JUEZ-PONENTE: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ
EXPEDIENTE N° AP42-O-2005-000557
- I -
NARRATIVA
Se inició el presente procedimiento por demanda presentada el 22 de diciembre de 2003, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por la abogada Nelsy Lorena Valdez de Romero, inscrita en el Inpreabogado bajo el n° 74.551, apoderada judicial de la ciudadana ROSA MARÍA COLMENARES DE GARCÉS, titular de la cédula de identidad n° 13.977.337, contentiva de la pretensión de amparo constitucional autónomo contra el ALCALDE DEL MUNICIPIO LOBATERA DEL ESTADO TÁCHIRA, por el incumplimiento de la Providencia administrativa n° 62-03 de fecha 30 de abril de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TÁCHIRA, que declaró con lugar el reenganche y pago de salarios caídos solicitada por la recurrente.
En fecha 9 de enero de 2004, el Juzgado Primero del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, al cual le correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, admitió la pretensión y ordenó celebrar la audiencia oral y pública. En fecha 16 de marzo del mismo año, el mencionado Juzgado declaró sin lugar la pretensión de amparo, y por auto de fecha 17 del mismo mes y año remitió el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes, a los fines de configurar la primera instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 21 de junio del mismo año, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional.
Por auto de fecha 18 de abril de 2005, el mencionado Juzgado ordenó la remisión del expediente a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de conocer de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo recibido el 18 de mayo del mismo año, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), por medio del oficio n° 678, de fecha 18 de abril del mismo año.
El 26 de mayo de 2005, se dio cuenta a la Corte y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente al juez RAFAEL ORTIZ-ORTIZ a los fines que decidiera la presente consulta.
Analizadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, se pasa a dictar decisión con base en la argumentación siguiente:
- II -
DE LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA PRETENSIÓN
1.- PRETENSIÓN JURÍDICA DEL QUERELLANTE
En la solicitud de amparo la apoderada judicial de la recurrente señala que el Alcalde del Municipio Lobatera del Estado Táchira, vulnera sus derechos constitucionales “a la protección integral de la maternidad”, “al trabajo”, “a la protección al trabajo” y el “Derecho a la estabilidad laboral”, manifestando lo siguiente:
Señala como fundamento legal del presente recurso lo establecido en los artículos 384 de la Ley Orgánica del Trabajo, y los artículos 76, 78, 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Manifiesta que “En fecha 30 de abril de 2003, la Inspectora del Trabajo del Estado Táchira, emite providencia administrativa N° 62-03, en la que decide, entre otras cosas, la Reincorporación de mi mandante y la reposición a sus labores habituales anteriores a la solicitud de reenganche, así como a cancelársele todo lo que le correspondiere por Ley, con esto el alcalde del Municipio Lobatera, ciudadano: OSWALDO ELIAZER RAMÍREZ, no solo (Sic) desconoce la providencia administrativa dictada, sino que de manera caprichosa obvio (Sic) que mi mandante se encontraba amparada por el fuero maternal, consagrado en el artículo 384 de la Ley Organica del Trabajo, pasando por alto el decreto presidencial de fecha 13 de enero del 2003 de inamovilidad de trabajadores y trabajadoras, no cumplió con el procedimiento indicado en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo siendo contradictorio con el artículo 93 de nuestra carta magna (Sic), de igual modo usa como escudo para justificar su actuación, el hecho de que no existe presupuesto en la Alcaldía para cumplir con sus obligaciones patronales.
Señala que “Han sido infructuosas las conversaciones (…) efectuadas con la jefe de personal, la síndico procurador Municipal y la Licenciada encargada de administración, quienes de manera reiterada manifiestan que no hay presupuesto para pagar salarios caídos y que mi mandante se conforme con la cantidad de Cinco Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Siete Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 5.282.407,30), dinero que será cancelado por abonos y no de contado, negándose a efectuar transacción que contemple la misma”.
Agrega que “La agresión que constituye la abstención administrativa por parte de la Alcaldía del Municipio Lobatera, representada por su Alcalde, configura la violación, desconocimiento y menoscabo de los principios fundamentales que regulan la actuación de los órganos que ejercen el Poder Público, dentro de un Estado Democrático y Social e (Sic) Derecho y Justicia, como magníficamente postulamos en el artículo 2° de nuestra Carta magna”.
Finalmente, solicita “se ordene el pago de los derechos laborales adeudados a la trabajadora incluyéndose los salarios dejados de percibir los (Sic) que corresponde por la inamovilidad laboral del fuero maternal y demás remuneraciones, desde la fecha de su inconstitucional e ilegal retiro que le fue aplicado”.
