REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veintisiete de julio de dos mil cinco 195º y 146º ASUNTO : KP02-S-2005-006757 Vista la solicitud presentada por la ciudadana ALIDA GREGORIA CASTILLO RIVERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.385.537, de este domicilio, asistida de abogado, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que adquirió a expensa propias con dinero de su propio peculio, ubicada en el sector Tierra Negra, avenida Los Fundadores, calle Alexander Alfinger, casa N° B-56 vía El Ujano, Barquisimeto, Estado Lara, sobre un lote de terreno ejido, que mide 320 Mts2.; alinderadas de la siguiente manera NORTE: en línea de 20 Mts. con avenida Los Fundadores; SUR: en línea de 20 Mts. con parcela de Freddy Aponte. ESTE: en línea de 16 Mts. con calle Alexander; y OESTE: en línea de 16 Mts. con parcela de Gabriel Morales. Dichas bienhechurías consisten en una casa de paredes de bloques, piso de cemento, techo de zinc, distribuida por dos dormitorios, un baño, sala, cocina, cinco puertas, cuatro ventanas, y otras bienhechurías como cercado de bloques, portón cerrado, frente cercado de bloque, dos ventanas de rejas y una puerta. El valor invertido es la cantidad de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 12.000.000,00), y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos: DELIA PERALTA y CARMEN URBINA, éste Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO a favor de la ciudadana ALIDA GREGORIA CASTILLO RIVERO ya identificada, en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto el cual no podrá ser registrado sin la debida autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1.970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada.- La Juez Suplente, Mariluz Josefina Pérez La Secretaria María Fernanda Alviarez /g.p.