REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE SEGUNDA

CARACAS DIECISIETE DE AGOSTO DE 2005 Años 195° y 146° En fecha 17 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el Oficio N° 1345-04 de fecha 3 de noviembre de 2004, emanado del Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Armando Izaguirre M., Alexander Galicia Tron, Vanesa Clavier Ríos, Ricardo Henríquez Larrazabal, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 62.984, 16.612, 59.043 y 64.816, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano EPIFANIO SALAZAR titular de la cédula de identidad N° 5.856.914, contra la sociedad mercantil INVERSIONES RIO CHANARO C.A., la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Segundo, Tomo 87-A-Sgdo., N° 1, de fecha 13 de marzo de 1991, en virtud de la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 27, 87, 89, 93, 94, 95 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tal remisión se efectuó en virtud de la consulta de Ley establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la cual se encuentra sometida el fallo de fecha 3 de septiembre de 2004, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional incoada. En fecha 3 de febrero de 2005, se dio cuenta a la Corte y, previa distribución, se designó ponente a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 10 de febrero de 2005, se pasó el presente expediente a la Jueza Ponente. Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, observa esta Corte lo siguiente: Conforme a lo establecido en sentencia de fecha 22 de junio de 2005, Expediente N° 03-3267, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los expedientes que se envían en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume que, por falta de apelación, todas las partes están satisfechas. En dicho fallo se estableció que: “Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará -ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación -en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”. Conforme a lo anterior, observa esta Alzada que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 3 de septiembre de 2004, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo. Así se decide. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. La Presidenta, MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS El Vicepresidente, JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ La Jueza, BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ Ponente La Secretaria, JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ BJTD/i Exp. N° AP42-O-2004-000792 En la misma fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 8:55 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-02727. La Secretaria