JUEZ PONENTE: RAFAEL ORTIZ-ORTIZ EXPEDIENTE N° AP42-R-2003-001617 - I - NARRATIVA El 2 de julio de 2003, se recibió en esta Corte el oficio n° 344 de fecha 25 de abril del mismo año, emanado del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Ciro Enrique Velazco Angulo, Marisol Pinto Zambrano y Ana Hortencia Cortez G., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 46.715, 64.767 y 50.908, procediendo con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARÍA ISABEL RUIZ ZERPA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad nº 4.856.484, contra el acto administrativo contenido en oficio n° 1060 de fecha 20 de diciembre de 2000, emanado de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, mediante el cual se retiró a la mencionada ciudadana del cargo de “Asistente de Oficina III”. La remisión se efectuó por haberse oído en ambos efectos la apelación interpuesta por la abogada María Gabriela Vizcarrondo, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 66.539, procediendo con el carácter de apoderada judicial especial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 28 de marzo de 2003, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. El 6 de mayo de 2003, se dio cuenta a la Corte y, por auto de la misma fecha, se designó ponente; fijándose el décimo día para comenzar la relación de la causa. En fecha 27 de mayo del mismo año, la abogada Martha Magin, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 75.922, procediendo con el carácter de apoderada judicial especial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, presentó escrito de fundamentación de la apelación. El 28 del mismo mes y año, comenzó la relación de la causa. En fecha 11 de junio de 2003, la abogada Marisol Pinto, antes identificada, y actuando en representación de la parte actora, consignó escrito de contestación a la apelación. El día 12 de junio de 2003, comenzó el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas, el cual venció el 25 del mismo mes y año. Mediante auto del 26 de junio de 2003, se fijó el décimo día de despacho siguiente para que tuviera lugar el acto de informes. En fecha 22 de julio de 2003, se dejó constancia de que la apoderada judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas presentó escrito de informes. Se dijo “Vistos”. Reconstituida la Corte por la incorporación del Juez RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, la misma quedó conformada de la siguiente manera: TRINA OMAIRA ZURITA, Jueza-Presidente; OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL, Juez-Vicepresidente y RAFAEL ORTIZ-ORTIZ, Juez. Por auto de fecha 29 de junio de 2005, se reasignó la ponencia a quien con tal caracter suscribe el presente fallo. Por auto de fecha 13 de abril de 2005, esta Corte se avocó al conocimiento de la presente causa y reasignó la ponencia a quien suscribe el presente fallo. Analizadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, se pasa a dictar decisión con base en la argumentación siguiente: - II - DE LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA PRETENSIÓN NULIFICATORIA 1. PRETENSIÓN JURÍDICA DEL QUERELLANTE Mediante escrito presentado el 8 de octubre de 2002, los apoderados judiciales de la ciudadana María Isabel Ruiz Zerpa, interpusieron recurso contencioso administrativo funcionarial contra el acto administrativo contenido en oficio n° 1060 de fecha 20 de diciembre de 2000, emanado de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, mediante el cual se retiró a la mencionada ciudadana del cargo de “Asistente de Oficina III”, en los términos siguientes: Que su representada ingresó a la extinta Gobernación del Distrito Federal, en fecha 23 de octubre de 1985, ocupando para el momento de su ilegal despido el cargo de Asistente Administrativo III. Alegaron que en fecha 20 de diciembre de 2000, su representada fue notificada de su remoción, mediante acto administrativo de la misma fecha suscrito por el Director de Personal de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas William Medina Pasos, por delegación del Alcalde mediante Resolución n° 081 del 11 de diciembre de 2000, publicada en Gaceta Oficial n° 37.098 de fecha 13 de diciembre de 2000, donde le informaron que su relación laboral concluía el 31 del mismo mes y año. Señalaron que la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, establece en su artículo 9.1 que el personal al servicio de la Gobernación del Distrito Federal y sus entes adscritos, continuaría en el desempeño de los cargos que ostentaban para ese momento hasta tanto culminase el período de transición. Que la errónea interpretación del artículo 9 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, hace nulo el acto en cuestión; situación esta que lesiona los derechos a la estabilidad y al trabajo de su representada por tratarse de una funcionaria pública. Indicaron que la sentencia de la Sala Constitucional antes mencionada, declaró la ilegalidad e inconstitucionalidad de los artículos 11, 13 y 14 del Decreto nº 030, dictado por el Alcalde Metropolitano, y respecto al numeral 1 del artículo 9 de la anteriormente señalada, estableció que dicha norma lo que pretende es que el personal al servicio de la Gobernación del Distrito Federal y de sus entes adscritos, continuarían