Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Expediente Nº AP42-O-2003-000270
Mediante sentencia de fecha 03 de abril de 2003, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se declaró competente, admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con pretensión de amparo cautelar y suspendió los efectos de los actos impugnados por los abogados José Andrés Octavio, José Rafael Márquez, Amalia C. Octavio y José Andrés Octavio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 935, 6.553, 15.569 y 57.512, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil BANCO DEL CARIBE, C.A., actualmente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 6 de enero de 1995, bajo el Nº 30, Tomo 4-A Sgdo, contra las providencias administrativas Nros. SNAT/2002/1419 y SNAT/2002/1455 de fechas 15 y 29 de noviembre de 2002, respectivamente, dictadas por el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 37.573 y 37.585, respectivamente, mediante las cuales se designan a los Contribuyentes Especiales como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Igualmente, admitió la intervención consorcial de las Sociedades Mercantiles Transporte de Valores Caribe, C.A., (TRANSVALCAR); Central El Palmar, S.A; Distribuidora Arichuna, C.A.; Comercializadora Central, S.A., (COCENSA); C.A., Agrícola Yaritagua; C.A., Destilera Yaracuy; Corporación Palmar, S.A., (CORPALMAR), Inversiones Porcinas, C.A; C.A., Central La Pastora; Tablopan de Venezuela, S.A.; Distribuidora Bebidas Mar Caribe, C.A.; C.A., Cervecera Nacional; Administradora Lockey C.A.; Inversora Jockey, C.A.; Inversiones OK 2, C.A.; Transporte Multicargas 4894, C.A.; Tarbus Representaciones, C.A.; Manapro Consultores, C.A.; Unidad Regional Acarigua Plásticos, C.A. (URAPLAST); Matcofer, S.A.; Procesadora de Camarones Procam, S.A., Siembras Marinas Siembramar, S.A.; e Industrias FAACA C.A., quedando en consecuencia protegidas por la medida cautelar acordada en la misma sentencia respecto a la empresa recurrente.
En fecha 15 de mayo de 2003, fue publicada la sentencia N° 2003-1507, mediante la cual esta Corte corrigió el error material apreciado en la decisión de fecha 03 de abril de 2003. En consecuencia, la protección cautelar acordada mediante ese fallo a la sociedad mercantil Fábrica de Aparatos de Aire Acondicionado, C.A., (FAACA), debe considerarse otorgada a la empresa Industrias Faaca, C.A., siendo ésta la actual denominación de la mencionada empresa.
Asimismo, se aclaró que el referido fallo comprende también el acto administrativo contenido en la Providencia Nº SNAT/2002/1419, dictada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en fecha 15 de noviembre de 2002, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.573 de fecha 19 de noviembre del mismo año y que, además, suspende en su totalidad los efectos de la providencia recurrida en el entendido que, mientras se resuelva en la definitiva el recurso principal del cual pende la medida acordada, las empresas recurrentes y todos aquellos a quienes se admitió su intervención en el juicio de acuerdo al numeral 4 de este fallo, al entablar relaciones comerciales con otras sociedades mercantiles a las cuales el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) haya calificado como contribuyentes especiales, deberán cumplir con la obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado y serán objeto de retención estrictamente en los términos en que se encuentra establecido en la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado. Por otra parte se admitió la intervención de la sociedades mercantiles Industria Láctea Torondoy, C.A., (INLATOCA); Consorcio Credicard, C.A.; Plastinac S.A.; Grupo Dragados S.A.; Constructora Dycven, S.A. Finalmente, esta Corte negó la intervención de la sociedad mercantil Ocimetalmecánica, C.A.
