JUEZ PONENTE: OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
EXPEDIENTE N° AB41-O-2004-000001

En fecha 22 de septiembre de 2004, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos ( U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 1635-03-7829 de fecha 10 de septiembre de 2003, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, anexo al cual remitió expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensión de amparo cautelar por el ciudadano DIMAS EULOGIO CASTILLO REA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 3.756.726, Médico Cirujano, inscrito en el Colegio de Médicos del Estado Lara bajo el N° 2.549 y M.S. N° 31.407, asistido por el abogado JOHNNY GREGORIO NARVÁEZ TOVAR, titular de la Cédula de Identidad N° 10.143.424 e inscrito en Inpreabogado bajo el N° 65.392, contra el acto administrativo N° AMJ-DP-2003-003, de fecha 22 de enero de 2003, emanado de la DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA, mediante el cual se le notificó su traslado a otros centros de atención médica para que prestara servicios profesionales como Médico General, diferente a donde venía desempeñándose normalmente.

La remisión se efectuó a los fines de dar cumplimiento a la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la sentencia dictada en fecha 2 de junio de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró inadmisible la pretensión de amparo cautelar interpuesta.

El 8 de noviembre de 2004, se dio cuenta a la Corte y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente al Juez OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, a los fines de que la Corte decida sobre la referida consulta.

En fecha 9 de noviembre de 2004, se pasó el expediente al Juez ponente.

Vista la incorporación del Juez RAFAEL ORTIZ ORTIZ, a partir del 18 de marzo de 2005, se reconstituyó la Corte quedando de la siguiente manera: TRINA OMAIRA ZURITA, Presidenta, OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Vicepresidente y, RAFAEL ORTIZ ORTIZ, Juez.

El 7 de junio de 2005, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y se ratificó la ponencia del Juez OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL.

Mediante sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el N° 1.307, de fecha 22 de junio de 2005, dicho Órgano Jurisdiccional, declaró la derogatoria parcial del artículo 35 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En fecha 1° de julio de 2005, se publicó el mencionado fallo, en la Gaceta Oficial N° 38.220.

Realizada la lectura individual del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO CAUTELAR

En fecha 19 de mayo de 2003, el ciudadano DIMAS EULOGIO CASTILLO REA, asistido por el abogado JOHNNY GREGORIO NARVÁEZ TOVAR, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con pretensión de amparo cautelar contra el acto administrativo N° AMJ-DP-2003-003, de fecha 22 de enero de 2003, emanado de la DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA, fundamentado en las siguientes razones de hecho y de derecho:

Que en fecha 22 de enero de 2003, recibió de la Oficina de Personal de la Alcaldía del Municipio Jiménez, un oficio de la misma fecha en la cual se le notificaba que a partir del día viernes 24 del referido mes, su desempeño ya no sería como venía ocurriendo desde que ingresó a dicho cargo el día 2 de enero de 1992, sino que debía prestar sus servicios profesionales como Médico General adscrito a ese ente Municipal, los días : Lunes y Miércoles, en el ancianato Pedro Ernesto Jiménez, los días Martes y Jueves en el Jardín de Infancia Quibor y los días Viernes en el ancianato Nuestra Señora de los Reyes.

Adujo, que en ningún momento la Alcaldía del Municipio Jiménez a través de la Dirección de Personal, le hizo tal planteamiento de “traslado o transferencia” de su puesto de trabajo a otros sitios, si no que fue una decisión unilateral y arbitraria, la cual cambia completamente su sitio original de trabajo, constituyendo una clara y evidente desmejora por tratarse de hechos que alteran radicalmente las condiciones de seguridad, que atentan contra su estabilidad laboral y que indubitablemente es una violación flagrante a la vigente Contratación Colectiva, por cuanto no hubo un mutuo acuerdo entre el “Patrono”, su persona como empleado y el Sindicato.

Que, en fecha 10 de mayo de 2003, apareció publicado en el cuerpo “A” Página A-4 del Diario “El Informador” de la ciudad de Barquisimeto, un cartel mediante el cual se le notifica de la apertura de una averiguación administrativa disciplinaria, del cual se desprende que dicho procedimiento prescinde total y absolutamente de los requerimientos legales, lo que lo hace nulo de toda nulidad.

Igualmente señaló, en relación al procedimiento instaurado en su contra, que en él se menciona una presunta incursión en las causales de destitución consagradas en el artículo 86.2.4.6.9 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; cuando el contenido de dicho artículo no se corresponde a la calificación que se pretende dar, constituyendo una errónea aplicación del instrumento legal señalado.

Que, de igual forma se incurrió en errónea aplicación al señalarse en el referido cartel, que contaba con un lapso de cinco (5) días hábiles para la imposición de los cargos, lo que no se constituye con la norma legal aplicable, constituyendo una violación al derecho a la defensa y al debido proceso.

Señaló, que mal puede la Oficina de Personal de la Alcaldía del Municipio Jiménez siguiendo instrucciones expresas del Alcalde, instaurar una averiguación administrativa disciplinaria en su contra, sin mediar un procedimiento de calificación de despido, por cuanto le asiste el derecho a la inamovilidad consagrado en la Convención Colectiva que se encontraba en discusión contractual.

Asimismo, fundamentó la pretensión en la vigente Convención Colectiva del Sindicato Único de Empleados de la Alcaldía y sus Similares del Municipio Jiménez (S.U.E.C.O.N.M.U.N.) en la Cláusula Novena y Décima que establecen que “Los beneficios, económicos, sindicales, gremiales, profesionales, culturales e institucionales obtenidos por los empleados de la Alcaldía, sus similares, afines y conexos, en la Constitución, Leyes, Reglamentos, Decretos, Ordenanzas y Resoluciones son derechos adquiridos, y por lo tanto siguen teniendo plena vigencia siempre y cuando no desmejoren los aspectos que estén contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo” y “La Alcaldía conviene en que cuando un empleado de la Institución que no sea de libre nombramiento y remoción vaya a ser transferido de cargo o departamento a otro, tiene que hacerse de mutuo acuerdo entre el patrono, el empleado y el sindicato”, respectivamente.

