JUEZA PONENTE: TRINA OMAIRA ZURITA
ASUNTO N°: AP42-O-2005-000170
En fecha 11 de febrero de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, el Oficio N° 04-1597 del 22 de noviembre de 2004, proveniente del Juzgado Superior Cuarto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual se remitió copias certificadas del expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por la abogada JENNY ELIZABETH RAMÍREZ SANABRIA, inscrita en el inpreabogado bajo el nro. 91.678, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ALBERTO JOSE MILANO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.243.933, contra ELECTBUS, S.A, Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de octubre de 1997, bajo el número 80, tomo 158-A-Qto, por el presunto incumplimiento de la Providencia Administrativa Nro. 0226-03 de fecha 16 de junio de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, Estado Miranda que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del referido ciudadano.
Tal remisión se efectuó en virtud de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, del fallo dictado por el referido Juzgado el 1 de septiembre de 2004.
El 28 de febrero de 2005, se dio cuenta a la Corte y se designó ponente a la Jueza TRINA OMAIRA ZURITA, a los fines de decidir la presente causa.
En fecha la misma fecha se pasó el expediente a la Jueza Ponente.
Por la incorporación del Juez RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, en fecha 18 de marzo de 2004, quedó reconstituida la Corte de la manera siguiente: TRINA OMAIRA ZURITA, Presidenta; OSCAR PIÑATE ESPIDEL, Vice-Presidente; RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el expediente, esta Corte pasa a pronunciar la sentencia con base en las siguientes consideraciones:
I
NARRATIVA
Se inicia la presente causa con ocasión de la pretensión de amparo constitucional interpuesta en fecha 2 abril de 2004, ante el Juzgado Superior Sexto de lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital por la apoderada judicial del ciudadano ALBERTO JOSE MILANO DÍAZ, antes identificados, en contra ELECTBUS, S.A. por el presunto incumplimiento de la Providencia Administrativa Nro. 0226-03 de fecha 16 de junio de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, Estado Miranda que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del referido ciudadano.
En fecha 13 de abril de 2004, el Juzgado Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo admitió la pretensión de amparo constitucional, ordenando las notificaciones respectivas de las partes.
En la oportunidad fijada para la celebración de la audiencia oral y pública -10 de agosto de 2004- el referido Juzgado dejó constancia de la comparecencia de las partes. Finalmente la Jueza procedió a fijar un lapso de cinco (05) días para dictar el fallo definitivo.
En fecha de agosto de 2004, la representante de la Fiscalía Décima Quinta a Nivel Nacional con Competencia en lo Contencioso Administrativo presentó opinión de la Institución que representa.
En fecha 1 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo declaro con lugar la pretensión de amparo interpuesta.
1.1.- DE LA DECISIÓN EN CONSULTA.
Mediante sentencia del 1° de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta. Para ello razonó de la siguiente manera:
“Empero, de las actas Procesales que conforman el expediente no se evidencia que se hubiere ejercido recurso alguno contra la Providencia Administrativa accionada y, en consecuencia, esta alcanzó firmeza, razón por la cual corresponde a este Juzgado pronunciarse sólo en cuanto a su ejecución y no habiendo pruebas en el expediente de que se hubiere cumplido con la orden de reenganche y consecuencial pago de lo salarios caídos al accionante, estima el Tribunal que efectivamente la empresa agraviante ha incurrido en violación de los derechos constitucionales del quejoso referidos al trabajo, a la estabilidad laboral y al salario. Así se declara”.
-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la presente causa, para lo cual observa lo siguiente:
La presente causa se inició con ocasión de la pretensión de amparo constitucional por la abogada JENNY ELIZABETH RAMÍREZ SANABRIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 91.678, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ALBERTO JOSE MILANO DÍAZ, contra ELECTBUS, S.A, la cual fue declarada CON LUGAR por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante sentencia de fecha 1° de septiembre de 2004, por considerar que se violaron los derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral consagrados en los artículos 87 y 93 de la Carta Magna.
Posteriormente, el referido Juzgado mediante Oficio Nro. 04-1597, de fecha 22 de noviembre de 2004, remitió el expediente en original a esta Corte para conocer de la consulta de ley de la decisión antes señalada toda vez que no se había ejercido el recurso de apelación contra la misma, todo ello conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que:
“Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días”.
Ahora bien, respecto a la consulta contenida en la norma antes transcrita, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en reciente decisión señaló que dicha institución procesal fue derogada de manera tácita por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente, toda vez que la misma resulta contraria a los artículos 26, 27 y 257 de la Carta Magna. En ese sentido, dicha Sala precisó sobre este punto, lo siguiente:
“La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.
(…)
El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.
Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.
En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.
Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” y a una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...”. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.
(…)
Así, con la entrada en vigencia de la Constitución, se produjeron efectos derogatorios respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas. La consecuencia de tales efectos es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado, y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución.
(…)
La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación.
A través de dicho recurso, se mantiene incólume el derecho al recurso ante Juez o Tribunal Superior que establecen los artículos 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, con mayor amplitud, el artículo 8, inciso 2, letra h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), sin menoscabo de la integridad del principio del doble grado de jurisdicción (…)” (SC/TSJ sentencia N° 1307 del 02/06/05) (Resaltado de esta Corte)
Finalmente, la Sala estableció los efectos del citado fallo en el sentido siguiente:
(…) en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”.
Cabe acotar que la anterior decisión comenzó a surtir sus efectos a partir del 1° de julio de 2005, fecha en la cual fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38.220, por lo que el lapso de treinta (30) días a los que alude la referida sentencia para que las partes manifestaran su interés a fin de que se decidiera la consulta culminó el día 31 de julio de 2005.
Con vista a lo anterior esta Corte observa que entre el 2° de julio de 2005 y el 4 de agosto de 2005, han transcurrido ampliamente los treinta (30) días de publicación en Gaceta Oficial de la sentencia parcialmente transcrita, sin que las partes hayan acudido al Órgano Jurisdiccional a manifestar su interés en que la presente consulta sea decidida.
Por lo que en aplicación del criterio contenido en dicha sentencia el cual tiene carácter obligatorio para los Tribunales de la República, esta Corte declara DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 1° de septiembre de 2004, por el JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL y se ORDENA la remisión del presente expediente al referido Juzgado. Así se decide.
-III-
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 1° de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta por la abogada JENNY ELIZABETH RAMÍREZ SANABRIA, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano ALBERTO JOSE MILANO DÍAZ, contra ELECTBUS, S.A., antes identificados.
2.- En consecuencia, se ORDENA la remisión del expediente al JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL.
Publíquese y regístrese. Déjese copia del presente fallo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los doce (12) días del mes Agosto de dos mil cinco (2005). Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
LA JUEZA PRESIDENTA,
TRINA OMAIRA ZURITA
PONENTE
EL JUEZ VICE-PRESIDENTE,
OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
EL JUEZ,
RAFAEL ORTIZ-ORTIZ
LA SECRETARIA,
MORELLA REINA HERNANDEZ
En la misma fecha de hoy, doce (12) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo las tres horas y cincuenta minutos de la tarde (3:50pm), se publicó y registro la presente sentencia, bajo el N°.AB412005001081.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
MORELLA REINA HERNANDEZ.
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