TSJ Regiones - Decisión

Jueza Ponente: BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ

Expediente Nº AP42-O-2005-000030

En fecha 10 de enero de 2005 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio N° 1791-04 de fecha 9 de agosto de 2004, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Leonel Petit Montiel, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 57.664, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ ÁNGEL URDANETA, RAÚL ALFREDO PALENCIA, JOSÉ ANTONIO RINCÓN, CECILIO JESÚS GRANADILLO y LEOVALDO JOSÉ VALECILLOS, a los fines de dar cumplimiento a la Providencia Administrativa de fecha 27 de octubre de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ZULIA, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por los prenombrados ciudadanos contra la Sociedad Mercantil Alfarería del Lago, C.A.

Tal remisión se efectuó en virtud de la consulta de Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a que se encuentra sometida la sentencia dictada por el mencionado Juzgado en fecha 12 de julio de 2004, mediante la cual se declaró con lugar el amparo constitucional interpuesto.

En fecha 21 de enero de 2005 se dio cuenta a la Corte y, se designó ponente, previa la distribución correspondiente, a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 1° de febrero de 2005, se pasó el presente expediente a la Jueza ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En fecha 16 de abril de 2004, la representación judicial de los ciudadanos José Ángel Urdaneta, Raúl Alfredo Palencia, José Antonio Rincón, Cecilio Jesús Granadillo y Leovaldo José Valecillos presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida, con base en los siguientes argumentos:

Que en fecha 9 de octubre de 2002, los ciudadanos José Ángel Urdaneta, Raúl Alfredo Palencia, José Antonio Rincón, Cecilio Jesús Granadillo y Leovaldo José Valecillos fueron despedidos injustificadamente, de la Sociedad Mercantil Alfarería del Lago, C.A., en la cual ejercían todos el cargo de obrero, “(…) contrario a lo preceptuado en el Artículo 1 del Decreto Presidencial Número 1.889 del 25 de julio de 2002, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria bajo el Número 37.491 (…)”.

Que acudieron ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, a los fines de que se ordenara a la Empresa accionada el reenganche a sus labores y el pago de los salarios caídos correspondientes.

Que en fecha 27 de octubre de 2003, se declaró con lugar la solicitud incoada y “(…) se le ordenó a la Empresa ALFARERÍAS (sic) DEL LAGO, C.A., que reenganchara a sus labores habituales a los Ciudadanos JOSÉ ÁNGEL URDANETA, RAÚL ALFREDO PALENCIA, JOSÉ ANTONIO RINCÓN, CECILIO JESÚS GRANADILLO y LEOVALDO JOSÉ VALECILLOS y que les pagara los salarios caídos a que hubiere lugar (…)”. (Mayúscula y negrillas de los accionantes)

Que la renuencia de la Empresa accionada a cumplir la orden emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, constituye una violación a los derechos constitucionales al trabajo, a la estabilidad laboral y al deber que tiene toda persona de cumplir y acatar lo establecido en la Constitución, leyes y demás actos que dicten los Órganos del Poder Público, consagrados en los artículos 87, 89 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Que finalmente solicitó el reenganche de los accionantes a sus labores habituales así como el pago de los salarios caídos “(…) generados desde el 9 de octubre de 2002, fecha en la que fueron despedidos injustificadamente, y los que se generen hasta la fecha en que sean efectivamente reenganchados (…)”.

II
DEL FALLO SOMETIDO A CONSULTA

En fecha 12 de julio de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la representación judicial de los ciudadanos José Ángel Urdaneta, Raúl Alfredo Palencia, José Antonio Rincón, Cecilio Jesús Granadillo y Leovaldo José Valecillo, en base a las siguientes consideraciones:

Que “ La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral, producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece el procedimiento en materia de amparo constitucional en cuanto a la aceptación de los hechos que se le imputan, situación esta que se actualiza en el presente caso”.

Que la Providencia Administrativa fue dictada por la Inspectora del Trabajo, “(…) quien es (sic) órgano competente para decidir sobre la solicitud de reenganche intentada por los accionantes, previa comprobación de la inamovilidad alegada, en virtud de la cual no puede este Tribunal revisar la referida providencia administrativa, ya que sólo es posible verificar el contenido de la misma mediante la correspondiente acción de nulidad, conforme a los lineamientos normativos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y no a través de esta acción de amparo constitucional, tratándose como es de una acción autónoma y extraordinaria”.

Que “(…) se evidencia que la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, mediante Providencia Administrativa de fecha 27 de octubre de 2003, ordenó reenganchar a los trabajadores, y en virtud de que su cumplimiento no consta en actas, se traduce a juicio de esta sentenciadora en una evidente violación de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo en consecuencia procedente el amparo constitucional establecido en el artículo 27 ejusdem, en concordancia con los artículos 1° y 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…)”.