en el desempeño de sus cargos, mientras durara el período de transición, de conformidad con la Constitución y las Leyes, lo que de ninguna forma implicaba que, cumplido éste, los funcionarios y obreros perderían la estabilidad y permanencia en sus cargos. Adujeron que como consecuencia de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de abril de 2002, el acto administrativo impugnado debe ser declarado nulo, “por fundamentarse en una norma declarada por el Tribunal Supremo de Justicia como inconstitucional; y en conformidad con lo previsto en el artículo 335 de la Constitución (…)”. Alegaron que por sentencia del 31 de julio de 2002, esta Corte declaró con lugar la apelación ejercida por el Distrito Metropolitano de Caracas contra la decisión emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 14 de agosto de 2001 mediante la cual había declarado con lugar las querellas interpuestas conjuntamente con pretensión de amparo por su mandante y otros funcionarios contra la referida Alcaldía y, en consecuencia, revocó dicho fallo con fundamento en la figura procesal de la inepta acumulación de pretensiones. Señalaron que la sentencia del 31 de julio de 2002, de este órgano jurisdiccional estableció que el cómputo del lapso de caducidad a que se refiere el artículo 82 la Ley de Carrera Administrativa (norma aplicable rationae temporis), iniciaría a partir del 11 de abril de 2002, fecha de publicación del fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la nulidad parcial del artículo 8 de la Ley de Transición del Distrito Federal del Distrito Metropolitano de Caracas y; por esta razón procedió a recurrir, individualmente, el acto administrativo cuya nulidad solicita. Denunciaron que el acto administrativo impugnado está viciado de ilegalidad, debido a que violó el derecho a la defensa, debido proceso y estabilidad en el cargo, de conformidad con lo numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con los artículos 93 y 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del artículo 17 de la Ley de Carrera Administrativa. Alegaron la violación al debido proceso administrativo establecido en el artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa, en concordancia con los artículos 117 al 120 del Reglamento de la referida Ley, debido a que la desincorporación de su representada fue ejecutado a través del procedimiento establecido en los artículos 11, 13 y 14 del Decreto N° 030 publicado en Gaceta Oficial n° 37.073 de fecha 8 de noviembre de 2000, los cuales fueron declarados inconstitucionales. Adujeron la violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el procedimiento legalmente establecido fue inobservado por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, al momento de dictar el acto administrativo impugnado. Como corolario de lo anterior, solicita se declare nulo el acto administrativo contenido en oficio n° 1060 de fecha 20 de diciembre de 2000; se reincorpore a su representada al cargo de “Asistente de Oficina III”; o a otro de igual o superior jerarquía, así como el pago de los sueldos dejados de percibir y demás derechos materiales derivados del ejercicio del cargo que le correspondan, desde el momento de su ilegal retiro hasta su efectiva reincorporación. Así mismo, solicitan sea ordenada una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. 2. PRETENSIÓN JURÍDICA DEL QUERELLADO Mediante escrito presentado en fecha 8 de enero de 2003, la apoderada judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas presentó escrito de contestación de la querella, donde señaló lo siguiente: Que “La acción se interpone extemporáneamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 ordinal 3º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según el (Sic) cual las acciones y recursos de nulidad contra los actos dictados con relación a dicha Ley caducan a los seis meses”. Alega que “quienes intenten demandas alegando para su provecho el criterio vinculante de la Sala para la protección individual de sus respectivos derechos, deben además alegar y probar para el momento de su interposiciones, que su desincorporación, retiro, despido, etc, se produjo a través de los procedimientos previstos en los artículos 11, 13 y 14 del Decreto Nº 030, antes identificado”. Aduce que “a pesar de la referencia expresa que hace la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo al artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa, con la entrada en vigencia de la novísima Ley del Estatuto de la Función Pública, se reduce el lapso de caducidad de seis a tres meses”. Señala que “En el caso de sub iudice, (…) el actor por una parte no alega ni aporta con ocasión a la interposición de la querella, elemento alguno que pruebe los requisitos sustanciales para intentar la presente querella, es decir que fue afectado por la norma declarada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de abril de 2002, (Caso Lidia Cropper y Otros) y, que se les destituyó, retiró, despidió o en alguna manera se le desincorporó a través de los procedimientos previstos en los artículos 11, 13 y 14 del Decreto N. 030, publicado en Gaceta Oficial N. 37.073, del 8 de noviembre de 2000, dictado por el Alcalde Metropolitano de Caracas”. Asimismo reitera que “han