JUEZA PONENTE: MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Expediente Nº AP42-O-2003-004096

En fecha 30 de septiembre de 2003, se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el Oficio Nº 840 de fecha 16 de septiembre de 2003, emanado del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar, por el abogado Víctor Gabriel Rodríguez Siem, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 82.729, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano RODRIGO JOSÉ DELGADO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 6.107.683, en su carácter de Contralor Municipal Interino del Municipio Libertador del Distrito Capital, contra la negativa del ciudadano JUAN ANTONIO BALZA BRICEÑO, a entregar el cargo de Contralor Municipal y desocupar las oficinas de la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital.

Tal remisión, se efectuó en virtud de la consulta de Ley a la que se encuentra sometida la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2003 por el mencionado Juzgado, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 2 de octubre de 2003, se dio cuenta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y, por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Ana María Ruggeri Cova, a los fines de que esa Corte, decidiera sobre la referida consulta.

En fecha 3 de octubre de 2003, se pasó el expediente a la Magistrada Ponente.

En virtud de la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 2003-00033, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866 del 27 de enero de 2004, y habiéndose designado a los jueces que actualmente la conforman en fecha 15 de julio de 2004, esta Corte quedó constituida de la siguiente manera: María Enma León Montesinos, (Presidente); Jesús David Rojas Hernández, (Vicepresidente) y la Jueza Betty Josefina Torres Díaz.

Mediante auto de fecha 9 de noviembre de 2004, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se abocó de oficio al conocimiento de la presente causa, designándose como ponente a la Jueza María Enma León Montesinos, a los fines de que este Órgano Jurisdiccional dictara la decisión correspondiente.

En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Jueza Ponente.

Realizado el estudio del presente caso, se pasa a dictar sentencia con base en las siguientes consideraciones:




I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Y DE LA
SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Mediante escrito presentado el 2 de septiembre de 2003 ante el Juzgado (Distribuidor) Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el apoderado judicial del accionante expuso los siguientes argumentos en apoyo a su pretensión:

Que mediante sesión de fecha 5 de agosto de 2003, su representado fue designado por la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, como Contralor Interino de dicho Municipio, en vista de la destitución del hasta entonces Contralor Municipal, ciudadano Juan José Balza Briceño, la cual fue aprobada en esa misma sesión legislativa.

Señaló que el ciudadano Juan Antonio Balza Briceño “(…) a pesar de haber sido formalmente destituido previa tramitación del procedimiento de ley, (…) se ha negado a hacer entrega del cargo de Contralor Municipal del Municipio Libertador y las oficinas correspondientes a ese órgano (…)”, impidiendo y perturbando por diversas vías el libre ejercicio del cargo para el cual había sido designado su mandante.

Narró que la destitución del ciudadano Juan Antonio Balza Briceño, se produjo con ocasión de una denuncia incoada en su contra en fecha 10 de julio de 2003, por la comisión de presuntas irregularidades administrativas, lo cual dio lugar a la constitución de una comisión de miembros de la Cámara Municipal del Municipio Libertador dirigida a investigar los hechos denunciados, y a dar apertura al procedimiento correspondiente con el fin de determinar la responsabilidad del mismo. Así señaló, que el Contralor Municipal destituido, jamás se presentó a ejercer su defensa en el respectivo procedimiento administrativo, ni mucho menos compareció a presentar pruebas en su defensa ni desconoció, rechazó o impugnó las pruebas documentales consignadas en el respectivo expediente administrativo; más, sin embargo, luego de haber resultado infructuosa la notificación ordenada en fecha 19 de agosto de 2003 y la fijada a través de cartel, el ex-Contralor Municipal, habiendo tenido conocimiento del acto, ejerció contra él recurso de nulidad con solicitud de amparo cautelar, que fue declarado inadmisible por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 18 de agosto de 2003.

