Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DIAZ
Expediente N° AP42-O-2005-000166


En fecha 10 de febrero de 2005 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 0076-05 de fecha 31 de enero de 2005, emanado del Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la solicitud de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos CARLOS HERRERA y RICHARD PEÑALVER, titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.418.613 y 6.028.881, respectivamente, asistidos por el abogado Wilmer Alfredo Arellano Núñez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51.112, contra el ciudadano FREDDY BERNAL ROSALES, en su condición de ALCALDE DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.

Tal remisión se efectuó a los fines de conocer de la consulta de ley, prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales a la que se encuentra sometida la sentencia de fecha 13 de enero de 2005 dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los referidos ciudadanos.

En fecha 9 de marzo de 2005 se dio cuenta a la Corte, y en esa misma fecha, previa distribución, se designó ponente a la Jueza Betty Josefina Torres Diaz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 14 de marzo de 2005 se pasó el expediente a la Jueza ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Alegan los accionantes en el escrito mediante el cual ejercieron la acción de amparo constitucional, lo siguiente:

Que ambos son Concejales del Municipio Libertador, tal y como consta en Acta mediante la cual se publica el listado de adjudicación y proclamación de los concejales del Municipio Libertador, publicado en la Gaceta Municipal N° 2066-A de fecha 28 de diciembre de 2000.

Que el desarrollo del trabajo de las Comisiones Permanentes que presiden los trece Concejales, de acuerdo con la Ordenanza de Presupuesto aprobada el 31 de diciembre de 2004, se desarrolla con el apoyo de los asesores y asistentes de cada Concejal, todo en igualdad de condiciones; siendo que en dicha Ordenanza se acordó aumentar a 8 asesores y 8 asistentes para cada Concejal, en uso de la facultad de administrar el personal asignado a la Cámara Municipal.

Que a partir del 31 de marzo de 2004, el Alcalde del Municipio Libertador procedió “(…) inconsulta y arbitrariamente, como Presidente de la Cámara Municipal y representante del Municipio a rescindir en forma unilateral, los contratos de todos y cada uno de los ocho (8) asistentes y los ocho (8) asesores de tres (3) de las 13 (comisiones permanentes existentes), sin que mediara ninguna decisión de la Cámara Municipal, con la particularidad que solamente fueron rescindidos los contratos del (sic) nuestros asesores y asistentes y los de un tercer Concejal, lo cual consta en oficio R y C N° 684, emanado en fecha 28 de junio de 2.004 (sic) de la Dirección de Personal y dirigido a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Cámara Municipal del Municipio Libertador, (…) y de Oficio C.M.D.H. 2.004 (sic) emanado en fecha 29 de junio de 2.004 (sic) de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Cámara Municipal del Municipio Libertador (…)”.

Que en la referida comunicación de fecha 29 de junio de 2004, el Director de Gestión Administrativa de la Cámara Municipal del Municipio Libertador dirigió comunicación al Director de Administración y Finanzas del mismo órgano, en el cual manifiesta que remite “(…) nómina 70 por concepto del pago de los Asesores y Asistentes a los Concejales, indicando igualmente que de acuerdo al oficio R y C 684 (…) recibido de la Dirección de Personal, que dicha nómina fue elaborada de acuerdo a los recaudos recibido (sic) de la Consultoría Jurídica, que se ordena excluir de dicha nómina, ´… por rescisión del contrato a los asesores y asistentes de los concejales que a continuación se mencionan: Concejal Richard Peñalver, Concejal Carlos Herrera y Concejal Jesús Suárez´.

Que destacan el hecho que los asistentes y asesores excluidos no fueron identificados con nombre y apellido, sino que se identifica a los Concejales para los cuales prestan servicio.

Que las actuaciones realizadas no fueron decididas por el cuerpo edilicio, como administrador del personal bajo su cargo, ni obedeció a una política de reducción de personal a los fines de optimizar el rendimiento del cuerpo ni de superar condiciones deficitarias o presupuestarias, sino que obedeció a la decisión expresa y unilateral del Alcalde.

Que tales actuaciones violan el derecho a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la Cámara Municipal aprobó un presupuesto para la contratación de personal en igualdad de condiciones para cada uno de los Concejales que integran dicho cuerpo multidisciplinario a los fines del mejor desarrollo de la actividad que le fuera encomendada.

