JUEZA PONENTE: MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Expediente N° AP42-O-2004-000430

El 15 de noviembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 00115 de fecha 28 de julio de 2003, anexo al cual el Juzgado Superior en lo Civil y en Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, remitió copia certificada del expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana LIDIA VIOLETA GARRIDO, titular de la cédula de identidad N° 9.267.188, asistida por el abogado Neptalí Olvino Tovar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.008, en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO.

Tal remisión se efectuó en virtud de haberse oído en un sólo efecto el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte accionante contra el auto dictado por el referido Juzgado Superior en fecha 11 de mazo de 2003, mediante el cual negó la solicitud de la reposición de la audiencia constitucional solicitada por la parte presuntamente agraviada.

Previa distribución automatizada de la causa efectuada por el Sistema JURIS 2000, el 31 de enero de 2005 se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Jueza María Enma León Montesinos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En la misma fecha, se pasó el expediente a la Jueza ponente, a los fines de que decidiera sobre el referido recurso de apelación interpuesto.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El 24 de abril de 2002, la presunta agraviada asistida de abogado presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, sobre la base de las siguientes cuestiones de hecho y de derecho:

Que “en fecha veintitrés (23) de enero de 1999, [ingresó] a prestar sus servicios profesionales para la Alcaldía del Municipio Naguanagua, con el cargo de Médico I, en condición de contratada, situación ésta en la cual [se mantuvo] hasta el cuatro (04) de enero de 2000, cuando [recibió] de parte de la entonces Alcaldesa de ese Municipio, [su] nombramiento al referido cargo, (…) En esa condición [se mantuvo], siempre dando cabal cumplimiento a todos los deberes inherentes a la referida función pública, hasta el pasado dieciocho (18) de diciembre de 2001, cuando [fue] sorpresivamente notificada [de] que el Alcalde del Municipio para el cual [se] desempeñaba, había decidido [REMOVERLA] de [su] cargo y contradictoriamente [se le] indicaba que [se le] había colocado en situación de DISPONIBILIDAD por el lapso de un mes contado a partir de esa fecha (…)” (Mayúsculas y negrillas del original).

Que “(…) transcurrido el expresado lapso y, sin que se hubiese realizado gestión reubicatoria alguna, el pasado 31 de enero de 2002, es decir un mes y trece días mas tarde, [fue] notificada que el mismo Alcalde por la Resolución 036/2002, (…), había acordado [su] RETIRO como funcionaria de la Alcaldía (…)” (Mayúsculas y negrillas del original).

Que “(…) [tuvo] un alumbramiento el día diecinueve (19) de mayo de 2001, es decir que para la fecha en que se produce [su] inconstitucional retiro, tenia tan sólo siete (07) meses de haber dado a luz, (…), es decir que todavía [se] encontraba en el período de inmovilidad que establece el artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo” (Negrillas del original).

Que en el “(…) procedimiento administrativo que concluyó con [su] retiro de la administración pública (sic), [fue] víctima de la violación de (…) derechos inherentes a la persona humana, tales como el derecho al debido proceso, en sus manifestaciones especificas de derecho a la defensa, derecho a ser oído, derecho al trabajo, derecho a la estabilidad en el cargo y el principio de protección a la maternidad. (…) [que] no se [le] notificó nunca de la intención de la Alcaldía de efectuar una medida de reducción de personal, como tampoco [pudo] saber ni conocer jamás el contenido del informe técnico –si es que existe- que sirviera de fundamento para sustentar la afectación a [su] situación jurídica funcionarial, sino que todo ello se realizó a [sus] espaldas”.

La presunta agraviada fundamentó su acción en los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, alegó como vulnerados sus derechos al debido proceso, específicamente su derecho a la defensa y a ser oído, consagrados en el artículo 49, numerales 1 y 3, así como su derecho a la protección a la maternidad establecido en el artículo 76 del referido Texto Fundamental, en correspondencia con los artículos 8 y 384 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 15 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.

En razón de lo anteriormente expuesto, la accionante solicitó que la presente acción de amparo constitucional fuese declarada con lugar en la definitiva, y sea ordenado en consecuencia, el restablecimiento inmediato de la situación jurídica presuntamente infringida, mediante la restitución al cargo que desempeñaba y el subsiguiente pago de salarios dejados de percibir.