Manifestó que, una vez que el ciudadano Juan Antonio Balza Briceño “(…) se negó a ejecutar voluntariamente el contenido del acto destitutorio dictado en su contra, (…) la Administración Municipal acordó su ejecución forzosa a tenor de lo establecido en el artículo 80 numeral 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…)”, razón por la cual la Administración ha agotado todas las instancias pertinentes para hacer efectiva dicha ejecución forzosa, obteniendo por parte del querellado, una total negativa “(…) a hacer entrega del cargo de Contralor Municipal del Municipio Libertador y desocupar las oficinas correspondientes a ese órgano, impidiendo y perturbando por diversas vías el libre ejercicio de dicho cargo por parte de [su] representado violando su derecho constitucional al trabajo previsto en el artículo 87 de la Constitución (…)”.

Señaló que la actitud “injustificada y reñida con la realidad” mantenida por el ciudadano Juan Antonio Balza Briceño, representa para su mandante una situación de absoluta incertidumbre e inseguridad jurídica, pues la misma le impide el libre ejercicio de su cargo como Contralor Municipal con todas las funciones inherentes al mismo, habida cuenta que el accionado, utilizando incluso la violencia, no ha permitido el acceso a las oficinas correspondientes al Despacho de la Contraloría en la que se encuentra documentación fundamental para el ejercicio de la acción contralora del Municipio; inclusive pese a haber sido formalmente destituido, ha llegado a ejercer en evidente usurpación de funciones, atribuciones que únicamente le corresponden a su representado, quien fuere legalmente designado para tales fines.

El accionante denunció la violación del derecho al trabajo, consagrado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, denunció la transgresión de los derechos constitucionales de “(…) un cúmulo de personas que se encuentran frente a la imprecisa situación de acatar órdenes de una autoridad usurpada que no ostenta el cargo de Contralor Municipal desde el mismo momento en que fue destituido por la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital por estar incurso en hechos de corrupción e irregularidades administrativas (…)”.

En virtud de lo anterior, solicitó que se dictara a favor de su representado medida cautelar a fin de que el ciudadano Juan Antonio Balza Briceño “(…) se abstenga de perturbar o impedir por cualquier vía el ejercicio por [su] representado del cargo de Contralor Municipal para el cual fue legalmente designado y, especialmente, se abstenga de continuar usurpando las funciones propias de ese cargo cuya titularidad no ostenta por haber sido destituido (…)”. De la misma forma, solicitó que se le ordene al accionado: “(…) (i) Hacer entrega formal a [su] representado del cargo de Contralor Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital; (ii) Desocupar las dependencias administrativas y oficinas del Despacho de la Contraloría Municipal (…) (iii) Abstenerse de ejecutar cualquier tipo de actos o actuaciones dirigidas a impedir que [su] representado pueda ejercer libremente el cargo de Contralor Municipal (…) para el cual fue legalmente designado por la Cámara Municipal de ese Municipio en fecha 5 de agosto de 2003 (…)”


II
DEL FALLO CONSULTADO

El Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 9 de septiembre de 2003, declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional interpuesta, con base en las siguientes consideraciones:

“(…) A juicio de este Tribunal la situación denunciada por el accionante se corresponde con el supuesto previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; norma ésta que prevé, en general, el mecanismo jurisdiccional destinado a dilucidar las situaciones que amenacen la normalidad institucional del Municipio, incluyendo entre tales situaciones las relativas a la legitimidad de las autoridades municipales, lo cual es precisamente el acto denunciado por el accionante (…) procedimiento este que –estima el Tribunal- se erige en un medio procesal breve y eficaz para la resolución del conflicto planteado, (…) todo lo cual, a tenor de lo establecido en el artículo 5 (sic) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, determina la admisibilidad de la acción incoada, debido a que la acción de amparo no puede sustituir al medio procesal ordinario cuando éste resulta adecuado para los fines perseguidos en este caso por el accionante, en virtud de lo cual resulta obligado concluir en la INADMISIBILIDAD de la acción y así se decide.”

Dicho Juzgador consideró además, con fundamento en la sentencia Nº 941 de fecha 17 de mayo de 2001, emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que la competencia para la resolución de las situaciones que atentan contra la normalidad institucional de los Municipios corresponde a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por disposición expresa del artículo 166 eiusdem aduciendo que ello se justifica en el hecho de que dicha Sala es el órgano de control político de las entidades territoriales por excelencia.


