientras transcurre el procedimiento del recurso principal y se dicta sentencia de mérito; por lo tanto, al ser una medida accesoria, la misma está destinada a seguir la suerte de lo principal.

Asimismo, se debe señalar que la procedencia del amparo cautelar, al tener como cometido, evitar la materialización de lesiones a derechos constitucionales, se encuentra desvinculada de la mera ilegalidad del acto administrativo impugnado, la cual será dirimida mediante la interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad, ya que el acto administrativo goza de una presunción de legalidad, que sólo puede ser desvirtuada al presumirse una violación a derechos de rango constitucional, sin constituir un pronunciamiento acerca de la legalidad del acto, que sólo puede ser debatido en el transcurso del proceso contencioso de nulidad.

Ahora bien, aprecia esta Corte que las apoderadas judiciales de la recurrente, solicitaron, mediante la protección cautelar de carácter constitucional, que se suspendan los efectos de la Providencia Administrativa, de fecha 21 de mayo de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual, se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana Milva Carolina Belloso López.

Igualmente, denunciaron la violación del derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, visto que resulta evidente la coexistencia de dos actos administrativos totalmente contradictorios, emitidos por autoridades distintas y que versan sobre un mismo asunto, cual es, la permanencia o no de un funcionario en el ejercicio de un cargo.

En tal sentido, alegaron que la referida Inspectoría del Trabajo no se encontraba autorizada para pronunciarse acerca de los fundamentos de hecho y de derecho relativos a la remoción de un funcionario administrativo del Poder Judicial, por ser una decisión de carácter administrativo, que sólo puede ser examinada por la propia autoridad que la emitió.

Adicionalmente, se fundamentaron en la inminente ejecución de la mencionada Providencia Administrativa, lo cual implicaría que la ciudadana Milva Carolina Belloso López continuaría ejerciendo un cargo o destino público, pese a existir un acto administrativo mediante el cual fue removido del cargo que ostentaba en ejecución del proceso de reestructuración declarada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, arguyeron que la reincorporación de la solicitante conllevaría el pago de los salarios caídos, lo cual presupone una erogación económica que incidiría en el presupuesto asignado al Poder Judicial y cuyo cumplimiento carece de un sustento jurídico válido.

Ahora bien, para apreciar la existencia del fumus boni iuris, es necesario que la aludida presunción se encuentre acreditada, respaldada o apoyada por un medio de prueba que la fundamente, por lo cual, corresponde al accionante en amparo cautelar, presentar al juez todos los elementos que contribuyan al apoyo de tal presunción, a fin que sea factible la procedencia de la protección cautelar.

Así las cosas, con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional, pasa esta Corte a revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo constitucional solicitada, a saber, el fumus bonis iuris o la verosimilitud o apariencia del derecho reclamado de rango constitucional; y un daño o amenaza inminente de lesión a situaciones constitucionales jurídicamente tuteladas, y que además, que en modo alguno podrá reparar la sentencia que se dicte en vía principal, esto es, un periculum in mora constitucional.

En este sentido, observa este Órgano Jurisdiccional que, en cuanto a la verosimilitud del derecho que señala como amenazado, cursa a los autos del expediente, Providencia Administrativa N° 76-03, de fecha 21 de mayo de 2003, mediante el cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana Milva Carolina Belloso López (folios 57 al 69).

Asimismo, cursa en las actas del presente expediente (folios 70 al 98), la Primera Convención Colectiva de los Empleados del Consejo de la Judicatura y Poder Judicial (1997-1999), así como también copia de la Resolución por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución N° 1079, de fecha 18 de octubre de 1991, contentiva del Régimen de Estabilidad de los Funcionarios del Consejo de la Judicatura, publicado en la Gaceta Oficial N° 35.926, de fecha 22 de marzo de 1996 (folios 99 al 102).

Igualmente, consta en el expediente copia simple del Decreto de Reorganización del Poder Judicial, contenido en la Gaceta Oficial N° 36.782, de fecha 8 de septiembre de 1999 (folios 103 al 108), así como también Resolución N° 2001-0004, de fecha 21 de junio de 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.242, de fecha 18 de julio de 2001(folios 109 al 118).

