Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Expediente Nº AP42-N-2004-000932
En fecha 20 de octubre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por los abogados Gustavo Saturno Troccoli y María Michelle Alegrett Rodríguez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 68.903 y 91.561, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN WILOR, E.T.T., C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 1° de agosto de 1997, bajo el N° 39, tomo 50-A, reformados sus Estatutos Sociales en documento de fecha 6 de julio de 1999, otorgado por ante el mismo Registro Mercantil bajo el N° 58, tomo 20-A, contra la Providencia Administrativa N° 88-04 de fecha 14 de septiembre de 2004, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta ante dicho organismo por la ciudadana Carla Inmaculada Sánchez López, titular de la cédula de identidad N° 8.243.434.
En fecha 3 de noviembre de 2004, se dio cuenta a la Corte.
En esa misma fecha se notificó al Ministerio del Trabajo, se solicitó la remisión del expediente administrativo correspondiente, y previa distribución, se designó ponente a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, a los fines de que dictara la decisión correspondiente.
En fecha 9 de noviembre de 2004, se pasó el expediente a la Jueza ponente.
En fecha 31 de marzo esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la presente causa declarándose competente para conocer el recurso interpuesto, admitiéndolo y declarando procedente la suspensión de efectos solicitada.
En fecha 21 de abril de 2005 el apoderado judicial de la parte recurrente presentó diligencia consignando contrato de fianza y solicitando la notificación a la Inspectoría del Trabajo de Barcelona, Estado Anzoátegui.
Realizada la lectura individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a dictar sentencia con base en las siguientes consideraciones:
I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD INTERPUESTO CONJUNTAMENTECON SOLICITUD
DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS
Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2004, los apoderados judiciales de la parte accionante solicitaron se declarara la nulidad del acto administrativo impugnado y la suspensión de los efectos del mismo, con base en lo siguientes argumentos:
Que la ciudadana Carla Inmaculada Sánchez, titular de la cédula de identidad N° 8.243.434 inició un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos contra la empresa recurrente, en virtud de supuestas desmejoras en su trabajo. Que la Inspectoría del Trabajo de Barcelona en el Estado Anzoátegui declaró en fecha 14 de septiembre de 2004 con lugar dicha solicitud y ordenó su reincorporación a su puesto de trabajo.
Que la Providencia Administrativa impugnada vulnera los artículos 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como lo consagrado en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 12 eiusdem.
Que el acto administrativo impugnado vulnera el principio de la uniformidad de la jurisprudencia, al contradecir criterios aceptados por los Tribunales de la República, particularmente, “(…) a que el retiro efectivo por parte del trabajador de sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales correspondientes a la terminación de la relación de trabajo”.
En tal sentido, solicitaron la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, de conformidad con el aparte 20 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del la República Bolivariana de Venezuela.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para decidir esta Corte observa:
En fecha 31 de marzo de 2005 esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo -siendo competente de conformidad con la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcategui)- dictó sentencia en la presente causa declarándose competente para conocer el recurso interpuesto, admitiéndolo y declarando procedente la suspensión de efectos solicitada.
Ahora bien, siendo la competencia materia de orden público, por tanto revisable en cualquier estado y grado del proceso, esta Corte debe hacer mención a la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 6 de abril de 2005 (caso: Operaciones al Sur del Orinoco, C.A. (OPCO) vs. la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar) mediante la cual dicha Sala ratificó el criterio sentado por la Sala Plena del Máximo Tribunal (caso: Universidad Nacional Abierta vs. Inspectoría del Trabajo en los Municipios Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo del Estado Carabobo) que declaró competente a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales para conocer de los recursos contencioso administrativos de nulidad que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo.
En dicha sentencia, la Sala Político Administrativa dejó sentado lo siguiente:
“Ahora bien, el referido conflicto fue resuelto mediante sentencia de la Sala Plena de este Máximo Tribunal de fecha 5 de abril de 2005, en la cual se dejó sentado que ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Concluyó la Sala Plena, que el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales.
Conforme a las consideraciones expuestas en el fallo antes aludido, esta Sala, atendiendo al caso de autos, observa que se ha ejercido un recurso de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00/091 de fecha 11 de diciembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar (…) por lo que resulta aplicable el criterio expuesto por la Sala Plena de este Máximo Tribunal, siendo procedente declarar competente para conocer del caso al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se declara”.
Criterio este ratificado en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de mayo de 2005, caso: Omar Dionisio Guzmán.
En tal sentido, siendo el objeto de impugnación, en el caso que nos ocupa, una Providencia Administrativa emanada de una Inspectoría del Trabajo, debe esta Corte acoger el criterio transcrito ut supra, y en consecuencia declararse incompetente sobrevenidamente para conocer de la presente causa, por considerar que el Juzgado competente es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, y así se decide.
En virtud de lo anterior, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, para que conozca de la presente causa, Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara
1.- INCOMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por los abogados Gustavo Saturno Troccoli y María Michelle Alegrett Rodríguez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 68.903 y 91.561, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN WILOR, E.T.T., C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 1° de agosto de 1997, bajo el N° 39, tomo 50-A, reformados sus Estatutos Sociales en documento de fecha 6 de julio de 1999, otorgado por ante el mismo Registro Mercantil bajo el N° 58, tomo 20-A, contra la Providencia Administrativa N° 88-04 de fecha 14 de septiembre de 2004, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN BARCELONA ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta ante dicho organismo por la ciudadana Carla Inmaculada Sánchez López, titular de la cédula de identidad N° 8.243.434.
2.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental.
Publíquese, regístrese y notifíquese al recurrente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los treinta (30) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta,
MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS
El Vicepresidente,
JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ
La Jueza,
BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente
La Secretaria,
JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ
BJTD/c
Exp. N° AP42-N-2004-000932
Decisión N° 2005-01728
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