EXPEDIENTE N° AP42-O-2005-000296
JUEZ PONENTE: OSCAR PIÑATE ESPIDEL

En la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo se recibió el 11 de marzo de 2005, Oficio N° 05-470 del 7 de marzo de 2005, emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual remitió expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional intentada por la ciudadana MIREYA PARADA, titular de la Cédula de Identidad Nro 11.714.499, asistida por la abogada HONEY MONTILLA BITRIAGO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro.87.960, procediendo con el carácter de Procuradora del Trabajador en el Estado Barinas, a los fines de que se ordene la ejecución de la Providencia Administrativa N° 68, del 15 de septiembre de 2003, de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO BARINAS, la cual ordenó a la empresa AUTO SERVICIOS L.T, representada por el ciudadano TOMÁS ALFREDO SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad N° 5.468.077, el reenganche y pago de los salarios caídos de la identificada pretensora.

Tal remisión se efectuó, a los fines de cumplir con la consulta que se encuentra prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de la sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, del 18 de febrero de 2004, la cual declaró CON LUGAR la pretensión de amparo interpuesta.

El 21 de marzo de 2005, se dio cuenta a la Corte, y por auto de la misma fecha se designó ponente al Juez OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL. En esta misma fecha, se pasó el expediente al Juez ponente, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Mediante sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el N° 1.307, de fecha 22 de junio de 2005, dicho Órgano Jurisdiccional, declaró la derogatoria parcial del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En fecha 1° de julio de 2005, se publicó el mencionado fallo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir el asunto planteado, previa las siguientes consideraciones:

I
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El 21 de noviembre de 2003, la ciudadana MIREYA PARADA, ya identificada en autos, asistida por la abogada HONEY MONTILLA BITRIAGO, procediendo en su carácter de Procuradora del Trabajador en el Estado Barinas, interpuso pretensión de amparo constitucional a los fines de que se ordene la ejecución de la Providencia Administrativa N° 68, del 15 de septiembre de 2003, de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO BARINAS, la cual ordenó a la empresa AUTO SERVICIOS L.T, representada por el ciudadano TOMÁS ALFREDO SALAZAR, ya identificado, el reenganche y pago de los salarios caídos de la identificada pretensora, con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que el 5 de agosto de 2003, fue despedida por el ciudadano TOMÁS ALFREDO SALAZAR, y posteriormente se dirigió el 7 de agosto de 2003, a la Procuraduría Especial del Trabajador del Estado Barinas e introdujo su reclamación de reenganche y pago de salarios caídos, seguidamente se presentó por ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas e introdujo dicha solicitud.

Así señaló que el 28 de agosto de 2003, la mencionada Inspectoría del Trabajo siguió el procedimiento establecido en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, procediendo a levantar un acta en dicha Inspectoría, donde el ciudadano TOMÁS ALFREDO SALAZAR, representante legal de la empresa AUTOSERVICIOS L.T, manifestó que la ciudadana MIREYA PARADA, es trabajadora de la mencionada empresa:
“(…) afirmando la relación laboral y reconoce la estabilidad laboral de la trabajadora y por ende afirma que efectivamente ejecutó el despido y por cuanto el resultado de este interrogatorio fue positivo, no siendo en ningún momento previa declaración del patrono controvertido se solicitó al ciudadano Inspector la reposición de la trabajadora a su situación laboral anterior y ordene el pago de los salarios caídos, no siendo necesario la apertura del procedimiento a pruebas.”
Expresó que a pesar que la Providencia Administrativa Nro. 68 del 15 de septiembre de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas, declaró con lugar la solicitud interpuesta, y ordenó el reenganche y pago de salarios caídos. La empresa AUTOSERVICIOS L.T, se negó a cumplirla alegando que ellos “(…) la habían reenganchado y no se le pagó los salarios caídos por que tenían que hablar con Luis para el respectivo pago y no la (iban) a reenganchar por que ella abandonó el trabajo”. (Paréntesis de la Corte).

Ante tal situación, en vista de que la Providencia Administrativa no tiene “apelación en cuanto a esa instancia”, solicitó a la Inspectoría del Trabajo, hacerse acompañar por un funcionario a los fines de verificar si se procedió a ejecutar su reenganche dejando constancia el funcionario en acta 6 de octubre de 2003, el hecho que la actora no había sido reincorporada a sus labores y que la habían sustituido por otra trabajadora; constando igualmente lo alegado por la parte patronal, señalado en el párrafo anterior.

Esgrimió que la negativa por parte de la empresa AUTOSERVICIOS L.T, representada por el ciudadano TOMÁS ALFREDO SALAZAR, en darle cumplimiento a la Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, constituye un desacato de una decisión que por disposición del artículo 456 de la Ley Orgánica del Trabajo, es inapelable y por lo tanto causa estado en vía administrativa, es de inmediata ejecución y de obligatorio cumplimiento, además su incumplimiento constituye una violación al derecho al trabajo consagrados en los artículos 87, 89 y 93 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por ende interpuso pretensión de amparo invocando los artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 11 de la Ley Orgánica del Trabajo, y artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicitando la protección y amparo a la que tiene derecho, y en consecuencia se ordenara su reenganche y pago de salarios caídos hasta su definitiva reincorporación en el cargo de obrera.