Adicionalmente, cursan en las actas del expediente, copia simple de la Normativa sobre la Dirección de Gobierno y Administración del Poder Judicial, de fecha 2 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.014, de fecha 15 de agosto de 2000, y Resolución N° 1.331, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.422, de fecha 12 de abril de 2002, mediante la cual fue removido la ciudadana Milva Carolina Belloso López (folios 119 al 121).

No obstante, este Juzgador estima necesario precisar que la verosimilitud del derecho invocado como transgredido, esto es, el requisito del “fumus boni iuris”, es un “juicio de verosimilitud”, por medio del cual se llega al menos a una presunción -como categoría probatoria mínima- de que quien invoca el derecho es “aparentemente” su titular, sin perjuicio que durante el juicio principal pueda demostrarse lo contrario. En consecuencia, con base en esa presunción de derecho y con la prueba de un daño inminente, es posible acordar una cautela sin que ello signifique ningún juicio previo sobre la “verdad” o “certeza” de lo debatido en el juicio principal.
Ahora bien, en atención a lo anterior y en cuanto al alegato de presunción de violación del derecho a ser juzgado por el juez natural, a tenor de lo consagrado en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional, en sentencia de fecha 24 de marzo de 2002, Caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador ha precisado el contenido y alcance de esta garantía de carácter constitucional, y en tal sentido, ha señalado que:

“(…) Es una de las claves de la convivencia social y por ello confluyen en ella la condición de derecho humano de jerarquía constitucional y de disposición de orden público, entendido el orden público como un valor destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el desarrollo e integración de la sociedad. Dada su importancia no es concebible que sobre ellas existan pactos válidos de las partes, ni que los Tribunales al resolver conflictos atribuyan a jueces diversos al natural, el conocimiento de la causa. El convenio expreso o tácito de las partes en ese sentido, al igual que la decisión judicial que trastoque al juez natural, constituyan infracciones constitucionales de orden público.
Por lo anterior, si un juez civil decidiere un problema agrario, porque en un conflicto entre jueces, el superior se lo asignó al juez civil, tal determinación transgrediría la garantía del debido proceso a las partes, así la decisión provenga de una de las Salas de nuestro máximo Tribunal, y así las partes no reclamaran (…)”.

Así, cabe destacar que la interpretación ut supra que ha emitido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no se limita exclusivamente a la actuación judicial, sino por el contrario, debe abarcar la función administrativa, razón por la cual, los órganos de eminente carácter administrativo, en su actuación también están obligados a garantizar el respecto a todas las garantías que conforman el derecho a la defensa del cual goza todo ciudadano.

Adicionalmente, debe precisar esta Corte que el derecho al juez natural no tiene un sentido meramente formal, o de simple cobertura legal, sino que implica unas exigencias sustanciales y objetivas que van mas allá del rango y preexistencia de la norma atributiva de competencia.
Así las cosas, debe asumirse entonces que el derecho al juez natural se verá lesionado -en general- en los casos en que un órgano no actúe con la habilitación legal que lo faculte para el ejercicio de una competencia, y sea el que efectúe el pronunciamiento en una determinada situación, es decir, será conculcado dicho derecho constitucional, cada vez que decida un asunto que no concierna a la especialidad que le es propia, independientemente del contenido sustancial del acto o decisión; razón por la cual, es evidente que una decisión que sustituya de tal manera al juez natural constituye una infracción constitucional de orden público.

Ahora bien, para el análisis de la denuncia formulada, esta Corte observa que la ciudadana Milva Carolina Belloso López, quien solicitó por ante la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, se desempeñaba como Analista Profesional I, adscrita a la Dirección de Información y Relaciones Institucionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ejerciendo de este modo funciones de empleo público, razón por la cual, resulta evidente para este Órgano Jurisdiccional, en esta etapa procesal, que no se encuentra debatida en el presente caso la condición de funcionario público de la solicitante, salvo mejor apreciación en la definitiva.

