REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA TRIBUNAL OCTAVO DE CONTROL ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2004-000139 Barquisimeto, 01 de Abril de 2004 Años 193° y 145° Corresponde a este Tribunal Octavo de Control de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentar la Medida Cautelar Sustitutiva impuesta, en Audiencia Celebrada en fecha 13-02-04, a favor del ciudadano CARLOS EDUARDO PERAZA BARRAGÁN, venezolano, mayor de edad, Cédula de Identidad N° 14.695.167, nació en Barquisimeto Estado Lara, en fecha 18-03-1.966, Estado Lara, de 39 años de edad, hijo de Juan Abdón Peraza, y Braulio de Peraza, domiciliado en el Barrio San Jacinto, carrera 04 con calle 05, sector La Esperanza, casa s/ n° diagonal a una Iglesia Evangélica, de esta ciudad. Y a tal efecto se observa: La Fiscalía Vigésimo del Ministerio Público de este Estado, tuvo conocimiento del presente proceso, en virtud del procedimiento realizado por funcionarios adscritos a la Comisaría N° 23 San Jacinto del Estado Lara, componentes de la Unidad de Coordinación Policial, cabo Segundo Javier Gil y Agente Héctor Borges, del Estado Lara, los cuales dejan constancia de la siguiente diligencia policial: siendo aproximadamente las 19:00 horas, se presenta en la Comisaría N° 23, la ciudadana María Eduviges Rodríguez, manifiesta que su hijo menor Carlos Eduardo Peraza Rodríguez, de 06 años había sido golpeado por su padre trasladándolo hacia el Hospital Antonio María Pineda área de pediatría.- Una vez llegada las actuaciones a la Fiscalía Vigésimo, solicito al Tribunal de Control, se decretará una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad prevista en el articulo 256, ordinales 3ero, 5to, 6to, y 7mo, del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo solicito la calificación de la flagrancia por el delito Lesiones Personales Graves, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal Venezolano. Ahora bien, en la oportunidad de la Audiencia Oral, en el día de hoy , una vez verificada la presencia de las partes y escuchada la exposición del imputado, CARLOS EDUARDO PERAZA BARRAGÁN, quien una vez impuesto del precepto constitucional contenido en el articulo 49, ordinal 5to de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y del uso , alcance y contenido de las Medidas alternativas a la Prosecución del Proceso, manifestó su deseo de declarar, y en consecuencia expuso “Que en ningún momento a golpeado a su hijo; eso es error, no le he pegado a ninguno mis hijos, tengo otros hijos. “ Es todo. La Defensa, por su parte expreso solicita la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad y otros conforme el procedimiento planteado por la fiscalía, solicitando la Medida Cautelar, de los ordinales 3ero, 5to, 6to, y 7mo el articulo 256 del código Orgánico Procesal Penal. En la prenombrada oportunidad, este Tribunal, Declaro con lugar la calificación de la flagrancia, y en consecuencia, la aplicación del Procedimiento Abreviado. Así como se considero procedente Decretar la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, prevista en los ordinales 3ero y 8vo del artículo 256 del Código Adjetivo Penal, esto es presentación cada Quince (15) días, por ante la U.R.D.D. y en los siguientes términos permanecerá el niño Carlos E. Peraza Rodríguez, bajo la guardia y custodia de la ciudadana María Eduviges Rodríguez (Madre); obligándose al ciudadano CARLOS EDUARDO PERAZA BARRAGÁN, a la manutención del niño y gastos de medicinas. Quedando así reconocido, el derecho fundamental a la Libertad individual, el cual surge como imperativo jurídico en nuestro sistema positivo, de las propias disposiciones de la Carta Magna, cuyos preceptos fundamentales, están desarrollados a su vez, en los artículos 9 y 243 del Código orgánico procesal penal, normas estas fundamentadas en el principio de que la reglas en este sistema Procesal penal Venezolano, es la Libertad y la excepción la Privación de la misma, toda vez que en el presente caso que hoy nos ocupa, no están llenos los extremos que justifiquen el hecho de que sea necesario Decretar una medida Privativa de Libertad, lo cual se desprende de la misma exposición del imputado, observándole además que este