Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Expediente Nº AP42-N-2004-000765

En fecha 8 de octubre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Nº 1317-04 de fecha 11 de agosto de 2004, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, ejercido por la abogada Deisy Muñoz Ortega, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 36.491, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JUAN BAUTISTA ESCORCHE SALCEDO, titular de la Cédula de Identidad Nº 10.368.620, contra la Providencia Administrativa Nº 1480 de fecha 19 de enero de 2004, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO EN EL ESTADO LARA, que declaró sin lugar su solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.

Tal remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada en fecha 11 de agosto de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declinó la competencia a esta Corte, para conocer del recurso interpuesto.

En fecha 7 de diciembre de 2004 se dio cuenta a la Corte y previa distribución, se asignó la ponencia a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En esa misma fecha se pasa el expediente a la Jueza Ponente.

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

La apoderada judicial de la parte recurrente, fundamentó el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que en fecha 16 de agosto de 2002 su representado “(…) ingresó en la empresa de Vigilancia Privada SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD LA VUELTOSA C.A. (SEPRIVSEV), ocupando el cargo de vigilante, devengando un salario quincenal de Bs. 139.000,00 (…)”. (Mayúsculas de la parte recurrente).

Que “en fecha 15 de junio del 2003 fue despedido de su puesto de trabajo, a pesar de estar amparado de inamovilidad laboral según Decreto Presidencial No. 1752 de fecha 28 de abril del 2002 y con su última prorroga prevista en el Decreto Presidencial No. 2.271 de fecha 11 de enero del 2003 (…)”.

Que “En fecha 17 de junio del 2003 mi representado presentó solicitud de Reenganche y pago de Salario (sic) caídos por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara (…)”.

Que admitida la solicitud y notificada la empresa accionada, “(…) se llevó a cabo el acto de contestación de la solicitud, presentándose el ciudadano JOSE RANGEL, quien manifiesta ser gerente de la empresa (…)”. (Mayúsculas de la parte recurrente).

Que “(…) el ciudadano JOSE ADALBERTO RANGEL atribuyéndose la representación de la empresa accionada promueve la supuesta renuncia suscrita por el accionante (…)”. (Mayúsculas de la parte recurrente).

Que durante el lapso probatorio, -el apoderado judicial de la recurrente- procedió a impugnar el escrito de promoción de pruebas, así como las pruebas promovidas por el representante de la empresa accionada en el procedimiento sustanciado ante la mencionada Inspectoría del Trabajo, “(…) en virtud de que el mismo no es abogado (…)”.

Que “(…) el ciudadano JOSE RANGEL no podía actuar sin asistencia de abogado en el procedimiento de solicitud de reenganche (…)” por cuanto dicha actuación atenta contra lo establecido en los artículos 138, 150, 151 y 166 del Código de Procedimiento Civil, así como contra el artículo 3 de la Ley de Abogados. (Mayúsculas de la parte recurrente).

Que como consecuencia de lo anterior “En fecha 16 de septiembre del 2003, el abogado Gerardo Nieto Quintero actuando en su carácter de apoderado de la accionada (…), suscribe diligencia, a través de la cual establece que yo no tenía poder atribuido en autos, y por ende no tengo cualidad para impugnar la carta poder, y pide la nulidad de lo actuado (…)”.

Que, “Si bien es cierto que no reposa en auto (sic), el instrumento poder que acredite mi representatividad, no es menos cierto que la falta de poder, no fue alegada en la oportunidad que establece el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil (…)”.

Que “(…) En fecha 17 de septiembre de 2003, el ciudadano Gerardo Nieto suscribe diligencia a través de la cual de la cual ratifica que se tenga (sic) mis actuaciones como no hechas, por no tener poder, y ratifica su escrito de promoción de pruebas”.

Que “En la oportunidad de presentar INFORMES, solo la parte que represento presentó informes”. (Mayúsculas de la parte recurrente).

Que, no obstante todo lo anterior, “(…) En fecha 19 de enero del 2004, la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara por providencia No. 1480 declara SIN LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios caídos” (Mayúsculas de la parte recurrente).

