Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Expediente N° AP42-O-2004-000201


En fecha 27 de septiembre de 2004, fue recibido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el Oficio N° 1057, de fecha 27 de febrero de 2004, anexo al cual el Juzgado Superior Quinto Agrario Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos CRUZ CHAPARRO, JESÚS BRUZUAL, PEDRO HENRÍQUEZ y ARGENIS CHIGUA, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.302.251, 11.773.043, 11.782.262 y 8.447.905, respectivamente, asistidos por los abogados Alvaro Rafael Ortíz Natera y Fernando Sánchez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 26.889 y 15.985, respectivamente, con la finalidad de solicitar la ejecución de la Providencia Administrativa N° 274, de fecha 25 de octubre de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS, por medio de la cual se ordenó a la Sociedad Mercantil Premezclados Monagas, C.A., el reenganche y pago de los salarios caídos de los prenombrados ciudadanos, en la Empresa referida.

Tal remisión se efectuó en virtud de la consulta obligatoria prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2004, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, mediante la cual se declaró desistida la acción de amparo constitucional.

En fecha 13 de octubre de 2004, se dio cuenta a la Corte y se designó ponente a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 14 de octubre de 2004, se pasó el presente expediente a la Jueza ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir, previas las siguientes consideraciones:


I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

La parte presuntamente agraviada, fundamentó la presente acción de amparo constitucional, con base en los siguientes argumentos:

Que los accionantes laboraron hasta el día 14 de diciembre de 2001 “(…) cuando como era costumbre se liquidaba a los trabajadores sus prestaciones sociales y por grupos se iban de vacaciones para reincorporarse posteriormente al finalizar las mismas (…)”. Asimismo en esta misma fecha, se les informó que el regreso de las vacaciones era el día 28 de enero de 2002, fecha en la cual se les impidió volver a sus labores, y se procedió a despedirlos de sus cargos y se les dió a entender que el motivo del despido era la afiliación a un sindicato.

Que en fecha 29 de enero de 2002, los accionantes acudieron a la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas y solicitaron el reenganche y pago de los salarios caídos.
Que en fecha 25 de octubre de 2002, la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, dictó la Providencia Administrativa N° 274, que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos de los presuntos agraviados.

Que la representación de la Empresa accionada, se negó a cumplir con lo ordenado por la referida providencia, lo que conllevó a abrirle un procedimiento de multa el cual culminó en la imposición de la misma, por medio de la Resolución N° 11-07-03-02, que los condenaba a pagar una cantidad determinada.

Que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Concreteras, Pedreras, Bloqueras y Afines, quedó perfectamente constituido, por ello elaboraron un proyecto de Convención Colectiva, el cual según los quejosos fue admitido, por lo que quedó evidenciada la inamovilidad de los accionantes.

Que finalmente solicitan se les ampare su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, y sea citado el ciudadano Nicolás Rolando Pescatore, en su carácter de Director Gerente de la Empresa en cuestión y de esta forma sean reenganchados en sus puestos de trabajos y se les pague los salarios caídos desde el 28 de enero de 2002.

Finalmente, fundamentaron su pretensión en los artículos 87, 92, 93, 95 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales.


II
DEL FALLO SOMETIDO A CONSULTA


En fecha 17 de febrero de 2004, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, declaró desistida la acción de amparo, fundamentándose en las siguientes consideraciones:

Que la acción de amparo constitucional fue admitida, realizándose las respectivas notificaciones y se fijó la audiencia oral y pública para el día 12 de febrero de 2004.

Que “La sentencia de fecha 02 de febrero de 2000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde se señala el procedimiento a seguir en materia de amparo para adecuarlo a la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que la falta de comparecencia del recurrente a la audiencia oral y pública, causará efecto de desistimiento del recurso (sic)”.

Que “Comprobada la ausencia de la parte recurrente, a dicha audiencia, en atención a la sentencia señalada, este Juzgado debe declarar desistido el recurso de amparo constitucional (…)”. (Negrillas del a quo).


III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR


Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la consulta obligatoria, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la cual se encuentra sometida la sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2004, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, mediante la cual se declaró desistida la acción de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos Cruz Chaparro, Jesús Bruzual, Pedro Henríquez y Argenis Chigua, anteriormente identificados, contra la Empresa Premezclados Monagas, C.A., identificada en autos, en virtud de la alegada violación de sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, fundamentando tal pretensión en la solicitud de ejecución de la Providencia Administrativa N° 274, de fecha 25 de octubre de 2002, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, por medio de la cual se ordenó a la referida Empresa, el reenganche y pago de los salarios caídos de los prenombrados ciudadanos, Sociedad Mercantil ésta que se niega a dar cumplimiento a la misma.
En primer lugar, observa esta Alzada que el a quo declaró “(…) Desistido el Recurso de Amparo Constitucional (…)”, interpuesto por los prenombrados ciudadanos, contra la referida Empresa, fundamentando tal decisión en que la parte agraviada no compareció a la audiencia oral y pública que había sido fijada para la día 12 de febrero de 2004 en primera instancia.

