TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
EXPEDIENTE N° AP42-O-2004-000579

En fecha 16 de diciembre de 2004, se dio por recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 1100-04 emanado del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional, interpuesta por el ciudadano CARLOS RONDÓN PACHECO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 10.541.433, asistido por los abogados ARNALDO REQUENA CORONIL y NIXON TINEO SALAZAR, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 36.363 y 71.381 contra la decisión del 13 de mayo de 2004 signada con el Nro. 9700-006-1581, dictada por el CONSEJO DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, mediante la cual anuló el procedimiento disciplinario que seguía en contra del comisario Jefe de Investigaciones Dionisio Zambrano, adscrito a la seccional Higuerote y como consecuencia se dictó sobreseimiento del proceso administrativo.

Tal remisión se efectuó en virtud de la Consulta establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la cual se encuentra sometido el fallo de fecha 10 de agosto de 2004, dictado por el mencionado Juzgado, mediante la cual declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta.

En fecha 28 de febrero de 2005, se dio cuenta a esta Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y, por auto de esa misma fecha se designó ponente al Juez OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En esa misma fecha, se pasó el expediente al Juez Ponente.

Vista la incorporación del Juez RAFAEL ORTIZ-ORTIZ a partir del 18 de marzo de 2005, se reconstituye la Corte quedando de la siguiente manera: TRINA OMAIRA ZURITA, Presidenta, OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Vicepresidente y, RAFAEL ORTIZ-ORTIZ Juez.

Mediante sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el N° 1.307, de fecha 22 de junio de 2005, dicho Órgano Jurisdiccional, declaró la derogatoria parcial del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En fecha 1° de julio de 2005, se publicó el mencionado fallo, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN

La pretensión de amparo constitucional interpuesta, se basó en las siguientes argumentaciones:

Indicaron los apoderados del actor que el 26 de septiembre de 2002, interpusieron denuncia ante la Dirección Nacional de Inspectoría contra el Comisario Dionisio Zambrano, Jefe de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, seccional Higuerote por la comisión del delito de extorsión. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2002, hizo una ampliación de la denuncia luego fue remitida a la Inspectoría Regional del Estado Miranda, por ser la dependencia en la cual se encontraba adscrito el funcionario denunciado.

El 15 de enero de 2003, el ciudadano Dionisio Zambrano rindió declaración en relación a los hechos denunciados por el pretensor.

Alegaron que en fecha 23 de enero de 2004, cursa en el expediente administrativo informe de descargo presentado por el Comisario Dionisio Zambrano donde argumentó su defensa. Posteriormente, fue remitido a la Inspectoría General del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en fecha 1° de julio de 2004, para que este Organismo presentara su proposición de falta, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 y 81 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y, esperar la fecha de notificación formal para la celebración de la audiencia oral y pública.

Manifestaron que el 10 de marzo de 2004, según oficio N° 0751 fue enviada notificación al ciudadano Dionisio Zambrano donde se le indicó que debe nombrar un “asistente jurídico” de conformidad con los artículos 49 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 137 del Reglamento Disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

En fecha 3 de mayo de 2004, fue notificado mediante oficio N° 1275, para comparecer como testigo en la Audiencia Oral y Pública en la Instalación del Consejo Disciplinario, indicándole la hora, fecha y dirección.

En fecha 10 de mayo, el funcionario denunciado “(…) acompañado de sus abogados Ramses Gómez Lanz y Sin Sum León, cuando en ese instante fue sorprendido con la información indicada por el abogado Manuel Betancourt, adscrito a ese Consejo Disciplinario, que no se llevaría a cabo la audiencia oral y pública ya que el procedimiento se había anulado por la violación del debido proceso y el derecho a la defensa del funcionario procesado; notificación esta que se hizo en forma verbal y no por escrito; además de exigirle la notificación por escrito; este funcionario le manifestó que el recurrente no era parte en el proceso, negándole el acceso a las actas que componen el proceso (…)”. Indicaron que en ese mismo acto solicitó por escrito copia certificada del expediente.
Denunciaron que la citada decisión emitida por ese órgano colegiado vulneró el derecho a al defensa contemplado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con los artículos 119.1 y 120 del Código Orgánico Procesal Penal.

