TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
En su nombre
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
ASUNTO : KP02-O-2004-000142
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: CARLOS COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 4.737.866, de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: Abogados JOSÉ AGUSTIN IBARRA, PEDRO JOSÉ DURAN NIETO y JOSÉ MARTIN LABRADOR BRITO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad números 5.961.626, 11785.732 y 10.783.879, respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 56.464, 74.999 y 64.944, respectivamente, con domicilio procesal en la carrera 16 entre calles 26 y 27, edificio Estrados, piso 1, oficinas 11 y 12, Barquisimeto, Estado Lara.
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DEL MUNICIPIO PALAVECINO (IMAUPAL).
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: VICKNEL MARTINEZ y NELSON LEON, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 90.490 y 61.272, respectivamente.
MOTIVO: SENTENCIA DEFINITIVA DE AMPARO

Fue recibida el presente asunto, en fecha 05 de mayo del 2004, de la Unidad Receptora y Distribuidora de Documento. El 10 de Mayo de 2004, este Tribunal lo Admite y, acuerda notificar al ciudadano CESAR ROJAS, en su condición de presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Palavecino (IMAUPAL), igualmente se libró notificación al Fiscal Duodécimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Se celebró la audiencia constitucional el 06 de julio del año dos mil cuatro, en la cual se declaró CON LUGAR el presente amparo. Para decidir se observa:
PUNTO PREVIO
DE LA COMPETENCIA
Ergo, el tribunal para decidir advierte que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 02 de agosto de 2001, con ponencia del Magistrado Antonio García García, estableció respecto a la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa lo siguiente:

(Sic)“…Así, dado que a la jurisdicción contencioso administrativa le compete el conocimiento de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas provenientes de los órganos de la Administración del Trabajo; en el ejercicio de esa competencia, debe poseer igualmente la potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de ese tipo de providencias que han quedado firmes en sede administrativa tal como lo es, se insiste, para conocer de su nulidad (…) El presente fallo tendrá efectos ex tunc a partir de su publicación, pues las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”(Negrillas del Tribunal).

En la tesitura anterior, se evidencia la cabal facultad atribuida a este Juzgador para conocer de las acciones que tengan como fin la ejecución de Providencias Administrativas emanadas de la Inspectorías del Trabajo. Por otro lado, existe el hecho de que la propia Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 22 de agosto del 2002, estableció la procedencia de la vía de amparo frente a la inejecución de una providencia administrativa, al señalar lo siguiente:

“…Si antes se precisó que no existe en vía administrativa un procedimiento para la ejecución de los actos de naturaleza laboral, si además en concepción de la Sala Constitucional la inejecución puede llevar a violación de derechos constitucionales, entonces –también en concepción de la Sala- pareciera ser el amparo constitucional el mecanismo idóneo para obtener tal ejecución. Esta afirmación se desprende de algunas consideraciones expuestas en el fallo ya citado, así entre otras afirmó la Sala que los derechos y garantías constitucionales involucradas hacían que se tornara urgente la protección tutelar necesaria “…que sofocara los efectos nocivos de la actitud rebelde del patrono originada por la lesión en los derechos fundamentales del trabajador, para lo cual los órganos del Poder Judicial se presentan como la única solución, para lograr por un medio breve, sumario y eficaz la vigencia de los derechos vulnerados, dado el vacío legislativo evidente a fin de que los órganos administrativos ejecuten su decisión en materia laboral administrativa”. De igual modo, afirmó la Sala que, ciertamente, los órganos del Poder Judicial, “…carecen de jurisdicción para ejecutar este tipo de actos, en virtud de ese carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos dictados por la Administración, sin embargo, el inconveniente que debe plantearse el juzgador, en casos como el presente, en que, ante la ausencia de un procedimiento apropiado –en relación con el administrado- que permita la ejecución real y efectiva de la providencia dictada por el ente administrativo, y ante la indiferencia de la Administración –justificada o no- para ejecutar sus actos, deben los órganos del Poder Judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional controladora, conocer de las conductas omisivas de aquellos, a los fines de garantizar el ejercicio de los legítimos derechos de los administrados que, en tales circunstancias, se hallan desamparados e impotentes para alcanzar su objetivo”…”;

