EXPEDIENTE N° AP42-N-2004-002115 JUEZ PONENTE: JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ En fecha 20 de diciembre de 2004 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Nro. 1297-04 de fecha 27 de octubre de 2004, emanado del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió expediente contentivo de recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Sharine Fernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 87.975, actuando en su carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR EN EL ESTADO MIRANDA (FUNTRAPEM), creada según Decreto Nro. SG-204 de fecha 23 de septiembre de 1992, debidamente inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, en fecha 28 de septiembre de 1992, quedando anotado bajo el Nro. 37, Tomo 30 del protocolo primero; contra la Providencia Administrativa Nro. 326-03 de fecha 16 de diciembre de 2003, dictada por la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DEL ESTADO MIRANDA, en la cual se acordó el reenganche y pago de salarios caídos al ciudadano JESÚS CIRILO SILVA SANABRIA, titular de la cédula de identidad Nro. 4.578.392. Tal remisión se efectuó en virtud de la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 18 de octubre de 2004, en la cual declinó la competencia para conocer de la presente causa en las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Por auto de fecha 3 de febrero de 2005, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y en virtud de la distribución automática efectuada por el sistema JURIS 2000, se designó ponente al Juez JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ, a quién se ordenó pasar el presente expediente, a los fines de que dicte la decisión correspondiente. En fecha 14 de febrero de 2005, se pasó el expediente al Juez Ponente. Revisadas las actas que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir previas las siguientes consideraciones: I DEL RECURSO DE NULIDAD La apoderada judicial de la Fundación para el Transporte Popular en el Estado Miranda (FUNTRAPEM), presentó escrito contentivo de recurso contencioso administrativo de nulidad, contra de la Providencia Administrativa Nro. 326-03 de fecha 16 de diciembre de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, con base a las siguientes consideraciones: Alegó que “El señor Jesús Silva después de reincidir en forma continua el incumplimiento del horario establecido para su cargo de Vigilante Nocturno, el cual fue establecido de 7 de la noche a las 7 de la mañana, desde el 05 de diciembre del año 2003 (…) inició una solicitud de reenganche y cancelación de salarios caídos ante la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda alegando con mala intención que en fecha 27 de enero de 2003 fue despedido por (su) representada (…) hecho que no pudo probar, ya que desde el 05 de diciembre de 2003 no cumplía con su trabajo y lo había abandonado definitivamente (…)”. Indicó que “(…) el Inspector del Trabajo de los Municipios Plaza y Zamora dictó un auto donde decidió REENGANCHAR AL SEÑOR SILVA, quien insiste en su abandono al trabajo, ya que a esta fecha no se ha presentado a su trabajo, silenciando nuestras pruebas y apoyando su decisión en un procedimiento lleno de vicios procesales (…)”. Por otra parte la apoderada judicial de la recurrente fundamentó el presente recurso en los siguientes hechos: 1. Violación del derecho a la defensa y al debido proceso. 2. Violación al principio de legalidad. 3. La ausencia de notificación al Procurador del Estado. 4. Falta de pronunciamiento respecto a la recusación propuesta. 5. Vicios de ilegalidad del acto recurrido. 6. Vicios de falso supuesto y silencio de pruebas. Señaló que “En este caso resulta evidente que se hace necesaria la notificación al Procurador General del Estado Miranda, en razón de la cualidad de la Fundación para el Transporte Popular en el Estado Miranda (FUNTRAPEM), porqué es un organismo de carácter público, ya que fue creada con fondos públicos mediante Decreto suscrito por el Gobernador del Estado Miranda, lo que hace que se clasifique como un ente fundacional de carácter estadal, y como tal forma parte de la Administración Pública descentralizada de la Gobernación del Estado Miranda, por lo cual todo su patrimonio y presupuesto de gasto pertenece a la Gobernación del Estado miranda, en razón de su dependencia estadal”. Arguyó que “Siendo la recusación un incidente que se articula en un procedimiento, para evitar que un Juez legalmente impedido siga actuando, en perjuicio de una de las partes, Mayela Rosas, en su condición de funcionario sustanciador del caso que nos ocupa, al advertir y presenciar directamente que mantenía un afecto de amistad con el señor Jesús Silva, lo que podría tergiversar la realidad de los hechos demostrados por tener interés en las resultas del procedimiento y haber emitido opinión previa sobre lo principal del procedimiento a favor del señor Silva, antes de la decisión final, lo que pudo influir en la decisión final de la Inspectora, por ser su función la de sustanciar el expediente. Por ser la persona recusada por (su) representada (sic) un funcionario adscrito a la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Plaza y Zamora, era el deber de la Inspectora entrar a conocer esta incidencia y resolverla admitiéndola o no”. Indicó que “El acto mediante el cual el Inspector de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Plaza y Zamora, infringe el artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…) fue dictado con prescindencia total y absoluta del procedimiento legal. Así, (sostuvo) que la autoridad administrativa, también inobservó toda la tramitación procedimental consagrada en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable al caso en referencia, pues: Omitió la notificación al Procurador del Estado Miranda”. Alegó que “(…) en fecha 05 de marzo de 2003, nos damos cuenta de que el señor Silva se había llevado todas las partencias que tenia en un cuarto que ocupaba en las Instalaciones de FUNTRAPEM (…) aún viviendo en el cuarto de FUNTRAPEM, en forma maliciosa en fecha 29-01-2003 acude a la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda y de manera maliciosa solicita el reenganche y salarios caídos