II
DEL AUTO APELADO

Mediante auto de fecha 11 de marzo de 2003, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, negó la solicitud de reposición de la Audiencia Constitucional con fundamento en las siguientes consideraciones:
“(…) La no pertinencia del argumento referido al retardo judicial y las reflexiones contenidas en la diligencia del 11 de febrero de 2003, toda vez que de los siete (7) meses trascurridos hasta la fecha de celebración de la audiencia constitucional, se deben a su inacción procesal, tal y como lo evidencian las actas del expediente. Inacción ésta que de ninguna manera pueda suplir el Juez. SEGUNDO: De conformidad con lo último expuesto con fundamento en ello, es improcedente la ‘reposición’ de la audiencia constitucional, propuesta en el escrito de fecha 12 de febrero de 2003 por la representación de la justiciable, toda vez que esta parte estaba a derecho, quedando a su cargo y responsabilidad el ejercicio y disposición, dentro del proceso y en la oportunidad procesal correspondiente, de todas las acciones y actuaciones que la ley le atribuye como parte activa del mismo. De tal forma que su decisión de no asistir a la audiencia constitucional, fue una alternativa por la que la justiciable libremente optó y de ningún modo puede ser aceptada por el Tribunal, como en efecto no acepta, el argumento según el cual se le estaría violando el derecho a la defensa y demás garantías procesales”.


III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse con respecto al recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la presuntamente agraviada contra el auto de fecha 11 de marzo de 2003, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que negó la solicitud de reposición de la Audiencia Constitucional realizada por el referido apoderado judicial, observando al respecto lo siguiente:

Como punto previo, debe este Órgano Jurisdiccional determinar su competencia para conocer del recurso de apelación de autos, y al efecto observa que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en su sentencia N° 87 de fecha 14 de marzo de 2000, caso: Elecentro, atribuyó expresamente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la competencia para conocer de las apelaciones y consultas que se ejerzan contra las decisiones recaídas en primera instancia sobre acciones de amparo constitucional que hayan sido conocidas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

Ello así, y según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y de conformidad con el artículo 1° de la Resolución N° 2003-00033 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 12 de diciembre de 2003, publicada en la gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela Nº 37.866 del 27 de enero de 2004, por la cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo “(…) tendrá las mismas competencias que corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el resto del ordenamiento jurídico”, esta Corte es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 11 de marzo de 2003, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, y así se declara.

Delimitado lo anterior, pasa esta Corte a resolver la apelación de autos, y a tal efecto estima pertinente realizar algunas precisiones respecto del ámbito objetivo de la apelación:

El objeto de la apelación ejercida en la presente acción de amparo constitucional lo constituye originalmente el auto de fecha 11 de marzo de 2003 emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante el cual el referido Juzgado Superior negó la solicitud de reposición de la Audiencia Constitucional solicitada por el referido apoderado judicial mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2003 (folio 48).

Ahora bien, considera esta Corte oportuno confirmar el carácter de aplicabilidad supletoria que tienen las normas procesales contenidas en el Código de Procedimiento Civil en los juicios de amparo constitucional, la cual tiene su fundamento en la remisión expresa que realiza el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales a las normas procesales que se encuentren en vigor, y en tal sentido, observa lo siguiente:

Como premisa conceptual, se tiene que los actos procesales son la manifestación concreta de los poderes-deberes que corresponden al Juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, y se distinguen en actos de decisión y actos de mero trámite o sustanciación. Los actos de decisión son las providencias dictadas por el Juez para resolver una cuestión controvertida entre las partes como lo son las sentencias definitivas que resuelven el fondo de la controversia suscitada o las sentencias interlocutorias que resuelven las incidencias que pudieran suscitarse con ocasión del procedimiento. Por su parte, los actos de mero trámite o sustanciación son las providencias interlocutorias dictadas por el Juez en el curso del proceso para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre los intervinientes en el proceso. Pertenecen al impulso procesal, no contienen decisión de algún punto debatido, bien de procedimiento o de fondo, pues son ejecución de facultades otorgadas al Juez para la dirección y control del proceso, y por no producir gravamen alguno a las partes, son en consecuencia inapelables (Vid. Rengel Romberg Aristides; Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II).

En ese sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1745 de fecha 7 de octubre de 2004, caso: Jazmine Flowers Gombos N., estableció lo siguiente:

“(...) Las sentencias interlocutorias no apelables y que corresponden obviamente al concepto de autos de mera sustanciación son aquellas que no deciden ninguna diferencia entre las partes litigantes, y por ende son insusceptibles de poner fin al juicio o de impedir su continuación, ni causan gravamen irreparable a las partes, así lo ha aceptado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia; de tal manera que para conocer si se está en presencia de una de estas decisiones llamadas de mera sustanciación hay que atender a su contenido y a sus consecuencias en el proceso, de tal manera que si ellas, traducen un mero ordenamiento del Juez, dictado en uso de su facultad de conducir el proceso ordenadamente al estado de su decisión definitiva, responderá indefectiblemente a ese concepto de sentencia interlocutoria de simple sustanciación y por ende no apelable ya que de ser así se estaría violentando el principio de celeridad procesal tan celosamente custodiado por las normas adjetivas (...)” (Negrillas de esta Corte).