Que en relación a la “(...) SUPUESTA RENUNCIA” promovida por la representación de la empresa accionada, “(…) mi representado está domiciliado en Barquisimeto, Estado Lara. Sin embargo la carta de renuncia fue suscrita en SAN CRISTÓBAL, lo cual debe hacer entrar en dudas al juzgador, puesto que como es posible, que un trabajador, domiciliado en Barquisimeto, y estando una sucursal de la empresa en Yaritagua, e incluso con una sucursal en Acarigua, se va a trasladar a San Cristóbal para renunciar?”. (Mayúsculas y negrillas de la parte recurrente).

Que “(…) la persona que llena los datos de fecha de la renuncia y la fecha de ingreso, es distinta a la persona de mi representado, que es quien firma dicho instrumento (…)” y, en consecuencia, “Es obvio que la citada carta de renuncia está constituido (sic) por un formato prediseñado, por lo que no puede tomarse como un instrumento que contenga la voluntad expresa y sin coerción de una persona a poner fin a la relación laboral”.

Que en la Providencia Administrativa impugnada “(…) nada se menciona o se analiza sobre el alegatos (sic) de las partes, sobre la falta de representatividad, ni sobre la impugnación de la contestación de la solicitud y de la promoción de pruebas, ni sobre la solicitud de confesión, es más dice la Inspectora en su decisión que la renuncia no fue impugnada o desconocida en su oportunidad legal”, no obstante “(…) el cuarto día siguiente (…)” de la fecha de admisión de las pruebas “(…) IMPUGNE (sic) la promoción de pruebas presentada (sic) por el ciudadano JOSE RANGEL, y en fecha 19 de septiembre, ratifique (sic) mi impugnación y establecí la situación de hecho en cuanto a la renuncia formulada”.

Que solicita se admita el presente recurso contencioso administrativo de nulidad y, finalmente, sea declarada la nulidad de la Providencia Administrativa impugnada.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo la oportunidad para decidir, pasa esta Corte a dictar sentencia previas las siguientes consideraciones:

I.- Respecto a su competencia para conocer de la presente causa, debe este Órgano Jurisdiccional señalar que, siendo el objeto de impugnación, en el caso que nos ocupa, una Providencia Administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo, resulta oportuno destacar lo establecido en la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcategui), -aún vigente según sentencia N° 1303 de fecha 9 de julio 2004, emanada por la mencionada Sala-, en la cual se señaló lo siguiente:

“(…) (i) La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión -distinta de la pretensión de amparo constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso-administrativa.
(ii) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal (…)”.

Visto el criterio expuesto en la decisión transcrita ut supra, y en vista de que la competencia atribuida a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es la misma para la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, según Resolución N° 2003-00033 de fecha 10 de diciembre de 2003, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004; en virtud de que el presente caso se trata de un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Providencia Administrativa N° 1480 de fecha 19 de enero de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara, debe esta Corte aceptar la competencia declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental para conocer de la presente causa, y así se decide.

II.- Determinada como ha sido la competencia de esta Corte para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, se ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del presente recurso, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 19 aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, así como, los requisitos de la demanda indicados en el artículo 21 aparte 9 eiusdem, salvo la causal ya analizada.

III
DECISIÓN


Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, ejercido por la abogada Deisy Muñoz Ortega, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 36.491, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JUAN BAUTISTA ESCORCHE SALCEDO, titular de la Cédula de Identidad Nº 10.368.620, contra la Providencia Administrativa Nº 1480 de fecha 19 de enero de 2004, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO EN EL ESTADO LARA, que declaró sin lugar su solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.

2.- ORDENA la remisión del expediente principal al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente causa y notifique de la presente decisión.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil cinco (2005). Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.


La Presidenta,


MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS

El Vicepresidente,


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,



BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente



La Secretaria,



JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ



BJTD/g
Exp. Nº AP42-N-2004-000765
Decisión n° 2005-00071