REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE SEGUNDA

CARACAS VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2005 Años 195° y 146° En fecha 26 de octubre de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 2307-05 de fecha 5 de agosto de 2005, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Alexander Durán Olivares, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 60.981, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JORGE ELIÉCER TORRES FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 3.212.910, contra la ciudadana ROSIRIS D´ APOLLO, en su condición de Directora General de la Oficina de Recursos Humanos, del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, a fin de que se le restituya de manera inmediata la situación jurídica infringida a su mandante, en virtud de la presunta violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso acaecidos en el procedimiento administrativo incoado en su contra, arrojando como resultado su destitución. Dicha remisión se efectuó en virtud de la consulta establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la cual se encuentra sometido el fallo dictado en fecha 7 de diciembre de 2004, por el referido Juzgado Superior, que declaró inadmisible la solicitud de amparo constitucional interpuesta. El 26 de octubre de 2005, se dio cuenta a la Corte y, por auto de esa misma fecha, previa distribución, se designó ponente al Juez Alexis José Crespo Daza. En fecha 27 de octubre de 2005, se pasó el expediente al Juez ponente. Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previas las siguientes consideraciones: Conforme a lo establecido en sentencia N° 1.307 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 22 de junio de 2005, bajo la ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, (caso: Ana Mercedes Bermúdez), los expedientes que se envían en consulta, contienen decisiones en relación con las cuales se presume que, por falta de apelación, todas las partes están satisfechas. En dicho fallo se estableció que: “La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara. …omissis… Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará -ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación -en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”. De acuerdo a lo anterior, observa esta Alzada que habiendo transcurrido con creces los treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, queda firme la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al referido Órgano Jurisdiccional. Así se decide. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de origen. La Presidenta, ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ El Vicepresidente, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL El Juez, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA Ponente La Secretaria, JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ AJCD/k Exp. N° AP42-O-2005-000985 En la misma fecha veintidós (22) de diciembre de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 5:35 de la tarde, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-03283. La Secretaria,