Por otro lado, en fecha 18 de septiembre de 2003, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo admitió, mediante sentencia Nº 2003-3207, la intervención en el presente juicio de las Sociedades Mercantiles Tuberías Rígidas de PVC, C.A. (TUBRICA); La Trinidad Fábrica de Bolsas Plásticas, C.A.; Premezclados Caribe, C.A.; Tripoliven, C.A.; Pepsicola Panamericana, S.R.L.; MMC Automotriz, C.A.; Diario El Universal, C.A.; Corporación Pagina Prop, C.A.; Negroven, S.A.; Equipex, S.A.; Farmatodo, C.A.; Cartón de Venezuela, S.A.; Maersk Jupiter Drilling Corporation, S.A.; Siderúrgica del Turbio, S.A., (SIDETUR); Tornillo Carabobo, C.A., (TORCAR); Maersk Drilling de Venezuela, S.A.; Marítima Tortuga Internacional, C.A.; Remolques Orinoco, C.A., (REMORCA); Terminales Maracaibo, C.A.; Prefabricados y Construcciones de Acero Pellizzari, C.A.; Ghersy Bates Publicidad, C.A.; Cabillas y Perfiles Cabiperca, C.A.; Perfiles en frio Perfrica, C.A.; Arrendadora de Servicios Refrigerados, C.A., (TRANSPORTE ASERCA); Depósito la Ideal, C.A.; Andioriente, C.A.; Mendez y Gonzalo, C.A., (MENGO C.A.); Imgeve, C.A.; La boutique del Sonido, C.A.; Consorcio Isven, C.A.; Hitachi Data Systems, C.A.; Inversiones Luvebras, C.A.; Conservas Alimenticias La Gaviota, S.A.; Cementos Catatumbo, C.A.; Seguros Bancentro, C.A.; Seguros Los Andes, C.A.; C.A., de Seguros Ávila; Seguros Sofitasa, C.A.; Derivados Electrónicos, C.A., (DELCOA); Balgres, C.A.; Radio Electric Telvis, C.A.; Transporte de Carga San Isidro, C.A., Droguería Capital, C.A.; Farvenca Aragua, C.A.; Farvenca Oriente, C.A.; Farvenca Zulia, C.A.; S.A., Nacional farmaceútica (SANFAR); Servicios Administrativos y contables Farmacéuticos, C.A., (SAYCOFARCA); Farmacéutica Venezolana, C.A., (FARVENCA); Calzados Fión, C.A.; Transporte Férreos de Venezuela, C.A.; Filtrona Venezolana, C.A.; Garzón Hipermercado, C.A.; Consorcio Conintur Obresca; Conintur, C.A.; C.A., Constructora Esfega; Inversiones Aguadulce, C.A.; Inversiones M.C., C.A.; Mayor de Licores Don Lolo del Este, C.A.; Pavimentos Táchira, C.A.; Premezclados Agreconsa, S.A.; Servi Sistems de Venezuela, C.A.; Teklas, S.A.; Trabajos Agropecuarios, C.A., (TRAPECA); Fábrica de Calzados Rony Shoes, C.A.; C.A., Teneria Primero de Octubre; Acrilum, C.A., Estireno del Zulia, C.A., (ESTIZULIA); Inversiones Selva, C.A.; Vasos Venezolanos, C.A.; Importaciones PH Celular, C.A.; y Plásticos Moldeados Decocar, C.A; y de la sociedad civil Rodríguez y Mendoza, quedando en consecuencia protegidas por la medida cautelar acordada en la misma sentencia respecto a la empresa recurrente.
Finalmente, mediante la referida decisión, declaró inadmisible la intervención de Plastic Envases, C.A.; Altaplast, C.A.; C.A., Industria Venezolana Electrotécnica (CAIVET); Corporación Industrial de Plástico, C.A., (CIPLAST); Empaques Flexibles del Caribe, S.A.; Cartonajes Florida, S.A.; Alfarería el Marqués, C.A.; Hoteles Cumberland, C.A.; Alfarería Venezuela, C.A.; Miplas, C.A.; Plásticos de Empaque, C.A.; Plásticos Gavilán, C.A.; Tropigas S.A.C.A. y Manaplas, C.A.
En fecha 25 de septiembre de 2003, el abogado Diego Zuloaga, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 26.494, actuando con el carácter de apoderado judicial de las Sociedades Mercantiles G.E. Iluminaciones de Venezuela, S.A. (GEISA), actualmente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 7 de enero de 1992, bajo el Nº 57, Tomo 142-A Sgdo.; y Turbinas y Mecánica, C.A. (TURBIMECA), actualmente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 8 de julio de 1992, bajo el Nº 31, Tomo 6-A; y la abogado Nuri Lopez Maza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.818, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Estizulia Servicios Técnicos, C.A., actualmente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 10 de julio de 1998, bajo el Nº 67, Tomo 156-A-Pro, presentaron escritos solicitando la adhesión como terceros parte en el presente proceso.