transcurrido desde la notificación del acto administrativo más de los tres (3) meses que establece como lapso el artículo 94 de la Ley del Estatuto para (Sic) la Función Pública para que opere la caducidad, por lo tanto esta ya opero fatalmente”. Asegura que “la Ley de Transición, incorpora una nueva causal de retiro para los funcionarios de carrera administrativa que prestaban sus servicios en la extinta Gobernación del Distrito Federal, distinta a las establecidas en el Artículo 53 de la Ley de Carrera Administrativa”. Expone la apoderada judicial de la Alcaldía recurrida respecto al vicio de inmotivación del acto administrativo alegado por el demandante que “mayor claridad es imposible y habida cuenta que el acto administrativo desarrollo de manera sucinta cada uno de los elementos esenciales para llegar a su fin, no siendo necesario abundantes datos y elementos de una manera extensa para motivar el acto. La inmotivación como vicio de forma de los actos administrativos, consiste en la ausencia absoluta de motivación; mas no aquella que contenga los elementos principales del asunto debatido y su principal fundamentación legal, lo cual garantiza al interesado el conocimiento del juicio que sirvió de fundamento para la decisión”. En cuanto al alegato de la parte actora referido a la nulidad del acto administrativo, aduce la querellada que la “Ley de Transición faculta entonces a la máxima autoridad civil, política y administrativa del Distrito Metropolitano, en virtud de la situación de creación de un ente de carácter municipal a razón de la extinción de un ente de carácter nacional, cual es, la Gobernación del Distrito Federal, a reestructurar, organizar y reformular las estructuras del ente político territorial municipal nuevo y con base en ello, el referido instrumento normativo plantea (…) el procedimiento aplicable para (Sic) transición del ente gubernativo Estadual (…) al Municipal”. Expresa que “La transición institucional ordenada por la Constitución de 1999 y concretada en la Ley Especial sobre Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, establece una causal de retiro de la Administración Pública no prevista en el artículo 53 de la Ley de Carrera Administrativa, a saber, el egreso por supresión o extinción del organismo donde presta servicios el funcionario. Es decir, la supresión de la Gobernación del Distrito Federal no puede reputarse como una reestructuración administrativa de la misma, puesto que no le sobrevive estructura administrativa alguna que pueda considerarse ‘reorganizada o reestructurada’.” Aduce que nunca “ha sido cuestionado –por vía de control difuso de la constitucionalidad- el procedimiento previsto en el artículo 9 de la Ley Especial del Distrito Metropolitano de Caracas (…). En tal sentido, vista la presunción de legitimidad y constitucionalidad que acompaña a todas las leyes, huelga concluir que dichos dispositivos se ajustan a derecho y, en consecuencia, no son susceptibles de afectar los derechos de (Sic) recurrente en nulidad”. Finalmente solicita sea declarada “sin lugar la pretensión de la accionante”. - III - DE LA SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN En fecha 28 de marzo de 2003, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, fundamentando su decisión en los siguientes términos: Como punto previo pasa este Juzgado a pronunciarse respecto a la legitimidad de la querellante para interponer este recurso, tenemos que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en su artículo 121, expresa que la nulidad de los actos administrativos podrán (sic) ser solicitada por quienes tengan interés personal, legítimo y directo. Así mismo el artículo 124 numeral 1 de la Ley Ejusdem (sic), determina que no se admitirá recurso cuando el accionante no tenga cualidad o interés. (…) la sentencia N° 2002-2058, emanada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 31-07-2002, en la decisión declaró (…): “Que aquellos ciudadanos que actuaron como querellantes (…) en la presente causa, que reúnan los extremos sustantivos establecidos en la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…) que declara la nulidad parcial del artículo 8, exclusivamente en su numeral 4, de la Ley de Transición del Distrito Federal (…), podrán interponer nuevamente, y en forma individual, sus respectivas querellas contra la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas…” Se evidencia que la ciudadana MARÍA ISABEL RUIZ ZERPA, aparece en la sentencia de la Corte Primera (…), como querellante, por lo que dicha ciudadana tiene legitimidad (…). Así se decide (…) conforme al fallo de la sentencia de la Corte Primera (…) debiendo computar el lapso de caducidad desde la fecha en que fue publicada la sentencia deduciendo el tiempo transcurrido hasta la fecha de publicación del mismo, y para ejercer válidamente esta acción tendrá un término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación, por lo que fue publicada en fecha 31-07-2002 y la interposición de la querella fue 08-10-2002, lo que significa (…), que no había transcurrido el lapso fatal de 6 meses contemplado en el artículo 82 de la Ley de Carrera, en consecuencia no había operado la caducidad (…). Conforme a la defensa alegada por la parte actora, conforme a que el acto