ciudadano, tiene un oficio y domicilio estable, no configurándose de ninguna manera los presupuestos de presunción del Peligro de fuga y del peligro de Obstaculización, por lo que se considera procedente y en este particular, comparte los argumentos y criterios de la defensa, reafirmándose la preeminencia de los principios que son base fundamental del Proceso Penal acusatorio, Principios tales como el de afirmación de Libertad y Presunción de inocencia, no llenados los extremos excepcionales para la procedencia de la privación preventiva, lo procedente es la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva de libertad . Constituyen las exigencias del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, los presupuestos necesarios para la procedencia de una medida de Privación Judicial Preventiva de libertad, de los cuales aún cuando materializados los relativos a la existencia de un hecho punible que merece pena de libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión del hecho investigado. No se acredita la existencia en este caso del peligro de fuga y el de obstaculización, ya que se evidencia que este ciudadano, tiene arraigo en el país y en esta ciudad, tiene un domicilio estable y conocido. No evidenciándose condiciones económicas y de oportunidad para huir del país y evadir en consecuencia el proceso. Analizadas las circunstancias de la pena a imponer y la magnitud del daño causado, observada por esta Juzgadora, que este ciudadano no posee o presenta antecedentes penales ni policiales que desvirtúen su buena conducta predelictual, en consecuencia, la misma se presume. En cuanto al peligro de obstaculización, siendo esta una presunción Iuris tamtun, no se establece la grave sospecha de lo anteriormente esbozado y evidenciado en el proceso que este imputado a través de su conducta y su restricción de la libertad por medio de una Medida Cautelar, no influirá en los testigos, victimas o expertos, o se presuma se va a comportar desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia, así como no se presume que falsificará, destruirá, modificará u ocultará elementos de convicción. En este sentido, corresponde al Juez de control, analizar en base a lo anteriormente expuesto, la procedencia de una Medida Cautelar Sustitutiva a la de la libertad, por no configurarse los extremos de procedencia a la privación preventiva de la misma. Estableciéndose doctrinariamente como limitantes a la aplicación de la privación de la Libertad, los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad. Y constituyen la figura de las medidas cautelares, aquellas que afectan también la libertad ambulatoria de una persona, pero en menor intensidad, o sea, de manera menos extrema que la privación preventiva de la misma. Y en tal sentido, esta Juzgadora, considera que las medidas de coerción personal, dada la afectación que comprenden a un derecho tan trascendental para el hombre como lo es su libertad de tránsito, han de ser tomadas en casos extremos, que de absoluta necesidad, cuando aparezca probatoriamente acreditada, en alto grado, la probable responsabilidad del encartado y el grave peligro que representa su libertad para la suerte y la regularidad del proceso que se sigue. Siendo en este caso en particular, a juicio de quien Juzga, el presupuesto que antecede. DISPOSITIVA En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Octavo de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 256 a los ordinales 3ero y 9vo del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del ciudadano: CARLOS EDUARDO PERAZA BARRAGÁN, venezolano, mayor de edad, Cédula de Identidad N° 14.695.167, nació en Barquisimeto Estado Lara, en fecha 18-03-1.966, Estado Lara, de 39 años de edad, de profesión u oficio Contratista de la Construcción, hijo de Juan Abdon Peraza, y Braulio de Peraza, domiciliado en el Barrio San Jacinto, carrera 04 con calle 05, sector La Esperanza, casa S/N° diagonal a una Iglesia Evangélica, de esta ciudad. Y así se decide. Notifíquese a las partes. Dada, Sellada y Firmada en el Palacio de Justicia, el primer (01) días del mes de Abril de 2004. Cúmplase lo ordenado. LA JUEZA TITULAR OCTAVA DE CONTROL ABG. LAURA ELIZABETH ADAMS CAMACHO LA SECRETARIA