Solicitaron de conformidad con el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales la protección de sus derechos constitucionales, “(…) ya que a través del Reglamento Interno del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se me cercenó en el proceso disciplinario el ser parte de una investigación que se inició por la denuncia interpuesta por [el actor] en la espesaba (sic) las acciones cometidas por este funcionario que abusando de su autoridad me presionaba a entregarle cantidades de dinero propiedades a cambio de la libertad de mi hijo (…)”. (Corchetes de esta Corte)

Ostentaron que la presente pretensión de amparo constitucional procede por cuanto “(…) la lesión de los derechos vulnerados no ha cesado toda vez que la sentencia accionada no solo anuló el procedimiento administrativo sino que el ciudadano Dionisio Zambrano estaba puesto a derecho en el procedimiento administrativo que se le seguí (…)”.

Precisaron que la situación jurídica no es irreparable ya que mediante la vía extraordinaria, es posible rectificar la vulneración al orden constitucional y restituir la situación al estado anterior a la violación. Igualmente indicó no han trascurrido seis meses y mucho menos la víctima a expresado su asentimiento o aceptación a la lesión sufrida y no puede hacerlo por cuanto los derechos vulnerados son de orden público y no pueden ser objeto de consenso.

Acotaron que no existe otra vía procesal para recurrir, por tanto se trata de una sentencia emitida por el Consejo Disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.
Señalaron la violación del artículo 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ello solicitó la restitución de la situación jurídica infringida por la decisión dictada por el Consejo Disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en el cual se haga parte en el proceso el ciudadano Carlos Rondón López quien es víctima en el procedimiento disciplinario por extorsión.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente pretensión de amparo constitucional interpuesta y, en tal sentido se observa que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 725 de fecha 29 de junio de 2004, caso: Karely Violeta Abunassar Aponte vs. Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR), señaló:

“(…) visto que el presente caso versa sobre la consulta de un fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, con ocasión de la acción autónoma ejercida, resulta indubitable que la alzada natural para conocer de la consulta antes señalada, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y no esta Sala Político Administrativa.”. (Resaltado de esta Corte).

Tal criterio, fue precisado por la Sentencia de la Sala Político Administrativa, Nº 2271, de fecha 24 de noviembre de 2004, caso: Tecno Servicios Yes´Card, C.A., donde la referida Sala actuando en su condición de rectora y cúspide de la Jurisdicción Contencioso Administrativa delimitó el ámbito competencial de estas Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, reconociéndolas expresamente como alzadas naturales de los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos.

Con base en las consideraciones realizadas ut supra, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer del caso de autos. Así se declara.

Visto lo anterior, debe esta Órgano Jurisdiccional realizar las siguientes precisiones:

La presente causa ingresó por ante la U.R.D.D. de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 16 de diciembre de 2004, dándose cuenta a la Corte en fecha 28 de febrero de 2005 y designándose el Juez Ponente en esa misma fecha.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2005, signada con el número 1.307, declaró que la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, había derogado parcialmente el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto a la consulta de los fallos de amparo constitucional, al respecto indicó lo siguiente:

“(…) 1.Como punto previo, esta Sala pasa a la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:
‘Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días’.
La consulta que se dispone en el artículo que se transcribió, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal por la cual el superior jerárquico del juez que emitió una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para la revisión o examen oficioso, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, de la decisión de primera instancia. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta opera de pleno derecho, porque no requiere de una petición o de un acto procesal de la parte para el conocimiento, en alzada, del asunto. Así, la consulta suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando ésta no interpone apelación.
Así mismo, en la disposición legal que se transcribió se recogió el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo.
El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma.
Ahora bien, los expedientes que se remiten en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume, por falta de apelación, que todas las partes están conformes. Además, se observa que en la aplicación histórica de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia y, ahora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la consulta ha constituido, más que una garantía, una limitación al principio de economía procesal.
En efecto, es evidente que las causas en consulta recargan en forma significativa los ya muy abultados deberes del Poder Judicial y, con ello, estimulan retardos procesales, en cuanto restan tiempo y esfuerzo para el conocimiento de otros procesos en los cuales sí existe controversia o disconformidad. Al respecto, resulta relevante que, en la mayoría de los casos, las sentencias objeto de consulta se confirman porque se determina que fueron pronunciadas conforme a derecho, como hacía presumir, ab initio, la falta de apelación.
Con la acumulación de causas en consulta pendientes de decisión, se contraría el precepto del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza el derecho ‘a obtener con prontitud la decisión correspondiente’ y a una justicia ‘expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles’ y el del artículo 27 eiusdem que garantiza, para el amparo, un procedimiento breve, no sujeto a formalidad y capaz de garantizar el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida. Y es que, según el artículo 257 de la Carta Magna: ‘El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público...’. Resulta evidente que, por muy bien que el legislador diseñe los procesos, a la luz de este imperativo constitucional, ellos no ofrecerán la garantía de instrumentos idóneos para la realización de la justicia si se acumulan en los archivos judiciales sin que haya una posibilidad real, material, de su tramitación a tiempo, a causa de su elevado número.
Los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propios de un Estado de Derecho y de Justicia, que se acogieron en normas como las que se citaron, imponen la revisión de las normas infra y pre constitucionales que impidan u obstaculicen la garantía de una justicia con las características que describe el Texto Constitucional.
En la actualidad, es un hecho notorio que el Sistema de Justicia presenta un serio problema de insuficiencia de recursos, ante el gran cúmulo de asuntos que tiene pendientes de atención. La carga de trabajo del Poder Judicial, junto a la falta de capacitación continua, bajos salarios y escasez de recursos -problemas todos estos a cuya solución está abocado este Tribunal Supremo de Justicia como cabeza del Sistema de Justicia-, limitan la posibilidad de que se imparta una justicia expedita, eficiente, pronta, completa y adecuada para los justiciables.
En este sentido, se observa que la norma derogatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
‘Única. Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución’.
Así, con la entrada en vigencia de la Constitución, se produjeron efectos derogatorios respecto del ordenamiento jurídico preconstitucional contrario a sus normas. La consecuencia de tales efectos es que el ordenamiento jurídico preconstitucional, que contradiga las normas de la Constitución, se considera tácitamente derogado, y mantienen vigencia solamente los preceptos que no estén en contradicción con la Constitución. (Resaltado de la Corte)