Ahora bien, es pertinente para este caso, citar la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 1° de febrero de 2000, (caso José Amado Mejía), la cual resulta vinculante a todos los Tribunales de la República, a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así pues la sentencia en cuestión estableció:

“(…) La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el Juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias (…)”. (Negrillas de esta Corte).



Dicho lo anterior, es importante resaltar que el efecto que genera la no comparecencia del presunto agraviado a la audiencia oral y pública, es la terminación del procedimiento por abandono del trámite y no el desistimiento de la acción de amparo constitucional, tal y como erradamente fue decidido por el a quo.

En razón de lo anterior, es necesario referir la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 17 de diciembre de 2003, (caso Construcciones Robica), la cual señaló lo siguiente:

“(…) Esta Sala ha establecido que la falta de la comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, vista la importancia que reviste la audiencia constitucional, en la cual se plasman las características esenciales del juicio de amparo, como lo son la oralidad, inmediación, publicidad, brevedad, gratuidad y ausencia de formalismos. Ello salvo que concurran razones de orden público que aconsejen la continuación del procedimiento, en cuyo caso el órgano judicial podrá inquirir sobre los hechos alegados en un lapso breve, conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil (…).
Como consecuencia de la ausencia de la parte actora, así como de la carencia de argumentos en el recurso de apelación interpuesto, (…) que de forma ostensible hagan ver que está involucrado el orden público, debe declararse terminado el procedimiento. En este sentido, debe señalarse que la sentencia del citado Juzgado Superior, de forma errada, declaró ‘desistida’ la acción de amparo, porque el desistimiento debe ser hecho de forma expresa por el abogado que tenga capacidad para hacerlo y en los supuestos en los que no esté involucrado el orden público (…)”.


Aunado a lo anterior, cabe destacar que el anterior criterio fue ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20 de mayo de 2004, (caso E.G.Lefevre), en el cual se expresó:

“(…) En el acta de la audiencia, ante la falta de comparecencia de la parte actora, se declaró ‘desitida’ la acción de amparo constitucional. Sin embargo, lo que procedía en este caso era la declaratoria de terminación del procedimiento, porque el desistimiento, siendo un modo autocompositivo de terminación del proceso, debe ser hecho de forma expresa por el abogado que tenga capacidad para hacerlo y en los supuestos en los cuales no está involucrado el orden público (…)”.


De las sentencias citadas ut supra, se desprende que la consecuencia jurídica de la no comparecencia del presunto agraviado a la audiencia constitucional, es la terminación del procedimiento, por lo que mal pudo el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental en su decisión, declarar el desistimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta, cuando lo que correspondía era declarar la terminación del procedimiento por abandono del trámite en el presente caso.

Así las cosas, y visto que en el caso de marras no se violan normas de orden público, esta Alzada procede a revocar el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, de fecha 17 de febrero de 2004, y declara terminado el procedimiento por abandono del trámite en la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.


IV
DECISIÓN

Por las consideraciones anteriores, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- REVOCA el fallo dictado en fecha 17 de febrero de 2004, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, mediante el cual se declaró desistida la acción de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos CRUZ CHAPARRO, JESÚS BRUZUAL, PEDRO HENRÍQUEZ y ARGENIS CHIGUA, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.302.251, 11.773.043, 11.782.262 y 8.447.905, respectivamente, asistidos por los abogados Alvaro Rafael Ortíz Natera y Fernando Sánchez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 26.889 y 15.985, respectivamente, con la finalidad de solicitar la ejecución de la Providencia Administrativa N° 274, de fecha 25 de octubre de 2002, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS, por medio de la cual se ordenó a la Sociedad Mercantil Premezclados Monagas, C.A., el reenganche y pago de los salarios caídos de los prenombrados ciudadanos, en la Empresa referida.

2.- TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite, en la presente acción de amparo constitucional.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de dos mil cuatro (2004). Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.



La Presidenta,



MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS



El Vicepresidente,


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ


La Jueza,


BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente





La Secretaria,



JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ




BJTD/i
Exp. N° AP42-O-2004-000201
Decisión n° 2004-0104