En fecha 29 de septiembre de 2003, el abogado Douglas Escalona Dun, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.130, actuando en su carácter de apoderado judicial de las Sociedades Mercantiles Prometalca, C.A., actualmente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 24 de febrero de 2000, bajo el Nº 36, Tomo 13-A; Técnica de Construcciones Occidente, C.A. (TEDECO), inscrita ante el Registro Mercantil de Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 28 de Diciembre de 1981, bajo Nº 2, Tomo 2-1; Funeraria Metropolitana del Este, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 29 de enero de 1991, bajo el Nº 72, Tomo 4-A; Consorcio Zaguica Tedeco, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 26 de octubre de 1998, bajo el N° 34, Tomo 34-A; y Promalt Ind, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 24 de febrero de 1995, bajo el N° 34, Tomo 61-A; presentó escritos solicitando la adhesión como terceros parte en el presente proceso.
En fecha 30 de septiembre de 2003, los abogados Eduardo Martínez Díaz y Taormina Cappello Paredes, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.523 y 28.455, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de las Sociedades Mercantiles Avencatun Industrial, S.A., (AVEICASA), inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 15 de octubre de 1986, bajo el N° 10742, Tomo LXXIX; Alpina Productos Alimenticios, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 22 de abril de 1993, bajo el N° 79, Tomo 30-A Pro; y G&P Constructores, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 7 de julio de 1994, bajo el N° 121, Tomo III, presentaron escritos solicitando la adhesión como terceros parte en el presente proceso.
En fecha 2 de octubre de 2003, la abogado Amalia C. Octavio, ya identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de las Sociedades Mercantiles Transvalcair, C.A. y Transvalcar Air Courier, C.A., también identificadas, solicitó a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se pronunciara sobre la solicitud de adhesión de sus representadas al presente recurso, formulada en fecha 25 de abril de 2003.
En la misma fecha, el abogado Andrés Enrique Torres Carrisoza, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de las Sociedades Mercantiles Constructora Lupasa, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 5 de septiembre de 1985, bajo el N° 34, Tomo 19-A; Empresa Constructora Proteca, S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 1 de agosto de 1986, bajo el N° 2, Tomo 28-A; y Toyotachira, S.A., inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 16 de septiembre de 1993, bajo el N° 8, Tomo 15-A, presentó escritos solicitando la adhesión de sus representadas como terceros parte en el presente proceso.
En fecha 8 de octubre de 2003, la abogada Vera Mariana Vicente Gomez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 78.237, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Policlínica Metropolitana, C.A., actualmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28 de abril de 1992, bajo el N° 9, Tomo 34-A Pro., solicitó la adhesión como tercero parte en el presente proceso.
En fecha 5 de octubre de 2004, la abogada Soraya Fachinei Rolando, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 22.827, actuando con el carácter apoderada judicial de las Sociedades Mercantiles Industrias FAACA, C.A.; MATCOFER, S.A.; Unidad Regional Acarigua Plásticos, C.A., URAPLAST; Siembras Marinas SIEMBRAMAR, S.A., y Procesadora de Camarones PROCAM, S.A., se dio por notificada de la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 18 de septiembre de 2003, y solicitó “(…) el abocamiento en la presente causa y se libren las notificaciones a las partes”.
En fecha 13 de octubre de 2004, la abogado Alicia Jiménez de Meza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 22.977, actuando en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, solicitó a este órgano jurisdiccional declinar el conocimiento del presente asunto a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 4 de noviembre de 2004, el abogado Manuel Ovidio Rojas Mejías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51.195, actuando con el carácter de apoderado judicial del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), presentó escrito solicitando la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones procesales verificadas en el presente proceso, en virtud de la incompetencia del órgano jurisdiccional que ha venido conociendo del mismo.
En virtud de la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 2003-00033, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866 del 27 de enero de 2004, y habiéndose designado a los jueces que actualmente la conforman en fecha 15 de julio de 2004, esta Corte quedó constituida de la siguiente manera: María Enma León Montesinos, (Presidenta); Jesús David Rojas Hernández, (Vicepresidente) y, Betty Josefina Torres Díaz.
En fecha 16 de noviembre de 2004, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se abocó al conocimiento de la causa, y se reasignó la ponencia, previa distribución, a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 19 de noviembre de 2004, se pasó el presente expediente a la Jueza Ponente.
Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LAS SOLICITUDES DE ADHESIÓN COMO TERCEROS PARTE
En fechas 25, 29 y 30 de septiembre de 2003; y 8 de octubre de 2003, los apoderados judiciales de las Sociedades Mercantiles G.E. Iluminaciones de Venezuela, S.A. (GEISA); Turbinas y Mecánica, C.A. (TURBIMECA); Estizulia Servicios Técnicos, C.A.; Prometalca, C.A.; Técnica de Construcciones Occidente, C.A. (TEDECO); Consorcio Zaguica Tedeco, C.A.; Promalt Ind, C.A.; Avencatun Industrial, S.A., (AVEICASA); Alpina Productos Alimenticios, C.A.; G&P Constructores, S.A.; Constructora Lupasa, S.A.; Empresa Constructora Proteca, S.A.; Toyotachira, S.A.; y Policlínica Metropolitana, C.A., presentaron escritos del mismo tenor, solicitando la adhesión como terceros parte en el presente proceso, con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Que al ser sus representadas, “(…) destinatarias directas de la Providencia Administrativa cuya nulidad se solicita por medio del presente procedimiento (…), se vieron afectados sus derechos e intereses, en virtud, por una parte, del carácter de agente de retención que se [les] atribuye dada su condición de contribuyente especial, y por la otra, por verse incidida su situación financiera afectada como consecuencia de la aplicación de las retenciones estipuladas en la referida providencia por parte de sus compradores contribuyentes especiales o entes públicos”.
Que sus representadas poseen “(…) un interés jurídico, actual y propio en sostener las razones expuestas por el Banco del Caribe, C.A., ya que [ostentan] la misma situación jurídica que dicha entidad de comercio (…)”, y ,en consecuencia, pueden sufrir “(…) al igual que la accionante (…) un impacto económico (…)” producto “(…) la situación deficitaria existente al relacionar los créditos y débitos fiscales retenidos y los compensables a la luz de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en consecuencia de lo cual las violaciones constitucionales denunciadas lesionan igualmente los derechos constitucionales de [sus] [representadas]”.
Que, finalmente, solicitan se admita la intervención de sus representadas como terceros parte en el presente juicio y, en consecuencia, se les extiendan los efectos de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 3 de abril de 2003.
II
DE LA SOLICITUD DE DECLINATORIA DE COMPETENCIA
En fecha 13 de octubre de 2004, la abogada Alicia Jiménez de Meza, ya identificada, actuando en su carácter de Fiscal del Ministerio Público, solicitó a este órgano jurisdiccional declinar el conocimiento del presente asunto a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Que “(…) en fecha 1 de julio de 2004, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2004-0766 (…), señaló en su parte dispositiva, (…) QUE ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE para conocer y decidir (…) de todas aquellas acciones y recursos ejercidos o por ejercer contra los actos administrativos contenidos en las Providencias Nos. SNAT/2002/1419 y respectivamente, emanadas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)”.
Que “(…) los actos administrativos emanados del SENIAT allí señalados, (…) guardan identidad en su contenido con el acto impugnado en el recurso de nulidad objeto de estudio en la presente opinión, con lo cual la competencia estaría atribuida a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y no a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo”.
Que “En aplicación del fallo anteriormente expuesto, estima [ese] Organismo que en el presente caso debe declinarse la competencia a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y así lo solicita de [esta] Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo”.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Advirtiéndose que la competencia es materia de orden público y que, en consecuencia, puede ser revisada en todo estado y grado de la causa, resulta oportuno en el presente caso establecer los fundamentos fácticos y jurídicos que la determinan.
En este orden de ideas, la competencia para el conocimiento del presente recurso supone la observancia de parte del Juzgador de los siguientes supuestos: i) la naturaleza del acto objeto de la impugnación y, ii) el órgano emisor del acto impugnado.
De conformidad con lo expuesto anteriormente, debe analizarse, en primer lugar, la naturaleza del acto administrativo impugnado, así se observa pues que la providencia administrativa de fecha 29 de noviembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana N° 37.585 de fecha 5 de diciembre de 2002, dispone lo siguiente:
“Artículo 1. Se designan responsables del pago del impuesto al valor agregado, en calidad de agentes de retención, a los contribuyentes a los cuales el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) haya calificado como especiales.
Los contribuyentes especiales fungirán como agentes de retención del impuesto al valor agregado, generado cuando compren bienes muebles o reciban servicios de proveedores que sean contribuyentes ordinarios de este impuesto.
Parágrafo Único: A los efectos de esta Providencia se entiende por proveedores a los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado que vendan bienes muebles o presten servicios, ya sean con carácter de mayoristas o minoristas”.
“Artículo 2. No se practicará la retención a que se contrae esta Providencia en los siguientes casos:
1. Cuando las operaciones no se encuentren sujetas al pago del impuesto al valor agregado, o cuando estén exentas o exoneradas del mismo.