Luego de la trascripción de los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala concluyó que:

“(…) Después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara.
(…)

Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación –en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”. (Negrillas de esta Corte).

De la lectura del fallo parcialmente trascrito se observa claramente que la Sala estableció que las consultas constituyen, en algunos casos, una limitación a los principios de economía y celeridad procesal e impuso una condición para que éstas pudieran ser decididas, la cual consiste en que cualquiera de los justiciables concurra por ante el respectivo Tribunal, a fin de que manifiesten su interés en que se decidida la consulta en curso, dentro de los 30 días siguientes a partir de la publicación de la sentencia de la Sala Constitucional en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual ocurrió el 1° de julio de 2005, en consecuencia los 30 días a los que hacía referencia el fallo, vencieron el 31 de julio de 2005.

En razón de lo anterior, se observa que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia que ninguna de las partes del presente proceso de amparo constitucional- el ciudadano CARLOS RONDÓN PACHECO y los apoderados judiciales del CONSEJO DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS - hayan concurrido por ante esta Corte a manifestar su interés en que la consulta de autos sea en efecto decidida, pues corre inserta al folio 28, la última actuación en el procedimiento mediante la cual se reconstituye la Corte y se ratifica la Ponencia del Juez OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL y, vencido como se encuentra el lapso de 30 días al cual hace mención la sentencia in refero, esta Corte ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en acatamiento a lo dispuesto en el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia citado supra. Así se decide.

III
DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- COMPETENTE para conocer de la Consulta del fallo de fecha 10 de agosto de 2004, dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual se declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional incoada por el ciudadano CARLOS RONDÓN PACHECO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 10.541.433, asistido por los abogados ARNALDO REQUENA CORONIL y NIXON TINEO SALAZAR, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 36.363 y 71.381 contra la decisión del 13 de mayo de 2004 signada con el Nro. 9700-006-1581, dictada por el CONSEJO DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS mediante el cual anuló el procedimiento disciplinario que seguía en contra del comisario Jefe de Investigaciones Dionisio Zambrano, adscrito a la seccional Higuerote y como consecuencia se dictó sobreseimiento del proceso administrativo.

2.- ORDENA LA REMISIÓN del presente expediente al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en acatamiento a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de junio de 2005, signada con el N° 1.307, por cuanto las partes involucradas en esta pretensión no han manifestado interés en que sea decidida, la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese. Cúmplase lo ordenado. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los quince (15) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Juez Presidenta,

TRINA OMAIRA ZURITA

El Juez Vicepresidente,

OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL
Ponente

El Juez,

RAFAEL ORTIZ-ORTIZ

La Secretaria Temporal,

MORELLA REINA HERNÁNDEZ

Exp. N° AP42-O-2004-000579.-
OEPE/16.-

En la misma fecha, quince (15) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo las doce horas y treinta y dos minutos de la tarde (12:32 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005001109.

La Secretaria Temporal