JUEZA PONENTE: MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Expediente N° AP42-O-2004-000751

El 17 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Nº 649-04 de fecha 16 de abril de 2004, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana YULIMAIRA GUADAMA, titular de la cédula de identidad N° 11.455.731, asistida por la abogada Migdalis Vásquez Matheus, actuando con el carácter de Procuradora Especial de los Trabajadores del Estado Zulia, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 33.724, por el presunto desacato de la sociedad mercantil SONOZULIA, cuyos datos de registro no cursan en el expediente judicial, en dar cumplimiento a lo dispuesto en la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ZULIA, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos incoada por la referida ciudadana contra la aludida sociedad mercantil.

Tal remisión se efectuó en virtud de la consulta de Ley a la que se encuentra sometida la decisión dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 30 de marzo de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Previa distribución automatizada de la causa realizada por el Sistema JURIS 2000, el 3 de febrero de 2005 se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Jueza María Enma León Montesinos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 17 de febrero de 2005, se pasó el expediente a la Jueza Ponente, a los fines de que decidiera sobre la referida consulta.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El 14 de julio de 2003, la parte presuntamente agraviada presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional con base en las siguientes cuestiones de hecho y de derecho:

Que “(…) comen[zó] a prestar servicios como vendedora para la empresa agraviante desde el día 19 de noviembre del (sic) 1993, devengando un salario básico de Bs. 174.240,oo mensuales, no obstante, de estar amparado (sic) por la inamovilidad que para la fecha por el decreto (sic) Presidencial No. 2.053, hasta el día 31 de Diciembre del 2002, fecha en que [fue] despedida, por ello acud[ió] el día 6 de enero de 2003, [e introdujo] por ante la Inspectoría del Trabajo en la Ciudad de Cabimas del Estado Zulia solicitud de Reenganche y pago de salarios caídos por cuanto estaba amparado (sic) por el referido Decreto Presidencial (…)”.

Que en fecha 2 de julio de 2003, la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia dictó Providencia Administrativa Nº 27, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.

Que “(…) el día 3 de julio de 2003 (…) el funcionario del Ministerio del Trabajo JOSÉ MELEÁN, quien [era] Jefe de la Sala de Fuero Laboral de la Inspectoría del Trabajo (…) se entrevistó con el Ciudadano ANTONIO JOSÉ CASTRO MORENO en su carácter de Presidente de la Empresa SONOZULIA, quien se negó a efectuar el reenganche” (Mayúsculas del original).

Que desde entonces la sociedad mercantil Sonozulia no ha querido dar cumplimiento a lo orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en la Providencia Administrativa Nº 27 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, razón por la cual solicitó el amparo judicial a sus derechos constitucionales, y se ordene a la sociedad mercantil agraviante el cumplimiento inmediato de la orden de reenganche.

La parte accionante fundamentó su acción en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 11 y 24 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 11, 24 y 112 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En razón de lo anterior, la parte accionante solicitó medida cautelar innominada, de conformidad con el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se le reincorpore a sus labores habituales con todos los beneficios que le otorga la Ley como trabajador activo de la sociedad mercantil Sonozulia, hasta tanto se dictara la sentencia definitiva en la presente causa.

II
DE LA SENTENCIA CONSULTADA

El 30 de marzo de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“De lo expuesto se infiere y del análisis de la instrumental consignada, se evidencia que la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, mediante Providencia Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, ordenó reenganchar a la trabajadora, y en virtud de que su cumplimiento no consta en actas, se traduce a juicio de esta Sentenciadora en una evidente violación de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo en consecuencia procedente el amparo constitucional establecido en el artículo 27 ejusdem (sic) en concordancia con los artículos 1° y 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
Asimismo, por disposición contenida en el artículo 30 ejusdem (sic) considera esta Juzgadora que resulta procedente igualmente el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales que le puedan corresponder a la trabajadora desde el 31 de diciembre de 2002, hasta su efectivo reenganche; en base al salario mensual demostrado en actas de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 174.240,oo)” (Mayúsculas del original).

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Como punto previo le corresponde a esta Corte determinar su competencia para conocer de la consulta de autos, y en tal sentido observa que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional fijó en su sentencia Nº 2862 de fecha 20 de noviembre de 2002, caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, cuáles son los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa llamados a conocer de estas acciones, en los siguientes términos:

“(iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.

