JUEZA PONENTE: TRINA OMAIRA ZURITA EXPEDIENTE Nº AP42-O-2005-000364 En fecha 4 de abril de 2005 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 448, de fecha 28 de marzo de 2005, proveniente del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, adjunto al cual se remitió el expediente Nº 6562, (nomenclatura de este Juzgado) contentivo de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RONALD ALEJANDRO VALDEZ RIVAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. 14.769.083, asistido por la abogada CARINA RUVIRA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 75.195, contra la sociedad mercantil SERENOS RESPONSABLES SERECA, C.A., inscrita ante la oficina de Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 57, Tomo 34-A, de fecha 30 de octubre de 1986. Dicha remisión se hizo en virtud de la consulta obligatoria de la decisión de fecha 30 de septiembre de 2004, dictada por el referido Juzgado, mediante la cual declaró con lugar la pretensión de amparo ejercida. En fecha 11 de abril de 2005 se dio cuenta a la Corte, y se designó Ponente a la Jueza Trina Omaira Zurita, a los fines de que esta Corte decida la consulta de Ley. El expediente fue pasado a la Ponente en la fecha antes indicada. Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Corte pasa a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones: I NARRATIVA 1. ANTECEDENTES La pretensión de amparo se interpuso en fecha 11 de mayo de 2004, por ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo del Área metropolitana de Caracas. Posteriormente el referido Juzgado, en funciones de distribuidor, remitió el expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 12 de mayo de 2004 el cual, la admitió, ordenando de conformidad con lo establecido en la sentencia N° 7, de fecha 1° de febrero de 2000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la notificación a las partes. La audiencia constitucional se celebró el día 20 de agosto de 2004, en la cual se dejó constancia de la inasistencia ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno de la parte presuntamente agraviante, concluidos los alegatos, Tribunal procedió a dictar sentencia declarando CON LUGAR, la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RONALD VALDEZ RIVAS. El 30 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital dictó sentencia, declarando con lugar la pretensión de amparo, ordenando a la agraviante: “cumplir con lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° 254-03, de fecha 16 de octubre de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador”. 2. DE LA SENTENCIA CONSULTADA La sentencia de fecha 30 de septiembre de 2004, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que conoció de la pretensión de amparo, declaró con lugar la misma. Los argumentos de la decisión son los siguientes: a.- Señaló que la pretensión de amparo se ejerce vista la negativa de la empresa SERENOS RESPONSABLES SERECA C.A. a darle cumplimiento a la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, fundamentando la accionante su pretensión en la presunta violación de sus derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad en el mismo consagrados en los artículos 87, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. b.- Que contra este tipo de conductas –omisivas-, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún tipo de previsión, que le permita al trabajador impugnar “la desobediencia de los patronos en acatar las providencias administrativas que dicten los inspectores del trabajo”. c.- Agregó que ante tal ausencia, tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, (sentencia de fecha 2 de agosto de 2001, caso; Nicolás Alcalá Ruiz), como la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (sentencia de fecha 22 de agosto de 2002, caso; Adelfo José Terán), se estableció que al comprobarse la contumacia del patrono al cumplir con la orden impartida por el Inspector del Trabajo, no existiendo un procedimiento idóneo para obtener la ejecución de la misma, le corresponde al Juez que conozca en sede constitucional preservar los derechos constitucionales que se le han conculcado al trabajador. d.- Que, “la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 30 de julio de 2003, caso: Rafael Orlando López Madriz Vs. Alcaldía del Municipio Valencia del Estado Carabobo, estableció los requisitos necesarios para acceder a la tutela judicial del estado, con miras a obtener el cumplimiento de la orden de reenganche expedida por el Inspector del Trabajo, al señalar: ... esta Corte reitera, que a los fines de poder solicitar y proceder a la ejecución de un acto administrativo de naturaleza laboral, es necesario que se cumpla con los presupuestos siguientes: 1) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad; 2) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo y 3) Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto.” e.- Que, “visto como ha quedado en autos, la negativa de la parte accionada en dar cumplimiento voluntario a la aludida Providencia Administrativa, este Tribunal, al no evidenciarse en actas que hubiese recaído alguna decisión que suspenda los efectos de la misma o declare su nulidad, estima, que tal situación le conculca a la parte accionante los derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad en el mismo, denunciados en el escrito contentivo del recurso. Así se decide”. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la presente causa, para lo cual observa lo siguiente: La presente causa se inició con ocasión de la pretensión de amparo constitucional ejercida por el ciudadano RONALD ALEJANDRO VALDEZ RIVAS, asistido por la abogada CARINA RUVIRA, contra la sociedad mercantil SERENOS RESPONSABLES SERECA C.A., la cual fue declarada con lugar por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante sentencia de fecha 30 de septiembre de 2004, por considerar que se había lesionado el derecho al trabajo y a la estabilidad en el mismo ,establecido en los artículos 87, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, el referido Juzgado mediante Oficio Nro. 448, de fecha 28 de marzo de 2005, remitió el expediente a esta Corte para conocer de la consulta de ley de la decisión antes señalada toda vez que no se había ejercido el recurso de apelación contra la misma, todo ello conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que: “Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días”. Ahora bien, respecto a la consulta contenida en la norma antes transcrita, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en reciente decisión señaló que dicha institución procesal fue derogada de manera tácita por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente, toda vez que la misma resulta contraria a los artículos 26, 27 y 257 de la Carta Magna. En ese sentido, dicha Sala precisó sobre este punto, lo siguiente: “La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación. (…) El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma. Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal. En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación. Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” y a una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...”. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número. (…) Así, con la entrada en vigencia de la Constitución, se produjeron efectos derogatorios respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas. La consecuencia de tales efectos es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado, y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución. (…) La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara. Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación. A través de dicho recurso, se mantiene incólume el derecho al recurso ante Juez o Tribunal Superior que establecen los artículos 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, con mayor amplitud, el artículo 8, inciso 2, letra h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), sin menoscabo de la integridad del principio del doble grado de jurisdicción (…)” (SC/TSJ sentencia N° 1307 del 02/06/05) (Resaltado de esta Corte) Finalmente, la Sala estableció los efectos del citado fallo en el sentido siguiente: (…) en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”. Cabe acotar que la anterior decisión comenzó a surtir sus efectos a partir del 1° de julio de 2005, fecha en la cual fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 38.220, por lo que el lapso de treinta (30) días a los que alude la referida sentencia para que las partes manifestaran su interés para que se decidiera la consulta culminó el día 31 de julio de 2005. Con vista a lo anterior esta Corte observa que entre el 2° de julio de 2005 y el 4 de agosto de 2005, han transcurrido los treinta (30) días de publicación en Gaceta Oficial de la sentencia parcialmente transcrita, sin que las partes hayan acudido al Órgano Jurisdiccional a manifestar su interés en que la presente consulta sea decidida, siendo que la última actuación procesal que se verifica a los autos es el auto mediante el cual se pasa el expediente a la Jueza Ponente, en fecha 11 de abril de 2005. Por lo que en aplicación del criterio contenido en dicha sentencia el cual tiene carácter obligatorio para los Tribunales de la República, esta Corte declara DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 30 de Septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y se ORDENA la remisión del presente expediente al referido Juzgado. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 3 de junio de 2004 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RONALD ALEJANDRO VALDEZ RIVAS, asistido por la abogada CARINA RUVIRA, contra la sociedad mercantil SERENOS RESPONSABLES SERECA C.A. 2.- En consecuencia, se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Publíquese y regístrese, déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los doce (12) días del mes de Agosto de dos mil cinco (2005). Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación. LA JUEZA PRESIDENTA, TRINA OMAIRA ZURITA PONENTE EL JUEZ VICE-PRESIDENTE, OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL EL JUEZ, RAFAEL ORTIZ-ORTIZ LA SECRETARIA, MORELLA REINA HERNANDEZ AP42-O-2005-000364 TOZ/b En la misma fecha de hoy, doce (12) de Agosto de dos mil cinco (2005), siendo la una y cincuenta de la tarde (1:50pm) se publicó y registró la presente sentencia bajo el N°.AB412005001061. La Secretaria, MORELLA REINA HERNANDEZ.