REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 26 de marzo de 2004
193º y 145º
ASUNTO: KP02-R-2004-000255
PARTES EN EL JUICIO:
DEMANDANTE: VICTOR MANUEL MENDOZA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 11.880.089.
APODERADAS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: LENNY ALBARRÁN y SORAIDA VILLANUEVA, abogadas en ejercicio, inscritas en el I.P.S.A bajo los N° 102.282 y 92.494, de este domicilio.
DEMANDADA: FINCA CAMPO ALEGRE representada por el ciudadano EMILIO GARCÍA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 7.319.137.
APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDADA: LESBIA VARGAS, abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 51.485, de este domicilio.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
ACLARATORIA: SENTENCIA DEFINITIVA.
Vista la solicitud formulada por la abogada Soraida Villanueva, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 92.494, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual pide que esta Superioridad aclare la sentencia proferida en fecha 18 de marzo de 2004, donde se declara desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, aduciendo como hechos a corregir los siguientes:
“1. fecha del escrito del recurso de apelación, por cuanto el mismo fue solicitado en fecha 04-03-2004, en la sentencia se lee 20 de diciembre de 2003. 2. las abogadas Soraida Villanueva y Jenny Albarran aparecen como las recurrentes, cuando realmente el recurso de apelación fue intentado por la parte demandada. 3. El salario real devengado por el trabajador es de Bs. 64.000,00 mensuales y diarios Bs. 213,33 y no como aparece en la sentencia Bs. 256.000,00 mensuales”.
Al respecto, este sentenciador atiende a lo pautado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, cuando establece:
“…sin embargo, el Tribunal podrá a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia…”
La norma supra antes transcrita consagra el principio de la irrevocabilidad de las sentencias, mediante la siguiente disposición: 1) Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Este principio, comporta dos excepciones, según se desprende de la parte final de la disposición mencionada: la primera excepción se refiere a las aclaratorias y la segunda tiene que ver con la facultad del Tribunal para dictar ampliaciones.
Ahora bien, constituye un diuturno, pacífico y consolidado criterio tanto doctrinal como jurisprudencial, el que, de manera radical y absoluta, niega la posibilidad de revocar o reformar las sentencias a través del conducto de las aclaratorias y ampliaciones previstas en el susomencionado único aparte del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
Lo determinado en el párrafo supra inmediato queda plenamente acreditado con las varias citas de autoridad que, ad exemplum, a renglón seguido se transcribe:
“La corrección no se entiende hasta revocar ni reformar la sentencia, posibilidades éstas que en nuestro sistema están reservadas solamente para las sentencias interlocutorias no sujetas a apelación, sino que está destinada a obviar imperfecciones del fallo en el modo de manifestación de la voluntad del órgano que lo dicta, sea que las infracciones deriven de la omisión de requisitos de forma de la sentencia, sea de la disconformidad entre la voluntad interna del órgano y la voluntad interna del órgano y la voluntad declarada; y en este sentido, el concepto genérico del instituto es laudable, ya porque disminuye embarazos, gastos y controversias a las partes, ya por la ayuda que presta a la administración de la justicia, coadyuvando a la sinceridad y a la plenitud de sus manifestaciones” (Lancellotti; Sentenza Civile en Nuevo Digesto Italiano, Vol. XII, Parte 1°, p. 67).
“Motivos del recurso de aclaratoria./ (…) al referirme al objeto del recurso que estoy examinando, he señalado, grosso modo, los motivos que lo autorizan. Ellos son tres: corrección de errores materiales, subsanación de conceptos oscuros. Dentro de cada uno de ellos pueden darse diversos casos, pero la enumeración limita, estrictamente, el ámbito del recurso. Quedan excluidas la revocación y la declaración de nulidad de la resolución impugnada. En la prohibición de revocar, por esta vía, una decisión judicial, debe incluirse su alteración fundamental, cuando esta alteración no resulte de aclarar errores materiales o integrar lo decidido” (Podetti, J. Ramos; Tratado de los Recursos, Ediar Soc. Anón. Editores, Buenos Aires, 1958, PP. 103 y 104).
“La aclaratoria de la sentencia no puede llegar a modificar su alcance o contenido de la decisión, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidas en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla” (Devis Echandía, Hernando; Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, Décima Edición, Editorial ABC, Bogotá, 1985, p.646).