administrativo que impugna se sustenta en el numeral 1° del artículo 9 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas. (…) Es de acotar que el propósito y alcance de la referida norma es proteger a los funcionarios de la extinta Gobernación del Distrito Federal y de sus entes adscritos, durante el período de transición hasta que se definiera a que organismo quedarían adscritos para seguir prestando sus servicios. De lo anterior se concluye que el artículo 9 ordinal 1° de la Ley de Transición, no era una carta en blanco que permitiera extinguir la continuidad laboral, que tenían los funcionarios de la extinta Gobernación del Distrito Federal, antes, durante o después del período de transición al Distrito Metropolitano de Caracas, de allí que dichos funcionarios continuaban en su relación laboral con un nuevo organismo (…), por lo cual la Alcaldía del Distrito Metropolitano no pude (Sic) fundamentar sus actos administrativos de retiro en un falso supuesto Por todo lo antes expuesto, y a los efectos de que el acto administrativo N° 1060 de fecha 20 de diciembre de 2000, por el cual retiran al querellante de su cargo fue fundamentado conforme al numeral 1° del artículo 9 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, al respecto dicho ente erró al interpretar y aplicar dicho artículo violando así sus derechos constitucionales como lo es el derecho a la estabilidad; a la defensa; al debido proceso, razones por las cuales estima este Sentenciador que dicho acto es nulo. (…) Por todo lo anteriormente expuesto, se declara nulo el acto administrativo de remoción-retiro, aquí impugnado, de conformidad con el numeral 1° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; (…), resulta procedente la reincorporación al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía al cual reúna los requisitos. (…) se ordena el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha del ilegal retiro hasta el momento de su efectiva reincorporación al cargo, los cuales serán cancelados de manera integral, esto es con las variaciones que en el tiempo transcurrido haya experimentado el sueldo del cargo asignado. Conforme a la experticia complementaria del fallo definitivo, (…) se ordena la misma (…) de conformidad con los artículos 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil. (…) Respecto al petitorio de la parte actora sobre “…demás derechos materiales derivados del ejercicio del cargo que le correspondan por Ley, Convenciones Colectivas, Decretos Presidenciales…”, este Juzgado lo niega por genérico e indeterminado (…). Por la motivación que antecede este Juzgado (…), declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella incoada (…). En consecuencia, se declara nulo el acto administrativo N° 1060 de fecha 20 de diciembre de 2000. - IV - DEL ÁMBITO OBJETIVO DE LA APELACIÓN Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2003, la abogada Martha Magin, anteriormente identificada, procediendo con el carácter de apoderada judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, consignó escrito de fundamentación de la apelación, en el cual señaló lo siguiente: Que la sentencia recurrida está viciada “por violación de la ley (en cuanto a negación directa de aplicación preferente del precepto legislativo del límite de operatividad de la acción) por indebida aplicación de la misma”; por cuanto, en su parte motiva se comienza a analizar la legitimación ad causam de la querellante y no su legitimación ad procesum, siendo esta última de orden público por tratarse de una causal de inadmisibilidad. Que lo anterior constituye, a su decir, la trasgresión del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil; lo cual se traduce en la nulidad de la sentencia de conformidad con el artículo 244 eiusdem. Por otra parte, afirma que el A quo violó el principio de congruencia y de exhaustividad, ya que no existe conformidad con las pretensiones objeto del proceso ni con las oposiciones formuladas. Que la sentencia in commento está incursa en el vicio de infracción de ley, pues, al no probarse que la recurrente reúne los extremos establecidos por la sentencia de fecha 11 de abril de 2002 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debió declararse inadmisible la querella interpuesta, de conformidad con el artículo 84.5 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Señala que la congruencia es uno de los requisitos necesarios para que la sentencia cumpla con el principio de exhaustividad el cual impone a los jueces el deber de considerar y resolver sobre todas las alegaciones que componen el thema decidemdum, es decir, decidir sobre lo alegado y probado en autos, lo cual –de acuerdo con lo alegado por la parte apelante- no ocurrió en el presente proceso, puesto que el A quo sólo se limitó a pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por la querellante. Como consecuencia, el fallo apelado incurre en el supuesto establecido en el numeral 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, referido a la incongruencia de la sentencia, por lo que solicita sea declarada la nulidad de la misma. Alega que al ordenar la reincorporación y el pago de los salarios dejados de percibir con fundamento en una “inexistente” sustitución de patrono, el Sentenciador