TSJ Regiones - Decisión

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 98-20176

En fecha 2 de marzo de 1998, se dio por recibido en esta Corte el Oficio N° 114-98 de fecha 17 de febrero de 1998, anexo al cual el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, remitió el expediente contentivo de la demanda interpuesta por el abogado JOSÉ ENRIQUE MONTES DE OCA, titular de la cédula de identidad N° 3.401.553 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 42.782, actuando en su propio nombre y representación, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI) y la CONTRALORÍA DEL ESTADO ARAGUA, por la actitud ilegal e inconstitucional de los funcionarios que laboran en los prenombrados entes, cuando exigen el visado de los documentos correspondientes ante los respectivos organismos.

Tal remisión se efectúo en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el prenombrado Tribunal a esta Corte, mediante sentencia de fecha 17 de febrero de 1997.

Mediante fallo dictado en fecha 17 de diciembre de 1998, esta Corte aceptó la competencia para conocer de la demanda interpuesta.

En fecha 24 de febrero de 2000, la parte actora diligenció solicitando dar continuidad en el presente juicio.

En fecha 7 de marzo de 2000, se acordó pasar el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de su admisibilidad.

En fecha 23 de marzo de 2000, se fijó el tercer (3°) día de despacho siguiente para proveer acerca de la admisibilidad.

En fecha 9 de agosto de 2001, la parte actora diligenció, señalando que siendo que el presente caso se encuentra en igual situación desde el 30 de marzo de 2000, solicitaba la agilización del mismo.

En fecha 20 de septiembre de 2001, el Juzgado de Sustanciación, acordó pasar el presente expediente a esta Corte, a los fines de que se decidiera de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 3 de octubre de 2001, se dio cuenta a la Corte y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.

El 7 de febrero de 2002, se dictó sentencia en esta Corte mediante la cual se revocó el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de fecha 20 de septiembre de 2001, mediante el cual se ordenó pasar el presente expediente a esta Corte a los fines de decidir de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, e igualmente se ordena al Juzgado de Sustanciación a que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda interpuesta.

En fecha 19 de febrero de 2002, esta Corte ordenó notificar a las partes y, según lo previsto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, ordenó comisionar al Juzgado Primero del Municipio Girardot del Estado Aragua, a los fines de practicar las respectivas notificaciones.

El 6 de mayo de 2003, el Juzgado de Sustanciación de esta Corte admitió el presente recurso y acordó dar cumplimiento a la notificación del Fiscal General de la República, siendo que una vez vencido el lapso para la notificación de esta última, se ordenó librar el cartel previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para que fuera publicado en el diario El Universal.

En fecha 28 de mayo de 2003, se dejó constancia de haberse librado el cartel de notificación a los interesados, previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Por auto de fecha 18 de junio de 2003, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los quince (15) días continuos transcurridos desde el 28 de mayo de 2003, exclusive, fecha de expedición del cartel previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, hasta el vencimiento de dicho lapso.

En esa misma fecha se practicó el referido cómputo, se acordó agregar al expediente el original del cartel y se ordenó pasar el expediente a la Corte, por cuanto no se retiró el cartel previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 10 de septiembre de 2003, se dio cuenta a la Corte del presente expediente y se ratificó la ponencia a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 16 de septiembre de 2003, se pasó el presente expediente a la Magistrada ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones.

I
DE LA DEMANDA INTERPUESTA

En fecha 26 de enero de 1998, la parte actora interpuso demanda en los siguientes términos:

Que solicita “(…) acción de condena contra aquellos funcionarios públicos de la Contraloría del Estado Aragua e INAVI, por impedir el ejercicio de nuestra profesión de Licenciados en Contaduría Pública, a los Contadores Públicos los cuales laboramos en libre ejercicio de la profesión (Contador Público, artículo 4, Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública), al exigirnos obligatoriamente en los documentos consignados en los respectivos organismos, a los cuales hemos prestado nuestros servicios como tales, el visado del Colegio de Contadores Públicos, lesionándonos en nuestros derechos, violando flagrantemente el artículo 82 de la Constitución Nacional (sic) y la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública y su Reglamento, por no establecer la misma en su normativa, tal visado”.

