Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ

Expediente N° AP42-O-2003-004092


En fecha 29 de septiembre de 2003 se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 03-1034 de fecha 11 de septiembre de 2003 emanado del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional, ejercida por la ciudadana MARITZA MARGARITA GÓMEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.118.352, asistida por los abogados José Francisco De León y Rafael Jacques Indriago Salazar, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 85.733 y 93.571, respectivamente, contra el acto administrativo signado con el N° 2531 de fecha 10 de septiembre de 2002, suscrito por la ciudadana MAYRA LÓPEZ ÁVILA, en su condición de DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (D.I.S.I.P.), por medio del cual le comunican su transferencia a la Base Regional de Apoyo de Inteligencia N° 201 (BRAI 201) ubicada en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia.

Tal remisión se efectuó en virtud de haber sido oída en un solo efecto la apelación ejercida por la parte accionada, contra el fallo dictado por el referido Juzgado, en fecha 31 de marzo de 2003, mediante el cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida.

En fecha 1° de octubre de 2003, se dio cuenta a la referida Corte y se designó ponente al Magistrado Perkins Rocha Contreras.

En fecha 9 de octubre de 2003, el apoderado judicial del presunto agraviante, presentó escrito de apelación.

En virtud de la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución N° 2003-00033, de fecha 10 de diciembre de 2003, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866 del 27 de enero de 2004, y habiéndose designado a los jueces que actualmente la conforman en fecha 15 de julio de 2004, esta Corte quedó constituida de la siguiente manera: María Enma León Montesinos, (Presidenta); Jesús David Rojas Hernández, (Vicepresidente) y Betty Josefina Torres Díaz.

En fecha 6 de diciembre de 2004, esta Corte se abocó se oficio al conocimiento de la presente causa, y, previa distribución, se reasignó la ponencia a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Jueza ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir, previas las siguientes consideraciones:


I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En fecha 17 de septiembre de 2002, la parte actora presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, en el cual expuso:

Que “(…) En fecha 2 de enero de 1986, previa aprobación del curso de Agentes, ingresó a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención D.I.S.I.P., en los actuales momentos cuento con 16 años y 9 meses como funcionario público, (…) donde mi desempeño ha sido conforme a lo establecido en las normas y reglamentos que exige la Institución y prueba de ello, son (sic) mis jerarquías logradas en el tiempo y lo (sic) méritos que tengo en D.I.S.I.P., (sic) de lo cual me inicié como Agente, Detective, Sub. Inspector, Inspector, Inspector Jefe y actualmente Sub. Comisario (…), destacada en el Helicoide Roca Tarpeya, Caracas, en la D.I.S.I.P., (sic) como Jefe de la División de Servicios Generales, curso estudios superiores en la Universidad Santa María, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, (…) soy alumna regular y a partir de la presente fecha inicié el quinto semestre o bien conocido como 3er.año, gracias al Convenio suscrito entre la Universidad Santa María y la D.I.S.I.P., (sic) cuento con un descuento del 50% en las mensualidades del pago de las mismas, información que es conocida por la Dirección de Recursos Humanos y por la Dirección de Educación D.I.S.I.P., (sic) por cuanto existen los documentos reglamentarios que lo certifican (…)”.

Que se le han vulnerado su derecho constitucional a la educación consagrado en el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto “La Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.), pretende trasladarme a la Brigada Número 201 Maracaibo, Estado Zulia, aún conociendo que me encuentro cursando el quinto semestre, (o tercer año) de derecho en la Universidad Santa María, ubicada en la ciudad de Caracas, pretendiendo ocasionarme trabas en el desempeño educativo y profesional, por lo que considero que se me esta violando el derecho a la educación”.

Finalmente, solicita “(…) se oficie a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.), a fin de que consigne por ante este Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, convenio suscrito entre la Universidad Santa María y la (D.I.S.I.P.), así como el listado de los funcionarios que se benefician de dicho convenio. También que consigne copia certificada de mi expediente que se encuentra en la Dirección de Recursos Humanos y de la Dirección Educación de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.)”.