Ello así, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a tenor de lo previsto en el artículo 1° de la Resolución Nº 2003-00033 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866, de fecha 27 de enero de 2004, según la cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo “(…) tendrá las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el resto del ordenamiento jurídico”; por lo que esta Corte Segunda es competente para decidir sobre la consulta de Ley a la que se encuentra sometido el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 30 de marzo de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se declara.

Como otro punto de previo pronunciamiento, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo debe señalar en atención a las pretensiones formuladas inicialmente por la accionante, lo siguiente:

Advierte este Órgano que el a quo al momento de admitir la acción de amparo constitucional propuesta mediante decisión de fecha 10 de octubre de 2003, no efectuó pronunciamiento alguno en torno a la solicitud de medida cautelar innominada efectuada por la parte accionante -aún cuando la misma resultaba a criterio de esta Corte improcedente-; siendo que, con tal silencio, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental no siguió el trámite procedimental previsto para la sustanciación del juicio de amparo constitucional.

En tal sentido, esta Alzada exhorta al referido Juzgado a los fines de que cuide en lo futuro de incurrir en la omisión de pronunciamiento antes anotada, esto es, que se ciña a lo previsto en las normas generales de procedimiento establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, que obligan a los órganos jurisdiccionales a hacer pronunciamiento expreso en torno a cada una de las peticiones formuladas por las partes, de lo cual no escapa las pretensiones en materia de amparo constitucional seguidas ante esa instancia.

Ahora bien, declarada como ha sido la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer de la presente consulta de Ley, y precisado como ha sido el punto anterior, corresponde a esta Corte pasar a pronunciarse en torno a ella, bajo las siguientes consideraciones:

La parte accionante denunció en su escrito libelar que la actitud contumaz asumida por la sociedad mercantil Sonozulia de no cumplir la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, lesionaba su derecho constitucional a la estabilidad laboral consagrado en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Planteada la pretensión jurídica del accionante en los términos señalados, el a quo declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta fundamentándose en que, habiendo sido reconocido el derecho al trabajo de la accionante por la autoridad administrativa competente mediante la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, y ante la constancia en autos de la falta de cumplimiento por parte del patrono de lo ordenado en dicha Providencia, se traducía en una evidente violación a los derechos constitucionales previstos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de lo cual resultaba procedente la acción de amparo constitucional interpuesta.

Ahora bien, una vez precisados los términos en los cuales quedó dilucidada la controversia, esta Corte para decidir observa:

Debe señalarse como premisa fundamental, que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 28 de mayo de 2003, vigente para la fecha de la interposición de la presente acción, dictada en el caso: Gustavo Briceño, estableció una serie de requisitos para solicitar, por vía de amparo constitucional, la ejecución de los actos dictados por las Inspectorías del Trabajo que ordenen el reenganche y consecuentemente el pago de los salarios caídos al trabajador, los cuales fueron precisados con posterioridad por el mismo Órgano Jurisdiccional, estableciéndose que el Juez Constitucional debe constatar en forma concurrente, los siguientes extremos: i) que el acto administrativo cuya ejecución se pretende, no haya sido suspendido o enervados sus efectos en virtud de un decreto cautelar; ii) que exista una abstención de la Administración en ejecutar su propio acto o una actitud contumaz del patrono en ejecutarlo; y, iii) que dicha abstención configure una lesión a los derechos constitucionales del trabajador.

Tales extremos fijados por la Jurisprudencia han sido asumidos por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y reiterados en sentencias N° 2004-395 de fecha 21 de diciembre de 2004 (caso: Isabel Cristina Bravo Méndez), N° 2005-00041 de fecha 20 de enero de 2005 (caso: Carmen de Jesús Rojas vs. Gráficas la Bodoniana) y recientemente, mediante sentencia N° 2005-00169 de fecha 21 de febrero de 2005 (caso: José Gregorio Carma Romero vs. Sociedad Mercantil Seguridad, Vigilancia y Protección Loma Linda, C.A.) Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, agregó un cuarto requisito, el cual está referido a que no se evidencie en la Providencia Administrativa cuya ejecución se solicita que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional durante la tramitación del procedimiento administrativo, lo cual habilita al Juez a abstenerse de otorgar lo pedido por vía de amparo constitucional.