Que “(…) la propia Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública dispone en su artículo 1° que la profesión de Contador Público se regirá por lo ordenado por la Ley del Ejercicio de la Contaduría Publica y su respectivo Reglamento; en ningún momento establece que la profesión de la Contaduría Pública se regirá también por el Reglamento de visado aprobado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos, el cual tiene carácter interno. Prácticamente son normas disciplinarias, las cuales los funcionarios públicos, por no estar las mismas contempladas en Ley alguna deben abstenerse de exigirlas, ya que si actúan como tal estarían excediéndose en sus funciones y consecuentemente violando la Constitución Nacional (sic) en sus artículos 46 (…)”, 82, 84 y 121.

Que “(…) dichos funcionarios públicos con su actitud atentan contra el derecho a la defensa los cuales poseemos los Contadores Públicos en nuestra condición de funcionarios venezolanos, al pedir ejecutivamente para ejercer en libre ejercicio, el requisito relacionado al cumplimiento de una normativa disciplinaria (Reglamento Interno del Colegio C.P.)(sic), como es el visado del Colegio de Contadores Públicos; en tal caso no se levanta el correspondiente expediente por dicha causa, como tampoco se abre la respectiva averiguación cuando no se ha cumplido con el requisito mencionado, derecho consagrado en la Constitución Nacional (sic) en el artículo 68 (…)”.

Que los requisitos exigidos por “(…) la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública para ejercer están establecidos en la misma, en su artículo 18 y el 4 del Reglamento, dichos requisitos refieren como requisitos indispensables para ejercer la Contaduría Pública, los siguientes: inscribir el título en el respectivo Colegio, tener el respectivo C.P.C. (sic), identificarse en los momentos dados con el correspondiente C.P.C. (sic) (…)”.

Que pedimos a este Tribunal, ordene a los funcionarios recurridos, la no exigencia del requisito anteriormente mencionado para el ejercicio libre de la profesión de Contador Público, por ser inconstitucional e ilegal y que aplique a tales funcionarios las sanciones contempladas en el artículo 26 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Llegada la oportunidad para decidir, esta Corte observa:

Corre inserto a los folios 77, 78 y 79 del presente expediente, el auto de fecha 6 de mayo de 2003, mediante el cual el Juzgado de Sustanciación de esta Corte ordenó librar el cartel al cual alude el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, una vez que constara en autos la notificación del Fiscal General de la República. Asimismo, corre inserto al folio 83 del presente expediente, la nota donde se dejó constancia de la expedición del referido cartel de emplazamiento a los interesados, en fecha 28 de mayo de 2003.

Al efecto, se hace necesario citar el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual es del tenor siguiente:

"En el auto de admisión el Tribunal ordenará notificar al Fiscal General de la República, caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida teniendo en cuenta la naturaleza del acto. Cuando lo juzgue procedente, el Tribunal podrá disponer también que se emplace a los interesados mediante un cartel que será publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Caracas, para que concurran a darse por citados dentro de las diez audiencias siguientes a la fecha de publicación de aquél. Un ejemplar del periódico donde fuere publicado el cartel será consignado por el recurrente dentro de los quince días consecutivos siguientes a la fecha en la que aquél hubiere sido expedido y de no hacerlo dentro de dicho término, la Corte declarará desistido el recurso y ordenará archivar el expediente, a menos que uno de los interesados se diere por citado y consignare el ejemplar del periódico donde hubiere sido publicado el cartel".

De la lectura del artículo en cuestión, se desprende que el mismo establece además de las notificaciones a practicarse en el auto de admisión, la facultad del Tribunal de disponer que se libre el cartel de emplazamiento dirigido a los terceros -no a las partes-, para hacer de su conocimiento un juicio de nulidad que pudiera interesarles, siendo una obligación legal para el recurrente retirar el cartel en el Tribunal, publicarlo en la prensa y luego consignar en el expediente un ejemplar del periódico donde fuere publicado el mismo, todo ello dentro de los quince (15) días consecutivos siguientes a la fecha en que dicho cartel hubiere sido expedido por el Tribunal, caso contrario, debe declararse desistido el recurso de nulidad, salvo que uno de los interesados se diere por citado y consignare el ejemplar del periódico donde hubiere sido publicado el cartel, ya que el cartel de emplazamiento tiene la finalidad de notificar a los terceros que puedan estar interesados en el proceso, para que intervengan en éste como opositores o coadyuvantes de las partes.