Así mismo, solicitó que: “(…) se oficie a la Universidad Santa María, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, a fin de que consigne por ante esta (…) Convenio suscrito en dicha Universidad y la D.I.S.I.P., (sic) así como el listado de los funcionarios que se benefician de dicho Convenio”.

Por ultimo, solicitó que se: “(…) ordene a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención D.I.S.I.P., abstenerse de transferirme a la Brigada numero 201, Maracaibo, hasta tanto no haya culminado mis estudios en la Escuela de Derecho, (…) ya que dicha transferencia es inconstitucional, por violarme el derecho al estudio (…)”. (Mayúsculas y resaltado de la accionante)

II
DEL FALLO APELADO

En fecha 31 de marzo de 2003, el Juzgado Superior Segundo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró con lugar el amparo constitucional ejercido, fundamentándose en las siguientes consideraciones:

Que “(…) la accionante ya estaba inscrita para cursar la carrera de derecho, cuando fue objeto del traslado, en este sentido, resulta evidente para este Juzgador, concluir en que el acto administrativo contenido de dicho traslado de consumarse, vulnera el derecho a la educación de la accionante, toda vez que el Convenio suscrito entre la Universidad Santa María y la D.I.S.I.P., (sic) y del cual es beneficiaria la accionante, y en el cual se establece que su objeto es desarrollar programas específicos de cooperación y asistencia reciproca entre ambas partes, en las áreas de sus respectivas competencias e intereses comunes, para lo cual conjugarán recursos humanos, técnicos, económicos dando prioridad al fomento de la investigación científica y al desarrollo tecnológico, operativo, educativo y de asistencia social, (…) siendo ello así, se evidencia del citado convenio que la accionante por ser beneficiaria se le exonera del pago del costo de la carrera de derecho que cursa en la Universidad Santa María, caso contrario, de ser trasladada como fue ordenado por la superioridad, a la ciudad del Maracaibo, y aún cuando exista en dicha ciudad, la Universidad del Zulia, donde se cursa la carrera de derecho, se le estaría vulnerando el derecho a la educación, ya que no se encuentra demostrado en autos, que en dicha Universidad comience el semestre en la misma oportunidad que en la Institución donde actualmente cursas sus estudios la accionante, de tal manera que no interrumpa las actividades académicas, lo cual evidenciaría un retardo perjudicial, aún para la Institución que ha protegido el derecho que la asiste, a tal extremo de afirmar el Convenio antes señalado para garantizarle el feliz termino de su carrera profesional (…)”.

Que “(…) consta en autos, que la accionante es madre de una menor que actualmente cursa estudios básicos en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, quien al ser transferida su progenitora se vería afectada, en cuanto a la protección que con prioridad absoluta les debe asegurar el Estado, por considerar que se trata de un interés superior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución de la República de Venezuela (sic), (…) por tanto, resulta forzoso concluir a este Tribunal constitucional velar porque se cumpla esta obligación indeclinable de tomar las medidas administrativas, legislativas y judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías, por lo tanto, se ordena a la parte agraviante, a saber la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención D.I.S.I.P., (sic) se abstenga de transferir a la ciudadana MARITZA MARGARITA GÓMEZ RODRÍGUEZ, hasta tanto haya culminado sus estudios de derecho, en la Universidad Santa María con sede en esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, de conformidad al Convenio suscrito y que reposa en autos (…)”.

III
DEL ESCRITO DE APELACIÓN

En fecha 9 de octubre de 2003, la parte accionada presentó ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, escrito de apelación contra la decisión de fecha 31 de marzo de 2003, dictada por el Juzgado Superior Segundo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en base a las siguientes consideraciones:

Que “ (…) resulta evidente la no violación del derecho a la educación por trasladarla sin previo consentimiento, (…) reciente doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, vino a solucionar la discrepancia surgida por varios funcionarios de la D.I.S.I.P., (sic) que incoaron sendas demandas contra actos de traslado al interior del país, por lo que la actuación de mi representada estuvo ajustada a la doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional”.