Ello así, ésta Corte considera que el cuarto requisito delineado en la mencionada sentencia Nº 2005-00169 del 21 de febrero de 2005, aplicable a los casos en los cuales se pretenda la ejecución de una Providencia Administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo según el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe entenderse de la siguiente forma:

El Juez Constitucional, antes de acordar incondicionalmente la ejecución solicitada, deberá revisar preliminarmente la constitucionalidad del acto administrativo laboral a los fines de precisar si lo pedido por el trabajador accionante es legítimo, en el sentido de que el mismo no haya sido consecuencia de un procedimiento constitutivo que haya vulnerado abiertamente derechos constitucionales de la contraparte (patrono) en sede administrativa o que del texto de dicho acto se aprecie de forma inequívoca la existencia de un vicio de nulidad absoluta, fundado en motivos de inconstitucionalidad, lo cual permite al Juez Constitucional -en observancia de lo dispuesto en el enunciado del artículo 334 y en el artículo 25, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- de abstenerse o eximirse de acordar la ejecución solicitada, ello de forma suficientemente motivada.

Al respecto, observa este Órgano Jurisdiccional que el a quo en su sentencia al declarar con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada, no analizó ninguno de los requisitos de procedencia señalados ut supra, incurriendo el a quo en la omisión absoluta de la aplicación del criterio jurisprudencial, suficientemente citado en el presente fallo, establecedor de los requisitos para la procedencia o no de la acción de amparo constitucional en este tipo específico de pretensión, los cuales se encontraban vigentes para la fecha de interposición de la presente acción, esto es, el 14 de julio de 2003.

En ese sentido, debe este Órgano Jurisdiccional analizar la procedencia de la acción propuesta y en tal sentido, pasa a revisar las actas que conforman el presente expediente a los fines de verificar si la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, cumple con los requisitos jurisprudenciales para declarar con lugar su ejecución por vía de amparo constitucional. Ello así, pasa a conocer del fondo de la controversia planteada en autos, observando al respecto lo siguiente:

En tal sentido, se observa que la referida Providencia Administrativa, no ha sido recurrida de nulidad, ni ha sido otorgada en su contra medida cautelar alguna en sede jurisdiccional que permita constatar que los efectos del acto administrativo, por el cual se ordena el reenganche y pago de los salarios caídos al trabajador accionante, hayan sido suspendidos o enervados; asimismo, no se evidencia el cumplimiento de la referida Providencia Administrativa, por el contrario, se constató la conducta contumaz de la accionada en acatar lo ordenado por ésta, tal y como se observa al folio siete (7) del presente expediente, esto es, el informe suscrito por el Jefe de la Sala de Fuero Sindical de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, en la cual se hizo constar la negativa del patrono en dar cumplimiento a la orden de reenganche cuando manifestó: “que no iba a dejar reenganchada a la Ciudadana YULIMAIRA GUADAMA”.

Finalmente, este Órgano Jurisdiccional observa que en la tramitación del procedimiento administrativo que dio origen a la Providencia Administrativa cuya ejecución se solicita, no se vulneraron los derechos constitucionales de la accionada ni aparecen manifiestos vicios de nulidad, fundados en motivos de inconstitucionalidad que impidan a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, actuando en sede constitucional acordar la ejecución solicitada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

Determinado lo anterior, ésta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con base en las motivaciones expuestas, confirma la decisión dictada en fecha 30 de marzo 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Yulimaira Guadama contra la sociedad mercantil Sonozulia, en virtud de que la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, cumple con los requisitos establecidos por vía jurisprudencial para solicitar por vía de amparo constitucional la ejecución de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo. Así se decide.

El presente fallo deberá ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

IV
DECISIÓN

De conformidad con las consideraciones precedentes, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1-. SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley a la que se encuentra sometida el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 30 de marzo de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana YULIMAIRA GUADAMA, asistida por la abogada Migdalis Vásquez Matheus, actuando con el carácter de Procuradora Especial de los Trabajadores del Estado Zulia, por el desacato de la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ZULIA, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos a favor de la referida ciudadana, interpuesta contra la sociedad mercantil SONOZULIA.

2-. SE CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 30 de marzo de 2004, en los términos expuestos en la motiva de este fallo.

El mandamiento de amparo constitucional deberá ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al Tribunal de origen y déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta,


MARIA ENMA LEÓN MONTESINOS
Ponente


El Vicepresidente,



JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ

La Jueza,


BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ


La Secretaria,


JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ


Exp. Nº AP42-O-2004-000751
MELM/020.
Decisión n° 2005-02057





En la misma fecha diecinueve (19) de julio de dos mil cinco (2005), siendo las 10:18 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-02057.