III
COSIDERACIONES PARA DECIDIR

En la oportunidad de decidir, corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la consulta planteada, a la cual se encuentra sometido el fallo de fecha 9 de septiembre de 2003, el cual fuere dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional.

Esta Corte debe previamente determinar su competencia para conocer de la presente consulta y, en tal sentido, se observa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en el artículo 1 de la Resolución Nº 2003-00033 de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.866 del 27 de enero de 2004, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por el cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo “(…) tendrá las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el resto del ordenamiento jurídico”, esta Sentenciadora resulta competente para conocer de las apelaciones y de las consultas de los fallos dictados por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo en los juicios de amparo constitucional, en tanto Alzada natural de los mismos, y así se declara.

Afirmada su propia competencia, resulta necesario para esta Corte, como punto previo al análisis de la decisión del a quo, precisar el conflicto bajo examen, para luego poder determinar si en el caso bajo estudio subyace efectivamente un conflicto de autoridades.

Señaló la representación del accionante en su escrito libelar, que mediante sesión de fecha 5 de agosto de 2003, su mandante fue designado por la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, como Contralor Interino de dicho Municipio, en vista de la destitución del hasta entonces Contralor Municipal, ciudadano Juan José Balza Briceño, la cual fue aprobada en esa misma sesión legislativa, y quien se ha negado a hacer entrega del cargo que ostentaba como Contralor Municipal del Municipio Libertador y de las oficinas correspondientes a ese órgano, pese a que la Administración Municipal agotó todas las instancias pertinentes para hacer efectiva la ejecución forzosa del contenido del acto destitutorio.

Adujo que la actitud asumida por el Contralor Municipal destituido, vulnera el derecho al trabajo de su representado, consagrado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, el a quo declaró “inadmisible” la acción de amparo constitucional, en virtud de que en el caso de autos, “(…) la situación denunciada por el accionante, se corresponde con el supuesto previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; norma esta que prevé, en general, el mecanismo jurisdiccional destinado a dilucidar las situaciones que amenacen la normalidad institucional del Municipio, incluyendo entre tales situaciones las relativas a la legitimidad de las autoridades municipales, lo cual es precisamente el acto denunciado por el accionante (…) todo lo cual, a tenor de lo establecido en el artículo 5 (sic) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, determina la admisibilidad de la acción incoada, debido a que la acción de amparo no puede sustituir al medio procesal ordinario cuando éste resulta adecuado para los fines perseguidos en este caso por el accionante (...)”.

En tal sentido, habiendo delimitado la pretensión del accionante y lo decidido por el a quo, resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones generales en torno a la figura de la resolución de conflictos de autoridades municipales, prevista en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, a los fines de dilucidar si ello resulta aplicable o no al caso de autos, y si en efecto la decisión del a quo está ajustada a derecho.

Si se analiza con detalle la previsión legislativa del artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, podrá inferirse que efectivamente, el Legislador al crear el texto de dicha norma, lo que pretendía era erigir un procedimiento especial que de forma más efectiva y expedita, permitiera la solución de las controversias que se suscitaran en el ámbito municipal y que amenazaran la normalidad institucional del mismo; de tal forma que aún cuando pudiere inferirse en el presente caso, la violación de derecho constitucional alguno, en virtud del carácter de vía principal y autónoma de la acción consagrada en el artículo ut supra, resulta inidónea la interposición previa de cualquier otra acción o recurso.