En ese sentido, señala la parte accionada el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 25 de abril del 2003, caso Wogler Ibraim Caniche Figueredo.

Que “(…) puede apreciarse del contenido del libelo de la demanda, del expediente administrativo y del propio contenido de la decisión del 31 de marzo de 2003 dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que la querellante (sic) cuando ingresó a la D.I.S.I.P., (sic) firmó una carta compromiso (…)”.

Que “(…) el traslado del querellante (sic) tiene razón legal en la remisión expresa que el artículo 73 de la Ley del Estatuto de la Función Pública realiza en el artículo 10, capítulo I del Reglamento Interno de la D.I.S.I.P., (sic) y que éste consistió, tal proceder con la suscripción de una carta compromiso conde (sic) expresamente señaló que acataría prestar servicios en el interior de la República, por lo que jamás pudiera ser aprobado del buen derecho, sin antes desaplicar el referido reglamento de la D.I.S.I.P., (sic) o desacatar la sentencia vinculante de la Sala Constitucional”.

Que “(…) dada la naturaleza de cuerpo de seguridad del Estado que ostenta la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención D.I.S.I.P., (sic) sus funcionarios deben estar dispuestos a trasladarse constantemente, en la medida de que los requerimientos en el curso de una averiguación o hechos así lo ameriten”.

Que “(…) no se ha impedido el ejercicio del derecho al trabajo de la accionante, ni de manera alguna disminuido su ingreso económico, como sustento de hogar, sino simplemente se le ha trasladado al interior del país para desarrollar su actividad profesional y educativa en otro Estado del país, donde existe una sede de la D.I.S.I.P. y varias universidades como la Universidad del Zulia con una escuela de derecho, teniendo en cuenta que la misma querellante ha aceptado tal proceder al suscribir la carta de compromiso antes aludida, y la D.I.S.I.P. (…)”.

Que “(…) el fallo apelado interpretó y aplicó incorrectamente las normas constitucionales y legales citadas, referentes al traslado de funcionarios adscritos a Cuerpos de Seguridad del Estado, pues es (sic) ningún momento se le ha cercenado el derecho de educación, en los términos referidos en la sentencia de la Sala Constitucional del 25 de abril de 2003, que oponemos no sólo por su carácter vinculante, sino por tratarse de un caso idéntico al de autos y haber revocado una sentencia de la Corte (…)”.





IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la apelación ejercida por la parte accionada contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 31 de marzo de 2003, mediante el cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida.

Primeramente, observa esta Corte, que el presente caso se refiere a una acción de amparo constitucional ejercida contra el acto administrativo emitido en fecha 10 de septiembre de 2002, signado con el N° 2531, suscrito por la ciudadana Mayra López Ávila, en su condición de Directora de Recursos Humanos de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.), por medio del cual le comunican a la quejosa su transferencia a la Base Regional de Apoyo de Inteligencia N° 201 (BRAI 201) ubicada en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia.

En tal sentido, el a quo declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, por considerar que la accionante ya estaba inscrita para cursar la carrera de derecho, cuando fue objeto del traslado, por lo tanto el acto administrativo contentivo de dicho traslado, vulneró el derecho a la educación de la accionante, toda vez que el Convenio suscrito entre la Universidad Santa María y la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.), establece que su objeto es desarrollar programas específicos de cooperación y asistencia reciproca entre ambas partes, en las áreas de sus respectivas competencias e intereses comunes.

Por su parte la representación judicial del presunto agraviante, en su escrito de apelación alegó que la accionante había suscrito una carta compromiso, donde señalaba expresamente, que la prestación de sus servicios podría llevarse acabo en el interior de la República, alegando que el a quo interpretó y aplicó incorrectamente las normas constitucionales y legales referidas al traslado, ya que en ningún momento, se le vulneró el derecho de educación.