II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente asunto y en tal sentido se observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 725 de fecha 29 de junio de 2004, caso: Karely Violeta Abunassar Aponte vs. Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR), señaló:

“(…) visto que el presente caso versa sobre la consulta de un fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, con ocasión de la acción autónoma ejercida, resulta indubitable que la alzada natural para conocer de la consulta antes señalada, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y no esta Sala Político Administrativa.”. (Resaltado de esta Corte).


Tal criterio, fue precisado por la Sentencia de la Sala Político Administrativa, Nº 2271, de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Tecno Servicios Yes´Card, C.A., donde la referida Sala actuando en su condición de rectora y cúspide de la Jurisdicción Contencioso Administrativa delimitó el ámbito competencial de estas Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, reconociéndolas expresamente como alzadas naturales de los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos.

Con base en las consideraciones realizadas ut supra, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer del caso de autos. Así se declara.

Visto lo anterior, debe esta Órgano Jurisdiccional realizar las siguientes precisiones:

La presente causa ingresó por ante la U.R.D.D. de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 11 de marzo de 2005, dándose cuenta a la Corte en fecha 21 de marzo de 2005 y designándose el Juez Ponente en esa misma fecha.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2005, signada con el número 1.307, declaró que la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, había derogado parcialmente el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto a la consulta de los fallos de amparo constitucional, al respecto indicó lo siguiente:

“(…) 1.Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:
‘Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días’.
La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.
Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo.
El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.
Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.
En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.
Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho ‘a obtener con prontitud la decisión correspondiente’ y a una justicia ‘expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles’ y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: ‘El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...’. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.
Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional.
En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables.
En este sentido, se observa que la norma derogatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
‘Única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución’.
Así, con la entrada en vigencia de la Constitución, se produjeron efectos derogatorios respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas. La consecuencia de tales efectos es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado, y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución”. (Resaltado de la Corte)

Luego de la trascripción de los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala concluyó que:

“(…) Después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara. (…)
Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”. (Negrillas de la Corte).

De la lectura del fallo parcialmente trascrito se observa claramente que la Sala estableció que las consultas constituyen, en algunos casos, una limitación a los principios de economía y celeridad procesal e impuso una condición para que éstas pudieran ser decididas, la cual consiste en que cualquiera de los justiciables concurra por ante el respectivo Tribunal, a fin de que manifestaran su interés en que se decidiera la consulta en curso, dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la publicación de la sentencia de la Sala Constitucional en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual ocurrió el 1° de julio de 2005, en consecuencia los 30 días a los que hacía referencia el fallo, vencieron el 31 de julio de 2005.

En razón de lo anterior, se observa que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia que ninguna de las partes del presente proceso de amparo constitucional hayan concurrido por ante esta Corte a manifestar su interés en que la consulta de autos sea en efecto decidida, pues corre inserta al folio 122, la última actuación en el procedimiento de fecha 21 de marzo de 2005 (auto de designación de ponente) y vencido como se encuentra el lapso de 30 días al cual hace mención la sentencia in refero, esta Corte ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en acatamiento a lo dispuesto en el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia citado supra. Así se decide.







III
DECISION

Por las razones anteriormente expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

1.- COMPETENTE para conocer de la Consulta del fallo dictado en fecha 21 de enero de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes el cual declaró CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional incoada por la ciudadana MIREYA PARADA, ya identificada en autos, a los fines de que se ordene la ejecución de la Providencia Administrativa N° 68, del 15 de septiembre de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE L ESTADO BARINAS, mediante el cual se ordenó a la empresa AUTOSERVICIOS L.T., el reenganche y pago de los salarios caídos de la trabajadora reclamante antes identificada.

2.- ORDENA LA REMISIÓN del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en acatamiento a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2005, signada con el N° 1.307, por cuanto las partes involucradas en esta pretensión no han manifestado interés en que sea decidida la consulta que se encuentra prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Juez Presidenta,



TRINA OMAIRA ZURITA
El Juez Vicepresidente,



OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
Ponente
El Juez,



RAFAEL ORTIZ-ORTIZ



La Secretaria Temporal,



MORELLA REINA HERNANDEZ











Exp. N° AP42-O-2005-000296
OEPE/cgp/17


En la misma fecha doce (12) de agosto de dos mil cinco (2005) siendo las cuatro horas y cuarenta y un minutos de la tarde (04:41 p.m.), se publicó y registró la anterior bajo el N° AB412005001091.


La Secretaria Temporal