REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO JUEZ UNIPERSONAL No 2 DE LA SALA DE JUICIO No 1 Valencia, 16 Noviembre de 2004 193° y 145° CAPITULO I Mediante escrito presentado en fecha 14 de Septiembre de 2004, por los ciudadanos CARLOS AURELIO RINCON TORRES y ROSA MILADE URBANO HERNANDEZ colombiano el primero y venezolana la segunda, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números E-81.814.750 y V-12.311.765 respectivamente, asistidos por la Abogada en ejercicio NAQUERID MARQUEZ DE CORONADO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 55.115 y manifestaron por ante éste Tribunal, que contrajeron matrimonio Civil en fecha 25 de Febrero de 1.994, por ante la Prefectura de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Valencia, tal como se evidencia de la copia del acta de matrimonio que anexaron marcada “A”. De dicha unión fue procreada una (01) hija que lleva por nombre SANDRA MILAYDI RINCON URBANO, de diez (10) años de edad, según se evidencia de la partida de nacimiento que acompaña a los autos y que se encuentran separados desde hace más de cinco años, habiéndose producido una ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida conyugal, razón por la cual solicitaron se declare la disolución del mismo, conforme a los parámetros establecidos en el articulo 185-A del Código Civil. CAPITULO II En fecha 15 de Septiembre de 2.004 se admitió la solicitud y se ordenó la notificación a la Fiscal del Ministerio Público en materia de familia del Estado Carabobo y la comparecencia de los solicitantes a fin de ratificar la solicitud presentada. En fecha 14 de Octubre de 2004, comparecieron los solicitantes y ratificaron el contenido del escrito de solicitud de Divorcio. En fecha 10 de Noviembre 2.004 comparece la adolescente SANDRA MILAYDI, para ejercer su derecho de opinar y ser oída por la Juez, de conformidad con el artículo 80 de la LOPNA. En fecha 26 de Octubre de 2004, se notificó a la Fiscal del Ministerio Público y en la misma fecha presentó informe en el cual indica que no objeta que se declare el divorcio por el medio en estudio. Para decidir la sentenciadora observa: La disolución del vinculo conyugal fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo mayor de cinco años es una institución relativamente nueva en nuestro Derecho de familia, la cual fue desarrollada en la reforma parcial del Código Civil, que entró en vigencia en el año 1982, La razón fundamental que lleva al legislador patrio a incluir dicha reforma es básicamente asumir el divorcio como una solución a una situación insostenible para la pareja tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto no afecte a los demás integrantes de la familia, particularmente a los hijos, y desde el punto de vista formal el legislador ha pretendido con ello, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo sin que haya posibilidad de resarcir, como lo es precisamente, la separación de hecho voluntaria de la pareja, por el transcurso por más de cinco años, que debe legalizar, sin menoscabar los intereses fundamentales del estado en preservar las instituciones del matrimonio y por ende la familia como célula fundamental de la Sociedad; pero para que proceda la disolución del vinculo conyugal por el medio en estudio, el legislador ha establecido los supuestos requeridos para ello: PRIMERO: Que la solicitud debe ser presentada personalmente por los interesados y por ante el Juez competente en asuntos de familia de la jurisdicción del último domicilio conyugal, en el caso que nos ocupa y por cuanto fueron creados los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente en fecha primero de Abril, y de conformidad con lo establecido en el articulo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente es éste el Tribunal competente. SEGUNDO: Que acrediten el acta de matrimonio, a los fines de dejar constancia de su celebración y tiempo de vigencia del mismo. TERCERO: La declaración de que han permanecido separados de hecho, por más de cinco años y CUARTO: Que el Ministerio Público no objetare dicha solicitud. En el caso de marras y del análisis de las actas procesales que conforman el expediente, se observa que se han cumplido con todas las formalidades exigidas tanto en el articulo 185-A del Código Civil, como los requisitos del articulo 351 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su parágrafo Primero, para que prospere la solicitud de Divorcio incoado por los ciudadanos CARLOS AURELIO RINCON TORRES y ROSA MILADE URBANO HERNANDEZ, supra identificados en autos y así se declara. CAPITULO III En fuerza de las anteriores consideraciones, éste Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos CARLOS AURELIO RINCON TORRES y ROSA MILAYDI URBANO HERNANDEZ colombiano el primero y venezolana la segunda, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números E-81.814.750 y V-12.311.765 respectivamente, con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil. En consecuencia, se declara disuelto el vínculo conyugal existente entre ellos contraído en fecha 25 de Febrero de 1.994, por ante la Prefectura de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Valencia, Estado Carabobo. Por dispositivo del fallo se establece: La patria potestad sobre la adolescente SANDRA MILAYDI será ejercida conjuntamente por ambos padres, por dispositivo legal, la misma quedará bajo la Guarda de la Madre quien la ha ejercido durante el tiempo que han estado separados de hecho. Con relación a la obligación alimentaria: el Padre ha venido cumpliendo desde la separación de hecho de una amanera atenta y continua con la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00) mensuales, y a partir de la presente sentencia cancelará CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00) dicha cantidad equivale al 0,46% de un salario mínimo legal, en consecuencia dicha obligación alimentaria aumentará en forma automática en la medida en que aumente el salario mínimo legal establecido por el ejecutivo nacional; el cual para el momento de dictar la presente sentencia es de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100 CTS (Bs. 321.235,20). Igualmente suministrará vestido y calzado a su hija dos veces al año. En cuanto al Régimen de Visitas: Es y seguirá siendo abierto, siempre y cuando no interrumpa las horas de descanso, actividades escolares y deportes que realice la adolescente. En cuanto a la comunidad de gananciales este Tribunal no hace pronunciamiento por cuanto no existe en autos constancia de su existencia. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. DEJESE COPIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio No 1, del TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, Valencia los dieciséis (16) días del mes de Noviembre del año 2004.- Años 193° de la Independencia y 145° de la Federación. La Juez de Protección, La Secretaria, Abg Flor Maria Torres V Abog. Morela Sereno En la misma fecha se público la anterior sentencia. La Secretaria, Abog. Morela Sereno FMT/karem.- Exp. 23.353.-