REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, diecisiete de enero de dos mil cinco 194º y 145º ASUNTO : KP02-S-2004-011431 LA JUEZ SUPLENTE ABOGADA ROLGA NAVA VALBUENA SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE SOLICITUD. Vista la solicitud presentada por el Ciudadano ALBERTO ANTONIO YEPEZ SILVA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 7.334.952, de este domicilio, asistido del abogado Antonio Colmenares Daza. IPSA No. 42.953, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en el Barrio Los Positos, Calle 5 con la Avenida Principal, Sector II, No. 103, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido que mide 11,00 metros de frente por 24,50 metros de fondo ; alinderadas de la siguiente manera NORTE: Con Calle 5, que es su frente ; SUR: Con Terrenos ejidos ocupados ; ESTE: Con Terrenos ejidos ocupados por JESUS TORREALBA Y OESTE: Con Terrenos ocupados por FRANCISCA MIRELLA GUEDEZ. Dichas bienhechurías están constituidas por Un Inmueble de paredes de bloques y vigas de riostra. El valor invertido es la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES ( Bs.3.000.000,oo ), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos JOSE ANTONIO PIÑA Y JUAN DE DIOS SANTANA, Titulares de las cédulas de identidad Nos. 7.430.694 y 433.076 respectivamente, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor del Ciudadano ALBERTO ANTONIO YEPEZ SILVA ya identificado, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Suplente Rolga Nava Valbuena La Secretaria María Fernanda Alviárez RNV/AMV