2. Cuando con ocasión de la importación de los bienes, los proveedores hayan sido objeto de algún régimen de percepción anticipada del impuesto al valor agregado. En estos casos, el proveedor deberá acreditar ante el agente de retención la percepción practicada, mediante la presentación de la liquidación correspondiente.
3. Cuando se trate de compra de bienes muebles que vayan a ser pagadas con cargo a la caja chica del agente de retención, siempre que el monto de la operación no exceda de diez unidades tributarias (10 U.T.).
4. Cuando se trate de pagos efectuados con tarjetas de débitos o de crédito, cuyo titular sea el agente de retención”.
“Artículo 3. El monto a retenerse será el que resulte de multiplicar el precio facturado de los bienes y servicios gravados por el setenta y cinco por ciento (75%) de la alícuota impositiva.
Cuando el monto del impuesto no esté discriminado en la factura o documento equivalente, o cuando ésta no cumpla los requisitos y formalidades establecidos en las normas tributarias, la retención aplicable será el cien por ciento (100%) del impuesto causado.
Cuando el proveedor no esté inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) la retención aplicable será el cien por ciento (100%) del impuesto causado.
Parágrafo Único: A los fines de determinar el porcentaje de retención aplicable, el agente de retención deberá consultar en la página Web (…) que el proveedor se encuentre inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF), y que el número de registro se corresponda con el nombre o razón social del proveedor indicado en la factura o documento equivalente”.
“Artículo 6. Los proveedores descontarán el impuesto retenido de la cuota tributaria determinada para el período en el cual se practicó la retención, siempre que tengan el comprobante de retención emitido por el agente, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Providencia.
Cuando el comprobante de retención sea entregado al proveedor con posterioridad a la presentación de la declaración correspondiente al período en el cual se practicó la retención, el impuesto retenido podrá ser descontado de la cota tributaria determinada para el período en el cual se produjo la entrega del comprobante.
En todo caso si el impuesto retenido no es descontado en el período de imposición que corresponda según los supuestos previstos en este artículo, y sin perjuicio de las sanciones aplicables conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Providencia, el proveedor puede descontarlo en períodos posteriores.
Parágrafo Único: En los casos en que el impuesto retenido sea superior a la cuota tributaria del período de imposición respectivo, el excedente no descontado puede ser traspasado al período de imposición siguiente o a los sucesivos, hasta su descuento total. Si transcurridos tres (3) períodos de imposición aún subsiste algún excedente sin descontar, el contribuyente puede optar por solicitar la recuperación de dicho monto al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)”.
“Artículo 8. En los casos en que se practique una retención en forma indebida y el monto correspondiente no sea enterado a la República, el proveedor tiene acción en contra del agente de retención para requerir la devolución de lo indebidamente retenido, sin perjuicio de otras acciones civiles o penales a que haya lugar.
Si el impuesto indebidamente retenido ya fue enterado a la República, el proveedor podrá solicitar el reintegro del mismo al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme a lo dispuesto en los artículos 194 y siguientes del Código Orgánico Tributario.
…omissis…
Artículo 9. La retención del impuesto debe efectuarse cuando se realice el pago o abono en cuenta.
…omissis…
Artículo 10. El impuesto retenido debe enterarse por cuenta de terceros, en su totalidad y sin deducciones, conforme a los siguientes criterios:
1. Las retenciones que sean practicadas entre los días 1° y 15 de cada mes, ambos inclusive, deben enterarse dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a la última de las fechas mencionadas, conforme al cronograma previsto en el parágrafo único de este artículo.
2. Las retenciones que sean practicadas entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, deben enterarse dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes inmediato siguiente, conforme al cronograma previsto en el parágrafo único de éste artículo.
Parágrafo Único: A los fines del enteramiento previsto en los numerales 1 y 2 de este artículo, y hasta tanto se ajuste el calendario de contribuyentes especiales, los agentes de retención deberán atenerse al siguiente cronograma (…).
…omissis…
Artículo 11. A los fines de proceder al enteramiento del impuesto retenido, se seguirá el siguiente procedimiento, el cual se cumplirá en su totalidad en el día previsto para cada caso, según el cronograma contenido en el parágrafo único del artículo anterior: (…).