Que asimismo, tales actuaciones violan el postulado de ejercicio efectivo de la democracia y el ejercicio del cargo para el cual fueron electos, violando las disposiciones contenidas en el artículo 158 de nuestra Constitución, que consagra la descentralización como política nacional; el artículo 67 eiusdem, que consagra el derecho a postular candidatos a cargos de elección popular, el cual no se limita únicamente a su postulación sino al efectivo ejercicio del cargo, de una manera eficiente y eficaz, lo cual se consigue sólo con el apoyo logístico y técnico que entre otros, brindan los asesores y asistentes; y el artículo 62 del texto fundamental, que garantiza el derecho a la participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes elegidos, ya que a partir de la tal decisión, en el Concejo Municipal de Libertador existen Concejales con apoyo logístico y otros que carecen de tales soportes.

Finalmente, solicitan se ordene al Presidente del Concejo Municipal y Alcalde del Municipio Libertador, ciudadano Freddy Bernal, cese las actuaciones unilaterales y discriminatorias que atentan contra el ejercicio de las actividades inherentes a sus cargos de Concejales del Municipio Libertador, y que se le ordene abstenerse de realizar cualquier actuación que impida, viole o menoscabe el ejercicio de tales actividades.

II
ANTECEDENTES DEL CASO

El 17 de agosto de 2004, el Juzgado Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dictó sentencia en la que declinó la competencia para conocer de la presente acción en la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

En virtud de tal declinatoria, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta fue remitido a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quien mediante sentencia dictada en fecha 30 de septiembre de 2004, no aceptó la competencia que le fuera declinada.






III
DEL FALLO CONSULTADO

En fecha 13 de enero de 2005, el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, luego de haberse realizado las actuaciones a las que alude el procedimiento para la sustanciación de la acción de amparo constitucional, dictó sentencia mediante la cual declaró inadmisible la presente acción.

En su parte motiva la sentencia consultada expresa que:

“… No obstante, al analizar los argumentos señalados y los documentos sobre los cuales se pretenden demostrar las presuntas violaciones constitucionales (…) se hace evidente que a los fines de determinar si efectivamente la decisión del Alcalde, de rescindir los contratos de los asistentes y asesores de los accionantes vulneran el derecho a la igualdad y a la no discriminación, entraríamos a revisar la legalidad de dichas actuaciones, dilucidando vicios de nulidad que solo pueden ser revisables mediante el recurso idóneo, lo cual esta (sic) vedado para el Juez de amparo.
… Omissis…
Efectivamente en el presente caso, a los fines de verificar la presunta violación de normas constitucionales mediante la rescisión unilateral de contratos efectuada por el Alcalde del Municipio Libertador, sería necesario entrar a analizar la ilegalidad de la misma, desnaturalizando la esencia misma de la Acción de Amparo, por cuanto los accionantes pueden ver garantizado (sic) sus derechos constitucionales mediante el procedimiento Contencioso Administrativo Nulidad, (sic) previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.(sic)”



IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR


Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la consulta obligatoria de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la cual se encuentra sometido el fallo dictado en fecha 13 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida.

Determinado lo antes expuesto, esta Corte estima que el amparo constitucional es la garantía o medio a través del cual se protegen los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a las personas, por lo que tal acción está destinada a restablecer a través de un procedimiento breve los derechos lesionados o amenazados de violación, según su carácter extraordinario, sólo cuando se dan las condiciones y presupuestos, establecidos por la ley y la jurisprudencia que rige la materia.

Así, resulta oportuno referirse al desarrollo jurisprudencial y doctrinario que ha venido definiendo la aplicación del artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, siendo que es una cuestión de orden público, revisable en cualquier estado y grado de la causa.

En tal sentido, el referido numeral 5 del artículo 6 de la Ley in commento, señala como causal de inadmisibilidad que “(…) el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes”. Ello así, ha señalado la jurisprudencia que la citada causal está referida a los casos en los que el accionante antes de hacer uso de la vía de amparo constitucional, interpone cualquier otro recurso ordinario, en el entendido que, como bien lo expresa el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional reviste un carácter extraordinario, y luego de empleada la vía ordinaria que consideró idónea para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, pretenda solicitar por vía de amparo constitucional que se le restituya el derecho que estima vulnerado.