La Secretaria













JUEZA PONENTE: MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Expediente N° AP42-O-2004-000751

El 17 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Nº 649-04 de fecha 16 de abril de 2004, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana YULIMAIRA GUADAMA, titular de la cédula de identidad N° 11.455.731, asistida por la abogada Migdalis Vásquez Matheus, actuando con el carácter de Procuradora Especial de los Trabajadores del Estado Zulia, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 33.724, por el presunto desacato de la sociedad mercantil SONOZULIA, cuyos datos de registro no cursan en el expediente judicial, en dar cumplimiento a lo dispuesto en la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ZULIA, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos incoada por la referida ciudadana contra la aludida sociedad mercantil.

Tal remisión se efectuó en virtud de la consulta de Ley a la que se encuentra sometida la decisión dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 30 de marzo de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Previa distribución automatizada de la causa realizada por el Sistema JURIS 2000, el 3 de febrero de 2005 se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Jueza María Enma León Montesinos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 17 de febrero de 2005, se pasó el expediente a la Jueza Ponente, a los fines de que decidiera sobre la referida consulta.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El 14 de julio de 2003, la parte presuntamente agraviada presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional con base en las siguientes cuestiones de hecho y de derecho:

Que “(…) comen[zó] a prestar servicios como vendedora para la empresa agraviante desde el día 19 de noviembre del (sic) 1993, devengando un salario básico de Bs. 174.240,oo mensuales, no obstante, de estar amparado (sic) por la inamovilidad que para la fecha por el decreto (sic) Presidencial No. 2.053, hasta el día 31 de Diciembre del 2002, fecha en que [fue] despedida, por ello acud[ió] el día 6 de enero de 2003, [e introdujo] por ante la Inspectoría del Trabajo en la Ciudad de Cabimas del Estado Zulia solicitud de Reenganche y pago de salarios caídos por cuanto estaba amparado (sic) por el referido Decreto Presidencial (…)”.

Que en fecha 2 de julio de 2003, la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia dictó Providencia Administrativa Nº 27, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos.

Que “(…) el día 3 de julio de 2003 (…) el funcionario del Ministerio del Trabajo JOSÉ MELEÁN, quien [era] Jefe de la Sala de Fuero Laboral de la Inspectoría del Trabajo (…) se entrevistó con el Ciudadano ANTONIO JOSÉ CASTRO MORENO en su carácter de Presidente de la Empresa SONOZULIA, quien se negó a efectuar el reenganche” (Mayúsculas del original).

Que desde entonces la sociedad mercantil Sonozulia no ha querido dar cumplimiento a lo orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en la Providencia Administrativa Nº 27 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, razón por la cual solicitó el amparo judicial a sus derechos constitucionales, y se ordene a la sociedad mercantil agraviante el cumplimiento inmediato de la orden de reenganche.

La parte accionante fundamentó su acción en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 11 y 24 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 11, 24 y 112 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En razón de lo anterior, la parte accionante solicitó medida cautelar innominada, de conformidad con el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se le reincorpore a sus labores habituales con todos los beneficios que le otorga la Ley como trabajador activo de la sociedad mercantil Sonozulia, hasta tanto se dictara la sentencia definitiva en la presente causa.

II
DE LA SENTENCIA CONSULTADA

El 30 de marzo de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“De lo expuesto se infiere y del análisis de la instrumental consignada, se evidencia que la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, mediante Providencia Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, ordenó reenganchar a la trabajadora, y en virtud de que su cumplimiento no consta en actas, se traduce a juicio de esta Sentenciadora en una evidente violación de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo en consecuencia procedente el amparo constitucional establecido en el artículo 27 ejusdem (sic) en concordancia con los artículos 1° y 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
Asimismo, por disposición contenida en el artículo 30 ejusdem (sic) considera esta Juzgadora que resulta procedente igualmente el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales que le puedan corresponder a la trabajadora desde el 31 de diciembre de 2002, hasta su efectivo reenganche; en base al salario mensual demostrado en actas de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 174.240,oo)” (Mayúsculas del original).

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Como punto previo le corresponde a esta Corte determinar su competencia para conocer de la consulta de autos, y en tal sentido observa que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional fijó en su sentencia Nº 2862 de fecha 20 de noviembre de 2002, caso: Ricardo Baroni Uzcátegui, cuáles son los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa llamados a conocer de estas acciones, en los siguientes términos:

“(iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional, y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”.