olvidó que la extinción de la Gobernación del Distrito Federal y el nacimiento del Distrito Metropolitano de Caracas, dio origen a un régimen de transición entre un ente de carácter nacional y otro de carácter municipal. Por último alega igualmente la nulidad del fallo apelado en virtud de que el A quo ordenó la reincorporación de la querellante a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, lo cual –a decir de la parte apelante- no es posible en virtud de que la referida Municipalidad es un ente político territorial de naturaleza y niveles distintos a la extinta Gobernación del Distrito Federal. Finalmente, solicitó se declarara con lugar la apelación y la inadmisibilidad de la querella interpuesta por la ciudadana María Isabel Ruiz. Igualmente solicitó que de no ser declarada inadmisible, sea en consecuencia declarada sin lugar. - V - DE LA CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN En fecha 11 de junio de 2003, los apoderados judiciales de la ciudadana María Isabel Ruiz Zerpa, anteriormente identificada, consignaron escrito de contestación a la apelación, en el cual señalaron lo siguiente: Respecto a la admisibilidad de la querella, de conformidad con el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 84 de la Ley Orgánica de la Corte suprema de Justicia y 340 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos fundamentales que deben ser acompañados al libelo, son aquellos que conciernen al derecho reclamado, por lo cual se cumplió con lo dispuesto en la norma, ya que los mismos fueron consignados. Alega que no hubo infracción del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, ya que el A quo se pronunció respecto controversia planteada respecto a la legitimidad para acudir a sede jurisdiccional de conformidad con los artículos 11, 13 y 14 del Decreto n° 030, al determinar que el Alcalde Metropolitano de Caracas erró en la interpretación del numeral 1 del artículo 9 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. Aduce, que no hubo violación del ordinal 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ya que el A quo resolvió los hechos controvertidos, ello aunado a que la parte apelante no indica con precisión cuales fueron aquellos alegatos obviados por Juez, por lo que mal podría sostenerse que el A quo incurrió en incongruencia negativa. Arguye, que no hubo violación de lo dispuesto en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, ya que el A quo sí aplicó la exhaustividad probatoria, en virtud de que al celebrarse la Audiencia Preliminar de conformidad con el artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, fue solicitada la apertura del lapso probatorio, evidenciándose que la parte querellada no aportó instrumento alguno en el lapso previsto. Igualmente no indican cuales fueron las pruebas que el juez no valoró, por lo que dicho alegato es improcedente. Alega que el A quo no violó lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, ya que el Juez no incurrió en el vicio de Silencio de Prueba, debido a que fueron valorados los instrumentos consignados en el expediente, ello aunado al hecho de que la parte querellada no aportó medios probatorios, así como tampoco indica cuales son aquellas pruebas supuestamente no valoradas. Aduce que la sentencia apelada no está viciada de falso supuesto de hecho, ya que fue fundamentada en hechos existentes, subsumidos en los artículos 2 y 8 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas. Finalmente solicita sea declarada sin lugar la apelación interpuesta por la Alcaldía Metropolitana de Caracas, así mismo ratifica en todas y cada una de sus partes el contenido de la sentencia en todo aquello que beneficie a su representada. - VI - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Corte pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la abogada Martha Magin, procediendo con el carácter de apoderada judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano Caracas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de marzo de 2003, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y, a tal efecto, observa: Respecto a la legitimidad de la ciudadana querellante para acudir a la vía judicial bajo la tutela de la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de abril de 2002, esta Corte observa que la representación de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas parece desconocer -sin llegar a cuestionar-, lo decidido por este mismo órgano jurisdiccional en su sentencia nº 2002/2058 del 31 de julio, donde además de declarar la inadmisibilidad de la demanda interpuesta por diferentes personas que se desempeñaban como funcionarios en la antigua Gobernación del Distrito Federal, luego de constatar la inepta acumulación de las pretensiones deducidas (conforme a la sentencia del 28 de noviembre de 2001, de la Sala Constitucional), indicó en el punto nº 5 de la dispositiva: 5° Declara que aquellos ciudadanos que actuaron como querellantes o terceros intervinientes en la presente causa, que reúnan los extremos sustantivos establecidos en la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 11 de abril de 2002, que declara la nulidad parcial del artículo 8, exclusivamente en su numeral 4, de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.006, del 