REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DE LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL SECCIÓN ADOLESCENTES
Valencia, 17 de Febrero de 2005
Años 194º y 145º
ASUNTO : GP01-S-2005-000304
Visto el escrito presentado por la Abog. HECTOR PIMENTEL, Fiscal del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio del Estado Carabobo, solicitando el sobreseimiento definitivo de la presente causa , la cual cursó por ante el extinto Cuerpo Técnico de Policia Judicial, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 460 del Código Penal, seguida a los entonces adolescentes -----------, este Tribunal para decidir, observa: PRIMERO: Riela en las actuaciones al folio uno (1), acta de Denuncia presentada por ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en fecha 11 de Diciembre de 1991, por la ciudadana Belkis Hidalgo, manifestando que ese día como a la 11 de la mañana, llegaron cuatro sujetos a la Peluqueria Brigette, dos de ellos con armas de fuego y las amarraron llevandose párte de la mercancia siendo detenidos a la salida del establecimiento por funcionarios policiales SEGUNDO: Riela al folio 18, Acta Policial ,levantada por el funcionario Alexis Estrada, donde señala las circunstancias de la aprehensión de los sujetos, quienes quedaron identificados como ---------quienes fueron entregados a sus representantes. TERCERO: Se observa que el hecho ocurrió en fecha 11/12/91, durante la vigencia de la Ley Tutelar de Menores, que establecía que los “menores” en conflicto con la Ley Penal, eran considerados “en situación irregular”, inimputables e irresponsables penalmente y en caso de comprobarse que hubieren participado en la comisión de un hecho punible, eran sometidos a medidas reeducativas en régimen abierto o cerrado, a criterio del Juez, quien gozaba de amplias facultades discrecionales en tal sentido, sin atender a criterios socio-jurídicos, como la entidad del delito, la magnitud del daño causado, el grado de participación, sino a los estudios de personalidad del “menor”, establecidos en el artículo 103 de la Ley vigente para entonces, pues se trataba únicamente el aspecto correccional. Este criterio, dio un vuelco, al entrar en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, creadora del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, que claramente establece la responsabilidad penal del adolescente y la consecuente sanción, en caso de comprobarse en el proceso su participación en un hecho punible (artículo 528 de la Ley). CUARTO: Establece el artículo 24 de la Constitución Patria el principio de irretroactividad de la Ley, cuando expresa: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga menor pena.......” “.........Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea”. En el caso que nos ocupa, tenemos dos leyes antagónicas en cuanto a los procesos de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, para aquellos casos de procesos en curso por hechos que ocurrieron bajo la vigencia de la Ley derogada, que según la norma constitucional citada y el artículo 680 de la Ley vigente, deberían regirse por ésta, si fuere la más favorable, en acato a la disposición mencionada. Analizando las actuaciones, nos encontramos ante un hecho que encuadra dentro de los supuestos que configura el delito de ROBO AGRAVADO y que el entonces adolescente pudo haber participado en su comisión; no obstante, en caso que de las diligencias de investigación hubieren resultado suficientes elementos de convicción para suponerlo, no puede ser sancionado por las razones expresadas, en especial, por no ser responsable penalmente según la Ley vigente para la supuesta ocurrencia de los hechos; circunstancias que hacen procedente la solicitud Fiscal del sobreseimiento de la Causa, por faltar una condición para imponer la sanción, supuesto exigido en el literal “d” del artículo 561 de la Ley especial vigente. En mérito de las anteriores consideraciones y de las razones de hecho y de derecho explanadas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA, en favor de los ciudadanos------------ antes identificadoS, a quienes se les ratifica su LIBERTAD PLENA. Notifíquese a las partes. Líbrense Boletas. En su oportunidad, remítase la actuación al Tribunal de Ejecución. Expídase por Secretaría copia certificada de esta decisión para ser archivada en el copiador correspondiente.
La Jueza Primera de Control,
Abog. Yolly Cárdenas Sánchez La Secretaria,
Abog. Eylin Ruiz