REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro
194º y 145º
ASUNTO : KP02-S-2004-007841
Vista la solicitud presentada por La Ciudadana MARY GEILIN VEGAS, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.439.314, de este domicilio, asistida del abogado Stefan Castillo F. IPSA No. 11.937, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Sector La Sibucara, ( Río Cristal ), Calle Guayamure, Río Claro, Jurisdicción de la Parroquia Juárez, Municipio Iribarren, Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido que mide 144,00 M2. ; alinderadas de la siguiente manera NORTE: En línea de 11,50 metros con ALEJANDRA ; SUR: En línea de 11,80 metros con Calle Principal ; ESTE: En línea de 11,80 metros con LILIAN y OESTE: En línea de 13,30 metros con Calle y tiene como frente la Calle Principal. Dichas bienhechurías están constituidas por Una Vivienda construida de láminas de zinc, con techo de zinc, piso de tierra, una habitación, dos puertas de zinc y está cercado por alambre de púas. El valor invertido es la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES ( Bs. 1.000.000,oo ), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos YESSICA OVIEDO Y LUISA CACERES, Titulares de las cédulas de identidad Nos. 16.148.351 y 12.535.396 respectivamente, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de La Ciudadana MARY GEILIN VEGAS ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.-
La Juez
Tamar Granados Izarra
La Secretaria
María Fernanda Alviárez
TGI/AMV.
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