REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA TRIBUNAL OCTAVO DE CONTROL ASUNTO: KP01-S-2003-010977 Barquisimeto, 13 de Noviembre de 2003 Años 193° y 144° Corresponde a este Tribunal Octavo de Control de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentar la Medida Cautelar Sustitutiva impuesta, en Audiencia Celebrada en esta misma fecha, a favor del ciudadano CARLOS ALBERTO JIMENEZ MONTES, quien es venezolano, mayor de edad, Cedula de Identidad N° 11.266.016, de 31 años de edad, hijo de Dilia de Jiménez y Alberto Jiménez, casado de oficio Comerciante con domicilio en la Avenida libertador Edificio Jacinto Lara, torre B, apartamento B-51, de esta ciudad Estado Lara. Y a tal efecto se observa: La Fiscalia Primera del Ministerio Publico de este Estado, tuvo conocimiento del presente proceso, en virtud del procedimiento realizado por los funcionarios policiales adscritos a la Brigada de Patrulla de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, cuando fueron comisionados para verificar a una persona presuntamente herida por un arma de fuego, donde detuvieron a l ciudadano Carlos Alberto Jiménez Montes, lo que se encuentra asentado en acta policial, que cursa al presente asunto. Una vez llegada las actuaciones a la Fiscalia, solicito al tribunal de Control, se ordenara continuar las presentes investigaciones, por el Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo establecido en el articulo 373, del Código Adjetivo Penal, así como la imposición de Medida Cautelar sustitutiva a la Libertad, preferiblemente las previstas en los ordinales 3ero, 4to y 9no del articulo 356 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, en esta misma fecha siendo la oportunidad de la Audiencia Oral, una vez verificada la presencia de las partes e impuesto el imputado del Precepto constitucional, inserto en el artículo 49 ordinal 5to de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, al cual manifestó su deseo de Declarar; lo que efectivamente consta del acta de Audiencia. Escuchándose los argumentos esgrimidos por la Defensa, quien se adhirió a la solicitud Fiscal, en cuanto a la procedencia del procedimiento Ordinario, en consecuencia, solicito la imposición de la Medida Cautelar prevista en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. En la prenombrada oportunidad, este Tribunal ordeno continuar las investigaciones por el procedimiento ordinario y considero procedente Decretar, como en efecto lo hizo, la imposición de las Medidas Cautelares prevista en los ordinales 3ero y 9no, del artículo 256 del Código Adjetivo Penal. Quedando así reconocido, el derecho fundamental a la Libertad individual, el cual surge como imperativo jurídico en nuestro sistema positivo, de las propias disposiciones de la Carta Magna, cuyos preceptos fundamentales, están desarrollados a su vez, en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico procesal penal, normas estas fundamentadas en el principio de que la reglas en este sistema Procesal penal Venezolano, es la Libertad y la excepción la Privación de la misma, toda vez que en el presente caso que hoy nos ocupa, no están llenos los extremos que justifiquen el hecho de que sea necesario Decretar una medida Privativa de Libertad, observándole además que la Medida Cautelar sustitutiva de Libertad es solicitada por el representante Fiscal, toda vez que de los elementos de los aportados en la Audiencia por este, se evidencia claramente no estar llenos los extremos de procedencia establecidos en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y por cuanto el imputado tienen arraigo en este estado y domicilio estable, no configurándose de ninguna manera los presupuestos de presunción del Peligro de fuga y del peligro de Obstaculización , por lo que se considera procedente y en este particular comparte el criterio esgrimido por el Representante Fiscal , respecto a acordar Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad , la prevista en el articulo 256, ordinal 3ero y 9na , esto es la medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de presentación periódica cada treinta (30 ) días por ante la Unidad Receptora de Documentos y la prohibición de portar armas de fuego. En consecuencia se considera que lo procedente es la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de libertad, de presentación periódica, puesto que la misma seria suficientes para asegurar la sujeción del imputado al proceso, sin que ello pueda menoscabar la prosecución de las investigaciones, en la búsqueda de la verdad. Garantizándose en este caso, toda vez que resulta ajustado, el imponerse los Principios de Presunción de Inocencia y Estado de Necesidad. DISPOSITIVA En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Octavo de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 256 Ordinales 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es presentación Periódica cada Treinta (30) días, por ante la Unidad Receptora de Documentos Penales y Prohibición de portar armas de fuego, a favor del ciudadano, CARLOS ALBERTO JIMENEZ MONTES, quien es venezolano, mayor de edad, Cedula de Identidad N° 11.266.016, de 31 años de edad, hijo de Dilia de Jiménez y Alberto Jiménez, casado de oficio Comerciante con domicilio en la Avenida libertador Edificio Jacinto Lara, torre B, apartamento B-51, de esta ciudad Estado Lara. Estado Lara. Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, al Trece (13) días del mes de Noviembre de 2003. Cúmplase lo ordenado.- LA JUEZA TITULAR OCTAVA DE CONTROL ABG. LAURA ELIZABETH ADAMS CAMACHO. LA SECRETARIA ABG. LINA RODRIGUEZ