Ahora bien, debe resaltar esta Corte que la interpretación de las normas legales, llevada a cabo por los Órganos Jurisdiccionales debe sustentarse en principios fundamentales del Derecho Constitucional patrio y el Derecho Comunitario, en tal sentido, la interpretación de una norma debe atender a ciertos límites de proporcionalidad y finalidad pretendida por el legislador, ya que ésta ha de interpretarse siempre en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales que rigen la actividad procesal, como el derecho a la defensa, la garantía al debido proceso, el derecho de acceso a la jurisdicción y derecho a una tutela judicial efectiva.

Así, este Órgano Jurisdiccional advierte que de la misma norma (artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), se desprenden tres (3) cargas procesales para los recurrentes constituidas todas en un mismo acto: i) retiro del cartel de emplazamiento, ii) publicación de éste en un periódico de los de mayor circulación y; iii) consignación de la publicación en el expediente, todo ello dentro de un lapso preclusivo.

En razón de lo anterior, debe esta Corte destacar que en nuestro sistema procesal rige el principio de preclusividad de los actos procesales, el cual debe entenderse en el sentido que dentro de las distintas fases o tiempos del procedimiento se ha de realizar un acto concreto con contenido determinado, de tal manera que si la parte no lo realiza oportunamente pierde la oportunidad de hacerlo, por lo que extinguido el término o lapso procesal determinado en la Ley adjetiva y no presentado o evacuado determinado acto, fenece la oportunidad de realizarlo, castigando el legislador tal incumplimiento en algunas oportunidades, como en el caso de marras, la falta de interés demostrada por la parte que tenía la carga procesal de realizarlo.

Asimismo, precisado el principio procesal que rige la interposición y evacuación de los actos procesales dentro del proceso, es indispensable el efectivo conocimiento del inicio y terminación de los lapsos o términos procesales –dies ad quo, dies ad quem-. Así pues, debe destacarse que de la lectura del artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se desprende claramente la fecha en que debe comenzarse a contar el lapso de quince (15) días para declarar el desistimiento del recurso contencioso administrativo de anulación, cuando expresa: “(…) un ejemplar del periódico donde fuere publicado el cartel será consignado por el recurrente dentro de los quince días consecutivos siguientes a la fecha en la que aquél hubiere sido expedido (…)” (Negrillas de esta Corte).

En tal sentido, resulta claro, que el cómputo de los quince (15) días previstos para consignar la publicación del cartel, debe contarse desde el día siguiente a la fecha en que aquél hubiere sido expedido, es decir, emitido por el Tribunal, momento en el cual éste ya puede ser retirado del Tribunal por la parte interesada, a los fines de su publicación y posterior consignación en el expediente de un ejemplar del periódico donde hubiere sido publicado (Vid. Sentencia de esta Corte de fecha 18 de abril de 2001, expediente N° 99-23061, caso: Gregoria Guadalupe Sánchez Henríquez).

Asimismo, el retiro, publicación y consignación al expediente del cartel de emplazamiento a los terceros, constituye una carga procesal para el recurrente, por lo cual su incumplimiento opera en su perjuicio. En tal sentido, el incumplimiento de la publicación del cartel de emplazamiento en un periódico de los de mayor circulación dentro de los quince (15) días siguientes a su expedición, acarrea la consecuencia jurídica prevista por el legislador, la cual es el desistimiento tácito de la acción y el posterior archivo del expediente, debido a la falta de interés demostrada en la acción interpuesta.

Ello así, en el caso bajo análisis en fecha 18 de junio de 2003, el Juzgado de Sustanciación ordenó que se practicase por Secretaría el cómputo del lapso de quince (15) días continuos transcurridos desde la fecha en que se ordenó librar el cartel previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, exclusive, -28 de mayo de 2003-, hasta el vencimiento de dicho lapso, inclusive.

Asimismo, por auto de esa misma fecha, y luego del cómputo efectuado por Secretaría, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia que el referido lapso había precluído el día 12 de junio de 2003, y que la parte interesada no había retirado el cartel previsto en dicha norma, que se había ordenado librar a tal efecto. Por lo que se acordó agregar el original del referido cartel y pasar el expediente a la Corte, evidenciándose así que el mismo ni siquiera fue retirado por la parte recurrente.