Que “Sobre la base del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los cuales se incluye este derecho en condiciones de oralidad, publicidad, brevedad, prontitud de la decisión entre otras, solicito: Que esta operadora de justicia dicte un mandamiento de amparo cautelar para que se restituya la situación jurídica infringida y en consecuencia se ordene mi reincorporación a la prestación de las funciones como médico titular de la Alcaldía del Municipio Jiménez, las cuales venía cumpliendo en el consultorio que funciona en dicha dependencia municipal”.

Finalmente, solicitó que se declare la nulidad absoluta del Oficio N° AMJ-DP-2003-003 de fecha 22 de enero de 2003, emanado de la Dirección de Personal de la Alcaldía del Municipio Jiménez del Estado Lara, así como, con fundamento en el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, requirió la nulidad de la averiguación administrativa disciplinaria N° DP-010403, aperturada en su contra y, por ende, se declare con lugar la acción interpuesta.


II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente asunto y en tal sentido se observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 725 de fecha 29 de junio de 2004, caso: Karely Violeta Abunassar Aponte vs. Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR), señaló:

“(…) visto que el presente caso versa sobre la consulta de un fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, con ocasión de la acción autónoma ejercida, resulta indubitable que la alzada natural para conocer de la consulta antes señalada, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y no esta Sala Político Administrativa.”. (Negrillas de esta Corte).


Tal criterio fue precisado por la Sentencia de la Sala Político Administrativa, Nº 2271, de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Tecno Servicios Yes´Card, C.A., donde la referida Sala actuando en su condición de rectora y cúspide de la Jurisdicción Contencioso Administrativa delimitó el ámbito competencial de estas Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, reconociéndolas expresamente como alzadas naturales de los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos.

Con base en las consideraciones realizadas ut supra, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer del caso de autos. Así se declara.

Visto lo anterior, debe esta Órgano Jurisdiccional realizar las siguientes precisiones:

La presente causa ingresó por ante la U.R.D.D. de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 22 de septiembre de 2004, dándose cuenta a la Corte en fecha 8 de noviembre de 2004 y designándose el Juez Ponente en esa misma fecha.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2005, signada con el N° 1.307, declaró que la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, había derogado parcialmente el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto a la consulta de los fallos de amparo constitucional, al respecto indicó lo siguiente:

“(…) 1.Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:

‘Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días’.

La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.

Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo.

El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.

Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.

En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.

Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho ‘a obtener con prontitud la decisión correspondiente’ y a una justicia ‘expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles’ y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: ‘El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...’. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.

Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional.

En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables.

En este sentido, se observa que la norma derogatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
‘Única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución’.

Así, con la entrada en vigencia de la Constitución, se produjeron efectos derogatorios respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas. La consecuencia de tales efectos es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado, y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución”. (Resaltado de la Corte)

Luego de la trascripción de los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala concluyó que:
“(…) Después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
(…)

Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”. (Negrillas de esta Corte)

De la lectura del fallo parcialmente trascrito se observa claramente que la Sala estableció que las consultas constituyen, en algunos casos, una limitación a los principios de economía y celeridad procesal, impuso una condición para que éstas pudieran ser decididas, la cual consiste en que cualquiera de los justiciables concurra por ante el respectivo Tribunal, a fin de que manifestaran su interés en que se decidiera la consulta en curso, dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la publicación de la sentencia de la Sala Constitucional en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual ocurrió el 1° de julio de 2005. En consecuencia los 30 días a los que hacía referencia el fallo, vencieron el 31° de julio de 2005.

En razón de lo anterior, se observa que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia que ninguna de las partes del presente proceso de amparo constitucional, hayan concurrido por ante esta Corte a manifestar su interés en que la consulta de autos sea en efecto decidida, pues corre inserta al folio 37 del expediente el auto por medio del cual esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y se ratificó la ponencia, siendo ésta la última actuación en el procedimiento y, vencido como se encuentra el lapso de 30 días al cual hace mención la sentencia in refero, esta Corte ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en acatamiento a lo dispuesto en el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia citado supra. Así se decide.


III
DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

1.- COMPETENTE para conocer de la Consulta de la sentencia dictada en fecha 2 de junio de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró inadmisible la pretensión de amparo cautelar interpuesta por el ciudadano DIMAS EULOGIO CASTILLO REA, asistido por el abogado JOHNNY GREGORIO NARVÁEZ TOVAR, contra el acto administrativo N° AMJ-DP-2003-003, de fecha 22 de enero de 2003, emanado de la DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA, mediante el cual se le notificó su traslado a otros centros de atención médica para que prestara servicios profesionales como Médico General, diferente a donde venía desempeñándose normalmente.

2.- ORDENA LA REMISIÓN del presente expediente al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en acatamiento a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2005, signada con el N° 1.307, por cuanto las partes involucradas en esta pretensión no han manifestado interés en que sea decidida.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los once (11) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.


La Jueza Presidenta,

TRINA OMAIRA ZURITA

El Juez Vicepresidente,

OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
Ponente




El Juez,


RAFAEL ORTIZ-ORTIZ





La Secretaria Temporal,


MORELLA REINA HERNÁNDEZ




Exp.- N° AB41-O-2004-000001.-
OEPE/5.-


En la misma fecha, once (11) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo la una hora y cinco minutos de la tarde (1:05 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001011.

La Secretaria Temporal