REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, seis de agosto de dos mil cuatro 194º y 145º ASUNTO : KP02-S-2004-005412 Vista la solicitud presentada por el ciudadano RODOLFO ARTURO ESCALANTE, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.338.897, de este domicilio, asistido de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que fomentó a expensa propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Barrio Santa Rosalia, calle en proyecto Autopista Florencio Jimenez Parte Sur, de esta ciudad, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Barquisimeto, Estado Lara, sobre un lote de terreno comunero, que mide 282 Mts.2; alinderadas de la siguiente manera NORTE: en línea de 33 Mts. con terrenos ocupados; SUR: en línea de 31,50 Mts. con calle en Proyecto; ESTE: en línea de 8,50 Mts. con calle en proyecto; y OESTE: en línea de 9 Mts. con terrenos ocupados por Sucesión Pérez. Dichas bienhechurías consisten en una casa de paredes de bloques, techo de zinc, piso de cemento y cercas de alambre de púa con estantillos de madera. El valor invertido es la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos NELSON JOSE PEÑA COLINA y ANTONIELY PASTORA GARCIA ANGULO titulares de las cédulas de identidad N° 3.089.101 y 16.531.822, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor del ciudadano RODOLFO ARTURO ESCALANTE ya identificado, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- LA JUEZ TAMAR GRANADOS IZARRA LA SECRETARIA ACC. GREGORIA DUNO DE PINEDA TGI/g.p.