REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, treinta de agosto de dos mil cuatro 194º y 145º ASUNTO : KP02-S-2004-006385 Vista la solicitud presentada por la ciudadana MAURICIA ANTONIA HERNANDEZ CASTILLO, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 2.528.438, de este domicilio, asistida de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que fomentó a expensa propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el caserío Los Pocitos, Parroquia José María Blanco, Municipio Autónomo Crespo del Estado Lara, sobre un lote de terreno comunero, que mide 20 Mts. de frente por 45 Mts. de fondo; alinderadas de la siguiente manera NORTE: con casa de Casildo Castillo y Calle Principal, que es su frente; SUR: con calle principal y Candelaria Torres; ESTE: con casa de Delio José Hernández; y OESTE: con casa de Casildo Castillo. Dichas bienhechurías consisten en una casa de paredes de adobe frisados, piso de cemento, techo de zinc, consta de cuatro habitaciones, sala, comedor, cocina, cercada con alambre de púas sobre estantillos de madera. El valor invertido es la cantidad de DOCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 12.000.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos JOSE LA DE CONCEPCION VIRGUEZ y FLORISELDA PERDOMO titulares de las cédulas de identidad N° 5.239.539 y 7.410.437, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de la ciudadana MAURICIA ANTONIA HERNANDEZ CASTILLO ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- LA JUEZ TAMAR GRANADOS IZARRA LA SECRETARIA ACC. GREGORIA DUNO DE PINEDA TGI/g.p.