De esta forma, por tratarse en el caso de marras de un conflicto que surge como consecuencia de una situación que afecta la normalidad del Municipio, subsumible en el supuesto previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, referente a la destitución del Contralor Municipal, y la consecuente designación de un nuevo Contralor Municipal Interino que ve suprimido su derecho al trabajo ante la negativa del Contralor destituido, ciudadano Juan Antonio Balza Briceño, a entregar su cargo; esta Corte considera que la controversia planteada se encuentra enmarcado dentro de las previsiones taxativas del artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Con base en las consideraciones previas, el funcionario interesado en el caso sub judice, ciudadano Rodrigo José Delgado Hernández quien funge como nuevo Contralor Municipal, designado en sesión de la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, de fecha 5 de agosto de 2003; ha debido recurrir ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el iter procesal previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, para que de esta forma, tramite su solicitud, según el procedimiento previsto en el artículo 23 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debiendo adaptar el contenido de dicha normativa a las características propias del recurso, iter procesal éste que la Sala Político Administrativa aplica en virtud de que para la tramitación de este tipo de acciones no está contemplado un procedimiento especial a seguir, no obstante la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar por que se garanticen el derecho a la defensa y al debido proceso (Vid. Sentencias Nº 00630, 01062 y 00444, de fechas 23 de abril de 2002, 9 de julio de 2003 y 11 de mayo de 2004, respectivamente, emanadas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

De lo anterior se desprende, como hecho confirmatorio de la inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, la presencia del presupuesto procesal contenido del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales en el cual se expresa claramente como una de las causales de inadmisibilidad de las acciones de amparo constitucional, el hecho de que exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional del derecho que se pretende.

En este sentido, considera esta Corte oportuno señalar el contenido del artículo 6 numeral 5 eiusdem, la cual dispone:

“No se admitirá la acción de amparo:
… (omissis) …
5) Cuando el agraviada haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes… (omissis)…”.

En efecto, si la Ley Orgánica de Régimen Municipal prevé un procedimiento especial que cumple con el requisito de celeridad procesal, tan importante en estos casos en los que está en juego la normalidad institucional del Municipio, el mismo deberá ser cumplido por el funcionario interesado, ya que en caso contrario, la interposición de cualquier procedimiento diferente resultaría totalmente incompatible con la necesidad de resolución expedita de los conflictos de autoridades municipales, pues no solo está en juego el resguardo, en el caso sub judice, del derecho al trabajo del funcionario recurrente, sino además, el normal desenvolvimiento de la actividad del órgano de control municipal, ya que bajo las condiciones actuales y dadas las circunstancias específicas del caso, las actividades inherentes al control municipal no podrían ser cubiertas y por tanto la calidad y eficiencia de dicho control disminuiría, exponiéndose así a un estado de total inseguridad jurídica a los administrados de ese municipio.

En base a las consideraciones antes expuestas, se advierte que la solución del conflicto planteado en el caso sub judice, suscitado como consecuencia de la actitud contumaz del funcionario destituido en entregar su cargo y las oficinas que ocupaba, y que afecta la normalidad del Municipio, solicitado por el accionante a través de la vía de amparo constitucional, resulta inadmisible en función del procedimiento especial previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Como consecuencia de los razonamientos antes expuestos, por no ser el amparo constitucional la vía idónea para resolver el conflicto planteado en el caso de autos, como consecuencia de la actitud contumaz del funcionario destituido en entregar su cargo y las oficinas que ocupaba, resulta forzoso para esta Corte confirmar la sentencia consultada, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional interpuesta contra la negativa del ciudadano Juan Antonio Balza Briceño, resulta inadmisible. Así se decide.


IV
DECISIÓN

Por las consideraciones anteriores, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CONFIRMA la sentencia dictada por Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 9 de septiembre de 2003, mediante la cual se declaró inadmisible la acción amparo constitucional interpuesta por el abogado Víctor Gabriel Rodríguez Siem, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 82.729, actuando en representación del ciudadano RODRIGO JOSÉ DELGADO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 6.107.683, en su carácter de Contralor Municipal Interino del Municipio Libertador del Distrito Capital, contra la negativa del ciudadano JUAN ANTONIO BALZA BRICEÑO, de entregar el cargo de Contralor Municipal y desocupar las oficinas de la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capita; con las motivaciones expuestas en el presente fallo.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil cuatro (2004). Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

La Presidenta


MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Ponente
El Vicepresidente


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza


BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ

La Secretaria


JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ


Exp. Nº AP42-O-2003-004096
MELM/100.
Decisión n° 2004-0151