Que “Asimismo, por disposición contenida en el artículo 30 ejusdem, considera esta Juzgadora que resulta procedente igualmente el pago de los salarios caídos y demás beneficios laborables que le puedan corresponder a los trabajadores desde el 9 de octubre de 2002, hasta su efectivo reenganche (…)”.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la consulta de Ley de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la cual se encuentra sometida la sentencia dictada en fecha 12 de julio de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional incoada.

En primer lugar, observa esta Corte que los accionantes alegaron en su escrito libelar que fueron despedidos injustificadamente por la Empresa Alfarería del Lago, C.A., razón por la cual acudieron ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, a fin de solicitar el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, culminando el mismo con la Providencia Administrativa de fecha 27 de octubre de 2003, que declaró con lugar dicha solicitud y, visto que la prenombrada Empresa no ha procedido al cumplimiento de la referida Providencia Administrativa, interpone la presente acción de amparo constitucional, toda vez que considera que dicho incumplimiento constituye una violación a los derechos constitucionales al trabajo, a la estabilidad laboral y al deber que tiene toda persona de cumplir y acatar lo establecido en la Constitución, leyes y demás actos que dicten los Órganos del Poder Público, consagrados en los artículos 87, 89 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, el a quo declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida, en virtud de que la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia dictó en fecha 27 de octubre de 2003 Providencia Administrativa ordenando a la Empresa Alfarería del Lago, C.A., el reenganche y el pago de los salarios caídos a los ciudadanos José Ángel Urdaneta, Raúl Alfredo Palencia, José Antonio Rincón, Cecilio Jesús Granadillo y Leovaldo José Valecillos, “(…) y en virtud de que su cumplimiento no consta en actas, se traduce a juicio de esta sentenciadora en una evidente violación de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo en consecuencia procedente el amparo constitucional (…)”.

Ahora bien, esta Corte advierte que nos encontramos frente a un acto administrativo dictado por una autoridad competente para resolver las controversias que se hayan suscitado entre un patrono y un trabajador, acto el cual constituye una manifestación de voluntad de la Administración, pero no es un acto característico en los cuales la Administración ostenta una relación de jerarquía sobre los administrados, sino el mismo constituye un acto donde la Administración no funge como parte, sino como un tercero imparcial que decide una controversia planteada por dos particulares ante un Órgano Administrativo, es decir, ejerciendo este órgano función sustancialmente jurisdiccional, función la cual no le quita la calificación de ser un acto administrativo, tal como se expresó claramente en sentencia emanada de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia en fecha 10 de enero de 1980, en la cual se dispuso:

“Cuando la Administración Pública emite actos de sustancia jurisdiccional, estos actos, no obstante su expresada sustancia, son actos administrativos, debiendo ser tratados jurídicamente como tales, sin perjuicio de las notas específicas que les correspondieren por su referido carácter jurisdiccional” (Negrillas de esta Corte).

Así pues, de un avance jurisprudencial razonado en diversos casos, tanto por las Cortes de lo Contencioso Administrativo como por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia y actualmente del Tribunal Supremo de Justicia, ha resultado pacífico el criterio de que las Resoluciones dictadas por las Inspectorías del Trabajo son verdaderos actos administrativos, por lo que en virtud de la presunción de legalidad de los actos administrativos, gozan de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad que revisten los mismos, los cuales son un privilegio consagrado a favor de la Administración y descansan en la razón de orden pragmático de que la inobservancia de tales principios, podría paralizar la actuación de la Administración, por lo que su ejecución correspondería al propio órgano que dictó el acto, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 3 de agosto de 1982).

En tal sentido, debe expresarse que el criterio ratificado por la entonces Corte Suprema de Justicia, era que la conducta omisiva por parte de las diversas Empresas de dar cumplimiento a las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, mediante las cuales se ordena el reenganche y pago de los salarios caídos de los trabajadores, constituye una evidente y grosera violación del derecho al trabajo y consecuencialmente al derecho a la estabilidad laboral de todo trabajador, debido a que tal abstención a ejecutar dicho acto, constituye un impedimento ajeno a la legalidad, conculcándose de tal manera la posibilidad de continuar ejerciendo sus labores, más aún cuando se constata de autos la existencia de un acto administrativo que lo ampara y crea derechos subjetivos a favor del trabajador (Vid. Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 27 de febrero de 2002, N° 2002-326, caso: Yasmila Fernández de Monsalve y sentencia de fecha 22 de agosto de 2002, N° 2002-2331, caso: Adelfo José Terán).

