TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ
EXPEDIENTE N° AP42-O-2004-001002

- I -
NARRATIVA

Se inició el presente procedimiento por demanda presentada el 11 de agosto de 2003 por ante el Juzgado Primero del Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por el ciudadano FRANCISCO ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 16.323.716, asistido por el abogado Jesús Gerardo Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 92.440, contentivo de pretensión de amparo constitucional autónomo contra la sociedad mercantil VARKLY, C.A., para lograr la ejecución por vía de amparo constitucional de la Providencia administrativa n° 211 de fecha 8 de abril de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, realizada por el mencionado ciudadano.

En fecha 17 de diciembre de 2003, el referido Juzgado de Primera Instancia, declaró su incompetencia para conocer de la pretensión de amparo constitucional ejercida y, en consecuencia declinó el conocimiento de la misma al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, el cual recibió el presente expediente en fecha 12 enero de 2004.

El 17 de marzo de 2004, fijó el acto de exposición oral de las partes, para el día 19 de marzo de 2004 y el 24 de marzo de 2004, declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada.

En fecha 5 de abril de 2004, transcurrido el lapso correspondiente para la interposición de la apelación, contra el fallo dictado y visto que no se ejerció tal recurso, el mencionado Juzgado Superior, dado que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, órgano competente para el conocimiento en alzada de las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores Contencioso Administrativo, se encontraba cerrada, ordenó remitir el presente expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En fecha 9 de septiembre de 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó remitir el expediente a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que se pronuncie sobre la consulta del fallo dictado.

En fecha 22 de diciembre de 2004, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo oficio n° 04-2503 del 21 de septiembre de 2004, emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, anexo al cual remitió el presente expediente, en virtud de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 1 de marzo de 2005, se dio cuenta a la Corte y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente a los fines de que dicte la decisión correspondiente.

Reconstituida la Corte por la incorporación del Juez RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, la misma quedó conformada de la siguiente manera: TRINA OMAIRA ZURITA, Jueza-Presidenta; OSCAR ENRIQUE PIÑATE, Juez-Vicepresidente y RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez. Por auto de fecha 22 de marzo de 2005, se reasignó la ponencia a quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Analizadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, se pasa a dictar decisión con base en la argumentación siguiente:

- II -DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA PRETENSIÓN

1. PRETENSIÓN JURÍDICA DEL QUERELLANTE

En su escrito libelar, la parte querellante en amparo, fundamentó su pretensión en lo siguiente:

En efecto ciudadano Juez Constitucional, posterior a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, Nro. 211 de fecha 08/04/2003 dictada o emanada de la Inspectoría del Trabajo de el (Sic) Estado Lara, como consecuencia del procedimiento de Reenganche tramitado en el expediente Nro. 2140/2002, solicitado por mi persona cuya decisión definitiva fue declarada CON LUGAR, en razón de los alegatos y probanzas expuestos en cada uno de los procedimientos, en especial la CONFESIÓN FICTA, en que incurre el demandado en el procedimiento admitiendo en el mismo que fui Despedido Injustamente.
Sin embargo y posterior a la fecha 03/07/2.003, donde se le notificó a la empresa mediante Boleta de Notificación, la cual fue suscrita por la Cajera del Negocio en ese momento Diana Gómez, (…), además de haberse fijado cartel de notificación en la puerta principal del establecimiento y cuya boleta consta en la copia que se anexa de la Providencia Administrativa, donde se le ordenaba a la empresa que debía proceder a REENGANCHARME y a cancelarme los Salarios Caídos generados durante el procedimiento hasta la efectiva reincorporación, en las mismas condiciones que disfrutaba como si nunca me hubiesen DESPEDIDO, como expresamente lo ordena la Resolución Administrativa, hecho que hasta la presente fecha en que se interpone este recurso el querellado haya querido cumplir o exista hecho alguno que haga presumir su voluntad de acatar tal Resolución, ya que nada consta en el expediente que así haga evidenciar tal situación, ni mucho menos consta en las Actas Administrativas diligencia alguna que haga presumir que el patrono procederá a reengancharme y procederá a consignar LOS SALARIOS CAÍDOS dejados de percibir durante el procedimiento, como consecuencia del DESPIDO INJUSTIFICADO del cual fue objeto, conducta que demuestra claramente la voluntad negativa de no aceptar o cumplir con lo establecido en la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA y mucho menos cumplir con el REENGANCHE; voluntad que constituye una conducta violatoria de los derechos de mi persona, vulnerando mi derecho al trabajo, por el cual esta instancia debe velar.

En orden a lo anterior, la parte actora denunció la violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 3, 27, 49, 51, 55, 87, 89, y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refieren al derecho al bienestar social y a la dignidad de la persona, a ser amparado por los tribunales, al debido proceso, a representar o dirigir peticiones, a la protección del Estado, al trabajo, a un salario digno, a las prestaciones sociales y a la estabilidad laboral.