…omissis…
Artículo 12. Los agentes de retención están obligados a entregar a los proveedores un comprobante de cada retención de impuesto que les practiquen. El comprobante debe emitirse y entregarse al proveedor en el período de imposición en que se practica la retención, conteniendo la siguiente información: (…)
…omissis…
Artículo 13. Los agentes de retención deben llevar el Libro de Compras mediante medios electrónicos, cumpliendo con las características y especificaciones que al efecto el Servicio nacional (sic) de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), establezca en su página web (…).
…omissis…
Artículo 14. Los proveedores deben identificar en el Libro de Ventas, de forma discriminada, las ventas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas a los agentes de retención, siguiendo las especificaciones que al efecto el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), establezca en su página Web (…). Asimismo, el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), podrá exigir que los proveedores presenten una declaración informativa de las ventas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas a los agentes de retención, para lo cual utilizará la aplicación disponible en la referida página web.
…omissis…
Artículo 17. El incumplimiento de los deberes previstos en esta Providencia será sancionado conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario. En los casos en el que el agente de retención entregue con retardo el comprobante de retención exigido conforme al artículo 12 de esta Providencia, o en los casos en que el proveedor no descuente el impuesto retenido en los períodos que correspondan según lo dispuesto en el encabezamiento y en el primer aparte del artículo 6 de esta Providencia, resultará aplicable la sanción prevista en el artículo 107 del Código Orgánico Tributario”.
En tal sentido, se desprende del texto citado ut supra, que el mismo constituye un acto administrativo de efectos generales, en virtud de que aún cuando el mismo esté circunscrito –en un principio- a un universo determinable de personas, como lo son los contribuyentes especiales, el número de personas afectadas por la entrada en vigencia de la norma (ex artículo 18 de la providencia administrativa) es un universo mayor a éstos, en virtud de que toda persona natural o jurídica –contribuyente ordinario- que incurra en el supuesto de hecho previsto en el artículo 1 del referido acto, resulta afectado en la forma de retención por parte de los contribuyente especiales impuesta en la providencia administrativa impugnada.
Asimismo, este acto administrativo de efectos generales, es de contenido normativo, en virtud de que se establece para los contribuyentes especiales una serie de obligaciones y deberes en la forma de retención y enteramiento del referido tributo al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), las cuales –obligaciones- no se agotan con su simple cumplimiento, sino que las mismas se reiteran en el tiempo al verificarse el supuesto fáctico previsto en la norma, lo cual implica para este universo de destinatarios, un específico comportamiento frente a la Administración Tributaria.
Al efecto, con respecto al carácter normativo de los actos administrativos, resulta ilustrativo citar lo expresado por Hildegard Rondón de Sansó, en su libro La Acción de Amparo contra los Poderes Públicos, en el cual dispuso:
“La simple generalidad del acto, esto es, el estar destinado a un conjunto indeterminado de sujetos no es lo que le otorga por sí solo la normatividad, el carácter abstracto, esto es, su objetivo de regular una situación hipotética prevista en los lineamientos del supuesto que le da tipicidad, ha sido considerado como elemento característico de la normatividad, del cual arranca un efecto determinante como lo es el de ser aplicable a los mismos supuestos de hecho cada vez que se planteen. En una palabra, el acto general normativo si prevé un supuesto hipotético en el cual se subsuman teóricamente en forma cuantitativamente indeterminables las situaciones jurídicas de los sujetos del ordenamiento, por lo cual no se agota en una sola aplicación, sino que es susceptible de todas las que deriven de la producción del supuesto fáctico”. (Vid. Hildegard Rondón de Sansó, “La Acción de Amparo contra los Poderes Públicos”, Editorial Arte, Caracas, 1994, pp. 226 y 277).
(Negrillas de esta Corte).
En desarrollo de la doctrina expuesta por Hildegard Rondón de Sansó, mencionada ut supra, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 21 de noviembre de 2001, caso: Clodosbaldo Russian Vs. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), se pronunció con respecto a la impugnabilidad y clasificación de los actos generales con contenido normativo, en la cual expuso lo siguiente:
“(…) en la clasificación de los actos generales de contenido normativo se encuadran las leyes, los reglamentos, los decretos con rango y fuerza de ley o no, y lo que la Ex Magistrada H. RONDÓN DE SANSÓ ha denominado actos normativos innominados, siempre y cuando cualquiera de los anteriores estuviese investido de los caracteres de abstracción, generalidad e impersonalidad propios del producto de la actividad normativa del Poder Público.
En opinión de esta Sala Constitucional los denominados actos normativos innominados pueden ser impugnados por ante los órganos jurisdiccionales, sin embargo, para que proceda un juicio de nulidad contra los mismos, es requisito indispensable que a dichos actos se les haya dado la publicidad requerida a través de la Gaceta Oficial para los actos de efectos generales con contenido normativo”.
