JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGION CENTRO NORTE.- Valencia, 22 de junio de 2005 Años: 195° y 146° Mediante escrito presentado en fecha nueve (09) de mayo de 2005, por la ciudadana MARIA LOURDES IRAUSQUIN AGUIRRE, identificada con cédula Nº 4.421.921, asistida por el abogado ULISIS SAUL LANDAETA ODREMAN, inscrito en el IPSA bajo el Nº 36.411, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con acción de amparo constitucional cautelar en contra del acto administrativo de efectos particulares contenido en la resolución Nº 351-2004 de fecha once (11) de noviembre de 2004, emanado de la Dirección General de la Alcaldía del Municipio San Diego del Estado Carabobo. Ahora bien, siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso, este Tribunal pasa hacerlo previa las siguientes consideraciones: DE LA CADUCIDAD DE LA ACCION En las acciones de nulidad el tiempo concedido para intentar el respectivo recurso contra los actos administrativos emanados de los órganos y/o entes públicos es un lapso de caducidad y no de prescripción como ocurre, por ejemplo, en el derecho privado. La diferencia primordial entre la caducidad y la prescripción reside en que el lapso previsto para la primera es de acaecimiento fatal no susceptible de interrupción, mientras que la prescripción está sujeta a diversas modalidades de interrupción de conformidad con el Código Civil. La caducidad es de estricto orden público, tanto que, a diferencia de la prescripción, es causal de inadmisibilidad de la pretensión, y puede ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa. Hecho el anterior señalamiento pasamos a analizar las circunstancias particulares de la presente demanda. En este sentido observa quien decide que tanto de lo narrado en el escrito libelar como de los recaudos producidos en autos se deduce que el último acto emitido por la Administración Pública que lo es el acto administrativo mediante el cual se resolvió retirarla del cargo que ejercía como Asistente del Alcalde I, en la Alcaldía del Municipio San Diego del Estado Carabobo, decisión que le fue notificada en fecha trece (13) de diciembre de 2004, mediante cartel publicado en el Diario Notitarde, según lo expresa la actora. Ahora bien, de acuerdo a la nota de presentación estampada por el Secretario del Tribunal en el escrito contentivo del presente recurso aparece como fecha de recepción el nueve (09) de mayo de 2005, de lo cual se desprende que transcurrieron entre la fecha del último acto y la interposición del recurso mas de tres (3) meses. A tenor del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública: “Todo recurso con fundamento en esta Ley solo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.” En virtud de lo dispuesto por la mencionada disposición legal en el caso bajo estudio caducó el tiempo hábil para ejercer la reclamación respectiva. DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por la ciudadana MARIA LOURDES IRAUSQUIN AGUIRRE, asistida por el abogado ULISIS SAUL LANDAETA ODREMAN, a tenor del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Publíquese, déjese copia y notifíquese a la querellante. El… Juez Temporal, DR. GUILLERMO CALDERA MARIN El Secretario, Abg. GREGORY BOLIVAR R. Exp. 10.016. En la misma fecha se libró oficio N° 1.801. El Secretario, Abg. GREGORY BOLIVAR R.