REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO SALA DE JUICIO UNICA. JUEZ UNIPERSONAL Nº 1 Por escrito presentado en fecha 02 de Julio de 2004, por la ciudadana: MIRNA JOSEFINA COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, identificada con la Cédula de Identidad Nro. V.-4.163.022, respectivamente de este domicilio, asistida por la abogada, ALBA CONCEPCION SIMOZA GONZALEZ, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 49.210, manifestó al Tribunal estar separada de hecho y no haber llevado vida en común por más de cinco años con su cónyuge; por esos motivos y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, solicita se decretara DIVORCIO. La solicitud fue admitida en fecha 12 de Julio de 2004, fueron emplazados los cónyuges y la Fiscal del Ministerio Público se dio por notificada el 14 de Octubre de 2004, como consta en la boleta que cursa al folio diecisiete (17) del expediente. Los solicitantes: MIRNA JOSEFINA COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ Y PEDRO MANUEL FLORES HERNANDEZ, debidamente asistidos por su abogado se dieron por citados renunciaron al lapso de comparencia y ratificaron en todas y cada una de sus partes la solicitud de DIVORCIO presentada, en fecha 06 de septiembre de 2004, tal como consta en el folio quince (15) del expediente. En el presente caso se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por el artículo 185-A del Código Civil, por lo que de acuerdo con la citada disposición y siendo la oportunidad legal, esta Juez Unipersonal Nro. 1 de la Sala de Juicio Única del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Carabobo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la presente solicitud, formulada por los ciudadanos debidamente identificados en autos y en consecuencia, y disuelto el vínculo matrimonial que los unía desde el 03 de Noviembre de 1989 como consta en la Partida de Matrimonio Nro. 208, fecha en que contrajeron matrimonio ante la Primera autoridad de la Parroquia La pastora, Municipio Libertador, Distrito Federal. Y dando cumplimiento a lo consagrado en el artículo 351 Parágrafo Primero de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se establece: En cuanto a la PATRIA POTESTAD de la adolescente DANIELA COROMOTO FLORES GONZALEZ será compartida por ambos progenitores de acuerdo con lo establecido en el artículo 349 ejusdem. Con respecto a la GUARDA Y CUSTODIA de la adolescente DANIELA COROMOTO FLORES GONZALEZ la ejercerá la madre, la ciudadana MIRNA JOSEFINA COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ, tal como lo ha venido ejerciendo desde la separación de conformidad con lo pautado en el artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En referencia al REGIMEN ALIMENTARIO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, esta será ejercida por ambos progenitores. El padre, el ciudadano se compromete a pasar como obligación alimentaria la cantidad de cuarenta y cinco mil bolívares (Bs. 45.000,oo) mensuales. Previéndose ajuste en forma automática y proporcional, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 369 ejusdem, y fundamentado en las disposiciones contenidas en la Sección Tercera, correspondiente a OBLIGACIÓN ALIMENTARÍA, en los artículos 372, 373 y 374 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En lo que se refiere al REGIMEN DE VISITAS en cuanto todo de conformidad con lo preceptuado a los artículos 385 y 387 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. El padre podrá visitar a la menor tal y como lo ha venido haciendo desde la separación de hecho, esto significa que serán dichas visitas los fines de semana en el inmueble donde vive la Adolescente, obligándose el padre a mantener buena conducta y respeto al visitarla. Además, ambos padres se obligan a cuidar de su formación integral, orientando en la conducta, formación y desarrollo de su personalidad, cumpliendo así las obligaciones inherentes a la familia consagradas en el artículo 5 ejusdem, “… el padre y la madre tienen responsabilidad y obligaciones comunes e iguales en todo lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos…”(negrillas de la sala). Liquídese la Comunidad Conyugal. La Fiscal del Ministerio Público no formuló oposición. Publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio Única del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Carabobo, en Valencia, a los tres (03) días del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Cuatro. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación. LA JUEZ PROFESIONAL DE PROTECCION Dra. ELOISA SANCHEZ BRITO LA SECRETARIA La anterior sentencia fue dictada, publicada y agregada en su fecha, a las tres en punto (03:00) de la tarde.- LA SECRETARIA Causa: Nro. 22.035.- ESB/mlpx.-