Asimismo, ciertamente se advierte que el acto administrativo de efectos generales, debe cumplir con los requisitos sustanciales establecidos por la doctrina y la jurisprudencia tanto de la extinta Corte Suprema de Justicia, como del hoy Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 1° de junio de 1982, caso: Federación Médica Venezolana, Sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de abril de 1980, caso: Fiscal General de la República), para ser calificado como normativo, en virtud de que el mismo reúne los caracteres de abstracción, generalidad e impersonalidad, así como la determinación de situaciones jurídicas a los sujetos afectados, al igual que, los requisitos formales establecidos en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 13 de la Ley de Publicaciones Oficiales, los cuales disponen expresamente lo siguiente:
“Artículo 72. Los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al organismo que toma la decisión.
Se exceptúan aquellos actos administrativos referentes a asuntos internos de la Administración.
También serán publicados en igual forma los actos administrativos de carácter particular cuando así lo exija la Ley”.
“Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional”. (Mayúsculas del original).
Ahora bien, visto que el acto administrativo bajo análisis cumple con los requisitos formales y sustanciales necesarios para ser calificado como un acto de efectos generales de contenido normativo, debe igualmente señalarse que el mismo, cierta e irrefutablemente tiene una naturaleza tributaria, en virtud de que regula una relación jurídico tributaria entre los contribuyentes especiales -responsables en calidad de agentes de retención- y la Administración Tributaria, ya que establece el monto y forma de cálculo del impuesto a retener -ex artículos 3 y 4 de la providencia administrativa-, el carácter de crédito fiscal del impuesto retenido –ex artículo 5 eiusdem-, el descuento del impuesto retenido de la cuota tributaria –ex artículo 6 eiusdem-, la oportunidad para practicar las retenciones y para su enteramiento –ex artículos 9 y 10 eiusdem, respectivamente-, el procedimiento para enterar el impuesto retenido -ex artículo 11 eiusdem- y, establece un régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo previsto en las citadas normas, conforme con lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario.
Así pues, grosso modo debe advertirse y resaltarse la naturaleza tributaria del acto administrativo impugnado, en virtud de la relación jurídico-tributaria existente, entendida ésta como el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el sujeto pasivo de la obligación –contribuyente especial responsable (Vid. Artículos 19, 22, 23, y 24 del Código Orgánico Tributario)-, obligado a la prestación impuesta en la providencia administrativa –retención del tributo- y el Fisco como sujeto activo –Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)-. (Vid. Héctor B. Villegas, “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ediciones De Palma, Séptima Edición 1998, pág. 246).
Ahora bien, establecida como ha sido la naturaleza esencialmente tributaria del acto administrativo impugnado, debe precisarse a quien le corresponde el conocimiento del presente asunto, si a la “jurisdicción contencioso tributaria” o a la jurisdicción contencioso administrativa. Al efecto, deben citarse los artículos 329 y 330 del Código Orgánico Tributario, los cuales disponen lo siguiente:
“Artículo 329. Son competentes para conocer en primera instancia de los procedimientos judiciales establecidos en este Título, los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, los cuales los sustanciarán y decidirán con arreglo a las normas de este Código.
Contra las decisiones dictadas por dichos Tribunales podrá apelarse dentro de los términos previstos en este Código, por ante el Tribunal Supremo de Justicia (…).
Artículo 330. La jurisdicción y competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario se ejercerán en forma excluyente de cualquier otro fuero, por lo que no puede atribuirse competencia a otra jurisdicción ni a otros Tribunales de distinta naturaleza”.
Visto esto, se observa que la jurisdicción contencioso tributaria es la competente para el conocimiento del recurso contencioso tributario, entre otras acciones establecidas en el Título VI del Código Orgánico Tributario, contra los actos administrativos de efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados (ex artículo 242 del Código Orgánico Tributario). (Negrillas de la Corte).