3 de agosto de 2000, podrán interponer nuevamente, y en forma individual, sus respectivas querellas contra la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, tomando como fecha de inicio del cómputo del lapso de caducidad de la acción –prevista en el artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa aplicable rationae temporis al caso de autos- la fecha de publicación de la sentencia, deduciendo de dicho lapso el tiempo transcurrido hasta la fecha de publicación de este fallo. Como fuera indicado suficientemente en la misma decisión, tal declaratoria tuvo por objeto no el permitir la inobservancia del requisito de admisibilidad que establece el artículo 84.3 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco modificar lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada originalmente en la Gaceta Oficial nº 37.482 del 11 de julio de 2002, en cuanto al lapso de caducidad de las pretensiones contencioso funcionariales, sino, por el contrario, garantizar la primacía de la jurisprudencia vinculante para todos los Tribunales (artículo 335 de la Constitución) de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la acumulación de pretensiones en el ámbito contencioso funcionarial, sin lesionar el derecho de acceso a la jurisdicción de todas las personas, protegido por el artículo 26 de la Norma Fundamental, que iniciaron el proceso tramitado en el expediente nº 01-26329, de la numeración de esta Corte, y de las que luego intervinieron en el mismo como terceros durante la primera instancia, en vista de que el lapso de seis (6) meses que establecía el artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa (vigente para la fecha en que se interpuso la demanda), había transcurrido para el 31 de julio de 2002, por causa de un error imputable al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, al no haber declarado desde el inicio del proceso la inepta acumulación de pretensiones. Asimismo, en fecha 30 de abril de 2003, éste órgano jurisdiccional dictó una aclaratoria a la sentencia antes indicada, donde señaló en forma expresa que, “las personas que presentaron de manera acumulada sus pretensiones de nulidad a través de la querella interpuesta el 28 de diciembre de 2000 contra las actuaciones de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, así como todas aquellas que se adhirieron o acumularon querellas a lo largo de la primera instancia del presente proceso, disponían desde el 11 de abril de 2002 de seis (6) meses para impugnar individualmente los actos que afecten sus derechos e intereses personales, es decir que, en principio, tenían oportunidad de recurrir hasta el 11 de noviembre de 2002”, pero que, “visto que no fue la decisión de la Sala Constitucional antes referida sino la decisión de esta Corte Nº 2058 del 31 de julio de 2002, al declarar la inepta acumulación de pretensiones, la que hizo surgir nuevamente en todas las personas que actuaron como partes o terceros en el presente juicio contencioso funcionarial, el derecho e interés en impugnar los actos emanados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en garantía de lo establecido en el artículo 26 de la vigente Constitución, se estableció que el lapso debe prorrogarse por tres meses y veinte días más”, con lo cual, las personas indicadas en el dispositivo de la decisión dictada el 31 de julio de 2002, tenían oportunidad hasta el 3 de marzo de 2003, para acudir ante la autoridad judicial competente y reclamar la tutela efectiva de sus derechos e intereses. Así las cosas, si bien es cierto que en la sentencia del 28 de marzo de 2003, se tomó el 31 de julio de 2002, como fecha de inicio del cómputo de los seis (6) meses previstos en el artículo 82 de la derogada Ley de Carrera Administrativa, fecha en la cual fue publicada la sentencia de esta Corte, y no el 11 de abril de 2002, cuando fue publicada la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la nulidad del numeral 4 del artículo 8 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, no lo es menos, que el resultado de tal proceder permitió igualmente la admisión de la querella funcionarial interpuesta por la demandante, y, además, se aprecia que, en todo caso, la misma fue presentada, según la aclaratoria a la que antes se hizo referencia, dentro del lapso correspondiente, pues se intentó el 8 de octubre de 2002, en tanto que la caducidad de la pretensión operaba el 3 de marzo de 2003. Por tales razones, visto que la querellante se encuentra entre las personas que intervinieron en el proceso tramitado en el expediente nº 01-26329 de esta Corte, y que la misma fue afectada por la errónea interpretación en la cual incurrió la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas respecto al proceso de reorganización administrativa a que se refiere el artículo 4 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas (según se desprende del acto impugnado), se desecha lo alegado por la representación de la referida Alcaldía en cuanto a la falta de legitimación ad procesum de la recurrente. Así se decide. En relación al vicio de incongruencia denunciado con fundamento en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil relativo a que toda sentencia debe contener “decisión expresa, positiva y precisa”, la