Ello así, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a tenor de lo previsto en el artículo 1° de la Resolución Nº 2003-00033 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.866, de fecha 27 de enero de 2004, según la cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo “(…) tendrá las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el resto del ordenamiento jurídico”; por lo que esta Corte Segunda es competente para decidir sobre la consulta de Ley a la que se encuentra sometido el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 30 de marzo de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se declara.

Como otro punto de previo pronunciamiento, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo debe señalar en atención a las pretensiones formuladas inicialmente por la accionante, lo siguiente:

Advierte este Órgano que el a quo al momento de admitir la acción de amparo constitucional propuesta mediante decisión de fecha 10 de octubre de 2003, no efectuó pronunciamiento alguno en torno a la solicitud de medida cautelar innominada efectuada por la parte accionante -aún cuando la misma resultaba a criterio de esta Corte improcedente-; siendo que, con tal silencio, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental no siguió el trámite procedimental previsto para la sustanciación del juicio de amparo constitucional.

En tal sentido, esta Alzada exhorta al referido Juzgado a los fines de que cuide en lo futuro de incurrir en la omisión de pronunciamiento antes anotada, esto es, que se ciña a lo previsto en las normas generales de procedimiento establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, que obligan a los órganos jurisdiccionales a hacer pronunciamiento expreso en torno a cada una de las peticiones formuladas por las partes, de lo cual no escapa las pretensiones en materia de amparo constitucional seguidas ante esa instancia.

Ahora bien, declarada como ha sido la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer de la presente consulta de Ley, y precisado como ha sido el punto anterior, corresponde a esta Corte pasar a pronunciarse en torno a ella, bajo las siguientes consideraciones:

La parte accionante denunció en su escrito libelar que la actitud contumaz asumida por la sociedad mercantil Sonozulia de no cumplir la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, lesionaba su derecho constitucional a la estabilidad laboral consagrado en el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Planteada la pretensión jurídica del accionante en los términos señalados, el a quo declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta fundamentándose en que, habiendo sido reconocido el derecho al trabajo de la accionante por la autoridad administrativa competente mediante la orden de reenganche y pago de salarios caídos contenida en la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, y ante la constancia en autos de la falta de cumplimiento por parte del patrono de lo ordenado en dicha Providencia, se traducía en una evidente violación a los derechos constitucionales previstos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de lo cual resultaba procedente la acción de amparo constitucional interpuesta.

Ahora bien, una vez precisados los términos en los cuales quedó dilucidada la controversia, esta Corte para decidir observa:

Debe señalarse como premisa fundamental, que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 28 de mayo de 2003, vigente para la fecha de la interposición de la presente acción, dictada en el caso: Gustavo Briceño, estableció una serie de requisitos para solicitar, por vía de amparo constitucional, la ejecución de los actos dictados por las Inspectorías del Trabajo que ordenen el reenganche y consecuentemente el pago de los salarios caídos al trabajador, los cuales fueron precisados con posterioridad por el mismo Órgano Jurisdiccional, estableciéndose que el Juez Constitucional debe constatar en forma concurrente, los siguientes extremos: i) que el acto administrativo cuya ejecución se pretende, no haya sido suspendido o enervados sus efectos en virtud de un decreto cautelar; ii) que exista una abstención de la Administración en ejecutar su propio acto o una actitud contumaz del patrono en ejecutarlo; y, iii) que dicha abstención configure una lesión a los derechos constitucionales del trabajador.

Tales extremos fijados por la Jurisprudencia han sido asumidos por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y reiterados en sentencias N° 2004-395 de fecha 21 de diciembre de 2004 (caso: Isabel Cristina Bravo Méndez), N° 2005-00041 de fecha 20 de enero de 2005 (caso: Carmen de Jesús Rojas vs. Gráficas la Bodoniana) y recientemente, mediante sentencia N° 2005-00169 de fecha 21 de febrero de 2005 (caso: José Gregorio Carma Romero vs. Sociedad Mercantil Seguridad, Vigilancia y Protección Loma Linda, C.A.) Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, agregó un cuarto requisito, el cual está referido a que no se evidencie en la Providencia Administrativa cuya ejecución se solicita que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional durante la tramitación del procedimiento administrativo, lo cual habilita al Juez a abstenerse de otorgar lo pedido por vía de amparo constitucional.