Sobre la base de la postura anterior se observa, que la acción de amparo es permisible, para requerir de manera inmediata la ejecución de providencias administrativas cuando ello no es llevado a cabo por la parte obligada, por cuanto tal acción solventa la falta de un procedimiento capaz de proteger los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, frente al incumplimiento de lo ordenado por los entes Administrativos, así como restituir lo mas pronto y eficazmente posible la violación de los derechos constitucionales vulnerados y así se decide.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El representante legal del Instituto Municipal de Aseo Urbano y domiciliario de Palavecino, alego que no se había agotado el lapso para intentar el recurso contencioso de nulidad contra la providencia administrativa y, por tal motivo solicitó la declaratoria Sin Lugar, del amparo propuesto, en segundo lugar alegó que el accionante, mediante la vía del recurso de amparo, pretende lograr el pago de unas obligaciones pecuniarias y, por tal motivo solicita, se declare sin lugar, el amparo, por cuanto la destitución no es inmediata, ni posible y, mucho menos realizable por existir otros mecanismos legales para ello, al respecto este Tribunal adhiere al razonamiento de la opinión fiscal, en el sentido de que el acto administrativo no aparenta estar viciado de inconstitucionalidad por violación al debido proceso como lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia, caso agropecuaria Doble R, C.A., de fecha 04 de noviembre de 2003, expediente 03-2151, con ponencia del magistrado Antonio García García, dado que, en el expediente de la Inspectoría del trabajo al folio 15 cursa, informe de fijación de cartel de citación de fecha 28 de julio de 2003, practicada por la Inspectoría del Trabajo en la cual se dejó constancia del traslado a la misma, ubicada en la avenida libertador, los rastrojos, y de la negativa del entonces presiente del Instituto, Ingeniero Cesar Rojas, a recibir la citación, por lo que la empresa tenia conocimiento del procedimiento incoado en su contra, en consecuencia no puede alegar, como lo hizo,
Por otra parte, estima este Tribunal, que al no haberse dado cumplimento a la resolución emanada de la Inspectoría del trabajo, se está en presencia de una violación continuada, que por su propia naturaleza, no es susceptible de prescribir, a parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 14 de mayo de 2004, expediente 03-0796, caso Transporte SAET S.A., bajo ponencia del Magistrado, Jesús Eduardo cabrera romero, consideró con carácter vinculante que los derechos de los trabajadores por formar parte del derecho social, al que está obligado el Estado, es de eminente orden público y en consecuencia no puede presentarse la prescripción para ejecutar providencias administrativas y en cuanto al alegato de la parte en el escrito presentado en la audiencia constitucional, resulta evidente que esta es la vía idónea para reclamar la ejecución de la providencia, por haber sido un amparo creado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para ejecutar las providencias administrativas emanadas de las inspectorías del trabajo y, en cuanto al punto de que se pretende el cobro de cantidades de dinero, mediante el amparo, es de observar, que lo que este tribunal ordena, es la restitución del derecho, supuestamente conculcado en la forma decretada por la providencia administrativa, razones estas que son suficientes para declarar CON LUGAR, el amparo propuesto y ordena el reenganche y el efectivo pago de los salarios caídos, en forma inmediata, del Trabajador accionante, dejados de percibir desde el 03 de julio de 2003, hasta su total y efectiva reincorporación a su puesto de trabajo.
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el amparo propuesto por CARLOS COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 4.737.866, de este domicilio, a través de sus apoderados judiciales Abogados, JOSÉ AGUSTIN IBARRA, PEDRO JOSÉ DURAN NIETO y JOSÉ MARTIN LABRADOR BRITO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad números 5.961.626, 11785.732 y 10.783.879, respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 56.464, 74.999 y 64.944, respectivamente, con domicilio procesal en la carrera 16 entre calles 26 y 27, edificio Estrados, piso 1, oficinas 11 y 12, Barquisimeto, Estado Lara, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DEL MUNICIPIO PALAVECINO (IMAUPAL), representados por los abogados VICKNEL MARTINEZ y NELSON LEON, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 90.490 y 61.272, respectivamente, ordenando el reenganche y el efectivo pago de los salarios caídos, en forma inmediata, del Trabajador accionante, dejados de percibir desde el 03 de julio de 2003, hasta su total y efectiva reincorporación a su puesto de trabajo. Advirtiéndole a todas las autoridades civiles y militares que deberán coadyuvar en la ejecución del presente amparo, so pena de desacato.
Para el supuesto de no haber apelación, se ordena la consulta, del presente asunto, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien conocerá per saltum, conforme se estableció en la sentencia de dicha Sala, bajo la Ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, caso Ramón Cubillán Pirela y otros, contra la Inspectora del Trabajo del Distrito Capital, la ciudadana Katiuska Villalba de Campos, de fecha 17 de Diciembre de 2003, expediente Nro. 03-1631.
Publíquese, regístrese, déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil cuatro (2004). Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
L.S. Juez (fdo) Dr. Horacio González. La Secretaria Temporal (fdo) abogada Sarah Franco Castellanos. La suscrita Secretaria Temporal del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y la expide por mandato judicial en Barquisimeto a los doce (12) días del mes de julio del dos mil Cuatro. Años 194° y 145°.
La Secretaria Temporal,

Abog. Sara Franco Castellanos