Ahora bien, observa esta Corte que el procedimiento de amparo constitucional interpuesto por la ciudadana Lidia Violeta Garrido contra la Alcaldía del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo concluyó en la Audiencia Constitucional celebrada el 11 de febrero de 2003, en la cual se declaró el desistimiento del procedimiento en virtud de la no asistencia de la presunta agraviada a la Audiencia Constitucional -previamente fijada por el a quo mediante auto de fecha 10 de febrero de 2003-, con fundamento en la sentencia Nº 7 de fecha 1° de febrero de 2000 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: José Amando Mejía Betancourt, la cual estableció los efectos de la no comparecencia de la presunta agraviada a la audiencia constitucional, precisando que “La falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados”, lo cual fue suficientemente motivado en ese sentido por el a quo en la referida acta de la Audiencia Constitucional de fecha 11 de febrero de 2005.

Ahora bien, se observa que el procedimiento de amparo constitucional incoado se encontraba formalmente terminado para el momento en que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte dictó el auto de fecha 11 de marzo de 2005, por el cual negó la solicitud de reposición de la Audiencia Constitucional realizada por la presunta agraviada y que constituye el objeto de apelación. Tal acto procesal, en criterio de esta Alzada, pareciera asemejarse a la naturaleza de los autos de mero trámite o sustanciación, por cuanto el mismo no comportó en sí una decisión de algún punto controvertido entre las partes, no creó algún tipo de gravamen ni generó consecuencias significativas dentro del procedimiento de amparo constitucional, en virtud de que dicho procedimiento –como se insiste- ya había concluido formalmente para el momento en que el mencionado auto fue dictado, en razón de la declaratoria de desistimiento de la acción de amparo en la oportunidad de la Audiencia Constitucional.

En razón de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional colige que la decisión que ciertamente causó estado dentro del proceso y ocasionó algún gravamen a las partes, es la declaración de desistimiento de la acción de amparo contenida en el acta de la Audiencia Constitucional efectuada el 11 de febrero de 2003, y no el auto de fecha 11 de marzo de 2005 contra el cual fue ejercido el recurso de apelación. En tal sentido, siendo la primera decisión contra la cual, en todo caso, debió ser interpuesto el recurso de apelación en virtud de ser ese el acto procesal contentivo de la decisión definitiva que puso fin al procedimiento de amparo constitucional, y en consecuencia, el acto procesal susceptible de la apelación o consulta previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Corte, actuando en sede constitucional, en virtud de las amplias facultades que posee el Juez de amparo y en atención al orden fundamental de los derechos cuyo resguardo y restitución es pretendido por medio de esta especial vía judicial, modifica el objeto de la apelación y pasa a analizar el acto que declaró el desistimiento de la acción de amparo constitucional contenido en el acta de la Audiencia Constitucional de fecha 11 de febrero de 2003, que es la decisión que causó un gravamen irreparable a la parte en el presente caso.

Ahora bien, observa esta Corte al folio treinta y nueve (39) del presente expediente que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte por auto de fecha 10 de febrero de 2003 fijó la oportunidad procesal a los fines de la realización de la Audiencia Constitucional en el presente juicio, fijando al efecto el día 11 de febrero a las diez (10:00) de la mañana para su correspondiente celebración. Ello así, llegado el día y hora fijados previamente por el Juzgado Superior para la realización de la Audiencia Constitucional, se dio inicio a la señalada Audiencia a la hora pautada para ello, dejando al efecto constancia de lo siguiente:

“(…) Se abrió el acto y se deja constancia que no se encuentra presente la parte presuntamente agraviada ciudadana LIDIA VIOLETA GARRIDO, ni personal (sic) alguna en su representación. Igualmente se deja constancia que se encuentra presente la ciudadana DINORAH CUDEMUS, (…) en su condición de SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO, asistida por la abogada MARIANELLA MILLÁN RODRÍGUEZ, (…), quien a su vez asume la representación sin poder del ALCALDE DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO. Por último se deja constancia que se encuentra presente el abogado GIANFRANCO CANGEMI, (…), en su carácter de SUPLENTE ESPECIAL DE LA FISCALÍA DÉCIMO QUINTA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. (…) El Tribunal en vista de la inasistencia de la parte presuntamente agraviada pasa a dictar el dispositivo del fallo declarando DESISTIDA la pretensión de amparo presentada por la ciudadana por la ciudadana LIDIA VIOLETA GARRIDO, de conformidad con jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1° de febrero de 2000, la cual sentó el criterio de que la inasistencia a la audiencia constitucional por parte del querellante es considerada como un desistimiento de la acción que extingue la instancia”.

