JUEZ PONENTE: OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
EXPEDIENTE N° AP42-O-2005-000431
En fecha 21 de abril de 2005, se dio por recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 0413-05 emanado del Juzgado Superior Sexto Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió expediente contentivo de la pretensión de amparo cautelar, interpuesto por el ciudadano EDWIN RAFAEL AGUADO SEQUERA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 7.943.305, asistido por la abogada GREGORIANA SOTO VELASCO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 49.556, contra la decisión s/n dictada en fecha 18 de enero de 2005 por el ciudadano Licenciado JOA VELÁSQUEZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL MINISTERIAL DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
Tal remisión se efectuó en virtud de la Consulta establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la cual se encuentra sometido el fallo de fecha 10 de febrero de 2005, dictado por el mencionado Juzgado, mediante la cual declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta.
En fecha 3 de mayo de 2005, se dio cuenta a esta Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y, por auto de esa misma fecha se designó ponente al Juez OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez Ponente.
Mediante sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el N° 1.307, de fecha 22 de junio de 2005, dicho Órgano Jurisdiccional, declaró la derogatoria parcial del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En fecha 1° de julio de 2005, se publicó el mencionado fallo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220.
Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN
La pretensión de amparo constitucional interpuesta, se basó en las siguientes argumentaciones:
Indicó el actor que de conformidad con los artículos 19, 25, 26, 27, 46 49 y 57 de nuestra Carta Magna, hilvanado con los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los cuales le conceden la posibilidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando por actos administrativos, vías de hecho o conductas omisivas se le transgredan derechos fundamentales garantizados en el Texto Fundamental.
Alega que el oficio s/n de fecha 18 de enero de 2005 le vulnera su derecho al trabajo, su estabilidad laboral, el respeto a su integridad moral y psíquica y el derecho al debido proceso.
Aduce que en enero de 2005, se suscitó un acontecimiento en el tercer piso del edificio sede Ministerio de Educación y Deporte en el cual se le acusó de “robar” tarjetas de memoria de las computadoras; motivo por el cual, lo revisaron miembros de vigilancia sin poder probar nada al respecto; no hubo levantamiento alguno del acta del procedimiento judicial de la seguridad de dicho Ministerio, se le llevó al Departamento de Seguridad y fue coaccionado por el Jefe de Investigaciones del Ministerio de Educación y Deporte ciudadano Joel Soto para que firmara la renuncia al cargo que desempeñaba como Analista de Sistemas I en la Unidad de Soporte Técnico del Ministerio antes mencionado; con la finalidad de no elaborarle posteriormente un expediente administrativo; por cuanto una destitución no permitiría que en el futuro desempeñara otro cargo en la Administración Pública.
Expresa, que fue realizada la carta de renuncia voluntaria a dicho cargo, con la finalidad de que su representado la firmara; negándose este; del mismo modo, agrega que cumplió horario laboral en la mezzanina del referido Ministerio; el 17 de enero se entrevistó con la doctora Rampar de la Dirección de Personal, la cual le aconsejó que renunciara; negándose éste en razón de considerar que no ha realizado delito alguno.
Manifiesta que el día 18 de enero de 2005, fue notificado de una comunicación en la que se le ordenó colocarse a la orden del ciudadano Joel Soto Jefe de Investigaciones del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
Indica que “(…) el ciudadano Joa Vásquez es el Jefe de la Dirección de Informática, Dirección a la cual est(á) adscrito (siendo éste) (su) jefe directo, consider(a) que es la Dirección de Personal del Ministerio de Educación, quien debe determinar las acciones que deben emprenderse para dar lugar a las averiguaciones pertinentes es decir, elaborar el respectivo EXPEDIENTE DISCIPLINARIO, si lo creen conveniente o dar aviso al Cuerpo detectivesco de la Policía Judicial para que averigue (sic) y no el Directorde (sic) Informática quien (lo) ponga a la orden de un determinado señor, por muy Jefe de Investigaciones que éste sea (…)”. (Paréntesis nuestros).
Aduce que el procedimiento contenido en el oficio s/n del 18 de enero de 2005 es una decisión inmotivada por el órgano administrativo; por cuanto, si el ente administrativo no cumple con todas las normas establecidas, el acto administrativo será nulo de nulidad absoluta.
Alega que, la decisión tomada por la Dirección General de la Oficina Ministerial de Informática vulnera su derecho al trabajo y a su estabilidad laboral, puesto que ha permanecido por durante más de dos semanas sentado en la mezzanina del edificio, sin realizar alguna función inherente a su cargo, firmando su entrada a las 8 a.m. y su salida a las 4 p.m., desconociendo cual será su situación laboral en un futuro inmediato.
Señala que, su “(…) retención en la mezzanina del Edificio Sede sin realizar ninguna actividad durante el horario de trabajo la consider(a) una acción degradante a (su) persona ya que constituye en una tortura cruel e inhumana, ya que esta acción del ente administrativo (lo) expone al escarnio público ante (sus) compañeros de trabajo y familiares, que pueden considerar que h(a) cometido un hecho delictivo, sin que haya probanzas de tal hecho y sin que haya una acusación formal ante la autoridad respectiva (…)”, (Paréntesis nuestros).
Indica que la actitud del ente administrativo en la persona del ciudadano Joa Vásquez vulneró el debido proceso establecido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna; por cuanto fue notificado de los hechos imputados sin tener derecho a su defensa.
