REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL ASUNTO: KP02-O-2004-000144 PARTE QUERELLANTE: IVAN MUJICA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.377.603. ABOGADO ASISTENTE DEL QUERELLANTE: JOSÉ GREGORIO OCANTO CARRASCO, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 71.902. PARTE QUERELLADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, MINISTERIO DEL TRABAJO, en órgano de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, . ___________________________________________________________________________ RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO Se inicia éste proceso por solicitud presentada por la parte querellante en fecha 04 de mayo de 2004, en la cual denuncia la violación de su derecho constitucional a la defensa y al debido proceso. Recibida en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), se distribuyó entre los Juzgados de juicio de esta coordinación del trabajo, asignando a quien suscribe su conocimiento, tal y como consta en auto de esta misma fecha 05 de mayo de 2004 por el cual se le dio por recibido. Estando en la oportunidad de admitir la solicitud presentada, el Juzgador, tomando en consideración lo previsto en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Código de Procedimiento Civil, la jurisprudencia y las sentencias de nuestro máximo tribunal se pronuncia en los siguientes términos: PUNTO PREVIO DE PRONUNCIAMIENTO La parte querellante expresa que la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, negó la admisión de unas pruebas promovidas por el querellante en el procedimiento de Calificación de Falta incoado en su contra por el Ministerio de Infraestructura en el expediente No. 4867-03. Igualmente alega, que la parte querellada no le ha permitido el expediente y que por lo tanto, ha acudido a la vía de amparo constitucional para restablecer los derechos constitucionales conculcados. En el presente asunto, pretende la parte querellante que por vía de amparo constitucional éste Juzgado ordene dejar sin efecto un auto de trámite administrativo emanado de la Inspectoria del Trabajo e igualmente le ordene realizar las pruebas negadas. No es nueva la discusión sobre la competencia de estos Juzgados para conocer de apelaciones y negativas en la ejecución de actos administrativos. Se han suscitado numerosos conflictos de competencia, inclusive entre las salas Social y Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. El Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sujeta a los órganos del Poder Judicial al Principio de la Legalidad, fundamento esencial del Estado de Derecho, al establecer que sólo pueden conocer las causas y asuntos de su competencia (material), mediante los procedimientos que determinen las leyes (adjetiva). Cualquier violación de tales preceptos constitucionales implica la nulidad de las actuaciones realizadas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recientemente en revisión decidió en fecha 20 de noviembre de 2002, caso R. BARONI, Expediente N° 02-2241, sentencia N° 2862, con ponencia del magistrado PEDRO RONDÓN, que la competencia en amparos constitucionales autónomos para el cumplimiento de actos administrativos de efectos particulares corresponde a la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en la capital de la República; y a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso administrativos regionales en el resto del país, y aunque no es el caso que nos ocupa corresponde a éste último tribunal conocer de la nulidad de los autos de tramites administrativos emanados de la Inspectoría del Trabajo. Por otra parte, la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que son competentes para conocer de la acción de amparo los tribunales de la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violadas o amenazadas de violación (Artículo 7). Si en el presente asunto se solicita amparo para la dejar sin efecto un auto administrativo de la Inspectoría del Trabajo y se ordene realizar las pruebas negadas, conforme al criterio de la Sala Constitucional, la competencia corresponde a los tribunales de lo contencioso administrativo, y no a los tribunales del trabajo. Por otra parte, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que en casos como éste, el Juez debe remitir las actuaciones inmediatamente al Juez o Tribunal que tenga competencia (Artículo 7 LOASDGC); y esto es congruente con lo previsto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, que establece que en cualquier estado y grado de la causa el Juez, de oficio, puede declinar la competencia, y compatible con el Artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por todo lo expuesto, se declina el conocimiento del presente asunto en el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a quien corresponde conocer en primera instancia de amparos presentados contra autos de trámite administrativo y contra actos administrativos de efectos particulares emanados también de las inspectorías del trabajo. Así se establece.- DISPOSITIVO Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho que han quedado expresados en esta decisión; el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho: PRIMERO: Declina el conocimiento de la presente causa en el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. SEGUNDO: Remítase inmediatamente el expediente al Juzgado competente, conforme a lo previsto en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. TERCERO: No hay condena en costas por tratarse de una decisión que no se pronunció sobre el fondo de la controversia y se ha tomado de oficio. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.