Ello así, debe precisarse que el asunto debatido se refiere expresamente a la competencia de la Inspectoría del Trabajo para decidir acerca de la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos formulada, órgano que consideró que tal pretensión resultaba procedente, visto que “para el momento en que se efectuó la remoción de su cargo se encontraba investido de las inamovilidades alegadas, por proyecto de convención colectiva” (folio 67).

Para dilucidar lo anterior, esta Corte debe precisar el contenido del artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 32. Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera, que ocupen cargos de carrera, tendrán el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de los conflictos, a la convención colectiva y a la huelga, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública.
Todos los conflictos a los cuales diere lugar la presente disposición serán conocidos por los tribunales competentes en lo contencioso administrativo funcionarial”.

De la norma transcrita ut supra, se desprende que por mandato del novísimo Estatuto de la Función Pública, le han sido otorgados a los funcionarios públicos de carrera derechos de eminente carácter laboral, tales como el derecho a constituir un sindicato que los agremie, o por ejemplo suscribir una convención colectiva, todos ellos consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo.

Ahora bien, estima este Juzgador que si bien es cierto que por previsión expresa de la Ley, los funcionarios públicos gozan de un conjunto de derechos regidos por la Ley Orgánica del Trabajo que los harían beneficiario, en principio, de la inamovilidad laboral que dimana del ejercicio de tales derechos, también es cierto que todo funcionario público está regido por un régimen estatutario que le otorga una serie de garantías, en virtud del ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentra el de la estabilidad en el desempeño de sus funciones. Tal beneficio deriva por mandato expreso de la Ley, en razón de la previsión contenida en el artículo 30 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual expresamente consagra a favor de todo funcionario público lo que ha continuación se señala:
“Artículo 30. Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que ocupen cargos de carrera gozarán de estabilidad en el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados del servicio por las causales contempladas en la presente Ley”.

Adicionalmente, si bien es cierto que en virtud del artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo a los funcionarios públicos le son reconocidos ciertos derechos de eminente índole laboral, también es cierto que por disposición de la norma in comento, los mismos se encuentran excluidos del control que ejercen tanto las Inspectorías del Trabajo como los Tribunales con competencia en esa materia, ya que se encuentran sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa.

En efecto, el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, prevé que los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocerán y decidirán todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación del mismo.

Ello así, este Órgano Jurisdiccional presume la verosimilitud de buen derecho que ostenta la peticionante en el presente caso por presunta violación del derecho a ser juzgado por el juez natural, en virtud de lo previsto en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución vigente, salvo su apreciación en la oportunidad de dictar sentencia de mérito.

Ello así, visto que se encuentra acreditada una presunción de buen derecho a favor de la recurrente, esta Corte estima inoficioso pronunciarse acerca del requisito relativo al periculum in mora, ya que la existencia de una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, conduce a la convicción de que debe preservarse la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.

En consecuencia, esta Corte declara procedente la solicitud de amparo cautelar interpuesta por la representación judicial de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y por consiguiente, ordena la suspensión de la Providencia Administrativa N° 76-03, de fecha 21 de mayo de 2003, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana Milva Carolina Belloso López. Así se decide.


IV
DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativa de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensión de amparo cautelar, por las abogadas YUDMILA FLORES BASTARDO y ANA GABRIELA MARÍN HERRERA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 43.820 y 65.758, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, contra la Providencia Administrativa N° 76-03, de fecha 21 de mayo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana MILVA CAROLINA BELLOSO LÓPEZ.

2. ADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto.

3. PROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar, y en consecuencia, ORDENA la suspensión de la Providencia Administrativa N° 76-03, de fecha 21 de mayo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

4. ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines legales consiguientes.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, en Caracas, a los _______________( ) días del mes de _________________ de dos mil tres (2003). Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.


El Presidente,


JUAN CARLOS APITZ BARBERA

La Vicepresidenta-Ponente


ANA MARÍA RUGGERI COVA.


Los Magistrados,


PERKINS ROCHA CONTRERAS

EVELYN MARRERO ORTÍZ


LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO



La Secretaria,


NAYIBE ROSALES MARTÍNEZ



AMRC/02/mgm
Exp. N° 03-2359