jurisprudencia y doctrina reiterada ha definido que expresa significa que una sentencia no debe contener implícitos ni sobreentendidos, que es positiva, es decir, que sea cierta, efectiva y verdadera sin dejar cuestiones pendientes y precisa, sin lugar a dudas, insuficiencias, oscuridades ni ambigüedades. La omisión del aludido requisito constituye el denominado vicio de incongruencia de la sentencia, que precisa la existencia de dos reglas básicas para el sentenciador, a saber: 1) decidir sólo sobre lo alegado y 2) decidir sobre todo lo alegado, y por ello se le ha denominado como “principio de exhaustividad”. Este requisito deviene de la aplicación del principio dispositivo contemplado en el artículo 12 del eiusdem, conforme al cual el juez debe decidir ateniéndose a lo alegado y probado en autos. Así, si el juez en su fallo resuelve sobre un asunto que no forma parte del debate judicial, se incurre en incongruencia positiva; y si por el contrario, deja de resolver algún asunto que conforma el problema judicial debatido, se incurre en incongruencia negativa. La doctrina procesal y jurisprudencia patria han dejado asentado que, esta regla del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, contentiva del principio de la congruencia, contiene implícito, como se dijo, el principio de exhaustividad, que se refiere al deber que tienen los jueces de resolver todas y cada una de las alegaciones que constan en las actas del expediente, siempre y cuando, estén ligadas al problema judicial discutido, o a la materia propia de la controversia. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 2001/1996 de fecha 25 de septiembre, expediente n° 13.822, se pronunció en este sentido, estableciendo que: cuando no existe la debida correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes, se produce el vicio de incongruencia, el cual se manifiesta cuando el juez con su decisión, modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretendido por las partes, o bien porque no resolvió sobre algunas de las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio. Precisamente ante el segundo supuesto citado, se estará en presencia de una incongruencia negativa, visto que el fallo omite el debido pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones procesales de las partes en la controversia judicial Aplicando las anteriores consideraciones al caso de autos, observa esta Corte con respecto del alegato de la parte querellada, referido a que la sentencia está incursa en el vicio de infracción de ley, en virtud de que la querellante no consignó el documento fundamental de la demanda de conformidad con el artículo 84.5 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que no existe la incongruencia alegada puesto que el vicio de incongruencia se produce cuanto se trata de alegatos de hecho o de derecho sustanciales, en la causa y no de “calificaciones” jurídicas dadas por alguna de las partes a elementos probatorios. En efecto, el supuesto vicio alegado en esta instancia se contrae a que la apelante califica un documento como “fundamental” y su falta de consignación en autos. Sin embargo, tal documento calificado como “fundamental” por el ente apelante, se contrae a una sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se conoce por “notoriedad judicial” y es de obligatorio acatamiento por parte de todos los tribunales del país, en consecuencia el juez debió tomarla en cuenta para decidir la causa haya sido alegada o no por cualquiera de las partes. Ahora bien, esta Corte observa, que en el fallo apelado el A quo se pronuncia sobre la legitimidad de la recurrente, expresamente desestima la caducidad de la pretensión alegada; determina que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de falso supuesto de derecho en virtud de que el numeral 1 del artículo 9 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas no atribuye la potestad de retirar funcionarios; y se pronuncia sobre como el error de interpretación de la norma antes señalada, lesiona los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso del demandante, lo que acarrea la nulidad del acto impugnado de conformidad con el artículo 19.1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Ahora bien, respecto al alegato de la parte querellada referido a que la sentencia apelada incurrió en falso supuesto al haber ordenado la reincorporación de la querellante al cargo de “Asistente de Oficina III” en la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, en vista de que dicho órgano es una persona jurídica diferente y de distinta naturaleza y jerarquía a la extinta Gobernación del Distrito Federal. Al respecto, debe esta Corte indicar que es de lege data la solución dada a la situación laboral de los empleados y funcionarios de la antigua Gobernación del Distrito Federal, pues el legislador estableció en forma expresa en los artículos 9.1 y 11 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, con el propósito de garantizar los derechos laborales protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, que mientras durara el régimen de transición y de reorganización administrativa a que se refieren los artículos 2 y 4 del mismo texto legal, “el personal al servicio de la Gobernación del Distrito Federal