Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ Expediente Nº AP42-N-2004-002012 En fecha 20 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 04-1511 de fecha 5 de octubre de 2004, emanado del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el abogado John Gerardo Elías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 85.854, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda de fecha 29 de noviembre de 1996, bajo el N° 25, Tomo 77-A Quinto, contra la Providencia Administrativa N° 376 dictada en fecha 14 de octubre de 2003, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO MONAGAS. Dicha remisión se efectuó en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el citado Juzgado Superior, mediante la sentencia de fecha 5 de octubre de 2004. En fecha 3 de febrero de 2005 se dio cuenta a la Corte y, previa distribución, se designó ponente a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz a los fines de decidir del recurso interpuesto. En fecha 16 de febrero de 2005 se pasó el expediente a la Jueza ponente. Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir, previas las siguientes consideraciones: I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD El apoderado judicial de la empresa recurrente interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, bajo las siguientes consideraciones: Que la trabajadora Johana Marval, titular de la cédula de identidad N° 13.836.811, acudió ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Monagas, solicitando su reenganche y pago de salarios caídos, en virtud de la inamovilidad que la amparaba. En fecha 14 de octubre de 2003, fue declarada con lugar su solicitud. Que la Providencia Administrativa objeto de la presente impugnación está viciada por incompetencia del órgano que dictó el acto y por el territorio. Que igualmente solicita la suspensión de efectos del acto administrativo impugnado II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Siendo la oportunidad para decidir esta Corte observa: En fecha 5 de octubre de 2004 el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declinó el conocimiento de la presente causa a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Respecto a la competencia para conocer de la presente causa, debe este Órgano Jurisdiccional hacer mención a la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 6 de abril de 2005 (caso: Operaciones al Sur del Orinoco, C.A. (OPCO) vs. la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar) mediante la cual dicha Sala ratificó el criterio sentado por la Sala Plena del Máximo Tribunal (caso: Universidad Nacional Abierta vs. Inspectoría del Trabajo en los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo) que declaró competente a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales para conocer de los recursos contencioso administrativos de nulidad que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo. En dicha sentencia, la Sala Político Administrativa dejó sentado lo siguiente: “Ahora bien, el referido conflicto fue resuelto mediante sentencia de la Sala Plena de este Máximo Tribunal de fecha 5 de abril de 2005, en la cual se dejó sentado que ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Concluyó la Sala Plena, que el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales. Conforme a las consideraciones expuestas en el fallo antes aludido, esta Sala, atendiendo al caso de autos, observa que se ha ejercido un recurso de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00/091 de fecha 11 de diciembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar (…) por lo que resulta aplicable el criterio expuesto por la Sala Plena de este Máximo Tribunal, siendo procedente declarar competente para conocer del caso al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se declara”. Criterio este ratificado en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de mayo de 2005, caso: Omar Dionisio Guzmán. Ello así, siendo el objeto de impugnación en el caso que nos ocupa, una Providencia Administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo, debe esta Corte acoger el criterio transcrito ut supra y, en consecuencia, declararse incompetente para conocer de la presente causa, por considerar que el Tribunal competente es el Juzgado Superior Quinto en lo Agrario, Civil, Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, y así se decide. Siendo ello así, debido a que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ha sido el segundo Tribunal en declararse incompetente para conocer del presente juicio resulta procedente solicitar la regulación de competencia a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara. III DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- INCOMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el abogado John Gerardo Elías, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 85.854, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda de fecha 29 de noviembre de 1996, bajo el N° 25, Tomo 77-A Quinto, contra la Providencia Administrativa N° 376 dictada en fecha 14 de octubre de 2003, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO MONAGAS. 2.- ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación. La Presidenta, MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS El Vicepresidente, JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ La Jueza, BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ Ponente La Secretaria, JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ BJTD/c Exp. N° AP42-N-2004-002012 Decisión No. 2005-02298.- En la misma fecha veintiocho (28) días de julio de dos mil cinco (2005), siendo la (s) 1:10 de la tarde se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2005-02298.- La Secretaria