EXPEDIENTE N° AP42-O-2004-000613
JUEZ PONENTE: JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ

En fecha 17 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio signado con el Nº 1308 de fecha 06 de julio de 2004, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, anexo al cual remitió copia certificada del expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN BECERRA DELGADO, titular de la cédula de identidad N° 4.257.799, asistida por el abogado Denis Terán Peñaloza, inscrito en el IPSA bajo el número 28.278, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS, en virtud de la falta de ejecución de la Providencia Administrativa N° 81 de fecha 20 de octubre de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO BARINAS mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la peticionante.

Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de junio de 2004 por la abogada María Rosa Cangemi, inscrita en el IPSA bajo el N° 39.954, actuando en su carácter de abogada de la Procuraduría del Estado Barinas, contra la sentencia dictada en fecha 03 de junio de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, que declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional.

Por auto de fecha 31 de enero de 2005, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y en virtud de la distribución automática del Sistema JURIS 2000, se designó ponente al Juez Jesús David Rojas Hernández, a los fines que decida la presente apelación. En fecha 01 de febrero de 2005 se pasó el expediente al Juez Ponente.

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

La peticionante fundamentó su pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:

Argumentó en su escrito libelar que “(…) en fecha 20 de Octubre del (sic) 2003, mediante Providencia Administrativa N° 81, el ciudadano Inspector del Ministerio del Trabajo en el Estado Barinas Dr. Adonai Solís Mejías, dictó Resolución Administrativa, declarando con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, que había intentado el 18 de Noviembre del (sic) 2002, motivado al despido de que (fue) objeto por parte de (su) patrono la Gobernación del Estado Barinas, a pesar de estar gozando del Fuero de Inamovilidad Laboral, establecido por el ciudadano Presidente Constitucional de la República, en uso de sus atribuciones legales.”

Indicó que “Dicha Resolución fue notificada al Ejecutivo Regional, inmediatamente después de promulgada, a los fines de dar cumplimiento a la misma, cumplimiento éste que no ha sido posible, dado que el Poder Ejecutivo Regional, a través de mi agraviante la Directora de Recursos Humanos, se ha colocado en la actitud de incumplimiento y desobediencia al Acto Administrativo legítimo, de mi reinstalación o reenganche y al pago de los salarios caídos, tal como se puede evidenciar del citado Expediente Administrativo.”

Alegó que le fueron violados los derechos y garantías constitucionales establecidos en los artículos 3, 7, 26, 27, 49, 51, 87, 89, 93, 94, 95, 131, 137, 257, 334 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenados con los artículos 11 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 14 y 245 de su Reglamento.
Por último, solicitó se declare con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta, así como la condenatoria en costas procesales a la parte accionada.

II
DE LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 03 de junio de 2004, declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta y no condenó en costas procesales por tratarse de un “(…) ente público (…)”, a los efectos de fundamentar dicha decisión, el a quo consideró lo siguiente:

“A los fines de definir el punto previo referente a la insuficiencia del poder que alega la parte accionante, tal solicitud es improcedente en razón que estamos en un procedimiento de amparo el cual esta (sic) investido de todos los derechos constitucionales que le aquejan al quejoso y en razón que no tiene las formalidades requeridas en otros procesos que evidencia ciertamente una sustitución del poder al folio 85, donde el abogado del quejoso, sustituye al abogado presente en esta audiencia para que realice todos (sic) lo que fuere necesario hasta la culminación definitiva de la presente acción, entendiendo este Juzgador que mal podría interpretarse y no se refiere a esta acción de amparo, por cuanto aparece evidente del acta procesal estampada en diligencia de fecha 28 de Abril del 2004 (sic). Seguidamente, al fondo de la presente controversia, efectivamente la parte accionada alega que la Inspectoría del Trabajo no cumplió con las formalidad de la notificación, pero no obstante presenta una constancia emanada de la Inspectoría del Trabajo, donde solicitó el cómputo del lapso probatorio hasta la fecha en que fue dictada la providencia administrativa y cuyo texto, de fecha 03-04-2004, señala que vista su solicitud anexa al folio 64 del expediente administrativo le dan contestación señalándole que han trascurrido 46 días de despacho, así las cosas, la notificación es el acto mediante el cual se ponen (sic) en conocimiento a las partes de una Providencia Administrativa o una Sentencia Judicial, en tal sentido debidamente aplicando el contexto expresado por la Asamblea Constituyente en nuestra nueva Carta Magna, al señalar que no se sacrificara (sic) la justicia por formalidades no esenciales, este Juzgador en sede constitucionales (sic) entiende claramente que si la parte accionada solicitó un cómputo de lapso de las pruebas hasta la providencia administrativa considera que ha tenido tiempo suficiente hasta la presente fecha, como para estar enterado del acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo y a pesar de que la acción de amparo fue anterior a ella, ha podido ejercer los recursos legales tendientes (sic) a procurar que este amparo sea declarado improcedente intentado el recurso contencioso administrativo y no habiéndolo hecho hasta la presente fecha no puede este Tribunal dar cumplimiento y ordenar la ejecución de una providencia administrativa que favorece los derechos de una trabajadora y que ciertamente viola derechos consagrados en la Constitución relativo al derecho al trabajador, que le permitan le sean garantizados mediante la presente acción y siendo esta (sic) ultima (sic) la vía idónea para obtener de alguna forma una Sentencia que ordene la ejecución de la Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo, la misma debe prosperar y así se decide (…)”.