Además de esta inicial interpretación, ha señalado igualmente el desarrollo jurisprudencial y doctrinario, que no obstante el actor no haber agotado la vía ordinaria, si ésta resulta eficiente para el restablecimiento de la situación jurídica presumiblemente infringida, el amparo debe resultar igualmente inadmisible, en aras de la protección del carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional, al que antes se hizo referencia (Subrayado de esta Corte).

En este sentido, encontramos que este ordinal dispone como causal de inadmisibilidad que “(...) el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (...)”, refiriéndose a los casos en que el interesado acude en primer término a una vía ordinaria y luego pretende intentar acción de amparo constitucional. Sin embargo, a los fines de conservar el carácter extraordinario del amparo, no sólo resulta inadmisible el amparo constitucional cuando se acude primero a la vía judicial ordinaria, sino también en los casos cuando teniendo la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que se acude a la vía extraordinaria. Hoy en día, suele realizarse el análisis de la extraordinariedad de la acción de amparo constitucional junto con las causales de inadmisibilidad, pudiendo el Juez desecharla in limine litis, cuando no existe en su criterio dudas que dispone de otros mecanismos ordinarios eficaces e idóneos para dilucidar la pretensión.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia de fecha 6 de febrero de 2001, (caso Seauto La Castellana, C.A.), así lo ha confirmado:

“(...) No obstante, cuando se puede acudir a la vía procesal ordinaria, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente el trámite o el medio procesal ordinario la vía para reparar la lesión y no la acción de amparo, pues no habría posibilidad de interponer la acción de amparo si hubiese prevista otra acción o un recurso para dilucidar la misma cuestión y lograr el restablecimiento de la situación violentada (...)”.

Ciertamente, la jurisprudencia en forma reiterada ha ampliado el alcance de este numeral al señalar que, igualmente resulta inadmisible el amparo cuando exista la posibilidad de acudir a otros medios judiciales de los cuales no se ha hecho uso para satisfacer la misma pretensión, siempre y cuando, este medio sea breve, sumario y eficaz para restablecer la situación jurídica infringida.

De modo que, la interpretación que se le ha dado a la causal de inadmisibilidad bajo examen ha sido tan extensa, fundamentándose en el carácter extraordinario de la institución del amparo constitucional, el cual se desvirtuaría en el supuesto de que sea utilizado este último como medio para satisfacer cualquier pretensión, lo cual vulneraría el equilibrio y subsistencia entre el amparo y los demás medios judiciales preexistentes, sustituyendo así la acción de amparo todo el ordenamiento procesal del derecho positivo.

En el caso concreto, los accionantes Carlos Herrera y Richard Peñalver disponen de los recursos ordinarios previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela para solicitar la nulidad de los actos mediante los cuales el Presidente de la Cámara Municipal y Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Capital rescindió los contratos de los asesores y asistentes, que de acuerdo con lo aprobado en la Ordenanza de Presupuesto del año 2004 de dicho Municipio correspondían ser contratados para conformar el equipo de trabajo de dichos Concejales.

Conforme a lo anteriormente expuesto, y dado que en el caso bajo examen no consta en autos que los peticionantes de amparo hayan utilizado la vía judicial ordinaria -recurso contencioso administrativo de nulidad- estima esta Corte que la pretensión de amparo constitucional resulta inadmisible conforme a lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:

CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dictada en fecha 13 de enero de 2005, mediante la cual fue declarada inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos CARLOS HERRERA y RICHARD PEÑALVER, titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.418.613 y 6.028.881, respectivamente, asistidos por el abogado Wilmer Alfredo Arellano Núñez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51.112, contra el ciudadano FREDDY BERNAL ROSALES, en su condición de ALCALDE DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase al Tribunal de origen y déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los tres (3) días del mes de junio de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta;


MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
El Vicepresidente;


JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,




BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente

La Secretaria,




JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ

BJTD/ñ
Exp. N° AP42-O-2005-000166
Decisión N° 2005-01275