2.- PRETENSIÓN JURÍDICA DE LA QUERELLADA
En la oportunidad fijada para que se efectuara la Audiencia Oral y Pública, el abogado Ramón Pernía Contreras, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 38.722, apoderado judicial de la Alcaldía del Municipio Lobatera del Estado Táchira, expuso:
En primer lugar, quiero aclarar que en aquel momento cuando se realizaron aquellos despidos, no fue porque el Alcalde lo haya querido hacer de manera personal, simple y llanamente porque era la 3° vez que se le recortaba el presupuesto a la Alcaldía, y era imposible mantener el pasivo laboral que mantiene la Alcaldía. Aclarando esto, advierto que en ningún momento el accionante manifestó al Municipio o Ente municipal su estado de gravidez, cosa contraria que sucedió con ISLEY ROSALES, quien en aquella fecha fue despedida, pero al constatar su estado de gravidez, fue reenganchada inmediatamente. Que en ningún momento la Alcaldía se ha negado a cancelar monto que le correspondiera en derecho a la accionante, que existe en la dirección de Hacienda un cheque para que sea retirado por la Accionante y no lo ha querido hacer: Quiero advertir al Tribunal que la sola comparecencia del Alcalde no es suficiente para representar al Municipio, como bien lo sabemos todos, que la Ley de Régimen Municipal. (Sic) Establece que en las acciones judiciales intentadas contra el Municipio, siempre estará presente la Síndico Procurador; por lo que solicito que esta audiencia sea nuevamente realizada previa citación de la Síndico Procurador del Municipio Lobatera, para que la misma sea válidamente en su realización (Sic), y por último, quiero alertar tanto a la ciudadana Juez como a la Abogada de la accionante, que ya no es la vía de Amparo la idónea para resolver este tipo de situaciones, pues existe una ley desde septiembre de 2002, como es la Ley del Estatuto de la Función Pública, que establece en su artículo 92 que no podrán ser ejercidas otras acciones distintas a las establecidas en esta ley, y que se tiene que agotar previamente el procedimiento previsto en este Estatuto, es decir, que este Amparo, debe ser declarado, sino en esta audiencia, cuando esté presente la Síndico Procurador Municipal IMPROCEDENTE, por cuanto la norma es muy clara y debió ser agotado o reclamado el derecho de la accionante mediante el procedimiento previsto en este Estatuto de la Función Pública.
- III -
DE LA COMPETENCIA
Como punto previo, este órgano jurisdiccional considera necesario pronunciarse acerca de su competencia para conocer sobre la consulta de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes en fecha 21 de junio de 2004, que declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional interpuesta.
En este sentido, se observa que de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, atendiendo asimismo lo señalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias n° 2002/2862 de fecha 20 de noviembre y n° 2004/2016 de fecha 8 de septiembre, las cuales establecieron la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer “de las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. (Subrayado y resaltado de esta Corte).
Atendiendo igualmente lo señalado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29 de junio de 2004, expediente nº 04-0498, la cual sostuvo que “en los casos en que el conocimiento de las acciones de amparo en primera instancia corresponda a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de las apelaciones y consultas que se ejerzan contra las sentencias que estos pronuncien, será competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”,debe forzosamente declarar su competencia para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes en fecha 21 de junio de 2004. Así se decide.
- IV -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Mediante sentencia de fecha 21 de junio de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes declaró improcedente la pretensión de amparo, y por auto de fecha 18 de abril de 2005 remitió el expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo a los fines de la consulta obligatoria prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo recibido el 18 de mayo del mismo año en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.).
De seguidas, esta Corte a los fines de decidir la presente consulta observa:
En fecha 22 de junio de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia mediante la cual interpretó el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalando al respecto:
Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:
“Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.”
La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.
Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo.
El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.
Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.
Asimismo se observa, que el fallo bajo estudio hace hincapié en el recargo de trabajo que generan las causas en consultas, contrariando de tal forma el precepto constitucional establecido en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, al indicar:
En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.
Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho “a obtener con prontitud la decisión correspondiente” y a una justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...”. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.
Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional.
En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables.
Por último concluye, que en aplicación de la disposición derogatoria única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la institución de “la consulta” quedó derogada, considerando al efecto:
La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
(…)
Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación.
(…)
Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara.
Del fallo parcialmente transcrito, se observa, que la Sala consideró que los expedientes remitidos en consulta, contienen decisiones las cuales se presume, que todas las partes están conformes por no haber sido impugnadas, constituyendo más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal, condicionando la decisión de las mismas, a que cualquiera de las partes involucradas manifiesten su interés en que se decida la consulta que esté pendiente, para lo cual otorgó el lapso de treinta (30) días posteriores a la publicación del fallo en Gaceta Oficial, lapso éste que comenzó a computarse desde el día 1º de julio de 2005, venciendo el mismo en fecha 31 de julio del mismo año.
Ahora bien, una vez revisadas las actas que conforman la presente pretensión de amparo constitucional incoada por la ciudadana Rosa María Colmenares de Garcés, contra el ciudadano Oswaldo Eliécer Ramírez en su condición de Alcalde del Municipio Lobatera del Estado Táchira, no se evidencia que ninguna de las partes involucradas hayan acudido ante esta Corte a los fines de manifestar su interés en que la presente consulta se decida, toda vez que la última actuación que cursa a las actas corresponde a un auto de fecha 26 de mayo de 2005, mediante el cual se dio cuenta a la Corte y se designó ponente al Magistrado que suscribe el presente fallo, y siendo que en fecha 31 de julio del mismo año venció el lapso otorgado por la Sala Constitucional a los fines de cumplir tal condición, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes en cumplimiento del fallo dictado por la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, quedando definitivamente firme la decisión sujeta a consulta. Así se decide.
- V -
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DEFINITIVAMENTE FIRME el fallo dictado en fecha 21 de junio de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes, que declaró improcedente la pretensión de amparo constitucional autónomo interpuesta por la ciudadana ROSA MARÍA COLMENARES DE GARCÉS contra el ALCALDE DEL MUNICIPIO LOBATERA DEL ESTADO TÁCHIRA, antes identificados, conforme lo establecido en sentencia nº 2005/1307 del 22 de junio, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que las partes involucradas en la presente causa no manifestaron su interés en que la presente consulta fuere decidida.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen y déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los ________________ ( ) días del mes de ________________ de dos mil cinco (2005). Año 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Jueza-presidente,
TRINA OMAIRA ZURITA
El Juez-vicepresidente,
OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
RAFAEL ORTIZ-ORTIZ.
Juez-Ponente
La Secretaria Temporal,
MORELLA REINA HERNANDEZ
Exp. AP42-O-2005-000557
ROO/rjrm
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