Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Expediente N° AP42-N-2003-002366
En fecha 17 de junio de 2003 se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el abogado Luís Antonio Ojeda Guzmán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 34.697, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil KARVICA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 16 de julio de 1998, anotado bajo el N° 65, Tomo 45-A, contra la Providencia Administrativa N° 57-2003, de fecha 21 de mayo de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUIN Y DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, formulada por los ciudadanos Jesús Tovar Fernández, Florencio Soto, Martín Ernesto Hernández, Daniel Enrique Nougues López, Ernesto Luís Suárez Mirena y Carlos Gabriel Mendez Mijares, titulares de las cédulas de identidad Nros. 14.491.075, 4.657.109, 7.293.522, 7.134.261, 7.158.914 y 14.713.332, respectivamente, contra la referida empresa.
En fecha 18 de junio de 2003, se dio cuenta en Corte; se acordó oficiar a la Inspectoría del Trabajo a los fines de solicitarle el expediente administrativo correspondiente, y se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrerro Ortiz.
En fecha 10 de julio de 2003, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se declaró competente para conocer de la presente causa; admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; declaró procedente la medida de suspensión de efectos solicitada; y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines legales consiguientes.
En virtud de la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 2003-00033, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866 del 27 de enero de 2004, y habiéndose designado a los jueces que actualmente la conforman en fecha 15 de julio de 2004, esta Corte quedó constituida de la siguiente manera: María Enma León Montesinos, (Presidenta); Jesús David Rojas Hernández, (Vicepresidente) y, Betty Josefina Torres Díaz, (Jueza).
En atención a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución N° 68 del 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura publicada en la Gaceta Oficial de la República de Bolivariana de Venezuela N° 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004, se acordó la distribución de las causas que se encontraban originalmente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando asignados a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, los expedientes de las causas cuyo último dígito fuese un número par, como ocurre en el presente caso.
En fecha 9 de agosto de 2005, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se abocó al conocimiento de la causa, y se asignó la ponencia, previa distribución, a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Jueza Ponente.
Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD Y DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS
El apoderado judicial de la parte recurrente fundamentó el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida de suspensión de efectos, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que la Inspectoría del Trabajo no valoró las pruebas aportadas por el patrono, en donde se evidencia que la empresa y los referidos trabajadores estuvieron de acuerdo en firmar un Convenio de Suspensión de Actividades Laborales, conforme a lo establecido en el artículo 94, literal h de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo tanto no hubo despido alguno sino una suspensión temporal de las actividades laborales por causas no imputables a ninguna de las partes.
Que la Inspectoría del Trabajo acumuló las acciones intentadas por los mencionados trabajadores de forma individual, siendo inaplicable en el procedimiento administrativo lo establecido en los artículos 52 y 146 del Código de Procedimientos Civil.
Que siendo presentada la carta de renuncia, así como los demás acuerdos de pago y cancelación de la liquidación del contrato de trabajo, del ciudadano Carlos Gabriel Mijares Méndez, no era posible su inclusión en la Providencia Administrativa impugnada, dado que éste había renunciado, haciéndose evidente la violación de la igualdad procesal.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia solicita se suspendan los efectos del acto administrativo impugnado.
Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, solicita se declare la nulidad de la Providencia Administrativa impugnada.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para decidir, pasa esta Corte a dictar sentencia previas las siguientes consideraciones:
En fecha 10 de julio de 2003, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se declaró competente para conocer de la presente causa de conformidad con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcategui).
Ahora bien, siendo la competencia materia de orden público y por ende revisable en todo estado y grado del proceso, resulta preciso señalar que mediante decisión de fecha 6 de abril de 2005 (caso: Operaciones al Sur del Orinoco, C.A., (OPCO) vs. la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar), la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ratificando el criterio establecido en fecha 5 de ese mismo mes y año por la Sala Plena del Máximo Tribunal (caso: Universidad Nacional Abierta vs. Inspectoría del Trabajo en los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo) declaró competente a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales para conocer de los recursos contencioso administrativos de nulidad intentados contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo.
En dicha sentencia, la Sala Político Administrativa dejó sentado lo siguiente:
“Ahora bien, el referido conflicto fue resuelto mediante sentencia de la Sala Plena de este Máximo Tribunal de fecha 5 de abril de 2005, en la cual se dejó sentado que ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Concluyó la Sala Plena, que el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales.
Conforme a las consideraciones expuestas en el fallo antes aludido, esta Sala, atendiendo al caso de autos, observa que se ha ejercido un recurso de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00/091 de fecha 11 de diciembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar (…) por lo que resulta aplicable el criterio expuesto por la Sala Plena de este Máximo Tribunal, siendo procedente declarar competente para conocer del caso al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se declara”.
Tal criterio ha sido ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión de fecha 20 de mayo de 2005 (caso: Omar Dionisio Guzmán).
Ahora bien, siendo el objeto de impugnación, en el caso que nos ocupa, una Providencia Administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo, debe esta Corte acoger el criterio transcrito supra, en consecuencia declararse incompetente sobrevenidamente para conocer de la presente causa, y declinar la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, por ser los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo los competentes para conocer en primera instancia de los recursos contencioso administrativo de nulidad ejercidos contra las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, y así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el abogado Luís Antonio Ojeda Guzmán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 34.697, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil KARVICA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 16 de julio de 1998, anotado bajo el N° 65, Tomo 45-A, contra la Providencia Administrativa N° 57-2003, de fecha 21 de mayo de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUIN Y DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, formulada por los ciudadanos Jesús Tovar Fernández, Florencio Soto, Martín Ernesto Hernández, Daniel Enrique Nougues López, Ernesto Luís Suárez Mirena y Carlos Gabriel Mendez Mijares, titulares de las cédulas de identidad Nros. 14.491.075, 4.657.109, 7.293.522, 7.134.261, 7.158.914 y 14.713.332, respectivamente, contra la referida empresa.
2.- DECLINA la competencia para conocer de la presente causa en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.
3.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes y al tercero. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta,
MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
El Vicepresidente,
JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,
BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente
La Secretaria,
JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ
BJTD/g
Exp. Nº AP42-N-2003-2366
En la misma fecha diez (10) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 9:29 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-02532.
La Secretaria
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