En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 898 dictada el día 25 de abril de 2003, -tal y como acertadamente invocó la parte accionada en su escrito de apelación-, dejó precisado en torno al derecho a la educación, lo que a continuación se indica:

“(…) debe examinarse la situación de la posible violación al derecho a la educación del accionante, como consecuencia del tantas veces aludido traslado de que fue objeto. A este respecto, la Sala no encuentra argumento alguno que permita concluir que la actuación denunciada contrariaba el derecho a la educación del accionante. En efecto, el supuesto ente agraviante se encontraba facultado para redistribuir sus recursos humanos de conformidad con las exigencias del servicio público de seguridad que presta, e incluso, el propio accionante convino en tal facultad, al manifestar -a través de la «carta compromiso» que reposa en el expediente administrativo (folios 48 al 51 de la segunda pieza de este expediente)- su disposición para prestar servicios en cualquier lugar dentro o fuera de la República. En consecuencia, quien aceptó cumplir labores en tales condiciones, mal podía imponer al empleador un cambio en las mismas, en razón de que el empleado quisiera estudiar. Por lo tanto, el amparo propuesto resultaba improcedente, pues en modo alguno la actuación denunciada como lesiva por parte de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención D.I.S.I.P., (sic) vulneró los derechos constitucionales del accionante”.

En atención al criterio expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, evidencia esta Corte que en el caso in commento, se denuncia la presunta vulneración del derecho constitucional relativo a la educación, previsto en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la orden emanada de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención D.I.S.I.P., contentiva del traslado a la Base Regional de Apoyo de Inteligencia N° 201 (BRAI 201) ubicada en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, de la ciudadana Maritza Margarita Gómez Rodríguez, antes identificada.

Al respecto, tal como se evidencia de los folios 106 al 109 del expediente, la accionante en fecha 29 de septiembre de 1995, suscribió una carta compromiso con el Organismo presuntamente agraviante, esto es, la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.), mediante la cual manifestó expresamente su disposición de prestar sus servicios o desempeñar sus funciones en cualquier lugar dentro o fuera de la República, cuando así lo ordene la Superioridad.

En tal sentido, no evidencia esta Corte que la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P) haya vulnerado el derecho constitucional a la educación de la accionante, -consistente en el desarrollo potencial creativo de cada ser humano-, por cuanto la orden de transferencia a la Base Regional de Apoyo de Inteligencia N° 201 (B.R.D.I 201) de la ciudad de Maracaibo, se fundamenta en la facultad con la cual cuenta el Organismo para redistribuir sus recursos humanos de conformidad con las exigencias del Servicio de Seguridad que presta, máxime cuando la propia quejosa suscribió ab initio de la relación, una “carta compromiso” mediante la cual manifestó su voluntad de prestar sus servicios tanto en el interior como en el exterior de la República, en consecuencia, no se verifica la violación aludida, y así se decide.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, esta Corte declara con lugar la apelación ejercida, en consecuencia, revoca la sentencia que declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida. Así se declara.

V
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

- CON LUGAR la apelación ejercida contra el fallo de fecha 31 de marzo de 2003, emanado del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana MARITZA MARGARITA GÓMEZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 10.118.352, asistida por los abogados José Francisco de León y Rafael Jacques Indriago Salazar, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 85.733 y 93.571, respectivamente, contra el acto administrativo signado con el N° 2531, de fecha 10 de septiembre de 2002, suscrito por la ciudadana MAYRA LÓPEZ ÁVILA, en su condición de DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (D.I.S.I.P.), por medio del cual le comunican su transferencia a la Base Regional de Apoyo de Inteligencia N° 201 (BRAI 201) ubicada en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia.

- REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 31 de marzo de 2003.

- SIN LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil cuatro (2004). Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.


La Presidenta,


MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS






El Vicepresidente,


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ

La Jueza,


BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente



La Secretaria,


JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ




BJTD/e
Exp. N° AP42-O-2003-004092
Decisión n° 2004-0290