Finalmente concluye indicando que:

Por último y como quiera que lo primordial que se pretende es la restitución de la garantía de la norma jurídica infringida, solo (Sic) a los efectos de cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estimo la cuantía de la presente acción en la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 2.420.000,00), que representa los Salarios Caídos he (Sic) dejado de percibir a razón de DOSCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs. 220.000,00), calculados desde el día del Injusto Despido (16/09/02) hasta la fecha 16/08/03, más los que se sigan generando hasta su total y definitiva cancelación, sin incluir en dichos montos los demás conceptos que por Ley me puedan corresponder y a los cuales tengo derecho (Aguinaldos, Vacaciones, Bono de Fin de Año, Utilidades, etc).

2.- PRETENSIÓN JURÍDICA DE LA QUERELLADA:

Esta Corte observa, al momento de establecer la pretensión de la querellada, “Varkly, C.A.”, que consta en actas que la representación judicial de la demandada no compareció a exponer sus alegatos y defensas, en la oportunidad fijada para que tuviera lugar la audiencia constitucional.

- III -
DE LA COMPETENCIA

Como punto previo, este órgano jurisdiccional considera necesario pronunciarse acerca de su competencia para conocer sobre la consulta de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 24 de marzo de 2004, que declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta.

En este sentido, se observa que de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, atendiendo asimismo lo señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias n° 2002/2862 de fecha 20 de noviembre y n° 2004/2016 de fecha 8 de septiembre, las cuales establecieron la competencia para conocer “de las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. (Subrayado y resaltado de esta Corte).

Atendiendo igualmente lo señalado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29 de junio de 2004, expediente nº 04-0498, la cual sostuvo que “en los casos en que el conocimiento de las acciones de amparo en primera instancia corresponda a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de las apelaciones y consultas que se ejerzan contra las sentencias que estos pronuncien, será competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”, debe forzosamente declarar su competencia para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 24 de marzo de 2004. Así se decide.

- V -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Mediante sentencia de fecha 24 de marzo de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental declaró con lugar la pretensión de amparo, pero dado que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se encontraba cerrada, ordenó remitir el presente expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en fecha 9 de septiembre de 2004, ordenó remitir el expediente a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que se pronuncie sobre la consulta del fallo dictado.

De seguidas, esta Corte a los fines de decidir la presente consulta observa:

En fecha 22 de junio de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia mediante la cual interpretó el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalando al respecto:

Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:

“Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.”

La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.

Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo.

El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.

Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.

Asimismo se observa, que el fallo bajo estudio hace hincapié en el recargo de trabajo que generan las causas en consultas, contrariando de tal forma el precepto constitucional establecido en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, al indicar:

En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.

Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” y a una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...”. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.

Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional.
En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables.

Por último concluye, que en aplicación de la disposición derogatoria única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la institución de “la consulta” quedó derogada, considerando al efecto:

La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
(…)
Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación.
(…)
Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara.

Del fallo parcialmente transcrito, se observa, que la Sala consideró que los expedientes remitidos en consulta, contienen decisiones las cuales se presume, que todas las partes están conformes por no haber sido impugnadas, constituyendo más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal, condicionando la decisión de las mismas, a que cualquiera de las partes involucradas manifiesten su interés en que se decida la consulta que esté pendiente, para lo cual otorgó el lapso de treinta (30) días posteriores a la publicación del fallo en Gaceta Oficial, lapso éste que comenzó a computarse desde el día 1º de julio de 2005, venciendo el mismo en fecha 31 de julio del mismo año.

Ahora bien, una vez revisadas las actas que conforman la presente pretensión de amparo constitucional incoada por el ciudadano Francisco Alvarado, contra la sociedad mercantil Varkly, C.A., no se evidencia que ninguna de las partes involucradas hayan acudido ante esta Corte a los fines de manifestar su interés en que la presente consulta se decida, toda vez que la última actuación que cursa a las actas corresponde al auto de fecha 22 de marzo de 2005, mediante el cual se reconstituyó a la Corte y se reasignó la ponencia al Magistrado que suscribe el presente fallo, y siendo que en fecha 31 de julio del mismo año venció el lapso otorgado por la Sala Constitucional a los fines de cumplir tal condición, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en cumplimiento del fallo dictado por la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, quedando definitivamente firme la decisión sujeta a consulta. Así se decide.

- V -
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DEFINITIVAMENTE FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional autónomo interpuesta por el ciudadano FRANCISCO ALVARADO contra la sociedad mercantil VARKLY, C.A., antes identificadas, conforme lo establecido en sentencia nº 2005/1307 del 22 de junio, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que las partes involucradas en la presente causa no manifestaron su interés en que la presente consulta fuere decidida.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Año 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Jueza-presidente,

TRINA OMAIRA ZURITA

El Juez-vicepresidente,

OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL

RAFAEL ORTIZ-ORTIZ.
Juez-Ponente
La Secretaria Temporal,

MORELLA REINA HERNANDEZ

EXP N° AP42-O-2004-001002
ROO/ldc

En la misma fecha doce (12) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo la una y treinta y seis minutos de la tarde (01:36 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001057.

La Secretaria Temporal