REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO. EXTENSIÓN BARQUISIMETO.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE JUICIO CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, 16 de Noviembre de 2004 Años: 194° y 145° ASUNTO PRINCIPAL: KPO1-P-2003-334.- Vista la solicitud de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en fecha 17/02/03 en contra de LUIS ENRIQUE PRINCIPAL QUERALES a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, efectuada por la Defensa Técnica del mismo, este Tribunal observa: Al precitado encausado le fue decretada Medida Privativa de Libertad a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, como presunto autor de los punibles de Robo Agravado de Vehículo Automotor y Lesiones Personales Graves, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 ordinales 1°, 2° y 3° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos y artículo 416 del Código Penal, quedando el mismo a las órdenes de este Juzgado detenido en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental. Alega la Defensa del imputado en el escrito presentado al Tribunal que su defendido tiene más de 17 meses detenido en el centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, que durante todo ese tiempo ha observado una conducta intachable, que se ha fijado en tres oportunidades audiencia para constitución de Tribunal Mixto, siendo infructuosas tales convocatorias por causas ajenas a la voluntad de su representado, y que en innumerables ocasiones se ha solicitado la sustitución de la medida privativa siendo declarada sin lugar por los jueces que han ocupado éste despacho. Ahora bien, esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos de la Defensa Técnica considera: 1.- Efectivamente, nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. En tal sentido, estima esta Juzgadora que durante el proceso no se ha verificado la violación de los derechos fundamentales que asisten al imputado, por cuanto la Medida Cautelar decretada en su oportunidad por este Juzgado, observó las máximas de afirmación de libertad, estado de libertad y proporcionalidad, tomando en consideración que la misma se basó en la concurrencia de los tres supuestos de hecho establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado a la existencia del peligro de fuga determinado por la magnitud y complejidad del daño causado así como a la presunción razonable de la existencia del peligro de fuga, evidenciándose el mismo de la posible pena a imponer en la definitiva que es superior a diez años en su límite máximo. Igualmente, indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), además contempla la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves que a juicio del tribunal las justifiquen, considerando este Tribunal que desde el momento en que se decretó la Medida de Coerción Personal cuya revisión se solicita hasta la presente, no han variado las circunstancias fácticas señaladas en los artículos 250 y 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal que motivaron su decreto, ni el transcurso del tiempo aducido por la defensa técnica implica el decaimiento de la medida cautelar restrictiva de la libertad objeto de la presente decisión, y en tal sentido es menester declarar SIN LUGAR el petitum incoado por la Defensa Técnica por ser improcedente. Por otra parte es menester recalcar que si bien es cierto se han convocado en tres oportunidades a las partes para la constitución del Tribunal Mixto, habiendo dado resultados negativos por múltiples excusas presentadas por los candidatos a ser Jueces No Profesionales, tampoco es menos cierto que la defensa en este momento puede solicitar (tal como lo señala la última jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia) con la anuencia de su representado, el Juzgamiento por un Juzgado Unipersonal y en tal sentido, si a bien lo considera la defensa puede optar por ésta vía más expedita y no seguir participando de los retardos causados por la constitución del Tribunal Mixto. En fuerza de los razonamientos anteriormente expuestos, quien decide no estima conveniente sustituir la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta al ciudadano LUIS ENRIQUE PRINCIPAL QUERALES por otra medida cautelar menos gravosa, en virtud de que aún se mantienen los supuestos que motivaron dicha medida y por los que la juzgadora estima que la misma debe mantenerse a fin de garantizar las resultas del proceso penal incoado, y así se decide. DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda MANTENER LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD acordada en fecha 17/02/03 al ciudadano LUIS ENRIQUE PRINCIPAL QUERALES, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, sin cédula de identidad que lo identifique, a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, como presunto autor los punibles de Robo Agravado de Vehículo Automotor y Lesiones Personales Graves, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 ordinales 1°, 2° y 3° de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos y artículo 416 del Código Penal, conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquense a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase. LA JUEZA TITULAR CUARTA DE JUICIO, ABG. CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA. LA SECRETARIA, ABG. DAYANA FIGUEROA REYES.