REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, diecisiete de marzo de dos mil cuatro 193º y 145º ASUNTO : KP02-S-2004-001539 Vista la solicitud presentada por la ciudadana ELIZABETH CAROLINA RODRIGUEZ HERRERA, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 16.749.276, de este domicilio, asistida del abogado Miguel Angel Lopez, IPSA No 66.516, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicada en El Manzano, Calle Don Andres con Callejón Arguello, Jurisdicción de la Parroquia Catedral del Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno Ejido, que mide aproximadamente 12,00 metros de frente por 22,00 metros de fondo, alinderadas de la siguiente manera NORTE: En línea de 12,00 metros con Callejón Arguello; SUR: En línea de 12,00 metros con casa de Alexis Lucena; ESTE: En línea de 22,00 metros con casa de maría del Carmen de Lucena, y OESTE: En línea de 22,00 metros con casa de Antonio Méndez. Dichas bienhechurías constan de una casa de paredes de bahareque, techo de zinc, siembra de diversos árboles frutales, cerca de alambre de púas sobre estantillos de madera. El valor invertido es la cantidad de SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,oo) y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos: JENEY CECILIA HERNANDEZ y LINA BELEN PEREZ, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de la Ciudadana ELIZABETH CAROLINA RODRIGUEZ HERRERA, ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de Abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada. La Juez Tamar Granados Izarra La Secretaria María Fernanda Alviárez TGI/dmg