REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE SEGUNDA

CARACAS DIECISIETE DE AGOSTO DE 2005 Años 195° y 146° El 24 de enero de 2005 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el Oficio N° 5516 de fecha 7 de diciembre de 2004, emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano José Alberto León Rangel, titular de la cédula de identidad N° 3.767.680, debidamente asistido por los abogados Orángel Bogarín y José Manuel Salinas Briceño, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 60.946 y 58.087, respectivamente, contra la ciudadana Oda Núñez de Peña en su carácter de Directora de la Zona Educativa del Estado Mérida, en virtud de la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 27, 51 y 89 numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha remisión tuvo lugar en virtud de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes el 10 de junio de 2004, en el cual se declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta en el presente proceso, con base en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El 2 de febrero de 2005 se dio cuenta a la Corte y, previa distribución automática del Sistema JURIS 2000, se designó ponente al Juez Jesús David Rojas Hernández, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 10 de febrero de 2005 se pasó el expediente al Juez Ponente. Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, observa esta Corte lo siguiente: Conforme a lo establecido en sentencia No. 1307 de fecha 22 de junio de 2005, Expediente N° 03-3267, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los expedientes que se envían en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume que, por falta de apelación, todas las partes están satisfechas. En dicho fallo se estableció que: “(…) Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará -ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación -en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara (…)”. (Negrillas de la Corte). Al respecto, observa esta Alzada que transcurridos como han sido los treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, sin haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que fuese decidida la consulta a la que se encuentra sometida la decisión dictada el 10 de junio de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante el Oficio N° 5516 de fecha 7 de octubre de 2004 emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, queda firme el citado fallo, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo, todo ello en virtud de la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS Presidenta JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ Vicepresidente-ponente BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ Jueza JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ La Secretaria JDRH/8 Exp. N° AP42-O-2005-000103 En la misma fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 10:10 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-02742. La Secretaria, JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