“…el recurso de aclaratoria no tiene por objeto la rescisión o sustitución de la sentencia por otra, sino que lo que se busca es interpretarla, ponerla de acuerdo con la intención, subsanar una deficiencia de expresión” (Vescovi, E.; Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en Iberoamérica, Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1988, p.73).
“La solicitud de aclaratorias./ Esta solicitud está circunscrita a los casos de puntos dudosos u obscuros, con el fin de obtener una mayor claridad respecto de lo decidido, pero no una modificación de su alcance y de su contenido, puesto que esto sería una violación del principio de la inmodificabilidad de las sentencias después de pronunciadas. Por tanto, la jurisprudencia y la doctrina son unánimes en descartar como objeto de la solicitud de aclaratorias, las críticas de los fallos. (…Omissis…)./ La solicitud de ampliaciones. (…) La omisión que dé lugar a esta solicitud obedece a un error involuntario, y no porque se negó un alegato de la parte, incluso hasta tácitamente” (Duque Corredor, Román J.; Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario, Editorial Jurídica Alva, S.R.L., Caracas. 1990. PP. 328 y 329).”.
Siendo así y sin que el presente enunciado signifique volver a analizar los términos en que fue establecida la controversia, esta Superioridad observa que en la sentencia cuya aclaratoria se pide, en el capítulo I “Breve Reseña de los Hechos” se señaló que para la fecha de terminación de la relación laboral, el demandante devengaba un salario de sesenta y cuatro mil bolívares mensuales (Bs. 64.000,00), lo que equivale a doscientos trece bolívares (Bs. 213,00) diarios, por lo que no se incurrió en error material alguno y nada hay que aclarar al respecto. Así se determina.
Sin embargo, en la dispositiva de dicha sentencia, esta Alzada advierte que incurrió en ciertos errores materiales, cuando declara desistido el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de diciembre de 2002 por las abogadas Jenny Albarran y Soraida Villanueva, en su condición de apoderadas judiciales de la parte demandada, Víctor Manuel Mendoza, cuando en realidad dicho recurso fue intentado el 04 de marzo de 2004 por el ciudadano Emilio García Acción, parte demandada en el presente juicio, asistido por la abogada Lesbia Vargas.
En consecuencia, se declara procedente la solicitud de aclaratoria formulada en el presente caso y en consecuencia, se declara desistido el recurso de apelación interpuesto en fecha 04 de marzo de 2004 por el ciudadano Emilio García Acción, parte demandada en el presente juicio, asistido por la abogada Lesbia Vargas, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 03 de marzo de 2004 en el juicio intentado por el ciudadano Víctor Manuel Mendoza, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V- 11.880.089 y de este domicilio, asistido por las abogadas Lenny Albarrán y Soraida Villanueva, inscritas en el I.P.S.A bajo los N° 102.282 y 92.494 respectivamente, de este domicilio, en contra de la Finca Campo Alegre, representada por el ciudadano Emilio García Acción, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V- 7.319.137 y de este domicilio. Así se determina.
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de sentencia formulada en fecha 23 de marzo de 2004 por la abogada SORAIDA VILLANUEVA, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 92.494, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, VÍCTOR MANUEL MENDOZA ya identificado. En consecuencia, se declara DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en fecha 04 de marzo de 2004 por el ciudadano EMILIO GARCÍA ACCIÓN, parte demandada en el presente juicio, asistido por la abogada LESBIA VARGAS, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 03 de marzo de 2004 en el juicio intentado por el ciudadano VÍCTOR MANUEL MENDOZA, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V- 11.880.089 y de este domicilio, asistido por las abogadas LENNY ALBARRÁN Y SORAIDA VILLANUEVA, inscritas en el I.P.S.A bajo los N° 102.282 y 92.494 respectivamente, de este domicilio, en contra de la FINCA CAMPO ALEGRE, representada por el ciudadano EMILIO GARCÍA ACCIÓN, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° V- 7.319.137 y de este domicilio.
Expídase copia certificada de la presente para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada por el Juez Superior del Trabajo del Estado Lara en la Sala de Audiencias del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil cuatro.
Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Juez, La Secretaria,
Dr. Alejandro Yabrudy Fernández Abog. Audrey Guédez Giménez
En igual fecha y siendo la 09:20 a.m. se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado.
La Secretaria,
Abog. Audrey Guédez Giménez
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