Asimismo, en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 2 de agosto de 2001, recaída en el caso: Nicolás José Alcalá Ruiz, expediente N° 01-0213, y la cual es de carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, de conformidad con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se estableció lo siguiente:
“(...). Las sanciones causadas por el desacato constituyen indudablemente un mecanismo compulsivo a la persona obligada (el patrono trasgresor) para que la decisión administrativa sea efectiva.
(...) se advierte que, la situación del trabajador continúa sin ser resuelta, es decir, el empleado permanece sin trabajar, en franca negación de su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a la libertad sindical, sin que sean operativas las garantías establecidas en la Constitución, mientras la situación del trabajador se eterniza ante la imposibilidad del cobro del dinero que le sirva para su sustento (...). Jurídicamente no puede ser el procedimiento sancionatorio el destino procesal de la ejecución, pues su objeto constituye una premisa distinta a la que anima al trabajador, parte en un proceso administrativo, que no tendría interés alguno en la reivindicación del imperium por parte de la Administración Pública, lo que sin dudas nos lleva a la interrogante, ¿puede ser legítima la carga procesal que se me imponga si ella en nada contribuye a la realización de mi pretensión?. Es decir, si lo que se persigue es concretar mi reenganche, ¿qué interés puedo tener en que se multe a mi patrono? y, por otra parte, la facultad sancionatoria prevista en la Ley Orgánica del Trabajo se encuentra atribuida a la Inspectoría del Trabajo, por lo que mal podría depender la satisfacción de mi pretensión de circunstancia distinta a la que constituye mi propia esfera de actuación procesal (...).
(...) la actitud rebelde del patrono originada por la lesión en los derechos fundamentales del trabajador, para lo cual los órganos del Poder Judicial se presentan como la única solución, para lograr por un medio breve, sumario y eficaz la vigencia de los derechos vulnerados, dado el vacío legislativo evidente a fin de que los órganos administrativos ejecuten su decisión en materia laboral-administrativa (...). En el caso sub iudice, las garantías establecidas en el Texto Fundamental, como un mecanismo para afianzar y asegurar la efectividad de los derechos en ese instrumento consagrados, no fueron satisfechas y el fin del proceso judicial que postula el artículo 257 de ese mismo texto no se cumplió, pues precisamente los órganos jurisdiccionales de los cuales depende que los derechos y garantías consagrados en la Constitución permanezcan indemnes, impidieron con sus actuaciones la vigencia de los principios que se alegaron vulnerados, haciendo nugatoria la garantía constitucional (...)” (Negrillas de esta Corte).

En efecto, cuando un juez al que se le solicita la ejecución de un acto administrativo, declara en sede constitucional que no tiene jurisdicción frente a la Administración, y que no puede brindar la tutela judicial requerida por el accionante, no sólo está adoptando, como se desprende del fallo citado de la Sala Constitucional, un razonamiento contrario a los principios contenidos en los artículos 2 y 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y restrictivo del ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 26 y 27 del mismo Texto Fundamental, sino que también conduce al incumplimiento por parte del Estado venezolano de las obligaciones que le imponen diferentes Declaraciones, Convenciones y Pactos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, suscritas y ratificadas por Venezuela.

De este modo, se está ante la inexistencia de un procedimiento tendente a obtener la ejecución forzosa de la Providencia Administrativa, en caso de contumacia del patrono, cuando es el caso, que se están ventilando derechos constitucionales de naturaleza laboral, razón por la cual se encuentran en juego el sustento del trabajador, haciéndolo más susceptible de protección, ante la ausencia de regulación.
Aunado a lo anterior, importa destacar que visto que no se está pretendiendo atribuirle al amparo constitucional la idoneidad o cualidad de lograr la ejecución de un acto administrativo, pues la finalidad no es otra que la de buscar la protección de los derechos constitucionales involucrados, cuando el acto administrativo, estrictamente de naturaleza laboral cumpla una serie de presupuestos; al respecto, es oportuno señalar que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en casos análogos (Vid. Sentencia de fecha 28 de mayo de 2003. Caso: Gustavo Briceño, entre otras), estableció que a los fines de solicitar y proceder efectivamente la ejecución de un acto administrativo de naturaleza laboral, es necesario que se determine lo siguiente: 1) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad; 2) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; 3) Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto administrativo, y finalmente esta Corte en aras de garantizar la tutela judicial efectiva agregó un nuevo elemento: 4) que no sea evidenciable que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional. (Sentencia N° 2005-169 de fecha 21 de febrero de 2005, caso: José Gregorio Carma Romero Vs. Sociedad Mercantil Loma Linda, C.A.).

