REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal
Circunscripción Judicial del Estado Lara
CORTE DE APELACIONES

Barquisimeto, 04 de Febrero de 2004.
Años: 193º y 144º


ASUNTO PRINCIPAL: KP01-O-2003-000553

Corresponde a este Juez Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, de conformidad con las atribuciones que confiere el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conocer de la presente causa en virtud de la Inhibición propuesta por el Dr. José Julián García, Juez Titular de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial, en la Acción de Amparo signada con el Nº KP01-O-2003-000553, interpuesta por el ciudadano Gritzko Terán Díaz, por considerarse incurso en una de las causales obligatorias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 ordinal 8º del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Plantea el ciudadano Juez que en la causa en la cual se inhibe, signada bajo el Nº KP01-O-2003-000553, interpuesta por el ciudadano Gritzko Terán Díaz, observa:


“Omisis…
En virtud de la insistencia del accionante, se le ordenó que consignara Copia Certificada del supuesto “Recurso de Queja” a los efectos de que la Corte de Apelaciones pudiera analizar si existe alguna causal de inhibición, de parte del ponente del presente fallo.
Luego de un pormenorizado estudio de dichas actas, consta en las mismas que el “Recurso de Queja” en cuestión, producido por el accionante, nace de la posición sostenida por el suscrito, Ponente en el presente asunto, al haber salvado su voto en la causa No. KP01-0-2002-00050.
Por ello, como quiera que la posición que ha venido sosteniendo el suscrito Ponente en cuanto a la institución de Inhibición y Reposición, en materia de Amparo Constitucional, es la siguiente:
Omisis…
…el caso que nos ocupa debe ser objeto de un estudio especial, por tratarse de una situación verdaderamente excepcional, toda vez que mientras el legislador de la Ley Penal Adjetiva, le impone al funcionario (en el presente caso, al Juez) una obligación legal ineludible, al prescribirle que, al serle aplicable cualquiera de los supuestos de hecho de las causales del expresado artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, éste debe inhibirse, sin esperar a que se le recuse.
Sin embargo, la lógica más elemental nos señala que, tal obligación, no tiene razón alguna en los casos contemplados bajo el crisol de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que dicho instrumento legal prescribe, en su artículo 11 in fine, lo siguiente:
“…En ningún caso será admisible la recusación…”
Por tal razón, tal obligación legal en materia de amparo constitucional queda sin efecto alguno; considera entonces quien decide, por argumento a contrario que, el funcionario, en esta materia, no está en el deber de inhibirse, siendo entonces tal inhibición, en el caso que nos atañe, no una obligación, sino más bien, una facultad o potestad del mismo.
Omisis…
En tal sentido, y a los únicos fines de garantizarle al accionante la IMPARCIALIDAD en el presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el numeral 8 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual está fundada en motivos graves que podrían afectar su imparcialidad, toda vez que esta última, es la base fundamental del debido proceso. Principio fundamental contenido en el artículo XXVI de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica de fecha 22-11-1969, el cual entró en vigor el 18-07-1978) y que a su vez está consagrado tanto en el numeral 3 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, ME INHIBO DE CONOCER LA PRESENTE CAUSA.- En consecuencia y de conformidad con lo previstos en los artículos 87 y 89 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, me permito levantar la presente Acta.“


En razón del planteamiento anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pasa a decidir en los siguientes términos:

El Catedrático ERIC LORENZO PEREZ SARMIENTO, en su obra Manual de Derecho Procesal Penal, establece lo siguiente:

“La idoneidad subjetiva del juzgador es la aptitud personal de los miembros que componen el órgano llamado a conocer y decidir en un proceso concreto... La idoneidad subjetiva del juzgador se manifiesta en cuatro indicadores muy concretos, denominados: imparcialidad, capacidad, cualidad y rango... se determina en la ciencia procesal a través de las causales de inhibición, excusa o recusación, que no son otra cosa que un listado de situaciones hipotéticas de parcialidad en las cuales se supone que no debe estar incurso el juzgador...”