III
DE LA COMPETENCIA DE ESTA CORTE

Antes de pronunciarse acerca de la presente apelación, esta Corte considera necesario pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.

En este sentido el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece:

“Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los Procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente”.

Luego de la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se ha reiterado jurisprudencialmente el carácter de alzada que tienen las Cortes de lo Contencioso Administrativo en relación con los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

Así, en sentencia No. 2271 dictada en fecha 24 de noviembre de 2004, en ponencia conjunta de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, caso Tecno Servicios Yes´Card, C.A. precisó la competencia de las Cortes de lo Contencioso Administrativo para conocer de las apelaciones y de las consultas de ley de las decisiones dictadas, en primera instancia, por los Tribunales Contencioso Administrativos Regionales.

En tal virtud, esta Corte se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se decide.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Asumida la competencia para conocer de la presente apelación, pasa esta Corte a pronunciarse al respecto, observando a tal efecto lo siguiente:

La pretensión de amparo interpuesta se circunscribe al reestablecimiento de los derechos y garantías constitucionales presuntamente vulnerados por la Gobernación del Estado Barinas, al no dar cumplimiento con la Providencia Administrativa N° 81 de fecha 20 de octubre de 2003 dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas, la cual ordenó el reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana María del Carmen Becerra Delgado, la cual se desempeñó como obrera (camarera, folio 41 del expediente judicial) en el Ente accionado.

Considera esta Alzada pertinente pronunciarse en relación con la acción de amparo constitucional como medio procesal idóneo para solicitar la ejecución de las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo y a tal efecto observa que existen órganos administrativos que ejercen actividades semejantes a las desplegadas en función jurisdiccional, entre ellos estos Entes, los cuales, actúan como árbitros en la resolución de una controversia entre particulares. Los actos administrativos donde se resuelven solicitudes de reenganche y pago de salarios caídos, son dictados por autoridades administrativas, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, pues actúan resolviendo conflictos entre partes (patronos y trabajadores) por lo que son catalogados por un sector de la doctrina como actos cuasijurisdiccionales, a los cuales no se les puede aplicar el principio de la autotutela administrativa, pues éste es aplicable únicamente cuando la Administración actúa en ejercicio de la función administrativa, cuya finalidad es la satisfacción del interés colectivo, y no la resolución de controversias entre particulares.

Siendo así, y ante la inexistencia de un procedimiento específico tendente a obtener la ejecución forzosa de una Providencia Administrativa cuando existe contumacia del patrono en cumplirla, resulta esencial la intervención del Juez que conozca en sede constitucional, para preservar los derechos constitucionales involucrados, en tanto se encuentra en juego el sustento del trabajador, haciéndose de esta manera más urgente la necesidad de protección, sobre todo ante la ausencia de un procedimiento de ejecución, ya que de lo contrario se dejaría a los administrados en estado de indefensión al no permitírseles el goce efectivo de los derechos reconocidos por las autoridades administrativas en sus actos de contenido cuasijurisdiccional.