por un supuesto despido, cuyo proceso se inicia el 25-03-2003 (…)”. Arguyó que “La providencia administrativa objeto de este recurso de nulidad se argumenta en el despido injustificado, hecho que evidencia que, la Administración ha fundamentado su decisión en una norma que no es aplicable al caso concreto, pues trata de lograr el reenganche de un obrero y comete un error de percepción, puesto que el obrero ha abandonado el trabajo, por lo que se afecta la causa del acto administrativo y por lo tanto acarrea su nulidad absoluta”. Indicó que “(…) la Inspectoría incurrió en el vicio de inmotivación y omisión por silencio de pruebas, al apartar el análisis de las documentales y las testimoniales promovidas en su oportunidad legal, según lo dispone el artículo 168 ordinal 3 (sic) de la ley Orgánica Procesal del Trabajo (…)”. Señaló que “(…) la nombrada Inspectora no analizó los documentos y las declaraciones de los testigos promovidas por (su) presentada (sic) consistentes en: actas de inasistencia (sic) injustificada al trabajo de los días 05 al 31 de diciembre del año 2002; actas de inasistencias injustificadas al trabajo desde el 02 al 31 de enero; actas de inasistencia (sic) injustificadas al trabajo desde el 1° al 28 de febrero del 2003 (sic); actas de inasistencias injustificadas al trabajo desde el 05 al 31 de marzo del 2003; oficio del 09-12-2002 suscrito por la Jefe del Núcleo del Gobierno de Miranda donde deja constancia de la imposibilidad de ubicar al señor Silva; Memorando del 10-12-2002 suscrito por el Director de Seguridad de FUNTRAPEM donde solicita la testimoniales (sic) de reconocimiento de documentos (…)”. Arguyó que “(…) en el aparte de la Providencia objeto de esta nulidad, que trata de las Pruebas de la Accionante, que le atorga (sic) valor probatorio a un solo testimonio, y trata de alterar el sentido literal del párrafo cuando dice: ‘..(ese) Despacho le otorga valor probatorio en cuanto a la relación laboral, toda vez que se observa que los testigos …’ (…) a los fines confundir (sic) la decisión (…)”. Señaló que “(…) es por ello que sostenemos que los motivos esgrimidos por la Inspectora son inocuos o absurdos ya que desconocemos cual fue el criterio que utilizó para fundamentar su decisión, argumentando en su conclusión que: ‘…la accionante por su parte, probó tanto la existencia de la relación laboral entre las partes, así como el irrito (sic) despido del accionante…,’ (…) “. En virtud de los anteriores planteamientos, solicitó que se declare con lugar el presente recurso contencioso administrativo de nulidad y en consecuencia la nulidad de la Providencia Administrativa impugnada. II DE LA COMPETENCIA Previo a emitir cualquier pronunciamiento respecto al recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la apoderada judicial de la Fundación para el Transporte Popular en el Estado Miranda (FUNTRAPEM), debe esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo realizar algunas consideraciones sobre su competencia para conocer la presente causa y a tal efecto estima pertinente señalar que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, quedó derogada la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la Disposición Derogatoria Única; sin embargo el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado varios fallos con el propósito de delimitar y precisar la esfera de competencias de los Órganos integrantes de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así las cosas es menester hacer referencia a que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sentencia Nro. 02271 de fecha 24 de diciembre de 2004 (caso. Tecno Servicios YES’CARD, C.A.) estableció que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer : “De las acciones o recursos de nulidad que puedan intentarse por razones de ilegalidad e inconstitucionalidad contra los actos administrativos emanados de autoridades diferentes a las señaladas en los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, si su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal”. Por tanto, esta Corte Acepta la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 18 de octubre de 2004, para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad. Así se declara. Declarada como ha sido la competencia, este Órgano Jurisdiccional Ordena remitir las actuaciones que conforman el presente expediente, al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de que revise las causales de inadmisibilidad consagradas en el artículo 19 aparte 5, así como los requisitos de admisión de la demanda establecidos en el artículo 21 aparte 9, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara. III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Acepta la Competencia declinada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 18 de octubre de 2004, para conocer el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Sharine Fernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 87.975, actuando en su carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR EN EL ESTADO MIRANDA (FUNTRAPEM), inicialmente identificada; contra la Providencia Administrativa Nro. 326-03 de fecha 13 de diciembre de 2003, dictada por la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DEL ESTADO MIRANDA, en la cual se acordó el reenganche y pago de salarios caídos al ciudadano JESÚS CIRILO SILVA SANABRIA, titular de la cédula de identidad Nro. 4.578.392 2. Ordena la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de la continuación y tramitación del presente recurso, según lo dispuesto en los artículos 19 aparte 5 y 21 aparte 9° ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese, notifíquese y regístrese. Remítase al Juzgado de Sustanciación de esta Corte. Déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los nueve (09) días del mes de marzo de dos mil cinco (2005). Años 194° de la Independencia y 146° de la Federación. MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS Presidenta JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ Vicepresidente-Ponente BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ Jueza JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ La Secretaria JDRH/62 AP42-N-2004-002115 Decisión No. 2005-00335.- .