En consecuencia, pasa esta Corte a verificar si en el presente caso se ha dado cumplimiento a tales requisitos de procedencia y al efecto, observa en primer lugar que los efectos de la Providencia Administrativa de fecha 27 de octubre de 2003, cuya ejecución se solicita no han sido suspendidos, así como tampoco ha sido declarada la nulidad de la misma.

En segundo lugar, quedó demostrado en las actas procesales que conforman el expediente contentivo de la presente acción de amparo, la contumacia del patrono a dar cumplimiento a dicha Providencia, pues hasta la presente fecha no se ha comprobado que se haya realizado el reenganche de los ciudadanos José Ángel Urdaneta, Raúl Alfredo Palencia, José Antonio Rincón y Leovaldo José Valecillos, al cargo por ellos desempeñados, así como tampoco que se le hayan cancelado los sueldos dejados de percibir.

En tercer lugar, se observa que los derechos y garantías constitucionales cuya protección se pretende con la presente acción de amparo constitucional se encuentran resumidos en los artículos 87, 89 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referentes al derecho al trabajo, a la protección del mismo y al deber que tiene toda persona de cumplir y acatar lo establecido en la Constitución, leyes y demás actos que dicten los Órganos del Poder Público, por tanto al verificarse una conducta evasiva de la Empresa accionada, al incumplir el deber de ejecutar la Providencia Administrativa de fecha 27 de octubre de 2003 se violan abiertamente las disposiciones constitucionales antes mencionadas, más aún cuando los trabajadores gozaban de inamovilidad laboral para el momento en que fueron separados permanentemente de los cargo por ellos desempeñados.

Por último, se evidencia en el caso sub iudice que en fecha 8 de octubre de 2002, los accionantes acudieron ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia a los fines de solicitar su reenganche y pago de salarios caídos en virtud del presunto despido írrito por parte de la Empresa Alfarería del Lago, C.A. (folio 7 del expediente). Posteriormente, en fecha 9 de octubre de 2002, la mencionada Inspectoría dictó auto donde admite las referidas solicitudes y ordenó la notificación al representante legal de la prenombrada Empresa, a fin de que dé contestación a la acción formulada por los trabajadores accionantes (folio 8 del expediente).

En virtud de lo anterior, consta al folio 21 del presente expediente copia del cartel de notificación de la apertura del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos incoada por los ciudadanos José Ángel Urdaneta, Raúl Alfredo Palencia, José Antonio Rincón, Cecilio Jesús Granadillo y Leovaldo José Valecillo, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia y dirigido al representante legal de la Empresa Afarería del Lago, C.A., a los fines de que comparezca al tercer día hábil siguiente a objeto de dar contestación a dicha solicitud.

En tal sentido, se constata de las actas que conforman el presente expediente, que el procedimiento administrativo fue cumplido íntegramente, sin haberse violado algún derecho consagrado en la Constitución.

En efecto, resulta indiscutible que la accionante agotó todas las vías posibles para tratar de reestablecer su situación jurídica infringida (reenganche y pago de salarios caídos), sin lograr la satisfacción de su pretensión, lo que constituye una flagrante violación a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al trabajo como hecho social, todos mencionados anteriormente.

Asimismo, se evidencia en autos que existió una Providencia Administrativa de fecha 27 de octubre de 2003 que la amparaba, emanado de un Órgano competente para ello, y por lo tanto, crea un derecho subjetivo como trabajador. Por lo que considera esta Corte, que en el presente caso la Empresa Alfarería del Lago, C.A., quebrantó el derecho constitucional de los accionantes consagrado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al evadir el cumplimiento de la orden de reenganche y pago de salarios caídos decretada a su favor por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, y así se decide. En consecuencia, se confirma el fallo objeto de la presente consulta en los términos expuestos.
IV
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

-CONFIRMA el fallo objeto de consulta dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 12 de julio de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta el abogado Leonel Petit Montiel, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 57.664, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ ÁNGEL URDANETA, RAÚL ALFREDO PALENCIA, JOSÉ ANTONIO RINCÓN, CECILIO JESÚS GRANADILLO y LEOVALDO JOSÉ VALECILLO, a los fines de dar cumplimiento a la Providencia Administrativa de fecha 27 de octubre de 2003, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ZULIA, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el prenombrado ciudadano contra la Sociedad Mercantil Alfarería del Lago, C.A

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas el primer (1°) día del mes de marzo de dos mil cinco (2005). Años 194° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Presidenta,

MARÍA ENMA LEÓN MONTESINOS

El Vicepresidente,

JESÚS DAVID ROJAS HERNÁNDEZ

La Jueza,

BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ
Ponente

La Secretaria,

JENNIS CASTILLO HERNÁNDEZ

BJTD/h
Exp. Nº AP42-O-2005-000030
Decisión No. 2005-00266.-