Si bien es cierto que no se pretende atribuir al amparo constitucional la cualidad de ser el medio idóneo para lograr la ejecución de un acto administrativo, no es menos cierto que lo que se busca es esencialmente lograr la protección de los derechos constitucionales conculcados. De igual manera, cabe recordar que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo sostuvo que la vía idónea para la ejecución de una Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo es la acción de amparo constitucional, tal y como lo precisó en sentencia de fecha 22 de agosto de 2002, (caso: Adelfo José Terán), en la cual se estableció que la procedencia de la pretensión de amparo para la ejecución de Providencias Administrativas dictadas por la Inspectoría del Trabajo está supeditada a que concurran las circunstancias siguientes:

“(…) 1) Que el acto no se encuentre impugnado en vía contenciosa administrativa; 2) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo y; 3) Siempre claro está exista violación de derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto (…)”.

Siendo así es necesario advertir, que si bien la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo –en principio- estableció entre los requisitos de procedencia de las pretensiones de amparo constitucional para la ejecución de providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, que el acto administrativo no hubiere sido objeto de recurso en sede administrativa o judicial; tal criterio fue complementado por dicho Órgano Jurisdiccional y por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante sentencias N° 169 de fecha 21 de febrero de 2005 (caso: José Gregorio Carma Romero) y N° 308 de fecha 7 de marzo de 2005 (Caso: Luzely Petrocini), estableciendo en definitiva, que a los fines de solicitar y declarar procedente la ejecución de un acto administrativo de naturaleza laboral, es necesario que se presenten concurrentemente los siguientes presupuestos: que no hayan sido suspendidos los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita o declarada su nulidad; que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; que no sea evidenciable que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional y que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto administrativo.

En cuanto a los referidos requisitos esta Corte observa:

1) De las actas que conforman el presente expediente, no se evidencia medio de prueba alguno que haga presumir que los efectos de la Providencia Administrativa cuya ejecución se solicita se encuentre anulada en sede contencioso administrativa, ni que sus efectos hayan sido suspendidos.

2) Se evidenció contumacia por parte de la Gobernación del Estado Barinas de cumplir con las obligaciones y deberes impuestos por la Administración, al constar en el folio 99 del presente expediente, Oficio sin número de fecha 3 de mayo de 2004 emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas, dirigido a la abogada María Rosa Cangemi, anteriormente identificada, en el cual se lee “Vista la solicitud que discurre al contenido del folio 64 del expediente numero (sic) 264-03, producida por la abogado: MARÍA ROSA CANGEMI (…) en cuyo contenido solicita se realice el computo (sic) de los días de despacho que han transcurrido desde el día siguiente al vencimiento del lapso probatorio hasta la fecha en que fue dictada la providencia administrativa en la presente causa (…) CUARENTA Y SEIS (46) DIAS DE DESPACHO”, en virtud de lo anterior, esta Corte considera que la Procuraduría General del Estado Barinas quedó notificada del Acto Administrativo cuya ejecución se demanda, al solicitar mediante dicha diligencia, el cómputo de los días transcurridos desde el vencimiento del lapso probatorio hasta el día en que fue dictada la Providencia Administrativa, por lo que el accionado tuvo conocimiento pleno del dictamen de dicho Acto, razón por la cual esta Alzada basándose en los principios de celeridad procesal, el no sacrificio de la justicia por formalidades no esenciales y la presunción de veracidad de los actos administrativos; considera constatado el requisito de notificación de la Providencia Administrativa objeto del presente proceso y no consta en autos su cumplimiento.

3) No consta en el presente expediente elemento alguno de convicción que evidencie violaciones constitucionales relacionadas con el debido proceso y el derecho a la defensa en sede administrativa.

4) Por último, la Gobernación del Estado Barinas conculcó los derechos constitucionales de la trabajadora consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 87, 89, 93, 94 y 95 al no dar cumplimiento a la Providencia Administrativa N° 81 de fecha 20 de octubre de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas.

Por lo tanto, al verificarse los requisitos expuestos anteriormente para la procedencia del amparo constitucional en la presente causa, esta Alzada declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 3 de junio de 2004 que declaró con lugar la presente pretensión de amparo. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- COMPETENTE para conocer del presente recurso de apelación.

2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto.

3.- CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 03 de junio de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante la cual declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada por la ciudadana María del Carmen Becerra Delgado, asistida por el abogado Denis Terán Peñaloza, supra identificados, contra la Gobernación del Estado Barinas, en virtud de la falta de ejecución de la Providencia Administrativa N° 81 de fecha 20 de octubre de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Barinas mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la peticionante.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los tres (3) días del mes de junio de dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.




MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
Presidenta






JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
Vicepresidente-ponente






BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Jueza


La Secretaria,

JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ


JDRH/55
Exp - N° AP42-O-2004-000613
Decisión N° 2005-01273