TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barquisimeto
Barquisimeto, 3 de Marzo de 2004
193º y 145º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-S-2003-013192

Vista la solicitud de entrega de Vehículo que cursa por ante este Tribunal de Control N° 1 para decidir lo hace de la siguiente forma:

Primero: La presente averiguación se inicia en fecha 16 de Diciembre del 2003, cuando el ciudadano ALFONSO GOMEZ DE CORREA, mayor de edad, titular de la C.I N° V-5-688.420, circulaba en un vehículo el cual tiene las siguientes características marca Ford, modelo, maverick, tipo sedan, uso particular, color blanco, año 1975, placas 107-513, serial motor 6 cilindros, en donde una comisión del Cuerpo de Investigaciones científicas Penales y Criminalísticas del Estado Lara, le retuvieron el vehículo antes identificado, por el asunto Exp.-F-558766 de fecha 06 de enero del 2000, solicitado por persona extraviada y desaparecida en la delegación de Barquisimeto Estado Lara.
En fecha 07 de Enero del 2000 le remitieron a la Fiscal Séptima del Ministerio Público la misma causa, asignada con el N° D-250.00.

Por consiguiente la Fiscalía Séptima del Ministerio Público acordó practicar todas las diligencias concernientes a los hechos investigados, sin embargo, los funcionarios del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre en la sección de Investigaciones , practicaron entrevistas de los antiguos dueños del vehículo automotor, los cuales manifestaron lo siguiente: “..Que de las entrevistas practicadas informó el ciudadano BISMAR ALFREDO MARCHAN ALVAREZ, C.I.N° 12.436.643, haber hecho una denuncia ante la PTJ., en el año 2000, por vehículo y persona desaparecida(el chofer del vehículo para ese entonces), que una vez que apareció no retiró la denuncia, no presentó constancia..”.

Posteriormente el referido vehículo a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del Estado Lara, causa que quedó asignada bajo el N° D-250, se le realizó Experticia y tuvo como resultado lo siguiente: Consta en el folio 45 que los funcionarios Eusemio Triana y Reinaldo Tamayo, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas de este Estado de conformidad con el pedimento formulado dejan constancia que el vehículo presenta:

PRIMERO: La chapa identificadota del serial de carrocería ubicada en la parte delantera lado del conductor es desincorporada.
SEGUNDO: La chapa identificadota del serial carrocería ubicada en la parte superior izquierdo del tablero es original.
TERCERO: La chapa Body suplantada.
CUARTA: Serial Compacto original.
QUINTO: Posee motor de 6 cilindros.
En fecha 02 de Diciembre del 2003, la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de este Estado, representada en la personas del Dra. Lorena garcía Andrade, NIEGA la entrega del vehículo plenamente señalado fundamentándose en la Experticia emanada del Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas de este Estado.

En fecha 16-12-03, el ciudadano ALFONZO GOMEZ CORREA, solicita el bien mueble señalado, lo cual por no encontrarse la causa en este Tribunal de Control se libra el respectivo oficio a la Fiscalía del Ministerio Público, causa signada bajo el N° D- 250-00, a fin de que sean remitidas a este Despacho las correspondientes actuaciones.

Ahora bien, el día 16-12-03, el ciudadano ALFONZO GOMEZ CORREA, plenamente identificado en autos, hace formal solicitud del referido bien mueble, el cual por distribución se ventila por ante éste Tribunal de Control N° 1 el cual quedó signado con el N° KP01-S-2003-013192, entre los alegatos esgrimidos por el solicitante se tiene:

1) Registro del Vehículo N° 92035770 a nombre del ciudadano HECTOR ANTONIO ESCALONA.
2) Documento de Compra venta de los ciudadanos Héctor Antonio Escalona y Eduardo Enrique Perozo Quintero autenticado ante la Notaria Pública Segunda de Barquisimeto del Estado Lara, bajo el N° 21, Tomo 67.
3) Documento de Compra-Venta de los ciudadanos Eduardo Enrique Perozo Quintero y Alfonso Gómez Correa, Autenticado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Crespo-Estado Lara, bajo el N° 23, Tomo 9.

Ahora bien, considera este Juzgador que el ciudadano ALGONZO GOMEZ CORREA, demostró ser el propietario del vehículo solicitado y demostrando la titularidad del mismo, y constatado que dicho vehículo no está solicitado por ningún organismo policial, ni administrativo, acatando la decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala constitucional de fecha 23 de Marzo del 2001, con Ponencia del Magistrado Dr. Antonio José García y con la documentación presentada por el solicitante donde demostró ser propietario del vehículo antes identificado, es por lo que este Tribunal considera que se debe entregar el vehículo solicitado. En tal sentido el Código Civil en el artículo 772 establece que la posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, no equivoca y con intención de tener la cosa como suya propia, en consecuencia este se acuerda la entre del vehículo antes descrito, es propietario de buena fe, por lo que es procedente entregarle el vehículo, y así se decide:
D I S P O S I T I V A

Por las rezones antes señaladas, este Tribunal en funciones de Control N° 1, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA LA ENTREGA DEL VEHICULO: Marca Ford, Modelo Maverick, placas 107-513, tipo Sedan, Uso Particular , Serial Carrocería AJ92RC-30134, Serial motor 6 cilindros., en calidad de DEPOSITO, al ciudadano ALFONZO GOMEZ CORREA, titular de la Cédula de Identidad N° 5.688.420, condicionada dicha entrega de la siguiente manera: Primero: Se entrega en calidad de Deposito. Segundo: No puede el depositario efectuar ningún acto de comercio con el referido bien mueble y deberá presentarlo por ante este Tribunal cada vez que sea requerido. Tercero: No podrá hacerle ninguna transformación y será responsable de los daños ocasionados a terceros, todo de conformidad con el artículo 311 del Código Orgánico procesal Penal. Cuarto: Se acuerda remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de este Estado, a los fines de que presente el respectivo acto conclusivo. Quinto: Se acuerda participarle en el oficio que se remite al Estacionamiento donde se encuentra el vehículo objeto de la presente solicitud, que debe participar en un lapso de Tres (3) días a este Organismo Jurisdiccional sobre la entrega del mismo. Sexto: Se le apercibe a todos los funcionarios públicos que no deben de manera caprichosa, retener un vehículo que haya sido entregado por cualquier tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, pues estarían en desacato judicial, con las consecuencias jurídicas que dieran a lugar, por lo tanto se tiene señalado en los artículos 7, 25, 26 46 0rdinal Se le apercibe a todos los funcionarios públicos que no debe de manera caprichosa, retener un vehículo que haya sido entregado por cualquier Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, esto de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional en su Artículos:
Artículo 7: La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
Artículo 25: Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores.
Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Artículo 46: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia:
4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley..
Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
Artículo 55: Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.
En la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Artículo 11:
Artículo 11: Los tribunales para la ejecución de sus sentencias y de todos los actos que decreten o acuerden, pueden requerir de las demás autoridades el concurso de la fuerza pública que de ellas dependa, y, en general, valerse de todos los medios legales coercitivos de que dispongan. Se exceptúa en caso de conflicto de poderes, el cual deberá ser sometido a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La autoridad requerida por un tribunal que obre en ejercicio de sus atribuciones, debe prestar su concurso sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pida, ni la legalidad o la justicia de la sentencia o decreto que se trate de ejecutar. Notifíquese a las partes y ofíciese al Jefe del Estacionamiento El Corralón vía Pavía. Regístrese y Cúmplase.

EL JUEZ DE CONTROL N° 1

ABG. ANTONIO JOSE GUTIERREZ

EL SECRETARIO