Ello así, ésta Corte considera que el cuarto requisito delineado en la mencionada sentencia Nº 2005-00169 del 21 de febrero de 2005, aplicable a los casos en los cuales se pretenda la ejecución de una Providencia Administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo según el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe entenderse de la siguiente forma:

El Juez Constitucional, antes de acordar incondicionalmente la ejecución solicitada, deberá revisar preliminarmente la constitucionalidad del acto administrativo laboral a los fines de precisar si lo pedido por el trabajador accionante es legítimo, en el sentido de que el mismo no haya sido consecuencia de un procedimiento constitutivo que haya vulnerado abiertamente derechos constitucionales de la contraparte (patrono) en sede administrativa o que del texto de dicho acto se aprecie de forma inequívoca la existencia de un vicio de nulidad absoluta, fundado en motivos de inconstitucionalidad, lo cual permite al Juez Constitucional -en observancia de lo dispuesto en el enunciado del artículo 334 y en el artículo 25, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- de abstenerse o eximirse de acordar la ejecución solicitada, ello de forma suficientemente motivada.

Al respecto, observa este Órgano Jurisdiccional que el a quo en su sentencia al declarar con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada, no analizó ninguno de los requisitos de procedencia señalados ut supra, incurriendo el a quo en la omisión absoluta de la aplicación del criterio jurisprudencial, suficientemente citado en el presente fallo, establecedor de los requisitos para la procedencia o no de la acción de amparo constitucional en este tipo específico de pretensión, los cuales se encontraban vigentes para la fecha de interposición de la presente acción, esto es, el 14 de julio de 2003.

En ese sentido, debe este Órgano Jurisdiccional analizar la procedencia de la acción propuesta y en tal sentido, pasa a revisar las actas que conforman el presente expediente a los fines de verificar si la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, cumple con los requisitos jurisprudenciales para declarar con lugar su ejecución por vía de amparo constitucional. Ello así, pasa a conocer del fondo de la controversia planteada en autos, observando al respecto lo siguiente:

En tal sentido, se observa que la referida Providencia Administrativa, no ha sido recurrida de nulidad, ni ha sido otorgada en su contra medida cautelar alguna en sede jurisdiccional que permita constatar que los efectos del acto administrativo, por el cual se ordena el reenganche y pago de los salarios caídos al trabajador accionante, hayan sido suspendidos o enervados; asimismo, no se evidencia el cumplimiento de la referida Providencia Administrativa, por el contrario, se constató la conducta contumaz de la accionada en acatar lo ordenado por ésta, tal y como se observa al folio siete (7) del presente expediente, esto es, el informe suscrito por el Jefe de la Sala de Fuero Sindical de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, en la cual se hizo constar la negativa del patrono en dar cumplimiento a la orden de reenganche cuando manifestó: “que no iba a dejar reenganchada a la Ciudadana YULIMAIRA GUADAMA”.

Finalmente, este Órgano Jurisdiccional observa que en la tramitación del procedimiento administrativo que dio origen a la Providencia Administrativa cuya ejecución se solicita, no se vulneraron los derechos constitucionales de la accionada ni aparecen manifiestos vicios de nulidad, fundados en motivos de inconstitucionalidad que impidan a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, actuando en sede constitucional acordar la ejecución solicitada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

Determinado lo anterior, ésta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con base en las motivaciones expuestas, confirma la decisión dictada en fecha 30 de marzo 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Yulimaira Guadama contra la sociedad mercantil Sonozulia, en virtud de que la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, cumple con los requisitos establecidos por vía jurisprudencial para solicitar por vía de amparo constitucional la ejecución de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo. Así se decide.

El presente fallo deberá ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

IV
DECISIÓN

De conformidad con las consideraciones precedentes, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1-. SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley a la que se encuentra sometida el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 30 de marzo de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana YULIMAIRA GUADAMA, asistida por la abogada Migdalis Vásquez Matheus, actuando con el carácter de Procuradora Especial de los Trabajadores del Estado Zulia, por el desacato de la Providencia Administrativa Nº 27 de fecha 2 de julio de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ZULIA, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos a favor de la referida ciudadana, interpuesta contra la sociedad mercantil SONOZULIA.

2-. SE CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 30 de marzo de 2004, en los términos expuestos en la motiva de este fallo.

El mandamiento de amparo constitucional deberá ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al Tribunal de origen y déjese copia de la presente decisión.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de julio de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta,


MARIA ENMA LEÓN MONTESINOS
Ponente


El Vicepresidente,



JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ

La Jueza,


BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ


La Secretaria,


JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ


Exp. Nº AP42-O-2004-000751
MELM/020.
Decisión n° 2005-02057





En la misma fecha diecinueve (19) de julio de dos mil cinco (2005), siendo las 10:18 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-02057.



La Secretaria