Ahora bien, la norma referida impone al recurrente en un juicio de nulidad, la carga procesal de retirar, publicar en prensa y consignar luego en el expediente el cartel de emplazamiento de los interesados en el juicio, ello a los fines de que éstos se den por enterados del mismo y acudan a él a ejercer su defensa. Esta carga procesal debe cumplirla el recurrente según dispone la referida norma, en el lapso de quince (15) días consecutivos siguientes a la expedición del cartel, lo cual de no cumplirse llevaría a la consideración por el Tribunal de que se ha desistido del recurso.

Respecto a dicha posibilidad, se pronunció este Órgano Jurisdiccional, mediante sentencia N° 2307, de fecha 16 de agosto de 2001, en el caso Industrias Metalúrgicas Ofanto, S.R.L., contra el Ministerio de Infraestructura, en la cual se determinó:

“De ello no puede más que concluirse que el emplazamiento no debe ser un simple instrumento potestativo; por el contrario, teniendo la justificación arriba expresada, entonces no podrá ser más que un imperativo para el Juez, con la finalidad de brindar seguridad jurídica, piénsese además que, una vez librado el cartel de emplazamiento se impone al recurrente la carga de retirarlo para publicarlo en la prensa y consignarlo en el expediente, como prueba para el Juez de que en el juicio que ante él se sigue, todos aquellos interesados han sido convocados, con lo cual, no habrán ulteriores conflictos por la falta de emplazamiento, ello entonces le otorga el carácter de necesidad a la expedición de ese cartel.
... omissis ...
Considera por tanto esta Corte, que resulta necesario y obligatorio, en el marco del proceso contencioso administrativo de anulación realizar el emplazamiento de los interesados para garantizar se defensa. Así se decide.
... omissis ...
Así pues, partiendo del planteamiento de que el emplazamiento de los interesados en el juicio de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares permite la posibilidad cierta de su participación en el mismo y con ello el ejercicio pleno de su derecho a la defensa, aunado a las características propias de ese juicio y hasta la consecuencia de que una vez librado ese cartel el recurrente o algún tercero no lo consigne, el juicio termine con la declaratoria de desistido y el archivo del expediente, permiten ver lo necesario que es dicho emplazamiento y por tanto, abona la consideración de tal como una formalidad esencial, y así se decide.
... omissis ...
Así, el artículo 125 en cuestión, como ya ha quedado establecido, luego de crear una carga procesal para el recurrente -que comprende la publicación y consignación del cartel- castiga con el ‘desistimiento’ el recurso, la falta de cumplimiento de esa carga. Mas, sin embargo, lo castigado por el Legislador no es más que la falta de consignación, pues, si bien no podría producirse consignación sin publicación, la relación inversa si es posible, ya que es lo cierto que bien puede ocurrir la publicación sin consignación o consignación extemporánea y es justamente ello lo que castiga el Legislador, pues no tendrá el Juez certeza de que el emplazamiento se ha producido.
Resulta sencillo entonces que, frente a la falta de publicación del cartel, porque ni siquiera ha sido retirado, se declare el mal denominado desistimiento (...)”.

Asimismo considera esta Corte, que tal sanción -el desistimiento-, opera en consideración a que se ha materializado una pérdida del interés y diligencia por parte del recurrente, en continuar instando el juicio, puesto que en el caso de marras, la parte actora no retiró, publicó y mucho menos consignó en el expediente el aludido cartel.

Con base en lo expuesto, este Órgano Jurisdiccional observa que en el caso de marras, operó la consecuencia jurídica prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual se debe declarar el desistimiento de la presente demanda, toda vez que concurrieron los supuestos previstos en la mencionada norma, y así se decide.

III
DECISIÓN

Por las consideraciones anteriores, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

- DESISTIDA la demanda interpuesta por el abogado JOSÉ ENRIQUE MONTES DE OCA, titular de la cédula de identidad N° 3.401.553 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 42.782, actuando en su propio nombre y representación, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI) y la CONTRALORÍA DEL ESTADO ARAGUA, por la actitud ilegal e inconstitucional de los funcionarios que laboran en los prenombrados entes, cuando exigen el visado de los documentos correspondientes ante los respectivos organismos.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los _____________ ( ) días del mes de ______________ de dos mil tres (2003). Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

El Presidente,

JUAN CARLOS APITZ BARBERA

La Vicepresidenta,

ANA MARÍA RUGGERI COVA

Los Magistrados,

EVELYN MARRERO ORTÍZ

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente

PERKINS ROCHA CONTRERAS

La Secretaria,

NAYIBE ROSALES MARTÍNEZ

LEML/aecz
Exp. N° 98-20176