En tal sentido, vista la imposibilidad formal –competencia- de la que adolecen los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario para la resolución del presente caso, en el entendido que el acto recurrido es de efectos generales y de contenido normativo, no obstante el mismo determine la existencia de una relación jurídico tributaria entre los destinatarios de la norma y la Administración Tributaria, así como establezca el régimen de sanciones previsto en el Código Orgánico Tributario, aunado a que los derechos invocados como violados –derechos a la propiedad, a la libertad económica, entre otros-, se fundamentan en la alegada transgresión a los principios constitucionales del sistema tributario relativos a la capacidad contributiva, a la reserva legal y a la no confiscatoriedad, dicha “jurisdicción especial” es incompetente, en virtud de que la providencia administrativa impugnada –se reitera- es un acto de efectos generales de contenido normativo, por lo cual, le corresponde el conocimiento del presente asunto a la jurisdicción contencioso administrativa.
Ahora bien, verificada como ha sido la incompetencia de los Tribunales Contencioso Tributarios para el conocimiento del presente recurso de nulidad, debe determinarse, con base a la calificación del acto administrativo bajo estudio como de efectos generales de contenido normativo, el Tribunal competente para el conocimiento del presente asunto. (Negrillas de la Corte).
En este orden de ideas, resulta ilustrativo citar lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual expresamente dispone:
“Artículo 259: La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.”
Por su parte, el numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece:
“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
…omissis...
31.- Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango Nacional;
…omissis...
El Tribunal conocerá en Sala Plena los asuntos a que se refiere este artículo en los numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37 (...)”. (Negrillas de la Corte).
De la normativa transcrita precedentemente, puede advertirse claramente que en virtud de las competencias conferidas al Tribunal Supremo de Justicia en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, particularmente las atribuidas a la Sala Político-Administrativa, –consagradas en términos similares en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente para la fecha de la interposición del presente recurso, en virtud del principio Perpetuatio Fori-, corresponde a ésta, en principio, la competencia para conocer de los recursos de nulidad ejercidos por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra los actos administrativos generales o individuales emanados de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango Nacional.
En tal sentido, observa esta Corte que siendo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativa y estándole atribuida la competencia para conocer de los recursos de nulidad que se ejerzan tanto por razones de inconstitucionalidad como de ilegalidad contra actos administrativos de efectos generales emanados de órganos que ejercen el Poder Público de rango Nacional, corresponde a ésta, sin lugar a dudas, la competencia para conocer del presente asunto, conforme a la norma atributiva de competencia, contenida en el citado numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. (Sentencia Nº 949 del 25 de junio de 2003, caso: Vicsón, S.A., Venepal, S.A.C.A., y otros; Sentencia Nº 1626 del 22 de octubre de 2003, caso: C.A. Seagrams de Margarita, Sentencia Nº 00649 del 10 de junio de 2004, caso: Corporación Masterlink, C.A.; Sentencia Nº 00884 del 21 de julio de 2004, caso: Mapriquim, C.A.).
En refuerzo de las consideraciones anteriormente expuestas en la presente decisión, se observa que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) –Servicio Autónomo del Ministerio de Finanzas-, fue creado mediante la promulgación de una Ley y dicha Administración Tributaria tiene rango nacional, de conformidad con el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual expresamente dispone:
“No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
…omissis…
La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada por el Presidente o Presidenta de la República, de conformidad con las normas previstas en la Ley”. (Negrillas de la Corte).
Debe concluirse pues que, siendo la Administración Tributaria Nacional -Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)-, una autoridad de rango nacional, en virtud de que tal naturaleza se encuentra consagrada en el artículo mencionado ut supra, el Tribunal competente para la resolución del presente caso –impugnación de un acto de efectos generales de carácter normativo por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad-, es la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en la normativa citada supra.
En consecuencia, esta Corte se declara incompetente para el conocimiento del presente recurso, en consecuencia, declina la competencia a la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara:
-INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con pretensión de amparo cautelar y subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos, por los abogados José Andrés Octavio, José Rafael Márquez, Amalia C. Octavio y José Andrés Octavio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 935, 6.553, 15.569 y 57.512, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil BANCO DEL CARIBE, C.A., actualmente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 6 de enero de 1995, bajo el Nº 30, Tomo 4-A Sgdo, contra las providencias administrativas Nros. SNAT/2002/1419 y SNAT/2002/1455 de fechas 15 y 29 de noviembre de 2002, respectivamente, dictadas por el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), publicadas en las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 37.573 y 37.585, respectivamente, mediante las cuales se designan a los Contribuyentes Especiales como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA para el conocimiento del presente recurso a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil cuatro (2004). Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.
La Presidenta,
MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
El Vicepresidente,
JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,
BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente
La Secretaria,
JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ
BJTD/g
Exp. Nº AP42-O-2003-000270
Decisión n° 2004-0251
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