Así las cosas, el apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada mediante diligencia presentada en esa misma fecha -11 de febrero de 2003-alegó haber llegado al aludido Juzgado Superior “a las 10:20 a.m. y la ciudadana Juez declaró desistida la pretensión”, es decir, veinte (20) minutos después de la hora fijada para la celebración de la Audiencia Constitucional.

Asimismo, la ciudadana Lidia Violeta Garrido, parte presuntamente agraviada en el presente litigio, mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2003, alegó que su apoderado judicial no pudo asistir a la hora fijada para la Audiencia Constitucional por cuanto para esa misma fecha y hora le había sido fijada otra Audiencia Constitucional en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Carabobo, en el juicio de amparo constitucional incoado por la ciudadana Conceicao Garcés Pita de Da Silva en contra de su apoderado judicial, consignado al efecto copias certificadas del expediente contentivo de la referida acción de amparo tramitada ante el mencionado Juzgado.

Lo precedentemente señalado forja la convicción de esta Corte en el siguiente sentido: el apoderado judicial tenía previo conocimiento de la celebración de ambas audiencias constitucionales para la misma fecha y hora, e irrefutablemente, debía tener conocimiento suficiente de que no era materialmente posible poder asistir a las dos (2) audiencias constitucionales, por lo cual pudo tomar la previsión de informar anticipadamente sobre esa situación al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte y solicitar en consecuencia el diferimiento de la audiencia, o en todo caso, recurrir a la figura de la sustitución de poder en otro abogado a los fines de que lo representara ante la Audiencia Constitucional pautada por el referido Juzgado Superior. No habiendo tomado las referidas previsiones el apoderado judicial de la presuntamente agraviada, no puede pretender que el Juez de la causa supla su falta de diligencia ordenando la reposición de la Audiencia Constitucional (En tal sentido, véase sentencia de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nº 2005-00056 de fecha 24 de enero de 2005, caso: Maritza Gil de Flores).

Ahora bien, por cuanto no se desprende del texto del acta de la Audiencia Constitucional que el a quo haya dejado de apreciar la existencia de alguna norma de orden público o que la misma vulnere o contradiga interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, sobre el sentido y aplicación que debe darse a determinadas normas del ordenamiento jurídico, a los fines de garantizar su armonía con las disposiciones del Texto Fundamental, por el contrario, se observa que acogió el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 1° de febrero de 2000, caso: José Amando Mejía, el cual sentó que la falta de asistencia de la parte presuntamente agraviada a la Audiencia Constitucional dará por terminado el procedimiento de amparo constitucional, y en consecuencia, la extinción de la instancia.

No obstante, se observa que el acta de la Audiencia Constitucional de fecha 11 de febrero de 2003, que declaró “DESISTIDA la pretensión de amparo presentada por la ciudadana LIDIA VIOLETA GARRIDO”, contiene en sí una imprecisión cuando atribuye a la falta de comparecencia de la referida ciudadana al acto de la Audiencia Constitucional -en su condición de accionante- el carácter de desistimiento de la pretensión de amparo, siendo lo correcto en criterio de esta Corte y en aplicación de lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 7 de fecha 1° de febrero de 2000, caso: José Amado Mejía Betancourt, declarar por terminado el procedimiento de amparo constitucional en caso de la incomparecencia de la presunta agraviada a la audiencia oral y pública, y no como inexactamente falló el a quo cuando declaró el desistimiento de la pretensión.

En virtud de lo expuesto, esta Alzada revoca la decisión de fecha 11 de febrero de 2003, contenida en el Acta de Audiencia Constitucional celebrada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, conforme a la precisión realizada supra sobre la base de la sentencia de la Sala Constitucional Nº 7 de fecha 1° de febrero de 2000, caso: José Amado Mejía Betancourt. En consecuencia, declara por terminado el procedimiento de amparo constitucional incoado por la ciudadana Lidia Violeta Garrido contra la Alcaldía del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo. Así se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Neptalí Olvino Tovar, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana LIDIA VIOLETA GARRIDO, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 11 de marzo de 2003, que negó la solicitud de reposición de la audiencia constitucional realizada por la presunta agraviada;

2.- MODIFICA EL OBJETO DE LA APELACIÓN en el juicio de amparo constitucional seguido por la ciudadana LIDIA VIOLETA GARRIDO contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO;

3.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el acta de fecha 11 de febrero de 2003, emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que declaró desistida la pretensión de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana LIDIA VIOLETA GARRIDO contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA DEL ESTADO CARABOBO. En consecuencia, se revoca la precitada decisión por los motivos expuestos en la motiva de este fallo;

4.- TERMINADO el procedimiento de amparo constitucional.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes agosto de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta,


MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Ponente

El Vicepresidente,


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ

La Jueza,



BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ

La Secretaria,



JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ

Exp.N° AP42-O-2004-000430
MELM/0020.-

En la misma fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 9:40 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-02736.


La Secretaria