Sobre la Imparcialidad del Juzgador, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 144 de fecha 24 de Marzo del año 2000, con ponencia del Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha establecido lo siguiente:
“… En la persona del Juez Natural, además de ser un Juez predeterminado por la Ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el Juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la Administración de Justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del Juez. La parcialidad objetiva de éste, no solo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un Juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de Juez Natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como Juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un Juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”


En cuanto a la inhibición en materia de amparo el artículo 11 de le Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:

Artículo 11: “Cuando un Juez que conozca de la acción de amparo, advirtiere una causal de inhibición prevista en la Ley, se abstendrá de conocer e inmediatamente levantará una Acta y remitirá las actuaciones, en el estado en que se encuentren, al tribunal competente.
Si se tratare de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Sala convocará de inmediato al Suplente respectivo, para integrar el tribunal de Amparo.
En ningún caso será admisible la recusación”.


De lo explanado, se evidencia que en materia de amparo, no existe la figura de la recusación y ello es motivado por la celeridad procesal que debe existir en esta materia, a los efectos de evitar pérdida de tiempo en este tipo de proceso, concediéndole por tal motivo confianza al Juez, quien deberá inhibirse una vez que verifique que se encuentra incurso en una causal de inhibición por su parte, atendiendo en consecuencia a la buena fe del Juzgador.

Ahora bien, como el artículo 11 ibídem no establece las causales en las que se puede basar el juzgador para inhibirse, es por ello que en esta materia resultan aplicables las disposiciones reguladas en la normativa procesal, en el caso in examine, por ser una Acción de Amparo contra omisión de pronunciamiento por el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, con lo que presuntamente se cometieron hechos violatorios de derechos y garantías constitucionales, lo pertinente es que la inhibición se rija por la normativa establecida en el Código Orgánico Procesal Penal.

A tal efecto, el Código Orgánico Procesal Penal establece:

ARTICULO 86: “…Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes:…
… Ordinal 8º: Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad”

“ARTICULO 87: “…Los funcionarios a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar que se les recuse...”

“ARTICULO 89: “la inhibición se hará constar por medio de un acta que suscribirá el funcionario inhibido.”

En el caso in examine, resulta adecuado y procedente que el Dr. José Julián García, haya fundamentado su inhibición de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en relación con el artículo 86 numeral 8º, artículo 87 y 89 del Código Orgánico Procesal Penal, por ser la normativa procesal aplicable a la Acción de Amparo interpuesta por el ciudadano Gritzko Terán Díaz, contra presuntos hechos que constituyen violación de derechos y garantías constitucionales, por parte del Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

De todo lo anteriormente expuesto, se desprende de lo expresado por el Dr. JOSÉ JULIÁN GARCÍA, en su carácter de Juez Titular de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que concurre en su persona una circunstancia Legal que puede hacerle sospechoso de parcialidad, y siendo la Inhibición una facultad concedida por el Legislador al Juez, para que se separe del conocimiento de una causa, cuando se encuentra incurso en algún impedimento establecido por la Ley que no le permite continuar en conocimiento de una causa y decidir la misma, y por cuanto ha salvado su voto en el asunto KP01-0-2002-000050, donde fungió como presunto agraviado el ciudadano Gritzko Terán, tal como consta de las copias certificadas cursantes los copiadores correspondiente al mes de febrero del año en curso de esta Alzada, lo procedente y ajustado a derecho es declarar CON LUGAR la presente INHIBICION de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con el ordinal 8º del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECLARA.-




DISPOSITIVA

Con fuerza en los razonamientos expuestos, quien suscribe con el carácter de Juez Presidente de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la inhibición propuesta por el Dr. José Julián García, Juez Titular de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial, en la Acción de Amparo signada con el Nº KP01-O-2003-000553, interpuesta por el ciudadano Gritzko Terán Díaz, por estar incurso en una de las causales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 en relación con el artículo 86 en su ordinal 8°, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 11 de le Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, Regístrese, remítase con oficio copia certificada al Dr. José Julián García, y posteriormente convóquese al Juez Accidental respectivo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Barquisimeto a los __04_ días del mes de Febrero de dos mil cuatro (2.004). Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

El Juez Titular
Presidente de la Corte de Apelaciones

Dr. Leonardo López Aponte

La Secretaria
Abog. Gregoria Suárez
LLA/*ram
KP01-O-2003-000553