y sus entes adscritos continuará en el desempeño de sus cargos, mientras dure el período de transición, de conformidad con las normas contenidas en la Constitución y en las leyes” y, asimismo, que “quedan adscritos a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas los institutos y servicios autónomos, fundaciones y demás formas de administración funcional de la Gobernación del Distrito Federal”. Como puede apreciarse, la descentralización político-territorial que tuvo lugar por voluntad del constituyente en el Área Metropolitana de Caracas, según lo establecido en el artículo 16 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no impidió al legislador (pues a diferencia de lo sostenido por la parte recurrida, es a nivel legislativo y no judicial en donde se declaró la sustitución de órganos públicos en cuanto a las relaciones laborales mantenidas con los funcionarios y empleados al servicio del órgano suprimido) establecer la transferencia de los funcionarios, empleados, órganos y entes que antes dependían o se encontraban adscritos a la Gobernación del Distrito Federal al nuevo Distrito Metropolitano de Caracas, a través de los artículos 9.1 y 11 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, siendo el caso que, según el fallo de la Sala Constitucional del 11 de abril de 2002, el proceso de reorganización administrativa, si suponía la terminación de la relación laboral de algunos funcionarios o empleados de la antigua Gobernación, no podía desconocer los derechos y garantías de dichas personas, pues estaba sujeto tanto a la Constitución como a lo establecido en las leyes de la República. En efecto, se observa que en la mencionada decisión, la Sala Constitucional señaló: Además, la amplia potestad para regular la organización administrativa y el funcionamiento de la Alcaldía Metropolitana, tal y como fue señalado en la norma impugnada debe ajustarse -en primer término- a la Constitución, en su condición de norma normarum, así como a las demás normas del ordenamiento jurídico, leyes nacionales, los reglamentos y las ordenanzas, y cumpliendo en todo caso el principio de jerarquía normativa o de sujeción estricta al sistema de fuentes, de forma que la norma inferior se supeditará al contenido de la superior, y así sucesivamente, estableciéndose una cadena de validez, tal y como se contemplaba en el artículo impugnado. (omissis) De tal manera, la Sala Constitucional estima que el artículo 4 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, no puede considerarse per se inconstitucional, por cuanto la amplia potestad para regular la organización administrativa y el funcionamiento de la Alcaldía Metropolitana, conferida en la norma al Alcalde del Distrito Metropolitano, durante la transición, tenía sus límites bien definidos en la Constitución y las leyes nacionales, con sus controles recíprocos y sujeción plena a la legalidad y constitucionalidad. (omissis) En este caso, observa finalmente esta Sala, se estaría vulnerando el principio de protección a la confianza, en lo que se refiere a la garantía de calculabilidad o predictibilidad de las consecuencias jurídicas esperadas, por cuanto todos los despidos del personal, efectuados por el Alcalde Metropolitano, con fundamento en la habilitación conferida para la reorganización administrativa de la Alcaldía, fundamentada en el artículo 4 de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, están afectados de nulidad absoluta, por haberse efectuado al margen de la ley natural de cada trabajador y en flagrante violación del derecho a la defensa y al debido proceso, y así se decide. En virtud de los motivos indicados, esta Corte desecha el alegato de falso supuesto esgrimido por la parte apelante y, así se declara. Con base a las precedentes consideraciones, esta Corte declara sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial del Municipio querellado y, en consecuencia, confirma el fallo dictado en fecha 28 de marzo de 2003, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Así se decide. - VII - DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. SIN LUGAR la apelación efectuada por la representación judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 28 de marzo de 2003, donde declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales de la ciudadana MARÍA ISABEL RUIZ ZERPA, titular de la cédula de identidad nº 4.856.484, contra el acto administrativo contenido en oficio n° 1060 de fecha 20 de diciembre de 2000, emanado de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, mediante el cual se retiró a la mencionada ciudadana del cargo de “Asistente de Oficina III”. 2. CONFIRMA la sentencia impugnada en los términos expuestos. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado y remítase el expediente al Tribunal de origen. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación. La Jueza-presidente, TRINA OMAIRA ZURITA El Juez vice-presidente, OSCAR ENRIQUE PIÑATE ESPIDEL RAFAEL ORTIZ-ORTIZ JUEZ-PONENTE La Secretaria Temporal, MORELLA REINA HERNANDEZ AP42-R-2003-1617 ROO/agg En la misma fecha, veintiséis (26) de julio de dos mil cinco (2005), siendo las diez horas de la mañana (10:00 A.M.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° AB412005000818. La Secretaria Temporal