Por todo lo anteriormente expuesto es que nombre de su representado demanda al ciudadano Licenciado Joa Vásquez, actuando con el carácter de Director General de la Oficina Ministerial de Informática del Ministerio de Educación y Deportes para que mediante el amparo cautelar interpuesto se restituyan los derechos conculcados por la acción inconstitucional de colocarlo a la orden del ciudadano Joel Soto, actuando con el carácter de Jefe de investigaciones del Ministerio de Educación y Deporte, permaneciendo en la Mezzanina del Edificio Sede sin realizar actividad alguna relativa a su cargo y sin que se le haya abierto ningún procedimiento disciplinario. Se suspenda los efectos del acto administrativo impugnado contenido en el oficio s/n del 18 de enero de 2005; considerando que dicho acto es nulo por ser ilegal y por haber improcedencia del procedimiento aplicado para tal fin; solicita se le restituya a su representado efectivamente a su cargo nominalmente adscrito a la División General de Informática, donde se desempeña como Analista de Sistemas I, de la Unidad de Soporte Técnico.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente asunto y en tal sentido se observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 725 de fecha 29 de junio de 2004, caso: Karely Violeta Abunassar Aponte vs. Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR), señaló:
“(…) visto que el presente caso versa sobre la consulta de un fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, con ocasión de la acción autónoma ejercida, resulta indubitable que la alzada natural para conocer de la consulta antes señalada, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y no esta Sala Político Administrativa.”. (Resaltado de esta Corte).
Tal criterio, fue precisado por la Sentencia de la Sala Político Administrativa, Nº 2271, de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Tecno Servicios Yes´Card, C.A., donde la referida Sala actuando en su condición de rectora y cúspide de la Jurisdicción Contencioso Administrativa delimitó el ámbito competencial de estas Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, reconociéndolas expresamente como alzadas naturales de los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos.
Con base en las consideraciones realizadas ut supra, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer del caso de autos. Así se declara.
Visto lo anterior, debe esta Órgano Jurisdiccional realizar las siguientes precisiones:
La presente causa ingresó por ante la U.R.D.D. de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 21 de abril de 2005, dándose cuenta a la Corte en fecha 3 de mayo de 2005 y designándose el Juez Ponente en esa misma fecha.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2005, signada con el número 1.307, declaró que la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, había derogado parcialmente el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto a la consulta de los fallos de amparo constitucional, al respecto indicó lo siguiente:
“(…) 1.Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:
‘Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días’.
La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.
Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo.
El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.
Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.
En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.
Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho ‘a obtener con prontitud la decisión correspondiente’ y a una justicia ‘expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles’ y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: ‘El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...’. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.
Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional.
En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables.
En este sentido, se observa que la norma derogatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
“Única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución”.
Así, con la entrada en vigencia de la Constitución, se produjeron efectos derogatorios respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas. La consecuencia de tales efectos es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado, y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución. (Resaltado de la Corte)
Luego de la trascripción de los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala concluyó que:
“(…) Después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
(…)
Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”. (Subrayado de la Sala, Resaltado nuestro)
De la lectura del fallo parcialmente trascrito se observa claramente que la Sala estableció que las consultas constituyen, en algunos casos, una limitación a los principios de economía y celeridad procesal e impuso una condición para que éstas pudieran ser decididas, la cual consiste en que cualquiera de los justiciables concurra por ante el respectivo Tribunal, a fin de que manifiesten su interés en que se decida la consulta en curso, dentro de los 30 días siguientes a partir de la publicación de la sentencia de la Sala Constitucional en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual ocurrió el 1° de julio de 2005, en consecuencia los 30 días a los que hacía referencia el fallo, vencieron el 31 de julio de 2005.
En razón de lo anterior, se observa que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia que ninguna de las partes del presente proceso de amparo cautelar- ciudadano EDWIN RAFAEL AGUADO SEQUERA, y ciudadano CARLOS JOA VÁSQUEZ en representación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE, hayan concurrido por ante esta Corte a manifestar su interés en que la consulta de autos sea en efecto decidida, pues corre inserta al folio 16, la última actuación en el procedimiento, la cual es la designación del Juez Ponente en fecha 3 de mayo de 2005 y vencido como se encuentra el lapso de 30 días al cual hace mención la sentencia in refero, esta Corte ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en acatamiento a lo dispuesto en el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia citado supra. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
1.- COMPETENTE, para conocer de la Consulta del fallo de fecha 10 de febrero de 2005, dictado por el Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual se declaró inadmisible, la pretensión de amparo cautelar interpuesta por el ciudadano EDWIN RAFAEL AGUADO SEQUERA venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 7.943.305, debidamente asistido por la abogada GREGORIANA SOTO VELASCO inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 49.556, contra la decisión s/n dictada en fecha 18 de enero de 2005 por el ciudadano Licenciado JOA VELÁSQUEZ DE LA DIRECCIÓN GENERAL MINISTERIAL DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE.
2.- ORDENA LA REMISIÓN del presente expediente al Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en acatamiento a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2005, signada con el N° 1.307, por cuanto las partes involucradas en esta pretensión no han manifestado interés en que sea decidida.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Juez Presidenta,
TRINA OMAIRA ZURITA
El Juez Vicepresidente,
OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
Ponente
El Juez,
RAFAEL ORTIZ-ORTIZ
La Secretaria Temporal,
MORELLA REINA HERNÁNDEZ
Exp. N° AP42-O-2005-000431
OEPE/20
En la misma fecha doce (12) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo las dos horas y cuarenta y dos minutos de la tarde (02:42 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001073.
La Secretaria Temporal
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